Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Febrero de 2008

En cuanto a la perención, se debe indicar que habiéndose declarado con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandante en contra de la sentencia que en fecha 16 de enero de 2006 el juzgado de la causa profirió, declarando la perención de la instancia, el cual quedó igualmente revocado; sentencia de alzada que quedó firme -según así ha quedado establecido en este fallo- la recurrente demandada insistió en hacer valer en sus conclusiones escritas su solicitud declarativa de perención breve de la instancia que antes de contestación a la demanda y mediante escrito presentado en fecha 21 de noviembre de 2005 formuló.

En dicho escrito, se fundamentó arguyendo que “…la parte actora no cumplió las obligaciones que le impone la Ley para citar a mi representada, obligaciones éstas que son según nuestra jurisprudencia última y vigente: 1) Poner a la orden del alguacil de este Tribunal los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado. 2) Tampoco cumplió la parte actora con la obligación de consignar los fotostatos que debieron ser certificados para que se elaborara la compulsa con que el Tribunal por intermedio de su alguacil debía acometer la citación de mi representada en mi persona. 3) Tampoco cumplió la parte actora con indicar la dirección o domicilio en la que vive mi persona, que no es la que señala en el último folio del libelo de la demanda, porque mi persona no tiene domicilio en el lugar que mi representada tiene su centro de operaciones…”.

Simplemente constata este sentenciador que, en efecto, en fecha 14 de octubre de 2005 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial procedió a admitir la demanda interpuesta y ordenó el emplazamiento de la sociedad mercantil demandada conforme al procedimiento especial que en materia inquilinaria se establece; citación ésta que debía producirse en la persona de su representante legal.

Asimismo, ordenó el tribunal el libramiento de la correspondiente boleta de citación, debidamente acompañada de la copia certificada del texto libelar y del auto de comparecencia, para ser entregada al funcionario alguacil ha encargarse de dicho trámite de citación.

Se constata del mismo auto que “…Con respecto a la Medida solicitada el Tribunal proveerá por cuaderno separado…”. Y revisadas las piezas que conforman el presente expediente, constata igualmente este sentenciador que, en efecto, en esa misma fecha del 14 de octubre de 2005 se dictó el referido auto ordenando la apertura del cuaderno de medidas respecto a la causa con el decreto de medida de secuestro sobre el bien inmueble objeto del contrato de subarrendamiento cuya resolución se demanda, de conformidad con lo previsto en el ordinal 7° del artículo 599 del Código de Procedimiento. En ese mismo cuaderno de medidas, riela a su folio 06, diligencia suscrita en fecha 18 de octubre de 2005 por la apoderada judicial de la parte actora, en virtud del cual expuso:

…Solicito se libre la compulsa a los fines de la práctica de la citación personal de la parte demandada. Asimismo solicito despacho de comisión oficio No. 2146 y copias certificadas solicitadas. Es todo…

.

Consta a su vez, que en fecha 18 de noviembre de 2005, el juzgado de la causa acusó recibo de las resultas de comisión para la práctica de la medida de secuestro acordada; auto éste que riela al folio 08 del cuaderno de medidas. Revisados los recaudos que conforman dicho despacho de comisión, consta al folio 12 del señalado cuaderno de medidas, que el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, dictó un auto fechado 24 de octubre de 2005 en virtud del cual dio por recibida la comisión librada.

Finalmente, consta del folio 16 al folio 22 del cuaderno de medidas, el acta levantada en fecha 01 de noviembre de 2005 por el mencionado juzgado ejecutor de medidas, en virtud del cual consta palpablemente, lo siguiente:

…y constituido en el inmueble antes señalado procedió a requerir a la parte demandada, siendo atendido por un ciudadano que se identificó como PAYARES ATENCIA M.A., …cédula de identidad No. 11.227.735, en su condición de Director Gerente de la Sociedad Mercantil, asistido por el Dr. C.G.G.G., …Inpreabogado bajo el No. 19.532…

…En este estado el representante de la Sociedad Mercantil Servicios Funerarios y Previsiones Payares C.A. y la ciudadana N.D.C.S.A., … cédula de identidad No. 5.059.717, asistidos por el Abogado Asistente Dr. C.G.G.G., antes identificado pidieron ser oídos y exponen: …

…En este estado el Notificado plenamente identificado en autos, asistido del Abogado C.G.G., pidió ser oído y expuso: Dejo expresa constancia de que efectivamente en forma personal di en comodato gratuito y verbal a la señora N.S., el local donde el Tribunal se encuentra constituido en virtud de que la Sociedad que represento ha sido presuntamente estafada por el actor del proceso que ocasiona esta comisión y otra series de ciudadanos quienes dieron a mi representada el arrendamiento del local donde esta constituido este Juzgado Ejecutor…contraviniendo la disposición 549 del vigente Código de Procedimiento Civil y que actualmente…

Así las cosas, queda muy en claro para esta superioridad que dentro del presente juicio y en fecha 01 de noviembre de 2005, el representante legal de la sociedad mercantil demandada declaró y actuó dentro del juicio, de cuyo acto de secuestro procesalmente no se sustrae, así como también queda claro que habiéndose admitido la demanda el 14 de octubre de 2005, aun no habían transcurrido los 30 días reglamentarios en que el ordenamiento jurídico obliga a la parte actora para dar impulso a la citación personal de la demanda, el cual en modo alguno significa literalmente que la citación personal se concrete y efectúe dentro de dicho lapso, sino que dentro del mismo tal citación personal se impulse.

No solo aun no se había agotado tal lapso, sino que en fecha 01 de noviembre de 2005 y en el mismo acto de secuestro, habiendo firmado el representante legal de la accionada la propia acta levantada con ocasión de la práctica de la medida acordada, se produjo lo que en el aparte infine del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil se señala:

…Sin embargo, siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado antes de la citación, han realizado alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes en un acto del mismo, se entenderá citada la parte desde entonces para la contestación de la demanda, sin más formalidad…

.

Ello significa, que se produjo la citación presunta de la sociedad mercantil accionada, por cuanto en el acto de la práctica de la medida de secuestro acordada en juicio, el cual constituye un acto del proceso, su representante legal estuvo presente. Y, no solo ello, expuso en dicho acto y suscribió –debidamente asistido de abogado- la respectiva acta.

En modo alguno se requiere entonces de la citación personal de la demandada, entendida ésta como erróneamente induce a creer ésta, como expresa manifestación de voluntad de personalmente darse por citada. Y, por cuanto dicha actuación procesal cumplida por el representante legal de la demandada dentro del proceso, también se consumó dentro del lapso perentorio de 30 días contados a partir de la fecha del auto de admisión, pues entonces resulta evidente que la citación presunta de la demandada quedó consumada conforme a ley, haciéndose absolutamente innecesario el cumplimiento de los otros deberes formales de citación personal que la accionada recurrente alude, amén de que igualmente consta que en fecha 24 de octubre de 2005, antes de la citación tácita consumada, la apoderada actora solicitó el libramiento de la respectiva compulsa, impulsando así las diligencias de citación personal.

En consecuencia, esta superioridad declara improcedente la solicitud declarativa de perención breve de la instancia hecha valer por la demandada recurrente en su escrito de conclusiones presentado ante la alzada, no obstante, que este asunto ya ha quedado judicialmente resuelto mediante sentencia proferida en fecha 08 de marzo de 2006 y, así se decide.

Se opuso como defensa perentoria, la falta de cualidad e interés de la parte actora para intentar el presente juicio, con base a lo previsto en el artículo 549 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que habiéndose previamente decretado y practicado sobre el inmueble de autos, medida de embargo ejecutivo en virtud de un juicio hipotecario anterior al presente juicio -M.I.H.G. INC contra INMOBILIARIA VIRGO, C.A., representada por el ciudadano M.A.G.- argumentando la demandada que, sujeto como estaba dicho inmueble a tal medida, mal podía haberse negociado el mismo mediante los contratos de arrendamiento y subarrendamiento fundamentales de la demanda –acusando a los ciudadanos M.A.G., M.R.C., S.J.H. y R.T.V.N. como fraudulentos que le han causado a la accionada daños y perjuicios- por lo que resultando inexistentes dichos contratos en virtud de la nulidad de tales convenios, la parte actora jamás llegó a ser válidamente su subarrendadora y, en consecuencia, careció y carece de cualidad e interés para haber demandado como lo hizo.

Resulta imperioso destacar por quien aquí decide y reiterando lo decidido y fundamentado por la juzgadora de primera instancia al respecto, que la excepción perentoria opuesta por la sociedad mercantil accionada con base a tal argumentación, debe necesariamente concordar con lo previsto en la norma jurídica contenida en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que es del siguiente tenor:

…Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente…

.

De la norma anterior se infiere que el interés es calificado, como aquel que busca la obtención de una declaración de hecho y de derecho con respecto a la existencia o inexistencia de una relación jurídica, siempre y cuando tengan un beneficio mediato a su solicitante, que es lo que se denomina interés sustancial, así como el de acceder a los órganos de justicia que comporta el interés procesal para hacer efectivo su interés sustancial, es decir, que la acción existe, en tanto y en cuanto haya un interés jurídico protegido y afirmado como existente que requiera de la tutela del Estado, por lo que la acción es un derecho público con validez autónoma puesta al servicio de un interés sustancial.

A tal efecto y según el autor L.L. “…El problema de la cualidad se resuelve en la demostración de la identidad entre la persona que se presente ejerciendo concretamente un derecho o poder jurídico o la persona contra quien se ejercita, y el sujeto que es su verdadero titular u obligado concreto. Se trata, en suma, de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la Ley concede el derecho o poder jurídico, o la persona contra quien se concede, y la persona que lo hace valer y se presenta ejerciéndolo como titular efectivo, o contra quien se ejercita de tal manera…”.

Así las cosas, este Tribunal debe a continuación determinar el alcance y contenido del concepto de cualidad o legitimatio ad causam el cual citando al maestro patrio L.L. se define como:

… una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la ley concede el derecho o poder jurídico o la persona contra quien se concede, y la persona que lo hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo o contra quien se ejercita en tal manera. La cualidad expresa la referencia de un poder o de un deber jurídico concreto a un sujeto determinado…

.

Siendo ello así, pasa esta alzada a examinar el contrato de subarrendamiento que entre las partes se suscribió de manera autenticada el 02 de mayo de 2003 ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del Estado Miranda, bajo el No. 67, Tomo 39 de los libros respectivo, en el cual se desprende lo siguiente:

…Entre, CENTRO AUTOMOTRIZ LOS IBERICOS, C.A., (…) representada por el ciudadano R.T.V.N., (…) quien a los efectos de este contrato se denominará EL SUB-ARRENDADOR, y por la otra, la empresa SERVICIOS FUNERARIOS Y PREVISIONES PAYARES, C.A., (…) representada en este acto por el ciudadano M.A. PAYARES, (…) carácter suyo que consta de las Disposiciones Transitorias del Documento Constitutivo Estatutario, y debidamente facultado por el Artículo 22 de los referidos Estatutos, quien a los efectos del presente contrato se denominará LA SUB-ARRENDATARIA, por el presente documento, acordamos celebrar el presente contrato de sub-arrendamiento que se regirá al tenor de las Cláusulas siguientes:…

Habiéndose demandado la resolución judicial del mismo por incumplimiento en el pago de las pensiones locativas señaladas que correspondían ser hechas por la demandada al accionante, así por incumplimiento del deber de mantener y conservar lo subarrendado en buen estado, y no cambiar el uso del inmueble y siendo que para el ejercicio de tal acción se encuentra precisamente legitimado quien se arrogue el carácter de subarrendador o de cesionario del subarrendador, resulta evidente para este juzgador que en el presente caso se ha instaurado de manera correcta el ejercicio de dicha acción judicial, por cuanto existe una evidente identidad lógica y abstracta entre quien accionó y quien aparece como arrendador en el contrato en cuestión, independientemente que éste sea o no el propietario del bien objeto de dicho contrato, e independientemente de que se pretenda indebidamente discutir dentro del juicio de resolución contractual, la nulidad de dicho contrato, pues para tales eventos, los mismos resultan y atañen como asuntos de fondo y no, como erróneamente hace valer la sociedad mercantil accionada, como un asunto de falta de cualidad activa para demandar.

