Decisión nº PJ0082012000047 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 8 de Febrero de 2012

Fecha de Resolución 8 de Febrero de 2012
EmisorJuzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario
PonenteDoris I. Gandica
ProcedimientoRecurso Contencioso Tributario

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 8 de febrero de 2012

201º y 152º

SENTENCIA N° PJ0082012000047

ASUNTO: AF48-U-1999-000032

ASUNTO ANTIGUO: 1999-1281

Recurso Contencioso Tributario

Vistos: Con informes de ambas partes

Recurrente: AUTO SERVICIOS LA JOYA S.R.L, sociedad de responsabilidad limitada inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 59, Tomo 63-A de fecha 26 de junio de 1973, ultima modificación de sus estatutos inscrito en el mismo registro en fecha 08 de mayo de 1998, bajo el Nº 77 tomo 98-A-Pro, domiciliada en Calle Urdaneta, la Castellana, Municipio Chacao, Con Nº de RIF J-000840073-3.

Apoderados de la Recurrente: Abogados C.A.G.A. y R.Y.G.E., venezolanos, titulares de las Cedula de Identidad Nº V-6.314.713 y 10.376.395 respectivamente, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 45.891 y 55.912.

Actos Recurridos: Resolución Nº SAT-GRTI-RC-DSA99 000386 de fecha 28-07-1999, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria SENIAT.

Administración Tributaria Recurrida: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT.

Representación del Fisco: Abogadas M.P.T. y Y.M.L., inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 63.226 y 34.360 respectivamente.

Tributo: Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor.

I

RELACIÓN CRONOLÓGICA

Se inicia este procedimiento mediante Recurso Contencioso Tributario ejercido en fecha 15 de octubre de 1999, por los Abogados C.A.G.A. y R.Y.G.E., venezolanos, titulares de las Cedula de Identidad Nº V-6.314.713 y 10376.395 respectivamente, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 45.891 y 55.912 respectivamente, en su carácter apoderados judiciales del AUTO SERVICIOS LA JOYA S.R.L, ante el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien mediante distribución lo asigno a este Tribunal y fue recibido en esa misma fecha, y se le dio entrada mediante auto de fecha 16-11-1999 ordenándose las notificaciones de Ley.

En fecha 28-03-2000, se admitió el presente recurso.

En fecha 25-04-2000, se declaro la causa abierta a pruebas.

En fecha 26-04-2000, se dio inicio al lapso probatorio en la presente causa.

En fecha 11-05-2000, venció el lapso de promoción en la presente causa

En fecha 12-05-2000, fueron agregados al expediente los escritos de promoción de pruebas que había sido reservado por secretaria.

En fecha 22-06-2000, venció el lapso probatorio en la presente causa.

En fecha 26-06-2000, se ordeno proceder a la vista de la causa.

En fecha 27-06-2000, se fijo la oportunidad de conformidad con lo previsto en el artículo 193 del Código Orgánico Tributario para que las partes presentaran sus escritos de informes.

En fecha 20-07-2000, la Abogada M.P.T., inscrita en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el Nº 63.226 en su carácter de representante del fisco Nacional consigno escrito de informes.

En fecha 20-07-2000, la Abogada R.Y.G.E., inscrita en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el Nº 55.912 en su carácter de representante judicial de la recurrente consigno escrito de informes.

En fecha 03-08-2000, concluyo la vista en la presente causa.

En fechas 26-09-2001, 26-01-2002, la Abogada R.Y.G. inscrita en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el Nº 55.912, en su carácter de representante judicial de la recurrente consigno diligencias solicitando sentencia.

En fecha 27-09-2002, la Abogada R.Y.G. inscrita en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el Nº 55.912, en su carácter de representante judicial de la recurrente consigno copia certificada del documento poder que acreditaba su representación.

En fechas 29-06-2005, 30-09-2009, la Abogada Y.M.M.L., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 34.360, quien en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la Republica, consigno diligencia solicitando sentencia.

