Decisión nº 1568 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Junio de 2013
| Fecha de Resolución | 20 de Junio de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | Lilia María Casado |
| Procedimiento | Perencion De La Instancia |
Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 20 de junio de 2013
203º y 153º
SENTENCIA DEFINITIVA N° 1568
Asunto: AP41-U-2005-000641
En fecha 28 de junio de 2005, el ciudadano J.P.N., venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 54.525, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente AUTO LIMINA, C.A., R.I.F. N° J-30616095-7, interpuso recurso contencioso tributario contra la Resolución N° 2574-2005 de fecha 04 de mayo de 2005, emanada de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, la cual impuso sanciones por la cantidad total de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 64.208.261,93) ahora expresados en la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (Bs.F. 64.208,26), por concepto de impuesto, multa e intereses moratorios.
El 28 de junio de 2005, se recibió el presente asunto de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Superiores Contencioso Tributarios del Área Metropolitana de Caracas y en fecha 27 de julio de 2005, este Tribunal le dio entrada al expediente bajo el N° AP41-U-2005-000641, ordenándose notificar a los ciudadanos Procuradora, Contralor y Fiscal General de la República y al Alcalde del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.
Así, el Fiscal y el Contralor General de la República, el Alcalde del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital y la Procuradora General de la República, fueron notificados los dos primeros el 11 de octubre de 2005, el tercero el 01 de noviembre de 2005 y la última el 07 de diciembre de 2005, siendo consignadas las correspondientes notificaciones en el expediente judicial, las tres primeras el 24 de noviembre de 2005 y la última el 08 de diciembre de 2005.
En fecha 25 de enero de 2006, el ciudadano J.P.N., en representación de la contribuyente AUTO LIMINA, C.A., solicitando la admisión del presente asunto.
Los días 25 de mayo de 2006, 30 de octubre de 2006 y 06 de noviembre de 2007, la representación de la recurrente, solicitó el expediente administrativo correspondiente a su representada.
El día 20 de noviembre de 2008, la abogada K.G.C., actuando en su carácter de apoderada judicial del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, presentó diligencia solicitando la perención de la instancia.
El 14 de abril de 2009, la representación de la recurrente, solicitó el expediente administrativo correspondiente al presente asunto.
En fecha 03 de junio de 2009, la abogada S.C., en su carácter de apoderada judicial del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, presentó diligencia solicitando la perención de la instancia.
El día 09 de agosto de 2010, el representante de la recurrente AUTO LIMINA, C.A., solicitó el expediente administrativo correspondiente a la presente causa.
En fecha 01 de julio 2011, el abogado J.C.T.G., en su carácter de apoderado judicial del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, presentó diligencia solicitando la perención de la instancia.
II
FUNDAMENTOS DEL ACTO RECURRIDO
La Resolución N° 2574-2005 de fecha 04 de mayo de 2005, se encuentra fundamentada en la revisión efectuada a la contribuyente AUTO LIMINA, C.A., donde la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, dejó constancia de lo siguiente:
…
RESUELVE
PRIMERO: Emitir planilla de liquidación en el rubro de Industria y Comercio a nombre del contribuyente AUTO LIMINA, C.A, por la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 45.491.120,67), por concepto de Impuestos causados y no pagados, correspondientes a los periodos fiscales comprendidos desde 01-01-2001 hasta el 31-05-2004, así como de los intereses moratorios por un monto de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN BOLÍVARES CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (Bs. 17247.141,26).
SEGUNDO: Interponer multa al contribuyente AUTO LIMINA, C.A. por Cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.) equivalentes a la cantidad de: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 1.470.000,00), por haber omitido ingresos en las declaraciones de ingresos brutos presentadas por ante esta Superintendencia de Administración Tributaria, lo cual se sanciona según lo previsto en el Artículo 66 Literal f de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria y Comercio o Servicios de Índole Similar publicada en Gaceta Municipal N° 2172-A de fecha 04-10-2001, tomando en cuenta el valor de la Unidad Tributaria de Veintinueve Mil Cuatrocientos Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 29.400,00).
…
En consecuencia, en fecha 28 de junio de 2005, el ciudadano J.P.N., venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 54.525, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente AUTO LIMINA, C.A., R.I.F. N° J-30616095-7, interpuso recurso contencioso tributario contra la Resolución N° 2574-2005 de fecha 04 de mayo de 2005, emanada de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, la cual impuso sanciones por la cantidad total de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 64.208.261,93) ahora expresados en la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (Bs.F. 64.208,26), por concepto de impuesto, multa e intereses moratorios.