De igual forma, respecto a la falta de cualidad, el autor patrio A.R.R. señala lo siguiente:

…La legitimación es la cualidad necesaria de las partes. El proceso no debe instaurarse indiferentemente entre cualesquiera sujetos, sino precisamente entre aquellos que se encuentran frente a la relación material o interés jurídico controvertido en la posición subjetiva de legítimos contradictores, por afirmarse titulares activos y pasivos de dicha relación…

.

Ahora bien y en adición a lo anterior, en el caso de marras la parte demandada en su escrito de contestación también indicó que: “…según el articulo 549 del Código de Procedimiento Civil, todo negocio jurídico de administración o disposición efectuado por el ejecutado sobre la cosa embargada después de practicado el embargo si la cosa fuera mueble, o recibida por el Registrador de la Jurisdicción a que corresponde el inmueble la participación que al efecto le hará el tribunal, será radicalmente nulo y sin efectos, aún sin la declaración del Juez…”. Igualmente señaló la accionada, como ya fue expresado que consta oficio No 374, fechado 08 de abril de 1999 y dictado por el Juzgado del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, participando la práctica de la medida de embargo ejecutivo acordada al Registrador Subalterno del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, como producto del juicio que por ejecución de hipoteca sigue la sociedad mercantil M.I.H.G. INC. en contra de la INMOBILIARIA VIRGO, C.A., ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial (aún en trámite), lo que hace inferir que ambas contrataciones de arrendamiento y subarrendamiento son nulas, tal y como lo prevé el artículo 549 del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, puede constatarse de una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, que la parte actora consignó copias simples de las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores Décimo y Séptimo en lo Civil, Mercantil y del T.d.á.M.d.C., siendo la primera de ellas, dictada en fecha 16 de octubre de 2000 y la segunda el 09 de enero de 2006, mediante las cuales se había ordenado la reposición de la causa al estado de que se intimara a la deudora principal de dicho juicio a la sociedad mercantil CORPORACION 4.020, S.R.L., por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del T.d.Á.M.d.C., y que, en consecuencia, se declaró la nulidad de todo lo actuado a excepción de la intimación de la demandada INMOBILIARIA VIRGO, C.A., por lo tanto se aduce que dicha medida de embargo ejecutivo quedó sin efecto y con ello la aplicación del artículo 549 del Código de Procedimiento Civil alegado por la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda.

En consecuencia y en vista de la errónea argumentación que la parte demandada expuso para sustentar su defensa perentoria de falta de cualidad e interés activa, que no aportó pruebas adicionales que evidencien con certeza su aserto, argumentos éstos que en este fallo han quedado desvirtuados, forzosamente esta superioridad la declara improcedente y, así se decide.

Siguiendo con el hilo argumental expuesto por la demandada recurrente, también en su escrito de contestación expuso que vigente como se encontraba la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial No. 38.272, de fecha 14 de septiembre de 2005, autos de la fecha de admisión de la demanda, y no evidenciándose en los autos que la subarrendadora actora hubiese acompañado con su demanda constancia de haber cumplido con su obligación de declarar ante la autoridad administrativa competente CADIVI, que pretendía demandar el cobro indemnizatorio o, según alegó, el pago de las pensiones locativas que en su totalidad ascienden a la cantidad de USA.$ 41.250,oo, entonces resulta incompetente el tribunal de la causa dado a que el asunto correspondía ser tramitado en sede penal, en razón de que dicho incumplimiento también se produjo mediante el proferimiento del auto de admisión de la demanda, defraudación de la ley.

Señaló que la juzgadora de primera instancia vulneró lo previsto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, al haber admitido la demanda presentada cuando ha debido haber verificado previamente el cumplimiento de la Ley de Ilícitos Cambiarios antes aludida, por lo que con dicha admisión de la demanda se hace procedente la cuestión previa contenida en el ordinal 11º del artículo 346 eiusdem, con apoyo en la misma cuestión previa y en forma confusa, alegó que no es posible elegir domicilio especial en un contrato de arrendamiento o subarrendamiento, citando para apoyar lo alegado la sentencia proferida en fecha 20 de julio de 1999 por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial -caso Corporación Banday, C.A., contra Grupo Zapatería Los Teques, C.A.- por lo que como consecuencia de todo lo delatado, el juzgado de primera instancia no resulta competente por el territorio, sino a todo evento son competentes los juzgados de primera instancia del Estado Miranda, por ser éste el domicilio de la accionada y de su representante legal.

Al respecto, cabe destacar que la competencia consiste en la facultad que tiene cada órgano jurisdiccional, para administrar justicia o conocer de un determinado asunto sometido a su conocimiento, declarar y aplicar la voluntad de la ley en el caso concreto mediante la realización de la justicia, por la materia, por la cuantía y por el territorio.

Ha quedado claramente precisado, que la actora demandó resolución por incumplimiento de contrato de subarrendamiento y, también pretendió, el pago indemnizatorio de daños y perjuicios que acusó haber sufrido debido a su alegada falta de pago de pensiones locativas e incumplimiento en la obligación de mantener y cuidar el inmueble subarrendado, por lo que tales pretendidas indemnizaciones señaló debían ser equivalentes a las pensiones locativas insolutas y a lo que denominó “fruto civil”. Así se establece.

En segundo lugar, también precisa este sentenciador, que el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil bajo el cual la sociedad mercantil accionante se ampara para argumentar como lo ha hecho, establece lo siguiente:

…La competencia por el territorio puede derogarse por convenio de las partes, caso en el cual la demanda podrá proponerse ante la autoridad judicial del lugar que se haya elegido como domicilio. La derogación no podrá efectuarse cuando se trate de causas en las que debe intervenir el Ministerio Público, ni en cualquier otro en que la ley expresamente lo determine…

(Resaltado de la alzada).

Así pues, el legislador patrio ha establecido claramente que la competencia territorial para dirimir conflictos devenidos de negociaciones jurídicas, puede ser derogada por las partes intervinientes que así lo hayan acordado, salvo cuando se trate de causas de obligatoria intervención por parte del Ministerio Público o que la ley expresamente así lo señale; esto es, que prohíba derogar el domicilio contractual. Es lo que en doctrina se denomina “domicilio especial”. Tratándose como se trata el presente caso judicial de una demanda de resolución de contrato de subarrendamiento y pago de daños y perjuicios, así como también trata de un contrato de subarrendamiento respecto de un inmueble que no aparece so –y así tampoco fue alegado- al funcionamiento de actividades de orden público por lo que no se amerita la intervención del Ministerio Público, o respecto del cual ley alguna haya formulado prohibición expresa de derogatoria de la competencia territorial, queda claro para este sentenciador que en el presente asunto, las partes sí están autorizadas para derogarla tal y como en el contrato de subarrendamiento se señala y elegir como domicilio especial a la jurisdicción de Caracas. Por tanto, no está obligada la parte actora a accionar en jurisdicción de los tribunales del Estado Miranda; más aun cuando en la cláusula décima quinta del contrato de subarrendamiento suscrito por las partes y autenticado el 02 de mayo de 2003 ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el No. 67, Tomo 29, éstas convinieron lo siguiente como expresión de su manifestación de voluntad: “… Las partes eligen como domicilio especial, único y excluyente de cualquier otro, la ciudad de Caracas a la jurisdicción de cuyos Tribunales declaran someterse, para todos los efectos del presente contrato. Este contrato deja sin efecto cualquier otro firmado con anterioridad por las mismas partes…”. Así se establece.

Finalmente, el artículo 60 del citado Código Adjetivo Civil, señala lo siguiente:

…La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aun de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso.

La incompetencia por el valor puede declararse aun de oficio, en cualquier momento del juicio en primera instancia.

La incompetencia por el territorio, con excepción de los casos previstos en la última parte del artículo 47, puede oponerse sólo como cuestión previa, como se indica en el artículo 346.

La incompetencia territorial se considerará no opuesta si no se indica el Juez que la parte considera competente. Si la parte contraria se adhiere a esa indicación, la competencia del Juez indicado queda firme y se pasarán los autos al Juez competente, ante el cual continuará el procedimiento en el quinto día después de recibidos los autos…

.

Retomando lo argumentado por la parte demandada, consta que, en efecto, la Ley de Ilícitos Cambiarios apareció publicada en la referida Gaceta Oficial fechada 14 de octubre de 2005, También es cierto que la demanda resolutoria incoada aparece admitida en esa misma fecha. Pero, lo que si es evidente es que la mencionada ley, establece tales obligaciones de de declarar el ingreso patrimonial de monedas extranjeras sólo dentro de los diversos supuestos de hecho en virtud de los cuales se hayan verificado dichos ingresos patrimoniales. Aunado a ello, ya ha quedado establecido en este fallo judicial que la demanda incoada contiene el ejercicio de una acción resolutoria contractual, en virtud del cual se pretende, además de tal resolución, la entrega material inmobiliaria de los subarrendado, el pago indemnizatorio de daños y perjuicios que se requirió en moneda de curso legal equivalentes a dólares estadounidenses conforme se señaló habían también quedado estimadas las pensiones locativas. Nótese que se utiliza la palabra “pretendió”, la cual tiene una connotación procesal efectiva; esto es, que se aspiró con la demanda la declaratoria judicial de condena de pago; por tanto, hasta que no se produzca sentencia definitivamente firma en el presente juicio, declarando con lugar la demanda, aún no existe ingreso patrimonial alguno para la sociedad mercantil accionante. Y, no solo ello, también ha quedado judicialmente establecido en este fallo, que en lo que atañe a las pretensiones indemnizatorias. La actora ha pretendido el pago de las mismas en moneda de curso legal – en bolívares- y no en moneda estadounidense, siendo que el señalamiento de dicha moneda lo fue a título referencial. Todo ello consta en lo dispuesto en la cláusula décima del contrato cuya resolución se demanda, el cual es del siguiente tenor:

… El canon de arrendamiento, es por la suma mensual de … (US$ 5.000,oo) mensual, durante los primeros doce … meses de vigencia …; para el segundo año de vigencia del contrato, el canon será por la suma de … (US$ 5.500,oo); y, para el tercer y último año …,… será por la suma de … (US$ 6.500,oo) mensual,… Deberá hacerse el pago en bolívares a la tasa de conversión oficial fijado en razón del Control de cambio, o la que rija en el mercado libre de divisas según la fije el Banco Central de Venezuela…

. (Resaltado de la alzada).