En fecha 24-01-2012, la Dra. D.I.G.A., posesionada del cargo de Jueza de este Tribunal, se avocó al conocimiento de la causa ordenándose la notificación a la Contribuyente por medio de cartel es cual fue fijado en las puertas del

II

DEL ACTO RECURRIDO

La Resolución (Articulo 149 del Código Orgánico Tributario) Nº SAT-GRTI-RC-DSA99 000386 de fecha 28-07-1999, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria SENIAT, mediante la cual se ordeno expedir planillas de liquidación por los siguientes conceptos y montos:

Septiembre de 1995

Impuesto: Bs. 442.242,00 reexpresados en Bs. F. 442,24

Intereses Compensatorios: Bs. 57.320,00 reexpresados en Bs F. 57,32.

Multa: Bs. 117.648,00 reexpresados en Bs. F. 117,65

Octubre de 1995

Impuesto: Bs.169.222,00 reexpresados en Bs. F. 169,22

Intereses Compensatorios: Bs. 40.807,00 reexpresados en Bs F. 40,81.

Multa: Bs. 46.944,00 reexpresados en Bs. F. 46,94

Octubre de 1996

Impuesto: Bs.82.041,00 reexpresados en Bs. F. 82,04

Intereses Compensatorios: Bs. 8.270,00 reexpresados en Bs F. 8,27.

Multa: Bs. 49.503,00 reexpresados en Bs. F. 49,50

Septiembre de 1997

Impuesto: Bs. 234.759,00 reexpresados en Bs. F. 234,76

Intereses Compensatorios: Bs. 10.199,00 reexpresados en Bs F. 10,20.

Multa: Bs. 191.107,00 reexpresados en Bs. F. 191,11

Diciembre de 1997

Impuesto: Bs. 381.644,00 reexpresados en Bs. F. 381,64

Intereses Compensatorios: Bs. 13.321,00 reexpresados en Bs F. 13,32.

Multa: Bs. 340.901,00 reexpresados en Bs. F. 340,90

Mayo de 1996

Impuesto: Bs. 3.492,00 reexpresados en Bs. F. 3,49

Septiembre de 1996:

Impuesto: Bs. 98.317,00 reexpresados en Bs. F. 98,32

Intereses Compensatorios: Bs. 31.461,00 reexpresados en Bs F. 31,46.

Multa: Bs. 47.398,00 reexpresados en Bs. F. 47, 39

TOTAL GENERAL :

Bs. 2.366.596,00 reexpresados en Bs F. 2.366,59

III

ALEGATOS DE LAS PARTES

  1. La recurrente.

La representación judicial de la recurrente en su escrito del libelo, expuso:

Alegan en primer lugar la nulidad del acto administrativo por ser imposible e ilegal su ejecución, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 numeral 3, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, a su decir la administración tributaria compele a su representada a pagar a pagar dentro de los veinticinco (25) días hábiles siguientes contados a partir de la notificación, sin embargo aducen que la resolución objeto de este recurso fue notificada el día tres (3) de agosto de 1999, y las planillas de liquidación junto con las planillas de pago fueron notificadas el 16 de septiembre de ese mismo año, observándose una diferencia entre la fecha de notificación de la resolución y la notificación de las planillas, hecho este que les genera un estado de total incertidumbre e indefensión en las dos situaciones de hecho y de derecho que se les presenta, una vez que les es notificada la resolución, las cuales son en primer termino aceptar el contenido de la misma y proceder al pago de las obligaciones, o recurrir a los recursos que otorga la Ley bien el recurso jerárquico o el recurso contencioso tributario.

De manera que si su representada optara por el pago, le es imposible hacerlo por cuanto no posee los medios para hacerlo y si optara por ejercer los recursos entraría en un estado de incertidumbre al no conocer a ciencia cierta desde cuando comenzaría a computarse el lapso para ejercer dichos recursos, es por ello que consideran que dicho acto es nulo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 19 numeral 3 de la LOPA.

Alegan igualmente la excesiva aplicación de la multa impuesta en la Resolución, y a tal efecto aducen que el articulo 30 de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor establece un periodo impositivo de un mes calendario a los efectos de la liquidación y pago del impuesto, sin embargo dicho periodos impositivos son tan cortos que crean ficticios estados de reincidencia, que como lo establece la Ley, son sancionados con la imposición de multa por cada periodo impositivo, hecho este que lesiona gravemente el patrimonio de los contribuyentes ya que se imponen sanciones que son en su mayoria confiscatorias y por ende inconstitucionales debido a sus elevados montos.

