Decisión nº A11-02 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 7 de Noviembre de 2008
| Fecha de Resolución | 7 de Noviembre de 2008 |
| Emisor | Corte de Apelaciones 10 |
| Ponente | Carmen Chacin |
| Procedimiento | Admisibilidad Del Recurso De Apelacion |
Caracas; 7 de Noviembre de 2.008
198º y 149º
EXPEDIENTE Nº 10-Aa-2329-08
JUEZA PONENTE: DRA. C.A. CHACÍN MATERÁN
Examinado como ha sido el escrito contentivo del Recurso de Apelación interpuesto por la Dra. AURILAY H.P., quien ejerce el cargo de Fiscal sexagésima séptima (67ª) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, incoado para impugnar la decisión emanada del Juzgado cuadragésimo sexto (46°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 30 de Septiembre de 2.008, en la cual se NIEGA LA SOLICITUD DE ENTREGA DE VEHICULO, denunciando que ese dictamen es contradictorio e insuficiente en su motivación, por lo tanto invoca lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, para sustentar la admisibilidad del acto de impugnación procesal incoado; procediendo por ende esta Sala, de conformidad con lo contemplado en el Artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, haciendo previamente las siguientes consideraciones, acorde a lo impuesto en el
Artículo 437 eiusdem, que contempla:
Causales de Inadmisibilidad. La corte de apelaciones, sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:
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Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo;
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Cuando el recurso se interponga extemporáneamente;
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Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley.
Fuera de las anteriores causas, la corte de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará la decisión que corresponda.
Siendo conveniente citar también lo dispuesto en el Artículo 447 eiusdem y se observa:
Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones:
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Las que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación;
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Las que resuelvan una excepción, salvo las declaradas sin lugar por el Juez de control en la audiencia preliminar; sin perjuicio de que pueda ser opuesta nuevamente en la fase de juicio;
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Las que rechacen la querella o la acusación privada;
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Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva;
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Las que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas inimpugnables por este Código;
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Las que concedan la libertad condicional o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena;
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Las señaladas expresamente por la ley.
Analizando la situación evidenciada en el recurso planteado, conforme a lo previsto en estas disposiciones legales citadas, se pudo verificar con relación a la facultad de la recurrente, que posee legitimidad, toda vez que actúa en su carácter de Fiscal sexagésima séptima (67ª) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, como consta de las actuaciones que forman parte de este asunto penal; igualmente el recurso fue presentado por escrito en tiempo legal, así se confirma con el cómputo de los días hábiles transcurridos cursante al folio 99 del respectivo asunto penal, además fue debidamente fundamentado, ello de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 448 encabezamiento del Código Orgánico Procesal Penal y la decisión que se pretende impugnar por este medio le es contraria a sus intereses, puesto que le fue NEGADA la solicitud que hiciera, para que la Instancia Judicial competente, se pronunciara sobre la entrega de un bien, objeto de la investigación que sigue esa dependencia del Ministerio Público, que constituye un vehículo, con base a lo contemplado en el Artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el segundo aparte del Artículo 10 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehículo Automotor, lo cual ciertamente de adolecer la recurrida de los vicios denunciados y quedar definitivamente firme, le podría producir un gravamen irreparable a la Representación Fiscal, toda vez que quedaría a la orden de ese Despacho el bien supuestamente pasivo de la acción aparentemente delictiva, objeto de la investigación con las consecuencias que ello produce y a su vez, ocasionándose su deterioro y ello afectaría gravemente los intereses también de la parte que representa en el proceso penal.
Por ello también resulta pertinente traer a colación, la sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, número 2299, de fecha 21/08/2.003, con ponencia del Magistrado Dr. J.E.C.R., que contiene un EXHORTO dirigido a los Jueces, a efectuar la revisión del asunto, examinando sí en el dictamen atacado para su invalidación, se produce la violación de derechos fundamentales que tienen plena vigencia durante la prosecución penal, pues el Juez más que nada, debe actuar en resguardo y protección de ello, situación que no puede seguir trascendiendo en el proceso, porque de verificarse que sí se produjo tal injusticia grave, debe ser subsanada de inmediato, en la cual se establece:
(...)
La disposición expresa de inapelabilidad de aquellas decisiones, aún cuando causen gravamen, a juicio de la Sala, implica la adopción por parte de los jueces de un criterio muy restrictivo al respecto, y considerar que en estos casos –autos no recurribles-, se permita la apelabilidad, pese a la excepción, ya que en dichos casos la falta de recurso puede afectar las garantías del debido proceso, concretamente el derecho a la defensa.
Precisa la Sala, que toda decisión dictada en el proceso puede adoptar fuerza de interlocutoria, aun cuando no sea fruto de una incidencia sustanciada, ya que la misma siempre debe ser fundada y por ende puede causar gravamen irreparable, una vez que sus efectos son insusceptibles de subsanarse o enmendarse en el curso de éste.
En tal sentido, quiere la Sala exhortar a los jueces de la jurisdicción penal a que, con fundamento en la Constitución, en la jurisprudencia vinculante dictada por esta Sala según la materia ventilada y en argumentos razonables, examinen la procedencia de la apelación en aquellos casos donde expresamente el texto adjetivo penal haya establecido su no impugnación por esta vía recursiva, ello con la finalidad de garantizar los derechos de acceso a la justicia y a contar con un proceso debido, que integran el derecho a la tutela judicial enunciado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
.
Constatado entonces como ha sido, que la situación denunciada, no es coincidente con ninguno de los supuestos contenidos en el Artículo 437 eiusdem y que ciertamente le podría producir un gravamen irreparable el fallo recurrido de quedar definitivamente firme, en consecuencia estima esta Alzada, que lo procedente y ajustado a derecho en este caso es ADMITIR el Recurso de Apelación interpuesto por la Dra. AURILAY H.P., quien ejerce el cargo de Fiscal sexagésima séptima (67ª) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, incoado para impugnar la decisión emanada del Juzgado cuadragésimo sexto (46°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 30 de Septiembre de 2.008, en la que se NIEGA LA SOLICITUD DE ENTREGA DE VEHICULO, denunciando que la misma es contradictoria, incongruente e insuficiente en su motivación y que le produce un gravamen irreparable a esa Representación Fiscal, acorde a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, dando cumplimiento esta Sala a lo estatuido en el Artículo 450 eiusdem. Y ASÍ SE DECIDE.
DECISIÓN
Por el razonamiento que antecede, la SALA 10 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD QUE LA LEY LE CONFIERE, dictamina lo siguiente: ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por la Dra. AURILAY H.P., quien ejerce el cargo Fiscal sexagésima séptima (67ª) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, incoado para impugnar la decisión emanada del Juzgado cuadragésimo sexto (46°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 30 de Septiembre de 2.008, en la que se NIEGA LA SOLICITUD DE ENTREGA DE VEHICULO, que la misma hiciera, acatando esta Alzada lo que se establece en el Artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE A LAS PARTES.
LA JUEZA PRESIDENTA
DRA. C.A. CHACÍN MATERÁN
(Ponente)
LAS JUEZAS INTEGRANTES
DRA. A.L. BELILTY B. DRA. ANGELICA RIVERO BERMUDEZ
LA SECRETARIA,
CLAUDIA MADARIAGA SANZ
En esta misma fecha se le dio fiel cumplimiento a lo ordenado.
LA SECRETARIA,
CLAUDIA MADARIAGA SANZ
CACM/ALBB/ARB/cms/carlos d.
EXP N° 10°-Aa-2329-08