En tal sentido, mal puede la accionada haber opuesto la cuestión previa aquí aludida, dado que tanto para el momento en que se interpuso la demanda como en la oportunidad de su admisión, no resultaba aplicable ninguno de los supuestos contenidos en la Ley de Ilícitos Cambiarios y mal podía entonces la juzgadora de primera instancia haber requerido constancia de declaración de CADIVI para poder emitir su despacho saneador, que en modo alguno constituye defraudación de la ley, alegando igualmente incompetencia en forma infundada, por lo tanto necesariamente debe esta superioridad declarar improcedente la cuestión previa opuesta por la parte demandada, así se decide.

Con argumentos semejantes a los anteriores, la parte demandada insistió en hacer valer en su escrito de conclusiones ante la alzada, que dado que así ordenarlo la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente luego de haber quedado admitida la demanda incoada en su contra, la parte actora estaba obligada a presentar su declaración hecha ante CADIVI ya que demandaba sumas dinerarias en moneda estadounidense; por tanto, arguyó que resultaba procedente su oposición hecha a la demanda de la cuestión previa contenida en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, dado que existía prohibición de ley para admitir la aludida acción resolutoria.

Al respecto, ya ha quedado judicialmente establecido en este fallo que la demanda incoada contiene el ejercicio de una acción resolutoria contractual, en virtud de la cual la parte actora pretendió –además de la aludida resolución contractual y la entrega inmobiliaria de lo subarrendado- el pago indemnizatorio en moneda de curso legal –en bolívares- de daños y perjuicios que estimó coincidían con lo adeudado por pensiones locativas, las cuales contractualmente fueron estimados en moneda estadounidense, tal y como contractualmente se acordó en su cláusula décima, que fijó el pago de las pensiones locativas en moneda de curso legal; esto es, en bolívares como moneda de pago, según resulte del cálculo de la pensión locativa fijada en moneda estadounidense aplicando la tasa de conversión oficial fijado atendiendo el control de cambio, o la que rigiera en el mercado libre de divisas según la establezca el Banco Central de Venezuela.

También ha quedado judicialmente establecido en este fallo, que para el momento de la interposición de la demanda y el proferimiento del auto de admisión de la misma, no existía obligación alguna de acompañar a la demanda y exigir para su trámite y admisión de la acción resolutoria ejercida, de constancia de declaración ante CADIVI.

En consecuencia, se establece que no existe prohibición de ley para admitir la presente acción, por lo que forzosamente esta superioridad declara improcedente la oposición hecha por la parte demandada de la cuestión previa señalada en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y, así se declara.

Finalmente, la parte demandada opuso en su escrito de contestación la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346 eiusdem, alegando que la demanda no cumple los extremos previstos en el ordinal 6º del artículo 340 ibidem, por no haber acompañado la actora al libelo el instrumento fundamental de su pretensión, esto es, aquel en donde se evidencie la insolvencia de la accionada en lo que respecta a los cánones de arrendamiento reclamados infundadamente, para lo cual indicó que la diligencia suscrita por la actora en fecha 29 de septiembre de 2005 demostraba su aserto.

Al respecto, nuestro autor patrio Ricardo Henríquez La Roche en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil, ha señalado lo siguiente:

…El libelo de la demanda debe hacer mención expresa de varios elementos relevantes a la litis o al desarrollo del proceso. Es una normativa dirigida a la parte actora de un determinado proceso, a los fines de que el escrito de demanda reencuentre bien estructurado de manera que el Juez que deba pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo pueda motivarlo acertadamente.

(Omissis)

Según el ordinal 6º, el demandante debe producir junto con la demanda, los documentos fundamentales. El mismo ordinal define éstos como aquellos de los cuales se deriva inmediatamente el derecho deducido. El actor puede optar por señalar la oficina o el lugar donde se encuentren, y reservar su consignación en la oportunidad de promoción de pruebas (Art. 434). El documento fundamental ignoto o aun no otorgado, puede ser producido con posterioridad a la deducción de la demanda (Art. 434); se entiende por documento de fecha posterior, el que es fundamental de la litis, pero sin innovar los términos en que ha sido planteada...

.

En tal sentido, establece quien aquí decide, que en todo juicio de resolución contractual, el documento fundamental respecto del cual deviene la acción ejercida es, precisamente, el contrato en cuestión cuando el mismo se haya alegado que es escrito tal y como en el presente caso así se arguyó al haberse señalado que consta de contrato autenticado en fecha 02 de mayo de 2003. Distinto es el caso en que el contrato o negocio jurídico respecto del cual se demanda resolución se haya argüido existe en forma oral, siendo que en materia inquilinaria ello se permite salvo excepciones bien precisas, en cuyo caso y a los fines de fundamentar la demanda presentada, se precisa entonces de recaudos documentales tales como recibos de pensiones locativas insolutas u otros medios probatorios tales como justificativos de testigos, resoluciones inquilinarias administrativas y similares.

Así las cosas, habiéndose alegado por la parte actora que el contrato cuya resolución judicial se demanda, consta por escrito, basta por si mismo y como documento fundamental del ejercicio de su acción, el acompañamiento al escrito libelar del contrato de subarrendamiento en cuestión, el cual constata este sentenciador que riela en original del folio 16 al folio 20 de la primera pieza del expediente, además de haber sido precisamente señalado en la aludida diligencia de fecha 29 de septiembre de 2005. Adicionalmente, para el caso de no consignación por el actor de los recibos de pago como prueba del incumplimiento de solventar los cánones arrendaticios, se debe recordar que los contratos de tracto sucesivo tiene la carga de desvirtuar el hecho negativo que se le imputa, no siendo posible que las partes elaboren sus propias pruebas en violación del principio probatorio consagrado en el Código Civil. Siendo ello así, resulta errada la argumentación explanada en tal sentido por la parte demandada al señalar que la actora ha debido haber acompañado los recibos de pagos locativos insolutos, -alegó- consistió el incumplimiento de la demandada de cánones de arrendamientos detalladamente precisadas en el texto libelar y su reforma, además de la resolución contractual y entrega inmobiliaria.

En consecuencia, necesariamente se declara improcedente la oposición hecha a la demanda por la sociedad mercantil accionada de la cuestión previa que el ordinal 6° del artículo 346 prevé, dado que conforme consta en los autos la parte actora cumplió con los requisitos formales que para toda demanda establece el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Resuelto todo lo anterior, corresponde ahora dirimir todos y cada uno de los asuntos de fondo que han quedado controvertidos dentro del presente debate judicial, siendo que la parte actora ha alegado que habiendo suscrito las partes el contrato de subarrendamiento cuya resolución demanda, la parte demandada ha incumplido con su obligación de pago de las pensiones locativas y con su obligación de mantener en buen estado de conservación el inmueble subarrendado y cambió el uso del mismo, todo lo cual adujo le ocasionó daños y perjuicios cuyo pago indemnizatorio pretendió además de la resolución contractual y entrega inmobiliaria.

Ante esto, la sociedad mercantil accionada negó, rechazó y contradijo el fondo de la demanda, arguyendo que el contrato de subarrendamiento en cuestión no fue válidamente suscrito, dado que ello se produjo en franca violación a lo dispuesto en el artículo 549 del Código de Procedimiento Civil, así como igualmente resultó inválido el contrato de arrendamiento que sobre el mismo inmueble suscribió su subarrendadora con la propietaria de dicho bien; tachándolos por nulos, falsos e inexistentes. Negó, rechazó y contradijo haber incumplido cláusula alguna, así como también negó haber iniciado una relación contractual con la actora en fecha 01 de mayo de 2003. Negó haber recibido inmueble alguno en buen estado, ni haber asumido la obligación de devolverlo en el mismo buen estado, así como también negó haber asumido la obligación de pagar tasa alguna a persona o bufete de abogados. Negó adeudar nada a nadie, así como a la parte actora, cantidad dineraria en moneda nacional o en moneda extranjera, por lo que arguyó ser falso que adeude pensiones locativas correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2005. Así, negó adeudar la cantidad de USA. $ 41.250,oo a la parte accionante, arguyendo la inexistencia de negocio jurídico alguno entre las partes, así como alegó que tampoco existe negocio jurídico entre ésta y la propietaria del inmueble. Alegó tener la posesión precaria sobre el inmueble de autos, tal y como lo ha aceptado el juzgado ante el cual cursa el juicio hipotecario ut supra mencionado y que, en consecuencia, resulta falso que convino pagar cantidad alguna. Específicamente, señaló que “…Todas estas alegaciones que esgrime la actora pertenecen a contratos nulos (los signados con las letras B y C radicalmente, y en relación con el Contrato B debo decir que mi representada empezó a cumplir el mismo de buena fe ante la dolosa parte actora, sin saber que estaba siendo timada por la gente de Inmobiliaria Vigo …, y el representante legal de la hoy actora…, cumplimiento o pago indebido que descubre mi representada cuando el presidente de la C A acreedora demandante de la traba hipotecaria, dirige una comunicación a mi representada y le manifiesta que está ejecutando por hipoteca el bien inmueble que se embargó ejecutivamente y posee de forma precaria mi representada, ante tal situación me hice asesorar por profesionales del derecho quienes me recomendaron que no siguiera dejando estafar a mi representada y que le pidiese al Juez de la traba hipotecaria fijara un canon de arrendamiento como Fruto Civil que es para lo que consignara ante el Tribunal de dicha traba hipotecaria, así lo hice en nombre de mi representada…”. (Resaltado de quien aquí sentencia). Impugnó, negó y rechazó la inspección ocular signada 0259-2005 por vulnerar lo previsto en el artículo 938 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la actuación de marras la efectuó el Juzgado Segundo de Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, sin que la juez de dicho juzgado estuviese asistida de algún experto ni haber acompañado la actora prueba fehaciente a su solicitud conforme lo previsto en el artículo 1.429 del Código Civil, por lo que debe ser declarada inexistente, además de que la juez que la evacuó admitió su particular tercero, en el que indebidamente se solicitó dejar constancia por inspección sobre “…cualquier otro hecho de interés y tenga a bien indicar la actora, al momento de practicarse dicha inspección…” lo que vulneró lo previsto en los artículos 397 y 398 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 eiusdem. Negó haber infringido cláusula de contrato alguno, ni norma jurídica alguna, ni que deba quedar resuelto el contrato, negando que deba convenir y entregar inmediatamente y sin plazo alguno ningún inmueble, y mucho menos libre de personas y cosas, ni pagar suma dineraria indexada.