Alegan como circunstancias atenuantes a favor de su representada, la presentación de las declaraciones sustitutivas y pago de los impuestos correspondientes, no haber tenido la intención de causar el hecho imputado de tanta gravedad, no haber cometido el indiciado ninguna violación de normas tributarias durante los tres años anteriores a aquel en que se cometió la infracción.

La representación judicial de la recurrente en su escrito de informes anexo como un alegato mas la improcedencia de la aplicación de la actualización monetaria y determinación de intereses compensatorios, añaden que las figuras de actualización monetaria y el cobro de intereses compensatorios determinados por la administración tributaria han sido declaradas inconstitucionales y la parte de la norma que las prevé, en el articulo 59 del Código Orgánico Tributario fue anulado según sentencia dictada en fecha 14-12-1999, por la extinta Corte Suprema de Justicia la cual trascriben.

De la Administración Tributaria:

La representación judicial de la Administración Tributaria Recurrida en su escrito de informes opuso las siguientes defensas.

Que ratifican en toda y cada una de sus partes el contenido del acto impugnado, emanado de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria SENIAT.

Que en relación con el alegato relacionado con la nulidad del acto administrativo por ser imposible e ilegal su ejecución, la representación fiscal considero en este punto traer a colación lo dispuesto en el articulo 145 del Código Orgánico Tributario, para luego concluir que el ajuste voluntario se refiere al lapso inmediato a la notificación del Acta Fiscal, conocido por la contribuyente, pues el mismo escrito contencioso tributario, manifiesta que en fecha 15-07-1998, procedió a cancelar las planillas de pago forma 02 contentivo de las aludidas variaciones en el Acta Fiscal, notificada a la contribuyente en fecha 22-06-1998.

Que respecto a la pretendida violación constitucional del derecho de no confiscación, consideran que la aplicación de la multa impuesta conforme al articulo 71 del Código Orgánico Tributario conforme al cual procede la sanción, en su termino medio, no puede considerarse como excesiva ni confiscatoria pues tal providencia no lleva consigo el efecto de privar de la propiedad a un particular, ni gravar por encima de sus ingresos, pues su naturaleza no es otra que la de resarcir al Fisco Nacional por el pago dejado de realizar.

Que en relación a la supuesta violación del principio de capacidad contributiva alegado por la contribuyente, en el caso de autos no se quebranta el prenombrado principio, toda vez que lo se estaba gravando al contribuyente eran las operaciones efectuadas por el mismo, las cuales oponen de manifiesto la posibilidad que posee el recurrente para contribuir al sostenimiento de las cargas publica, por lo que mal puede aducir que la Administración Tributaria, excede en la aplicación de la multa, en virtud de los periodos impositivos, contenidos en el articulo 30 de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario, igualmente les parece irrisorio el fundamento por parte de la representación de la contribuyente, el pretender subsumir su error calificando a los periodos impositivos “tan cortos” toda vez que los mismos fueron computados a un mes calendario, al que todos están acostumbrados tanto en la vida cotidiana como en los aspectos fiscales.

Que respecto a la circunstancia atenuante establecida en el numeral 2 del articulo 85 del Código Orgánico Tributario, aclaran no se observa que en el acto administrativo recurrido, la administración tributaria de haya atribuido un efecto mas grave que el que se produce como consecuencia de no dar cumplimiento al deber formal de presentar oportunamente la correspondiente declaración en el periodo fiscalizado, y así ha sido reconocido por la recurrente, por lo tanto la sanción se encuentra ajustada a derecho y así solicitan sea declarado.

Que respecto a las atenuantes 3 y 4 contenidas en el articulo 85 del Código Orgánico Tributario de 1994, las mismas se refieren a hechos de relativa y fácil comprobación, hecho este no desvirtuado por la contribuyente quien ha debido traer a los autos, las pruebas que respaldaran sus argumentos para enervar las objeciones fiscales, y no solo reproducir el merito favorable de los autos, en razón de que recaía en ella la carga probatoria y así solicitan sea declarado.

Finalmente solicitan a esta juzgadora desestime las circunstancias atenuantes alegadas por la representación judicial de la contribuyente.