III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Este Tribunal antes de dilucidar el fondo de la presente controversia procede a analizar si opera la perención de la instancia en el recurso contencioso tributario interpuesto en fecha 28 de junio de 2005. A tal efecto, se observa lo siguiente:
La perención es un modo de terminación procesal, mediante la cual se castiga la inactividad de las partes, su negligencia, independientemente de que sean culpables o no, por lo que la inacción del Juez no es determinante en la ocurrencia de aquélla.
Esta institución procesal regulada en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, tiene su origen en la perención prevista en el proceso civil ordinario desde la promulgación del Código de Procedimiento Civil de 1916. Así, el artículo 265 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable ratione temporis, señala lo siguiente:
Artículo 265. La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención
.(Subrayado del Tribunal).
Como se observa, tres (3) son los requisitos que deben concurrir para aseverar que estamos en presencia de la comentada institución: una objetiva, relacionada con la no realización de actos procesales; una subjetiva, atinente a la inactividad de las partes y no del juez; y una condición temporal, en cuya virtud se exige que la pasividad de las partes exceda del plazo de un año. (Cfr. RENGEL-ROMBERG, A.,Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, según el nuevo Código de 1987, t. II, Organización Gráficas Carriles, C.A., p. 373).
Si en la relación procesal se observa la existencia de estas tres (3) condiciones, es evidente que existe una renuncia de las partes a continuar la instancia. En efecto, el hecho de dejar transcurrir un (1) año, ejerciendo un papel de simple espectador de la actividad judicial sin gestionar en modo alguno en el expediente, en procura de la continuación del proceso, evidencia a juicio de este Tribunal, falta de interés, por parte de la contribuyente, en obtener un pronunciamiento de la autoridad judicial ante la cual ha sometido el conocimiento del asunto. De manera que, no es la inacción del Juez, per se, la que acarrea la perención de la instancia, sino que es la inactividad de las partes la que es sancionada con esta declaratoria de perención.
La desidia de los sujetos procesales por más de un año, extingue la instancia de pleno derecho, es decir, que la perención opera ex lege, pudiendo ser alegada por las partes o decretada de oficio por el Juez, quien analizará previamente que se han cumplido los presupuestos necesarios para su declaratoria.
Resulta importante advertir que, la instancia en los procesos contenciosos tributarios se inicia con la traba de la litis o debate procesal, la cual se configura una vez que todas las partes están a derecho (Sentencia N° 871 de la Sala Político-Administrativa Especial Tributaria de fecha 13 de julio de 1999, Siderúrgica del Turbio,S.A. (Sidetur) y otra empresa, Exp. N° 8.299). En el supuesto en que el recurso contencioso tributario haya sido interpuesto subsidiariamente al jerárquico, una vez que el Tribunal Superior Contencioso Tributario competente le da entrada, debe por mandato del artículo 264 del Código Orgánico Tributario, practicar la notificación de la recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerza su industria o comercio, con el fin de no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso previstos en los artículos 26 y 49 de nuestra Carta Magna. Así ha quedado sentado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:
(…) Visto lo anterior, debe señalarse que en el caso de autos era indispensable notificar a la contribuyente, pues la misma no se encontraba a derecho, debido a que de conformidad con el artículo 264 del vigente Código Orgánico Tributario antes transcrito, al tratarse de un recurso contencioso tributario ejercido subsidiariamente al jerárquico, se debe notificar a ésta en su domicilio o en el lugar donde ejerza su industria o comercio, razón por la que no puede considerarse que la recurrente esté a derecho a partir de la interposición del recurso ante la Administración Tributaria; tal posición, se confirma mediante el auto dictado por el a quo en fecha 14 de julio de 2003, donde fueron ordenadas todas las notificaciones. Por consiguiente, no es sino hasta que conste en autos la notificación de todas las partes, el momento a partir del cual debe entenderse que se encuentran a derecho.
En este sentido, observa esta Sala que el a quo ordenó por auto del 14 de julio de 2003 la notificación de la contribuyente; sin embargo, no consta en autos su práctica y posterior consignación, cuestión que a todas luces en criterio de esta Alzada, es contrario a derecho, pues es insostenible que ante la falta de notificación a la contribuyente de la llegada del recurso contencioso tributario al órgano jurisdiccional competente, se declare la perención de la instancia por falta de actuación de la contribuyente recurrente tendiente a impulsar el proceso, cuando ella aún no estaba a derecho.