A los fines de dirimir tales asuntos de fondo, corresponde ahora cumplir con la tarea que se le impone a este juzgador cual es el de apreciar y valorar a todas las pruebas válida y tempestivamente aportadas al proceso, lo cual queda cumplido en los siguientes términos:

PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE ACTORA:

• Reprodujo el mérito de autos, expresión que no constituye un medio de prueba, empero, se procede al análisis de lo alegado en autos al tener los jueces la obligación de ello, a tenor de lo previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente, sobre el mérito favorable invocado en autos cabe decir, que si bien esta fórmula es frecuentemente utilizada en la práctica forense por un importante número de abogados litigantes, debe destacarse que nuestro sistema probatorio está regido por una serie de principios entre los que se encuentra el de la comunidad de la prueba, también denominado principio de adquisición procesal, que según explica el autor colombiano J.P.Q., se traduce en el “…resultado de la actividad probatoria de cada parte, se adquiere para el proceso y ésta (la parte) no puede pretender que solo a ella beneficie. No se puede desistir de la prueba practicada; no se puede estar tan solo a favor de la declaración de un testigo, ya que ésta afecta conjuntamente a las partes, tanto en lo favorable como en lo desfavorable. En otras palabras, este principio consiste en que las pruebas son sustraídas a la disposición de las partes, para pertenecer objetivamente al proceso…”. En este mismo sentido el tratadista S.S.M., citando al autor I.A.S., con respecto a este principio, nos dice: “…principio de adquisición en virtud del cual las pruebas, una vez recogidas, despliegan su eficacia a favor o en contra de ambas partes, sin distinción entre la que las ha producido y las otras”. El Juez puede y debe utilizar el material probatorio prescindiendo de su procedencia…”. Lo anterior implica que, al decidir la controversia, el sentenciador no sólo va a apreciar lo favorable de las pruebas producidas por cada parte, sino que tiene que apreciarlas en su totalidad en virtud al principio de la exhaustividad procesal que el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil también consagra, tanto lo favorable como lo desfavorable que puede contener la prueba con respecto a todas las partes involucradas en la controversia, y no solo apreciar lo favorable de una prueba con relación a la parte que la incorporó al proceso, respetando así los principios de adquisición procesal y el de unidad de la prueba. Volviendo al tema, la actora reprodujo lo siguiente: A) Del contrato de subarrendamiento acompañado al libelo de la demanda con la letra “B” que de manera autenticada fue suscrito entre las partes el 02 de mayo de 2003, ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo Sucre del Estado, bajo el No. 67, Tomo 29 de los libros respectivos; arguyendo que el mismo no fue desconocido ni tachado por su contraparte. Si bien ha quedado establecido en este fallo que la demandada expresó “tachar” dicho contrato, consta plenamente en los autos que no ejerció ni formalizó tacha instrumental alguna, sino que impugnó ese contrato de subarrendamiento arguyendo la nulidad del mismo –y por ende su inexistencia- por cuanto para el momento de su suscripción existía vigente una medida de embargo ejecutivo practicada sobre el inmueble objeto del mismo en fecha 08 de noviembre de 1999. Así las cosas, no desconoció la demandada haber suscrito el referido contrato de subarrendamiento, solo alegó su nulidad con fundamento en lo previsto en el artículo 549 del Código de Procedimiento Civil; por tanto, este recaudo probatorio que riela del folio 16 al folio 20 de la primera pieza del expediente, se aprecia y valora a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.357 del Código Civil, evidenciándose del mismo que en efecto, ambas partes lo suscribieron respecto al inmueble de autos, por los cánones locativos que en la cláusula décima se señalan y que ya en este fallo aparece transcrito en su parte pertinente, así como también evidencia que se convino pagar tales pensiones locativas en bolívares, aunque están fijados en moneda extranjera. También, evidencia la obligación del subarrendatario en mantener y cuidar la cosa entregada, siendo que en su cláusula segunda consta haberlo recibido la demandada “…en perfecto estado…” y que en su cláusula tercera se convino que tan solo se destinaría dicho inmueble “…única y exclusivamente para la explotación de su objeto social contenida en el Artículo Tercero de los Estatutos Sociales, quedando expresamente prohibido a la SUB-ARRENDATARIA cambiar el destino de EL INMUEBLE sin la previa autorización de EL SUB-ARRENDADOR otorgada por escrito…”. Que en su cláusula cuarta, consta que la demandada se obligó a cuidar el inmueble “…y lo entregará a EL SUB-ARRENDADOR en las mismas perfectas condiciones que en este acto lo recibe, en consecuencia, se obliga a devolver, entregar o restituir EL INMUEBLE al vencimiento de la vigencia mencionada…”. Que en su cláusula décima se estipularon las pensiones locativas que en el escrito libelar se señalan; pagadas éstas en bolívares. Que en su cláusula décima primera, la demandada se obligó a “…realizar las reparaciones menores que requiera EL INMUEBLE, considerándose estas, aquellas que no excedan del monto de …(Bs. 1.000.000,oo) individualmente consideradas, debiendo hacer las mayores, cuando estas sean consecuencia de la inoportuna reparación de las menores, quedando obligado, a la SUB-ARRENDATARIA notificar a EL SUB-ARRENDADOR, la existencia de daños evidentes que ameriten su inmediata reparación mayor…”. Que en su cláusula décima segunda, las partes convinieron que la falta de pago de “…dos (2) mensualidades de arrendamiento consecutivas, así como el incumplimiento de cualesquiera de otras cláusulas del presente contrato y de las mismas disposiciones de Ley, dará motivo a su resolución…”. Así se declara. B) Del contrato de arrendamiento acompañado al libelo marcado con la letra “C”, suscrito entre la propietaria del bien inmueble subarrendado -INMOBILIARIA VIRGO, C.A.- y la parte actora, pretendiendo evidenciar que ésta la había autorizado para subarrendar el inmueble conforme a lo previsto en el artículo 15 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamiento Inmobiliario; arguyendo que dicho instrumento no fue tachado ni impugnado por la demandada. Si bien ha quedado establecido en este fallo que la demandada expresó “tachar” dicho contrato, consta plenamente en los autos que no ejerció tacha instrumental alguna, sino que impugnó ese contrato de arrendamiento arguyendo la nulidad del mismo –y por ende inexistente- por cuanto para el momento de su suscripción existía vigente una medida de embargo ejecutivo practicada sobre el inmueble objeto del mismo en fecha 08 de noviembre de 1999. Constando este recaudo probatorio que riela en copia fotostática del folio 22 al folio 33 de la primera pieza del expediente, y constando que el mismo aparece otorgado en forma auténtica, se declara fidedigno según señala el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se aprecia y valora a tenor de lo previsto en el artículo 1.357 del Código Civil. Consta en efecto, que en su cláusula décima primera le fue conferido a la actora autorización general para subarrendar. Así se declara. C) Del original de la inspección ocular acompañada al libelo con la letra “D”, distinguida con el No. 02/59-2005, practicada el 18 de mayo de 2005 sobre el inmueble objeto del subarriendo por el Juzgado Segundo de Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, pretendiendo así evidenciar las violaciones contractuales alegadas. Este recaudo fue “impugnado” por la demandada, quien alegó que por cuanto en su solicitud se peticionó dejar constancia de “cualquier otro hecho” que para el momento de su evacuación, la misma debía ser declarada en su totalidad nula por cuanto el juez que la evacuó la admitió infringiendo la ley, a lo cual este sentenciador establece que ello en modo alguno infiere de nulidad a la totalidad de la inspección extralitem practicada, sino que tan solo en lo que respecta a lo “asentado” bajo ese particular, el mismo no podrá ser válidamente apreciado y valorado. Así se decide. En tal sentido, siendo como se trata de una inspección judicial extrajudicial que se evacuó conforme a ley, salvo en lo atinente a la solicitud general impugnada –respecto del cual este sentenciador deja constancia que no quedó asentado en el acta levantada durante su evacuación- esta superioridad la aprecia y valora a tenor de lo dispuesto en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose de dicha probanza –en el cual igualmente aparece notificada y actuando la demandada- el deterioro del inmueble acusado por la parte actora cambio de uso, incumplimiento contractual de la demandada en su obligación de cuido y mantenimiento. Así se declara. D) Del contenido del acta de la medida de secuestro practicada el 01 de noviembre de 2005 por el Juzgado Ejecutor de Medida de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; la cual riela del folio 16 al folio 22 del cuaderno de medidas, del cual pretende evidenciar las violaciones contractuales alegadas. De esta actuación procesal se evidencia que, existe el incumplimiento de la demandada en su obligación de cuido y mantenimiento del inmueble cambió de uso y, así se declara. E) De la diligencia suscrita por la Depositaria Judicial La RC, en la cual “…ésta presenta informe del estado inmueble objeto de esta demanda, y de la cual ella es depositaria designada…, en cuyo informe señala, que el inmueble sufre estragos mayores en su construcción,…” pretendiendo así evidenciar los hechos de deterioro del inmueble alegados en el libelo, la falta de reparaciones mayores por parte de la demandada durante su permanencia en el inmueble y el incumplimiento de ésta de notificar a la subarrendadora la necesidad de hacer las reparaciones mayores. Este recaudo que cursa en el cuaderno de medidas, no se aprecia ni se valora por no ser conducente con el hecho que se pretende probar y emanar de un tercero no ratificado en juicio Así se declara. F) De la copia fotostática de la sentencia proferida el 09 de enero de 2006 -y su aclaratoria fechada 17 de enero del mismo año- por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial; pretendiendo evidenciar la inexistencia de embargo ejecutivo sobre el inmueble de autos y del conocimiento de la apelación que la misma parte demandada ejerció en dicho caso, incurriendo en falta de lealtad y probidad dentro del presente proceso al haber opuesto la cuestión previa de falta de cualidad activa. Estos recaudos cursan en copia fotostática que, al no haber sido válidamente impugnados, se declaran fidedignos conforme el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se establece. En tal sentido, se aprecian y valoran a tenor de lo previsto en el artículo 1.359 del Código Civil, evidenciándose de los mismos el hecho objeto de prueba . Así se declara. G) Invocó a favor de su mandante, la admisión de los hechos de la parte demandada al no excepcionarse en la contestación, respecto al pago de los cánones de arrendamiento demandados como insolutos, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2005; arguyendo que ello evidencia la insolvencia en la que incurrió la accionada. La promoción de lo anterior en modo alguno constituye admisión de hechos, dado que expresamente la demandada alegó no adeudar pensión locativa ni suma dineraria alguna y, así se declara.

PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DEMANDADA:

• Opuso a la actora, diez (10) letras de cambio que afirmó estaban debidamente canceladas en el año 2003 e inicio del 2004, y que guardan relación con el pago de los cánones de arrendamiento, pretendiendo evidenciar “…que la actora no acompañó a su libelo las pensiones de arrendamiento que dice están insolutas…”. Estos recaudos que cursan en copia fotostática impugnadas por la actora como no emanados de ella, y por tratarse de copias fotostáticas de documentos privados no reconocidos, en modo alguno pueden surtir efectos en el presente juicio según establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se desechan del mismo y, así se establece.

• Opuso treinta (30) recibos de pago de cánones de arrendamiento, incluyendo la del mes de enero de 2005, pretendiendo evidenciar que al no haber producido la actora las letras de cambio insolutas, en el presente juicio “…no produce en autos prueba alguna de que mi representada le adeude pensiones de arrendamiento no satisfecha…”. Ha quedado judicialmente establecido y decidido en este fallo judicial, que por tratarse del ejercicio de una acción resolutoria de contrato escrito, no se encuentra obligada la actora a presentar recibos insolutos, sino tan solo demostrar como consta así logró evidenciar, la existencia de la obligación de pago de pensiones locativas- contrato de tracto sucesivo- acusadas de incumplimiento. Aunado a ello, dado que la parte demandada también alegó expresamente no adeudar pago de pensión locativa alguna, entonces correspondía a ésta cumplir con la carga probatoria de su aserto, tal y como el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil establece. Así se decide. No obstante, abundando lo anterior, tales recaudos fotostáticos también fueron tempestivamente impugnados por la actora y siendo que solo aparecen válidamente promovidos en copia simple, a tenor de lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil no pueden ser declarados fidedignos por tratarse de copias fotostáticas de documentos privados no reconocidos y, así se declara.