IV

DE LAS PRUEBAS

La representación judicial de la contribuyente en su escrito de promoción de pruebas promovió:

.-El merito favorable de los autos.

Igualmente reproducen a favor de su representada todos los documentos que fueron consignados con el escrito recursivo los cuales constan de:

.- Documento Poder que acredita a los Abogados C.A.G.A. y R.Y.G.E., venezolanos, titulares de las Cedula de Identidad Nº V-6.314.713 y 10376.395 respectivamente, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 45.891 y 55.912, como apoderados judiciales de la contribuyente.

.-La Resolución (Articulo 149 del Código Orgánico Tributario) Nº SAT-GRTI-RC-DSA99 000386 de fecha 28-07-1999, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria SENIAT.

Las planillas de Pago Forma 02 Nº 05577188, 0557183, 0557179, 0557187, 0557183, 0557180, 05557195, las Planillas de liquidación Nº 0363041, 0363030, 0363029, 0363024, 0363025, 0363027, 0363028, y las planillas para pagar Nº 901500182, 9015001892, 9015001892, 9015001896, 9015001895, 9015001894, 9015001890, 9015001891, 9015001893, todas emanadas del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria SENIAT.

De la Recurrida:

S e observa que la representación del fisco nacional no consigno pruebas.

V

ANALISIS DE LAS PRUEBAS

Así las cosas esta juzgadora observa respecto al Documento Poder que acredita Abogados C.A.G.A. y R.Y.G.E., venezolanos, titulares de las Cedula de Identidad Nº V-6.314.713 y 10376.395 respectivamente, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 45.891 y 55.912, como apoderados judiciales de la contribuyente, se trata igualmente de documento público autenticado por la Notaria Pública Primera del Municipio Autónomo Chacao del Estado Miranda. Dicho documento además no fue desconocido de ninguna forma por la parte demandada por lo que el tribunal reconoce su pleno valor probatorio de conformidad con el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a la Resolución (Articulo 149 del Código Orgánico Tributario) Nº SAT-GRTI-RC-DSA99 000386 de fecha 28-07-1999, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria SENIAT, y las planillas de Pago Forma 02 Nº 05577188, 0557183, 0557179, 0557187, 0557183, 0557180, 05557195, las Planillas de liquidación Nº 0363041, 0363030, 0363029, 0363024, 0363025, 0363027, 0363028, y las planillas para pagar Nº 901500182, 9015001892, 9015001892, 9015001896, 9015001895, 9015001894, 9015001890, 9015001891, 9015001893, todas emanadas del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria SENIAT, se observa que los mismos tratan de documentos administrativos emitidos por un funcionario publico, que goza de autenticidad, por su naturaleza, pues su formación o autoría se puede imputar a un determinado funcionario, previo el cumplimiento de las formalidades legales, acreditando tal acto como cierto y positivo; con fuerza probatoria plena, en los límites de la presunción de veracidad que las rodea, mientras no se pruebe lo contrario.

VI

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Planteada la controversia en los términos expuestos, este Tribunal observa que la cuestión planteada se circunscribe a) Determinar la legalidad o no de la multa impuesta mediante Resolución (Articulo 149 del Código Orgánico Tributario) Nº SAT-GRTI-RC-DSA99 000386 de fecha 28-07-1999, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria SENIAT.

Punto Previo:

Como punto previo esta sentenciadora considera oportuno revisar sobre la perdida de interés en el presente proceso y en este sentido se observa:

Se desprende del auto de entrada de fecha 16-11-1999, Recurso Contencioso Tributario, ejercido contra la Resolución (Articulo 149 del Código Orgánico Tributario) Nº SAT-GRTI-RC-DSA99 000386 de fecha 28-07-1999, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria SENIAT.

Igualmente se desprende que del auto de fecha 03-08-2000, este tribunal declaro vista la causa entrando en estado para dictar sentencia, y en fecha 26-06-2002, fue la última diligencia consignada por la recurrente solicitando sentencia, no observándose desde esa fecha que la contribuyente le haya dado impulso procesal hasta la presente fecha.