En efecto, la única forma en la cual la contribuyente pudiera haber ejercido actos que impulsaran el proceso era mediante la notificación de la boleta ordenada por el a quo, en los términos establecidos en el artículo 264 del vigente Código Orgánico Tributario, al haberse interpuesto el recurso contencioso tributario de manera subsidiaria al jerárquico, lo cual le hubiera permitido tener la certeza de que el recurso ya se encontraba ante el órgano jurisdiccional competente, para de esta manera llevar a cabo todos los actos de procedimiento tendientes a ejercer en forma debida y efectiva su defensa, y de ese modo precisar el momento a partir del cual se establecería que las partes están a derecho, situación esta demás necesaria para que operara la perención.
Con base a lo anterior, considera esta Sala que el a quo con tal declaratoria vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la contribuyente, al no permitirle el acceso al órgano jurisdiccional competente para el ejercicio de su derecho a la defensa en la primera instancia, así mismo al debido proceso como mecanismo fundamental para la realización de la justicia, el cual tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica necesaria en la efectiva tutela judicial que la jurisdicción tiene como guía, pues ante la ausencia o falta de notificación de la llegada del recurso contencioso tributario, no se le brindó a la contribuyente las garantías suficientes para la efectiva y debida protección de sus derechos e intereses durante la tramitación del referido recurso. Así se declara
. (Sentencia N° 130 de la Sala Político-Administrativa de fecha 25 de enero de 2006, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, caso: Petroquímica de Venezuela, S.A., Exp. N° 2005-2090).
Aplicando el criterio precedentemente expuesto al caso sub judice, observamos que este Tribunal en el auto de entrada de fecha 27 de julio de 2005, ordenó notificar a los ciudadanos Procuradora, Contralor y Fiscal General de la República y al Alcalde del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.
Así, el Fiscal y el Contralor General de la República, el Alcalde del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital y la Procuradora General de la República, fueron notificados los dos primeros el 11 de octubre de 2005, el tercero el 01 de noviembre de 2005 y la última el 07 de diciembre de 2005, siendo consignadas las correspondientes notificaciones en el expediente judicial, las tres primeras el 24 de noviembre de 2005 y la última el 08 de diciembre de 2005, tal como se evidencia en los folios del ochenta (80) al ochenta y siete (87), ambos inclusive, del expediente judicial.
Ahora bien, se evidencia que desde el 01 de julio de 2011, fecha en que la representación del Fisco Municipal solicitó la perención de la instancia, hasta el día de hoy 20 de junio de 2013, se observa que transcurrió mas un (1) año sin haberse realizado ningún acto de procedimiento, en virtud del cual se evidencia la intención o propósito de las partes de continuar el proceso.
En consecuencia, en aras de proteger el interés público reflejado en la necesidad imperiosa de evitar que los juicios se prolonguen indebidamente y en el desideratum común de descargar a la jurisdicción de causas que han sido abandonadas por falta de diligencia de las partes, quien decide, declara con fundamento en lo establecido en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, que en la presente causa se consumó el lapso necesario para que perima la instancia. Así se decide.
IV
DECISIÓN
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA del recurso contencioso tributario interpuesto en fecha 28 de junio de 2005, contra la Resolución N° 2574-2005 de fecha 04 de mayo de 2005, emanada de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, la cual impuso sanciones por la cantidad total de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 64.208.261,93) ahora expresados en la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (Bs.F. 64.208,26), por concepto de impuesto, multa e intereses moratorios.
Publíquese, regístrese y notifíquese a los ciudadanos Procurador y Fiscal General de la República, al Alcalde y Síndico Procurador del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital y a la contribuyente AUTO LIMINA, C.A.
Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario y el criterio sostenido por nuestro m.T.d.J. (Sentencia N° 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. N° 2002-835), esta sentencia admite apelación, por cuanto el quantum de la causa excede de quinientas (500) unidades tributarias.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los siete (07) días del mes de junio de dos mil trece (2013).
Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
La Juez,
L.M.C.B.E.S.,
J.L.G.R.
En el día de despacho de hoy veinte (20) del mes de junio de dos mil trece (2013), siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 pm), se publicó la anterior sentencia.
El Secretario,
J.L.G.R.
Asunto: AP41-U-2005-000641
JLGR/YMBA/DGD