• Dos (02) recibos de depósito a nombre de la ciudadana M.V. y D.E.C.A., apoderados de la empresa 40 y 20, por las sumas de Bs. 11.825.000,oo y Bs. 6.000.000,oo, en el mismo orden, correspondiendo el primero al pago locativo del mes de marzo de 2005 y, el segundo, al mes de agosto de 2003. Opuso igualmente, dos (02) recibos originales que fueron expedidos por el ciudadano M.A.G. en su carácter de Presidente de INMOBILIARIA VIRGO, C.A., marcado con la letra “A” canon de mayo de 2004, “B” recibo de pago por reposición de cheque sin indicar a que mes correspondía; arguyendo que los dos (2) primeros depósitos debían ser valorados como “tarjas”, y pretendiendo con ello la demandada evidenciar que “…está solvente, y que los arrendamientos que se obligó a cancelar, fueron recibidos por distintas personas, fundamentándose así alegaciones de la contestación de la demanda…”. Tratándose como se trata de copias de documentos privados no reconocidos emanados de terceros que, además, cursan y fueron promovidos en copias fotostáticas, los mismos no pueden ser declarados fidedignos y menos aun surtir efectos en juicio por cuanto incluso no aparecen ratificados conforme el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 429 eiusdem. Así se declara.

• Promovió INFORMES al Registrador Inmobiliario del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, a fin de demostrar la existencia de un documento registrado sobre “…un inmueble” protocolizado el 08 de noviembre de 1984, bajo el No. 5, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre. Además, si sobre dicho inmueble “…se practicó…” medida de embargo ejecutivo en fecha 08 de abril de 1999 por el Juzgado del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, agregada su participación fechada 08 de abril de ese año, al cuaderno de comprobantes bajo el No. 144, folios 221 al 222, bajo el No. 12 de abril de 1999 y que “…aun está vigente o fue debidamente suspendido por algún tribunal de la República…”. Pretendiendo evidenciar el concierto doloso que arguyó en su contestación a la demanda, así como el incumplimiento a lo previsto en el artículo 549 del Código de Procedimiento Civil. No consta en autos que el mencionado medio probatorio fue evacuado en juicio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar este sentenciador al respecto. Así se establece.

• Promovió prueba de INFORMES a la oficina de CADIVI, a fin de que se informe si la accionante tramitó y participó por ante esa institución, el cobro de la cantidad de USA$ 41.250,oo; pretendiendo evidenciar así, los ilícitos cambiarios alegados en su contestación a la demanda. No consta en autos que el mencionado medio probatorio fue evacuado en juicio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar este sentenciador al respecto. Así se establece.

• Promovió la TESTIMONIAL del ciudadano M.A.G., para que previo cumplimento de ley declarare acerca de los recibos de depósitos promovidos por la accionada en el presente juicio. No consta en autos que el mencionado medio probatorio fue evacuado en juicio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar este sentenciador al respecto. Así se establece.

• Promovió POSICIONES JURADAS del ciudadano DIANIS A.M. y TERAN, para que en representación de la parte actora, absuelva posiciones juradas, manifestando su voluntad de también absolverlas recíprocamente. No consta en autos que el mencionado medio probatorio fuera evacuado en juicio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar este sentenciador al respecto. Así se establece.

Cumplida con esta tarea valorativa de pruebas y sumado ello con todo lo que ya ha sido declarado y motivado en el presente fallo judicial, ha quedado plenamente demostrado que, en efecto, las partes suscribieron el contrato de subarrendamiento cuya resolución judicial se demanda; que el mismo versó sobre el inmueble identificado en los autos; que existía autorización general para subarrendar dada por escrito por la propietaria del inmueble; que la demandada estaba obligada a pagar en bolívares las pensiones locativas demandadas como insolutas; que la demandada estaba obligada a mantener y cuidar en perfecto estado y no cambiar el uso del inmueble que le fue subarrendado y que, de igual modo se encuentra obligada a entregar dicho inmueble en caso de resolución contractual –bastando para ello la insolvencia en el pago de dos (2) pensiones de arrendamiento continuas- completamente libre de bienes y de personas, así como solventes los servicios que en el mismo se prestan.

Fundamenta todo ello, además de las disposiciones contractuales arriba aludidas, lo que el ordenamiento legal establece en materia inquilinaria, siendo que el artículo 1.579 del Código Civil prevé lo siguiente:

…El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga pagar a aquella...

.

Asimismo, el artículo 1.160, del Código Civil, establece:

…Los contratos deben ejecutarse de buen fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se deriven de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley…

.

De lo anterior se infiere que el deudor de una obligación contractual debe cumplirla de la misma forma como debe cumplir las leyes, todo ello en v.d.p. de la autonomía de la voluntad de las partes.

Por otra parte el artículo 1.592 del Código Civil, establece:

…El arrendatario tiene dos obligaciones principales:

1° Debe servirse de la cosa arrendada como un buen padre de familia, y para el uso determinado en el contrato, o, a falta de convención, para aquél que pueda presumirse, según las circunstancias.

2° Debe pagar la pensión de arrendamiento en los términos convenidos.

Dichas obligaciones son del mismo tenor para los subarrendatarios, ya que al celebrar el contrato de subarrendamiento, quedan subrogados en los mismos derechos y deberes que los arrendatarios.-

Por otra parte el artículo 1.167 del Código Civil ha pautado:

En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello…

.

De las normas antes transcritas se define la acción resolutoria, la cual es la facultad que tiene una de las partes en un contrato bilateral, de pedir la terminación del mismo y en consecuencia ser liberada su obligación, si la otra parte no cumple a su vez con la suya. Entonces, se tiene que, para que proceda la acción resolutoria es necesario que concurran ciertas condiciones, tales como: 1) Que el contrato sea bilateral; 2) Que el incumplimiento de una de las partes de su obligación sea de tipo culposo; 3) Que la parte que intente la acción de resolución haya cumplido u ofrezca cumplir con su obligación.

Ahora bien, en función de lo expuesto anteriormente y dado que la sociedad mercantil accionada no aportó al proceso prueba alguna en virtud del cual se pueda evidenciar que pagó los cánones de subarrendamiento correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2005 “…(por US$ 5.500,oo los meses de marzo y abril, y por US$ 6.050,oo los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del mismo año)…”, los cuales totalizan la suma de Bs. 88.587.500,oo -equivalente a USA.$ 41.250,oo a razón de Bs. 2.150,oo por cada dólar estadounidense- constituyendo ello más de dos (2) pensiones locativas continuas insolutas -así como también quedó evidenciado en juicio el incumplimiento de la demandada en su obligación de cuidar y mantener en perfecto estado el inmueble que le fue subarrendado- es por lo que forzosamente esta superioridad declara procedente la pretensión actora de resolución judicial por incumplimiento de la demandada, del contrato de subarrendamiento suscrito entre las partes y autenticado en fecha 02 de mayo de 2003 ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el No. 67, Tomo 29 de los libros respectivos, debiendo ser condenada la sociedad mercantil accionada a efectuar la entrega material del inmueble completamente libre de bienes y personas, en el mismo perfecto estado en que lo recibió y solventes todos los servicios prestados en el mismo por concepto de “…luz, agua, teléfono, aseo…”. Igualmente, y por cuanto ha quedado evidenciado el aludido incumplimiento en las pensiones locativas, se declara que la subarrendadora demandada pierde los beneficios de plazo que en el Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios se señalan, por lo que se la condena a que cumpla de inmediato y sin plazo alguno con la entrega material del inmueble en cuestión, una vez que la presente sentencia quede definitivamente firme y se decrete su ejecución. Así se declara.

Pretendió la actora, la condena a la accionada al pago de la cantidad de Bs. 88.687.500,oo por concepto de daños y perjuicios, tomando en cuenta el monto de los cánones de subarrendamiento dejados de pagar, haciendo la “… conversión al cambio oficial de …(Bs. 2.150,oo) por cada dólar de los Estados Unidos de América, de la suma de …(US$ 41.250,oo)…”.

Por cuanto ha quedado judicialmente resuelto el contrato de subarrendamiento demandado, y siendo que el artículo 1.167 del Código Civil establece lo que a continuación se transcribe:

…En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello…

(Resaltado por este sentenciador)

Resulta pues que habiendo pretendido el actor tal indemnización, amén de haberse cumplido en la demanda con el requisito que para tales casos el legislador patrio obliga en las demandas –previsto en el ordinal 7° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil- dado que la parte actora señaló “…la especificación de éstos y sus causas…”, forzosamente declara esta superioridad procedente dicha pretensión indemnizatoria por lo que la demandada queda condenada a pagar a la sociedad mercantil accionante y a título de indemnización de daños y perjuicios devenidos de sus incumplimientos contractuales, la cantidad de Bs. 88.687.500,oo, equivalente en la actualidad a OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLIVARES FUERTES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. F. 88.687,50) por las pensiones locativas insolutas que corresponden a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2005. Así se decide.

Sumado a ello, también pretendió la demandante por igual concepto indemnizatorio, que sea condenada la demandada al pago de lo que denominó el “fruto civil”, una suma dineraria equivalente a las pensiones locativas que ha dejado de percibir a partir del 01 de octubre de 2005 “…hasta el día de la definitiva entrega del inmueble o hasta que éste pueda celebrar otro contrato de Subarrendamiento…”, calculado cada mes en la suma de Bs. 13.007.500,oo equivalente a USA.$ 6.050,oo aplicando el cambio oficial vigente a la fecha de la demanda.

Al respecto y en justicia, constata este sentenciador del contrato de subarrendamiento judicialmente declarado resuelto, que el mismo tenía una vigencia comprendida desde el 01 de mayo de 2003 al 30 de abril de 2006, tal y como en la cláusula segunda que, igualmente contiene pacto entre las partes de que dicho lapso de subarriendo sólo se prorrogaría por acuerdo escrito y notariado.

De igual modo, constata este sentenciador en esa misma cláusula que “…para el caso de que LA SUB-ARRENDATARIA no desocupe EL INMUEBLE en la fecha pautada de vencimiento del contrato, pagará como indemnización por concepto de perjuicios, la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS (US$333.OO) diarios, hasta la total y definitiva entrega de EL INMUEBLE en el estado en que lo recibió a tenor de este contrato…”. (Resaltado de la alzada)

Siendo ello así, resulta evidente que a título de indemnización de daños y perjuicios, y para el evento de haberse vencido el contrato de subarrendamiento sin que la subarrendataria hubiese cumplido con su obligación de entrega material del inmueble de autos, las partes estipularon una indemnización mayor a la pretendida por la parte actora en su demanda, quien pretende el pago mensual en bolívares de una cantidad equivalente a USA.$ 6.050,oo. Por tanto, resulta evidente que siendo dicho monto también equivalente a lo que desde el 01 de octubre de 2005 y hasta el 30 de abril de 2006 se aspiraba percibir del inmueble como “fruto civil”, y siendo que esa misma suma también se aspiró percibir hasta que la demandada cumpla con su obligación de hacer entrega material del inmueble, necesariamente debe esta superioridad declarar procedente dicha pretensión indemnizatoria, sólo que desde el 01 de octubre de 2005 hasta la fecha de la presente sentencia. Para su determinación en bolívares fuertes, se ordena la evacuación de una experticia complementaria del fallo que hará el cálculo a razón de USA.$ 6.050,oo mensuales, contando a partir del 01 de octubre de 2005 hasta la fecha de la presente sentencia, utilizando para ello la tasa cambiaria y el régimen que para cada mensualidad la normativa legal vigente señale. Así se declare.