Ahora bien, visto lo anterior considera importante quien aquí juzga revisar la presunta perdida de interés procesal en que ha incurrido la accionante en la presente causa, y a tales efectos es importante analizar lo que al respecto ha sostenido en varios criterios jurisprudenciales la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; Así vemos que en ponencia de la Magistrada: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO en el Expediente N° 07-0224 la sala ha establecido el siguiente criterio:

El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) C.J. Moncada”).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “F.V.G. y M.P.M. de Valero”).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:

(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:

a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido

.

En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide”.

Del mismo modo la Sala Constitucional de nuestro m.t.d.j. con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondon Haaz en el expediente No 00-2064 respecto a la pérdida de interés procesal ha establecido:

A.c.f.l. actas procesales, esta Sala observa que, en la presente causa, desde el 2 de diciembre de 1982, oportunidad cuando se presentó ante la Corte en Pleno de la entonces Corte Suprema de Justicia el escrito contentivo de demanda de nulidad, no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal hasta el 26 de junio de 2000, ocasión cuando la Corte en Pleno acordó remitir las presentes actuaciones a esta Sala Constitucional; y por cuanto han transcurrido más de dieciocho (18) años sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.

El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.

Según el maestro I.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.

El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.

Esta Sala, en decisión de 01 de junio de 2001 (caso: F.V.G. y M.P.M.d.V.E.. nº: 00-1491, s. nº 956) al referirse al interes procesal señaló :

A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.

Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.

(...)

Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.

(...)

Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

(...)

La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.

(Subra-yado añadido)

De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el inicio del proceso, por lo que resulta forzoso para esta Sala Constitucional declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento.

En consecuencia, de conformidad con lo asentado en la sentencia ut supra transcrita, esta Sala Constitucional declara terminado el procedimiento por pérdida del interés procesal. Así se declara.

Igualmente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de 01 de junio de 2001 caso: F.V.G. y M.P.M.d.V.E.. nº: 00-1491, s. N° 956 al referirse al interés procesal señaló:

A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.

Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.

(...)

Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.

(...)

Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

(...)

La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.

(Subra-yado añadido)

En este mismo orden de ideas la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia de la Magistrado Yolanda Jaimes Guerrero en el expediente No. 2004-2540 en la sentencia No. 01753 de fecha 03-12-2009 se estableció:

De conformidad con el criterio jurisprudencial antes transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.

En consecuencia, por cuanto en la causa bajo examen no hubo pronunciamiento respecto de la admisión del recurso y, sin embargo, la parte demandante dejó de instar para que ello se produjese; esta Sala declara extinguida la acción por pérdida de interés, con base en la sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.

En criterio reciente de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la perdida de interés procesal en Sentencia No 00010 de fecha 13-01-2010 se estableció:

“Ha sido criterio pacífico y reiterado de esta Sala (Vid., entre otras, sentencias Nros. 650 del 6 de mayo de 2003, 1.473 del 7 de junio de 2006, 645 del 3 de mayo de 2007 y más recientemente, 00312 y 00361 del 4 y 18 de marzo de 2009, respectivamente), en lo que a la perención se refiere, lo siguiente:

… la perención se produce aun en aquellos casos en los que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo cuando el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia, entendiéndose tal estado como el referido a la decisión de fondo.

Así pues, con fundamento en lo expuesto, la Sala en distintas oportunidades ha decretado la perención de la instancia de conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o 267 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la decisión de la Sala Constitucional de este M.T. N° 1.466 de fecha 5 de agosto de 2004, en la cual se desaplicó por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, inclusive en aquellas causas judiciales que se encuentran en estado de admisión, por cuanto nada impide a la parte recurrente diligenciar para solicitar la decisión correspondiente sobre la admisión de su recurso. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 01378 de fecha 5 de noviembre de 2008).

Ahora bien, un estudio más detallado del asunto debatido conlleva a realizar un replanteamiento del criterio antes expuesto, en atención a la sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2009, que ratificó el criterio consagrado en el fallo de esa misma Sala Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.) y en el cual se señaló:

… El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘F.V.G. y M.P.M. de Valero’).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

(Resaltado de esta Sala).

Conforme al criterio jurisprudencial transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar sentencia.

