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Aumentan a 25 años pena por tortura

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Vincent

No figura en la Constitución, y su materialización a través de la implementación de la Ley que lo rige parece todavía etérea, pero el poder popular tendrá un papel protagónico en la vigilancia de las garantías constitucionales en materia de derechos humanos de las personas privadas de libertad y de los que se encuentren sujetos al proceso penal. Así está contenido en el infor me para segunda discusión del proyecto de ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, presentado ayer por el diputado Juan Carlos Alemán PSUV a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. El poder popular contará además con un representante en la Comisión Nacional de Prevención que se propone crear la ley, pero será minoría frente al peso del Estado y su vocero será elegido en un procedimiento que determinará a posteriori la misma comisión. El Estado por su parte estará representado por 12 personas, de las cuales 7 pertenecerán al Poder Ejecutivo: Defensoría del Pueblo que presidirá la instancia y se ocupará de cubrir sus gastos; el TSJ; los ministerios de Comunas, Interior, Servicios Penitenciarios, Relaciones Interiores...

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