Por último, pretendió la parte actora que se condene a la parte demandada a pagar la suma dineraria que resulte a título de indexación, sobre la cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLIVARES FUERTES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. F. 88.687,50) que a título indemnizatorio peticionó fuese condenada la accionada a pagarle.

Sobre este aspecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia de fecha 20 de marzo de 2006, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, dejó asentado lo siguiente:

(…) Con este acotamiento quiere la Sala resaltar, que la liquidación de los montos de la condena pueden, y en algunos casos deben, hacerse en un complemento de la sentencia, por lo que lo estimado en la demanda no es mas que un indicativo, y siendo así en relación con los intereses, los daños y perjuicios, los frutos, etc, nada obsta para que el monto de lo indexado sea liquidado después del fallo; y para constatar que la petición de indexación, que se basará en parámetros no determinados con exactitud para la fecha de la petición, atiende a una posibilidad que existe en toda demanda, cual es que el monto de la condena se liquide en un complemento de la sentencia por la vía de la experticia complementaria del fallo contemplada en los artículos 249 y 527 del Código de Procedimiento Civil, si es que el juez no pudiera hacerlo en la sentencia.

Por esas razones, la Sala debe puntualizar cuáles son las obligaciones indexables, lo que viene dado por una situación procesal ligada al alcance de la condena, y a la oportunidad legal de su liquidación.

Las condenas tienen diversos regímenes en las leyes. Hay casos en que la indexación no es posible, ya que la propia ley señala en cual época debe ser liquidado el valor de la demanda. Así los artículos 1457, 1507, 1514, 1521, 1523 y 1744 del Código Civil, por ejemplo, señalan que las cantidades a condenarse deben ser calculadas antes de la fecha de la demanda, por lo que sería imposible indexarlas o corregirlas para que den un resultado diferente, ya que ello violaría la ley. Otras normas, como la de los artículos 1466, 1469 y 1584 del Código Civil, ponen como hito del monto condenable, el valor al momento de la introducción del libelo. En supuestos como estos no es posible adaptar las condenas al valor actual de la moneda, en base a su poder adquisitivo, ya que el legislador, consideró que el resarcimiento justo se lograba mediante los valores atribuibles a los bienes resarcibles (incluso dinero) en esas oportunidades, y por tanto cualquier petición contraria sería ilegal.

En las materias donde la condena puede referirse a cantidades cuyo monto se determina para la fecha de la sentencia o que se pueden liquidar en la fase de su ejecución, ya que es en ese momento cuando se puede determinar la base efectiva del resarcimiento o condena, hay que distinguir si se trata de asuntos contractuales o extra contractuales. Si son de los primeros, en una situación inflacionaria, la pérdida del valor de la moneda equivale a un daño previsible, a tenor del artículo 1274 del Código Civil, y la jurisprudencia venezolana ha dejado atrás el principio nominalístico expresado en el artículo 1737 del Código Civil, procediendo el juez a ordenar la entrega en dinero del valor equivalente al numéricamente expresado en el contrato, por lo que la condena del deudor no es a pagar una suma idéntica a la convenida en el contrato, sino en la de pagar una cantidad equivalente al valor de la suma prestada originalmente a la fecha del pago, cuando debido a su mora se hace necesario demandarlo. Lo importante es el valor real de la moneda para la época judicial del pago, no siendo posible pretender lo mismo, cuando las partes del contrato pacten lo contrario, o cuando judicial o extrajudicialmente se cumpla la obligación.

Fundado en la esencia constitucional, de que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia (artículo 2 constitucional); y que el Estado garantiza una justicia idónea y equitativa (artículo 26 constitucional); que la justicia es un principio en el cual se fundamenta incluso la seguridad de la nación (artículo 326 eiusdem); que el Estado administra justicia (artículo 257 constitucional); los tribunales de la República, y en particular las Salas de Casación Civil y Social del Tribunal Supremo de Justicia, han indexado el pago de las deudas, reconocidas en la sentencia, al valor del dinero para el momento del pago, que no es otro que el que determine la ejecución del fallo.

Sin estar autorizado explícitamente por la ley, pero siempre como un resultado de la aplicación del principio constitucional de justicia, se ha ajustado la deuda contractual de sumas de dinero al valor real de la moneda al momento del pago, que no es otro que el momento de la ejecución.

La situación en materia de daños y perjuicios contractuales o extracontractuales, tiene otro cariz, ya que los daños (emergente y lucro cesante) se liquidan efectivamente para el momento del pago, por lo que es a los precios para esa oportunidad, que se calculan, y siendo así, teóricamente la indexación no puede tener lugar; como tampoco puede tener lugar con relación a los daños morales, ya que ellos los determina el juez también para el momento del fallo, señalando el monto de los mismos. Se trata de sumas que se calculan para la fecha del fallo, sin tomar en cuenta los valores anteriores.

Con relación a los gastos demandados aún no pagados a la víctima (accionante), si en ambos casos (contractual o extracontractual) los daños han quedado probados, pero no se conoce su monto y deban ser resarcidos; la experticia complementaria del fallo se hace obligatoria, y el cálculo de los expertos necesariamente se hará con base en los precios para la época de dicha experticia, por lo que no hay realmente una indexación, a pesar que se ha venido usando ese vocablo para identificar este resarcimiento. Tampoco la habrá, como ya lo apuntó la Sala, en materia de daños morales o especiales del artículo 1196 del Código Civil, ya que ellos quedan al arbitrio del Juez dentro de ciertos parámetros, y éste al establecerlos los determina tomando en cuenta la realidad para el momento de la decisión.

El problema radica en los daños cancelados a la víctima (accionante) antes de la demanda o durante el proceso, que se pagan con la moneda (y su poder adquisitivo) vigente para la fecha de la cancelación. ¿Podrán recuperarse indexados para la fecha del pago por el demandado?.

Se trata de una suma que se pagó con el valor de la moneda para esa fecha y que no se conocía si se recuperaría o no, ya que ni siquiera mediaba demanda al respecto, y que -en materia extracontractual- ni siquiera existía un vínculo entre acreedor y deudor.

En relación a esto, la Sala considera que con respecto a lo pagado se extinguió la obligación, y mal puede producir efecto posterior la obligación extinta.

Por otra parte, a juicio de esta Sala, el retardo en el cumplimiento incide, y es la clave en la indexación judicial. Este retardo no necesariamente corresponde al deudor, sino que puede ser inducido por el acreedor cuando abusando de su derecho no demanda en tiempo prudencial, sino que persigue “engordar” su acreencia.

Debe quedar a criterio del juez, ponderar si el acreedor está o no abusando de sus derechos, y si no lo está, ordenar el ajuste monetario de las cantidades ya pagadas, en vista de que en materia de daños y perjuicios, éstos se liquidan para el momento del pago, por el valor real que en esa época tiene, y que es lo que verdaderamente indemniza.

No es que la Sala acoja irrestrictamente la tesis del “mayor daño”, ya que el valorismo lo aplica el juez independientemente de la culpa del deudor, sino que en un Estado social de derecho y de justicia, así como se reconoce un ajuste en la prestación del deudor, el abuso de derecho no puede alentarse.

Apunta la Sala, que además existen las llamadas obligaciones de valor, donde el accionante pretende se le indemnice en base a un valor de referencia o se le reponga el valor de un bien, y donde el monto en dinero se fija con base en el valor real del bien para el momento de la condena, hasta el punto que muchas veces -si fuera posible- se puede reponer la cosa, entregándose una igual para la fecha de la condena, independientemente de su valor para ese momento en relación del que tenía para la fecha de la demanda. A estas obligaciones no les es aplicable indexación alguna, sino el valor del bien para la época de la condena o de la ejecución.

.

Siendo que, en efecto, quedó condenada la parte demandada en el presente fallo judicial al pago de la referida suma dineraria a título indemnizatorio, y siendo que dicha suma dineraria lo fue en moneda de curso legal, tomando en cuenta la conversión legal de la moneda norteamericana y tratándose como se trata de una condena indemnizatoria, resulta forzoso para esta superioridad declarar improcedente tal pedimento, dada la naturaleza de la obligación por lo que en modo alguno corresponde acordar la aludida indexación o corrección monetaria y así se dispondrá de manera expresa, positiva y precisa en la sección in fine de esta decisión. ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.

IV

DISPOSITIVO DEL

FALLO

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte actora, CENTRO AUTOMOTRIZ LOS IBÉRICOS C.A., y PARCIALMENTE CON LUGAR el ejercido por la parte demandada, SERVICIOS FUNERARIOS Y PREVISIONES PAYARES C.A., en contra de la sentencia proferida el 27 de abril de 2007 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual queda modificada.

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de resolución contractual incoada por la sociedad mercantil CENTRO AUTOMOTRIZ LOS IBERICOS C.A., en contra de la sociedad mercantil SERVICIOS FUNERARIOS y PREVISIONES PAYARES C.A., por lo que se declara RESUELTO el contrato de subarrendamiento suscrito entre las partes en fecha 02 de mayo de 2003 ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el No. 67, Tomo 29 de los libros respectivos. En consecuencia, se condena a la parte demandada lo siguiente: 1) A efectuar de inmediato y sin plazo alguno, la entrega material a la parte actora del inmueble que le fue subarrendado, constante de dos mil quinientos setenta metros cuadrados (2.570 mts2) denominado Edificio Roca, ubicado en la Calle 28 de octubre y Calle Independencia (hoy Avenida Independencia) de Los Teques, Estado Miranda, jurisdicción del Municipio Guaicaipuro, así como de las construcciones sobre el mismo levantadas, completamente libre de bienes y personas, en el mismo perfecto estado en que lo recibió y solventes todos los servicios prestados en el mismo por concepto de “…luz, agua, teléfono, aseo…”. 2) A pagar a la sociedad mercantil accionante y a título de indemnización de daños y perjuicios devenidos de sus incumplimientos contractuales, la cantidad de Bs. 88.687.500,oo, que equivalen en la actualidad a OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLIVARES FUERTES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. F. 88.687,50) por las pensiones locativas insolutas que corresponden a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2005. 3) A pagar a la parte actora y por igual título indemnizatorio, una suma dineraria en moneda de curso legal, esto es, en bolívares fuertes, equivalente a la cantidad de USA.$ 6.050,oo mensual, contado a partir del 01 de octubre de 2005 y hasta la fecha del presente fallo, para cuya determinación en moneda de curso legal y con arreglo a lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, se ordena una experticia complementaria del fallo utilizando para su cálculo la tasa cambiaria y el régimen que para cada mensualidad señale la normativa legal vigente aprobada por las autoridades administrativas públicas competentes.

IMPROCEDENTE la indexación judicial peticionada sobre la cantidad demandada a título de indemnización.

Dada la naturaleza del fallo, no existe especial condena de costas.

Por cuanto la presente decisión ha sido dictada fuera del lapso procesal correspondiente, se ordena su notificación a las partes conforme a lo previsto en los artículos 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil.