Así las cosas, una vez verificado que en la causa bajo examen no hubo pronunciamiento respecto de la admisión del procedimiento de Oferta Real y Depósito y visto que la parte actora dejó de instar para que ello se produjese, esta Sala declara extinguida la acción en el presente caso por pérdida de interés, con fundamento en la sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.”. Sentencia No 00010 de fecha 13-01-2010 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Declarado lo anterior y a.c.f.l. actas procesales, esta sentenciadora observa que, en la presente causa, desde el 03 de agosto de 2000, oportunidad en que este tribunal declara concluida la vista de la presente causa, y desde la fecha 26-06-2002, ultima diligencia consignada por la representación judicial de la recurrente, no consta en autos que se realizara alguna actuación procesal por parte del accionante del presente Recurso Contencioso Tributario hasta la presente fecha, ocasión en que esta sentenciadora dicta la presente decisión; y por cuanto han transcurrido más de seis (6) años sin que se hubiere realizado actuación alguna de parte de los Abogados C.A.G.A. y R.Y.G.E., venezolanos, titulares de las Cedula de Identidad Nº V-6.314.713 y 10.376.395 respectivamente, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 45.891 y 55.912, en su carácter de apoderados judiciales la sociedad mercantil AUTO SERVICIOS LA JOYA S.R.L, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 59, Tomo 63-A de fecha 26 de junio de 1973, ultima modificación de sus estatutos inscrito en el mismo registro en fecha 08 de mayo de 1998, bajo el Nº 77 tomo 98-A-Pro, domiciliada en Cale Urdaneta, la Castellana, Municipio Chacao, Con Nº de RIF J-000840073-3, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.

Ahora bien, el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción, entendiéndose con clara evidencia que uno de los requisitos, como elemento de la acción, deviene del interés procesal; así, el interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia, no es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. Así lo han expresado en diferentes criterios la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa de nuestro m.t.d.j..

Siguiendo este criterio la doctrina ha mantenido según el maestro I.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”

De lo anterior se puede determinar que el interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.

Visto así, y tomando en consideración lo expuesto por nuestro M.T.d.J., el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción; como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.

De acuerdo con lo expuesto es evidente que, en la presente causa, la parte actora no instó de manera alguna al Tribunal para que se dictara la decisión correspondiente, por lo que resulta forzoso para esta sentenciadora declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento.

En consecuencia, esta sentenciadora considera inoficioso entrar a conocer sobre el fondo de la controversia y de conformidad con lo anteriormente expuesto, se declara terminado el procedimiento por decaimiento de la acción. Así se decide.

VII

DECISIÓN

Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio, y por las razones que han sido expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO POR DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, correspondiente al Recurso Contencioso Tributario interpuesto por los Abogados C.A.G.A. y R.Y.G.E., venezolanos, titulares de las Cedula de Identidad Nº V-6.314.713 y 10.376.395 respectivamente, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 45.891 y 55.912, en su carácter de apoderados judiciales la sociedad mercantil AUTO SERVICIOS LA JOYA S.R.L, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 59, Tomo 63-A de fecha 26 de junio de 1973, ultima modificación de sus estatutos inscrito en el mismo registro en fecha 08 de mayo de 1998, bajo el Nº 77 tomo 98-A-Pro, domiciliada en Calle Urdaneta, la Castellana, Municipio Chacao, Con Nº de RIF J-000840073-3, contra la Resolución (Articulo 149 del Código Orgánico Tributario) Nº SAT-GRTI-RC-DSA99 000386 de fecha 28-07-1999, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria SENIAT., mediante la cual se ordeno expedir planillas de liquidación por un monto total de Bs. 2.366.596,00 reexpresados en Bs F. 2.366,59

COSTAS: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión.

De conformidad con el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República notifíquese de la presente decisión a la ciudadana Procuradora General de la República. Líbrese Oficio.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los ocho (08) días del mes de febrero de dos mil doce. Año 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

La Jueza Superior Titular

Dra. D.I.G.A.L.S.T.

Abg. C.A.P.M.

En la fecha de hoy, ocho (08) de febrero de dos mil doce (2012), se publicó la anterior Sentencia N° PJ0082012000047, a las diez y cuarenta minutos de la mañana (10:40 am).

La Secretaria Titular

Abg. C.A.P.M.

ASUNTO: AF48-U-1999-000032

ASUNTO ANTIGUO: 1999-1281

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