Déjese copia certificada de esta sentencia definitiva en el libro copiador correspondiente, según prevé el artículo 248 eiusdem.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación, a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil ocho (2008).

EL JUEZ

ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ

LA SECRETARIA

Abg. MILAGROS CALL FIGUERA

En la misma fecha siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m.) se publicó, registró y agregó al expediente la anterior sentencia.

LA SECRETARIA

Abg. MILAGROS CALL FIGUERA

Exp. N° 07-10000

AMJ/MCF/ag.-

ujeto –y así tampoco fue alegado- al funcionamiento de actividades de orden público por lo que no se amerita la intervención del Ministerio Público, o respecto del cual ley alguna haya formulado prohibición expresa de derogatoria de la competencia territorial, queda claro para este sentenciador que en el presente asunto, las partes sí están autorizadas para derogarla tal y como en el contrato de subarrendamiento se señala y elegir como domicilio especial a la jurisdicción de Caracas. Por tanto, no está obligada la parte actora a accionar en jurisdicción de los tribunales del Estado Miranda; más aun cuando en la cláusula décima quinta del contrato de subarrendamiento suscrito por las partes y autenticado el 02 de mayo de 2003 ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el No. 67, Tomo 29, éstas convinieron lo siguiente como expresión de su manifestación de voluntad: “… Las partes eligen como domicilio especial, único y excluyente de cualquier otro, la ciudad de Caracas a la jurisdicción de cuyos Tribunales declaran someterse, para todos los efectos del presente contrato. Este contrato deja sin efecto cualquier otro firmado con anterioridad por las mismas partes…”. Así se establece.

Finalmente, el artículo 60 del citado Código Adjetivo Civil, señala lo siguiente:

…La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aun de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso.

La incompetencia por el valor puede declararse aun de oficio, en cualquier momento del juicio en primera instancia.

La incompetencia por el territorio, con excepción de los casos previstos en la última parte del artículo 47, puede oponerse sólo como cuestión previa, como se indica en el artículo 346.

La incompetencia territorial se considerará no opuesta si no se indica el Juez que la parte considera competente. Si la parte contraria se adhiere a esa indicación, la competencia del Juez indicado queda firme y se pasarán los autos al Juez competente, ante el cual continuará el procedimiento en el quinto día después de recibidos los autos…

.

Retomando lo argumentado por la parte demandada, consta que, en efecto, la Ley de Ilícitos Cambiarios apareció publicada en la referida Gaceta Oficial fechada 14 de octubre de 2005, También es cierto que la demanda resolutoria incoada aparece admitida en esa misma fecha. Pero, lo que si es evidente es que la mencionada ley, establece tales obligaciones de de declarar el ingreso patrimonial de monedas extranjeras sólo dentro de los diversos supuestos de hecho en virtud de los cuales se hayan verificado dichos ingresos patrimoniales. Aunado a ello, ya ha quedado establecido en este fallo judicial que la demanda incoada contiene el ejercicio de una acción resolutoria contractual, en virtud del cual se pretende, además de tal resolución, la entrega material inmobiliaria de los subarrendado, el pago indemnizatorio de daños y perjuicios que se requirió en moneda de curso legal equivalentes a dólares estadounidenses conforme se señaló habían también quedado estimadas las pensiones locativas. Nótese que se utiliza la palabra “pretendió”, la cual tiene una connotación procesal efectiva; esto es, que se aspiró con la demanda la declaratoria judicial de condena de pago; por tanto, hasta que no se produzca sentencia definitivamente firma en el presente juicio, declarando con lugar la demanda, aún no existe ingreso patrimonial alguno para la sociedad mercantil accionante. Y, no solo ello, también ha quedado judicialmente establecido en este fallo, que en lo que atañe a las pretensiones indemnizatorias. La actora ha pretendido el pago de las mismas en moneda de curso legal – en bolívares- y no en moneda estadounidense, siendo que el señalamiento de dicha moneda lo fue a título referencial. Todo ello consta en lo dispuesto en la cláusula décima del contrato cuya resolución se demanda, el cual es del siguiente tenor:

… El canon de arrendamiento, es por la suma mensual de … (US$ 5.000,oo) mensual, durante los primeros doce … meses de vigencia …; para el segundo año de vigencia del contrato, el canon será por la suma de … (US$ 5.500,oo); y, para el tercer y último año …,… será por la suma de … (US$ 6.500,oo) mensual,… Deberá hacerse el pago en bolívares a la tasa de conversión oficial fijado en razón del Control de cambio, o la que rija en el mercado libre de divisas según la fije el Banco Central de Venezuela…

. (Resaltado de la alzada).

En tal sentido, mal puede la accionada haber opuesto la cuestión previa aquí aludida, dado que tanto para el momento en que se interpuso la demanda como en la oportunidad de su admisión, no resultaba aplicable ninguno de los supuestos contenidos en la Ley de Ilícitos Cambiarios y mal podía entonces la juzgadora de primera instancia haber requerido constancia de declaración de CADIVI para poder emitir su despacho saneador, que en modo alguno constituye defraudación de la ley, alegando igualmente incompetencia en forma infundada, por lo tanto necesariamente debe esta superioridad declarar improcedente la cuestión previa opuesta por la parte demandada, así se decide.

Con argumentos semejantes a los anteriores, la parte demandada insistió en hacer valer en su escrito de conclusiones ante la alzada, que dado que así ordenarlo la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente luego de haber quedado admitida la demanda incoada en su contra, la parte actora estaba obligada a presentar su declaración hecha ante CADIVI ya que demandaba sumas dinerarias en moneda estadounidense; por tanto, arguyó que resultaba procedente su oposición hecha a la demanda de la cuestión previa contenida en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, dado que existía prohibición de ley para admitir la aludida acción resolutoria.

Al respecto, ya ha quedado judicialmente establecido en este fallo que la demanda incoada contiene el ejercicio de una acción resolutoria contractual, en virtud de la cual la parte actora pretendió –además de la aludida resolución contractual y la entrega inmobiliaria de lo subarrendado- el pago indemnizatorio en moneda de curso legal –en bolívares- de daños y perjuicios que estimó coincidían con lo adeudado por pensiones locativas, las cuales contractualmente fueron estimados en moneda estadounidense, tal y como contractualmente se acordó en su cláusula décima, que fijó el pago de las pensiones locativas en moneda de curso legal; esto es, en bolívares como moneda de pago, según resulte del cálculo de la pensión locativa fijada en moneda estadounidense aplicando la tasa de conversión oficial fijado atendiendo el control de cambio, o la que rigiera en el mercado libre de divisas según la establezca el Banco Central de Venezuela.

También ha quedado judicialmente establecido en este fallo, que para el momento de la interposición de la demanda y el proferimiento del auto de admisión de la misma, no existía obligación alguna de acompañar a la demanda y exigir para su trámite y admisión de la acción resolutoria ejercida, de constancia de declaración ante CADIVI.

En consecuencia, se establece que no existe prohibición de ley para admitir la presente acción, por lo que forzosamente esta superioridad declara improcedente la oposición hecha por la parte demandada de la cuestión previa señalada en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y, así se declara.

Finalmente, la parte demandada opuso en su escrito de contestación la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346 eiusdem, alegando que la demanda no cumple los extremos previstos en el ordinal 6º del artículo 340 ibidem, por no haber acompañado la actora al libelo el instrumento fundamental de su pretensión, esto es, aquel en donde se evidencie la insolvencia de la accionada en lo que respecta a los cánones de arrendamiento reclamados infundadamente, para lo cual indicó que la diligencia suscrita por la actora en fecha 29 de septiembre de 2005 demostraba su aserto.

Al respecto, nuestro autor patrio Ricardo Henríquez La Roche en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil, ha señalado lo siguiente:

…El libelo de la demanda debe hacer mención expresa de varios elementos relevantes a la litis o al desarrollo del proceso. Es una normativa dirigida a la parte actora de un determinado proceso, a los fines de que el escrito de demanda reencuentre bien estructurado de manera que el Juez que deba pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo pueda motivarlo acertadamente.

(Omissis)

Según el ordinal 6º, el demandante debe producir junto con la demanda, los documentos fundamentales. El mismo ordinal define éstos como aquellos de los cuales se deriva inmediatamente el derecho deducido. El actor puede optar por señalar la oficina o el lugar donde se encuentren, y reservar su consignación en la oportunidad de promoción de pruebas (Art. 434). El documento fundamental ignoto o aun no otorgado, puede ser producido con posterioridad a la deducción de la demanda (Art. 434); se entiende por documento de fecha posterior, el que es fundamental de la litis, pero sin innovar los términos en que ha sido planteada...

.

En tal sentido, establece quien aquí decide, que en todo juicio de resolución contractual, el documento fundamental respecto del cual deviene la acción ejercida es, precisamente, el contrato en cuestión cuando el mismo se haya alegado que es escrito tal y como en el presente caso así se arguyó al haberse señalado que consta de contrato autenticado en fecha 02 de mayo de 2003. Distinto es el caso en que el contrato o negocio jurídico respecto del cual se demanda resolución se haya argüido existe en forma oral, siendo que en materia inquilinaria ello se permite salvo excepciones bien precisas, en cuyo caso y a los fines de fundamentar la demanda presentada, se precisa entonces de recaudos documentales tales como recibos de pensiones locativas insolutas u otros medios probatorios tales como justificativos de testigos, resoluciones inquilinarias administrativas y similares.

Así las cosas, habiéndose alegado por la parte actora que el contrato cuya resolución judicial se demanda, consta por escrito, basta por si mismo y como documento fundamental del ejercicio de su acción, el acompañamiento al escrito libelar del contrato de subarrendamiento en cuestión, el cual constata este sentenciador que riela en original del folio 16 al folio 20 de la primera pieza del expediente, además de haber sido precisamente señalado en la aludida diligencia de fecha 29 de septiembre de 2005. Adicionalmente, para el caso de no consignación por el actor de los recibos de pago como prueba del incumplimiento de solventar los cánones arrendaticios, se debe recordar que los contratos de tracto sucesivo tiene la carga de desvirtuar el hecho negativo que se le imputa, no siendo posible que las partes elaboren sus propias pruebas en violación del principio probatorio consagrado en el Código Civil. Siendo ello así, resulta errada la argumentación explanada en tal sentido por la parte demandada al señalar que la actora ha debido haber acompañado los recibos de pagos locativos insolutos, -alegó- consistió el incumplimiento de la demandada de cánones de arrendamientos detalladamente precisadas en el texto libelar y su reforma, además de la resolución contractual y entrega inmobiliaria.

En consecuencia, necesariamente se declara improcedente la oposición hecha a la demanda por la sociedad mercantil accionada de la cuestión previa que el ordinal 6° del artículo 346 prevé, dado que conforme consta en los autos la parte actora cumplió con los requisitos formales que para toda demanda establece el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Resuelto todo lo anterior, corresponde ahora dirimir todos y cada uno de los asuntos de fondo que han quedado controvertidos dentro del presente debate judicial, siendo que la parte actora ha alegado que habiendo suscrito las partes el contrato de subarrendamiento cuya resolución demanda, la parte demandada ha incumplido con su obligación de pago de las pensiones locativas y con su obligación de mantener en buen estado de conservación el inmueble subarrendado y cambió el uso del mismo, todo lo cual adujo le ocasionó daños y perjuicios cuyo pago indemnizatorio pretendió además de la resolución contractual y entrega inmobiliaria.

Ante esto, la sociedad mercantil accionada negó, rechazó y contradijo el fondo de la demanda, arguyendo que el contrato de subarrendamiento en cuestión no fue válidamente suscrito, dado que ello se produjo en franca violación a lo dispuesto en el artículo 549 del Código de Procedimiento Civil, así como igualmente resultó inválido el contrato de arrendamiento que sobre el mismo inmueble suscribió su subarrendadora con la propietaria de dicho bien; tachándolos por nulos, falsos e inexistentes. Negó, rechazó y contradijo haber incumplido cláusula alguna, así como también negó haber iniciado una relación contractual con la actora en fecha 01 de mayo de 2003. Negó haber recibido inmueble alguno en buen estado, ni haber asumido la obligación de devolverlo en el mismo buen estado, así como también negó haber asumido la obligación de pagar tasa alguna a persona o bufete de abogados. Negó adeudar nada a nadie, así como a la parte actora, cantidad dineraria en moneda nacional o en moneda extranjera, por lo que arguyó ser falso que adeude pensiones locativas correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2005. Así, negó adeudar la cantidad de USA. $ 41.250,oo a la parte accionante, arguyendo la inexistencia de negocio jurídico alguno entre las partes, así como alegó que tampoco existe negocio jurídico entre ésta y la propietaria del inmueble. Alegó tener la posesión precaria sobre el inmueble de autos, tal y como lo ha aceptado el juzgado ante el cual cursa el juicio hipotecario ut supra mencionado y que, en consecuencia, resulta falso que convino pagar cantidad alguna. Específicamente, señaló que “…Todas estas alegaciones que esgrime la actora pertenecen a contratos nulos (los signados con las letras B y C radicalmente, y en relación con el Contrato B debo decir que mi representada empezó a cumplir el mismo de buena fe ante la dolosa parte actora, sin saber que estaba siendo timada por la gente de Inmobiliaria Vigo …, y el representante legal de la hoy actora…, cumplimiento o pago indebido que descubre mi representada cuando el presidente de la C A acreedora demandante de la traba hipotecaria, dirige una comunicación a mi representada y le manifiesta que está ejecutando por hipoteca el bien inmueble que se embargó ejecutivamente y posee de forma precaria mi representada, ante tal situación me hice asesorar por profesionales del derecho quienes me recomendaron que no siguiera dejando estafar a mi representada y que le pidiese al Juez de la traba hipotecaria fijara un canon de arrendamiento como Fruto Civil que es para lo que consignara ante el Tribunal de dicha traba hipotecaria, así lo hice en nombre de mi representada…”. (Resaltado de quien aquí sentencia). Impugnó, negó y rechazó la inspección ocular signada 0259-2005 por vulnerar lo previsto en el artículo 938 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la actuación de marras la efectuó el Juzgado Segundo de Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, sin que la juez de dicho juzgado estuviese asistida de algún experto ni haber acompañado la actora prueba fehaciente a su solicitud conforme lo previsto en el artículo 1.429 del Código Civil, por lo que debe ser declarada inexistente, además de que la juez que la evacuó admitió su particular tercero, en el que indebidamente se solicitó dejar constancia por inspección sobre “…cualquier otro hecho de interés y tenga a bien indicar la actora, al momento de practicarse dicha inspección…” lo que vulneró lo previsto en los artículos 397 y 398 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 eiusdem. Negó haber infringido cláusula de contrato alguno, ni norma jurídica alguna, ni que deba quedar resuelto el contrato, negando que deba convenir y entregar inmediatamente y sin plazo alguno ningún inmueble, y mucho menos libre de personas y cosas, ni pagar suma dineraria indexada.

A los fines de dirimir tales asuntos de fondo, corresponde ahora cumplir con la tarea que se le impone a este juzgador cual es el de apreciar y valorar a todas las pruebas válida y tempestivamente aportadas al proceso, lo cual queda cumplido en los siguientes términos:

PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE ACTORA:

• Reprodujo el mérito de autos, expresión que no constituye un medio de prueba, empero, se procede al análisis de lo alegado en autos al tener los jueces la obligación de ello, a tenor de lo previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente, sobre el mérito favorable invocado en autos cabe decir, que si bien esta fórmula es frecuentemente utilizada en la práctica forense por un importante número de abogados litigantes, debe destacarse que nuestro sistema probatorio está regido por una serie de principios entre los que se encuentra el de la comunidad de la prueba, también denominado principio de adquisición procesal, que según explica el autor colombiano J.P.Q., se traduce en el “…resultado de la actividad probatoria de cada parte, se adquiere para el proceso y ésta (la parte) no puede pretender que solo a ella beneficie. No se puede desistir de la prueba practicada; no se puede estar tan solo a favor de la declaración de un testigo, ya que ésta afecta conjuntamente a las partes, tanto en lo favorable como en lo desfavorable. En otras palabras, este principio consiste en que las pruebas son sustraídas a la disposición de las partes, para pertenecer objetivamente al proceso…”. En este mismo sentido el tratadista S.S.M., citando al autor I.A.S., con respecto a este principio, nos dice: “…principio de adquisición en virtud del cual las pruebas, una vez recogidas, despliegan su eficacia a favor o en contra de ambas partes, sin distinción entre la que las ha producido y las otras”. El Juez puede y debe utilizar el material probatorio prescindiendo de su procedencia…”. Lo anterior implica que, al decidir la controversia, el sentenciador no sólo va a apreciar lo favorable de las pruebas producidas por cada parte, sino que tiene que apreciarlas en su totalidad en virtud al principio de la exhaustividad procesal que el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil también consagra, tanto lo favorable como lo desfavorable que puede contener la prueba con respecto a todas las partes involucradas en la controversia, y no solo apreciar lo favorable de una prueba con relación a la parte que la incorporó al proceso, respetando así los principios de adquisición procesal y el de unidad de la prueba. Volviendo al tema, la actora reprodujo lo siguiente: A) Del contrato de subarrendamiento acompañado al libelo de la demanda con la letra “B” que de manera autenticada fue suscrito entre las partes el 02 de mayo de 2003, ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo Sucre del Estado, bajo el No. 67, Tomo 29 de los libros respectivos; arguyendo que el mismo no fue desconocido ni tachado por su contraparte. Si bien ha quedado establecido en este fallo que la demandada expresó “tachar” dicho contrato, consta plenamente en los autos que no ejerció ni formalizó tacha instrumental alguna, sino que impugnó ese contrato de subarrendamiento arguyendo la nulidad del mismo –y por ende su inexistencia- por cuanto para el momento de su suscripción existía vigente una medida de embargo ejecutivo practicada sobre el inmueble objeto del mismo en fecha 08 de noviembre de 1999. Así las cosas, no desconoció la demandada haber suscrito el referido contrato de subarrendamiento, solo alegó su nulidad con fundamento en lo previsto en el artículo 549 del Código de Procedimiento Civil; por tanto, este recaudo probatorio que riela del folio 16 al folio 20 de la primera pieza del expediente, se aprecia y valora a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.357 del Código Civil, evidenciándose del mismo que en efecto, ambas partes lo suscribieron respecto al inmueble de autos, por los cánones locativos que en la cláusula décima se señalan y que ya en este fallo aparece transcrito en su parte pertinente, así como también evidencia que se convino pagar tales pensiones locativas en bolívares, aunque están fijados en moneda extranjera. También, evidencia la obligación del subarrendatario en mantener y cuidar la cosa entregada, siendo que en su cláusula segunda consta haberlo recibido la demandada “…en perfecto estado…” y que en su cláusula tercera se convino que tan solo se destinaría dicho inmueble “…única y exclusivamente para la explotación de su objeto social contenida en el Artículo Tercero de los Estatutos Sociales, quedando expresamente prohibido a la SUB-ARRENDATARIA cambiar el destino de EL INMUEBLE sin la previa autorización de EL SUB-ARRENDADOR otorgada por escrito…”. Que en su cláusula cuarta, consta que la demandada se obligó a cuidar el inmueble “…y lo entregará a EL SUB-ARRENDADOR en las mismas perfectas condiciones que en este acto lo recibe, en consecuencia, se obliga a devolver, entregar o restituir EL INMUEBLE al vencimiento de la vigencia mencionada…”. Que en su cláusula décima se estipularon las pensiones locativas que en el escrito libelar se señalan; pagadas éstas en bolívares. Que en su cláusula décima primera, la demandada se obligó a “…realizar las reparaciones menores que requiera EL INMUEBLE, considerándose estas, aquellas que no excedan del monto de …(Bs. 1.000.000,oo) individualmente consideradas, debiendo hacer las mayores, cuando estas sean consecuencia de la inoportuna reparación de las menores, quedando obligado, a la SUB-ARRENDATARIA notificar a EL SUB-ARRENDADOR, la existencia de daños evidentes que ameriten su inmediata reparación mayor…”. Que en su cláusula décima segunda, las partes convinieron que la falta de pago de “…dos (2) mensualidades de arrendamiento consecutivas, así como el incumplimiento de cualesquiera de otras cláusulas del presente contrato y de las mismas disposiciones de Ley, dará motivo a su resolución…”. Así se declara. B) Del contrato de arrendamiento acompañado al libelo marcado con la letra “C”, suscrito entre la propietaria del bien inmueble subarrendado -INMOBILIARIA VIRGO, C.A.- y la parte actora, pretendiendo evidenciar que ésta la había autorizado para subarrendar el inmueble conforme a lo previsto en el artículo 15 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamiento Inmobiliario; arguyendo que dicho instrumento no fue tachado ni impugnado por la demandada. Si bien ha quedado establecido en este fallo que la demandada expresó “tachar” dicho contrato, consta plenamente en los autos que no ejerció tacha instrumental alguna, sino que impugnó ese contrato de arrendamiento arguyendo la nulidad del mismo –y por ende inexistente- por cuanto para el momento de su suscripción existía vigente una medida de embargo ejecutivo practicada sobre el inmueble objeto del mismo en fecha 08 de noviembre de 1999. Constando este recaudo probatorio que riela en copia fotostática del folio 22 al folio 33 de la primera pieza del expediente, y constando que el mismo aparece otorgado en forma auténtica, se declara fidedigno según señala el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se aprecia y valora a tenor de lo previsto en el artículo 1.357 del Código Civil. Consta en efecto, que en su cláusula décima primera le fue conferido a la actora autorización general para subarrendar. Así se declara. C) Del original de la inspección ocular acompañada al libelo con la letra “D”, distinguida con el No. 02/59-2005, practicada el 18 de mayo de 2005 sobre el inmueble objeto del subarriendo por el Juzgado Segundo de Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, pretendiendo así evidenciar las violaciones contractuales alegadas. Este recaudo fue “impugnado” por la demandada, quien alegó que por cuanto en su solicitud se peticionó dejar constancia de “cualquier otro hecho” que para el momento de su evacuación, la misma debía ser declarada en su totalidad nula por cuanto el juez que la evacuó la admitió infringiendo la ley, a lo cual este sentenciador establece que ello en modo alguno infiere de nulidad a la totalidad de la inspección extralitem practicada, sino que tan solo en lo que respecta a lo “asentado” bajo ese particular, el mismo no podrá ser válidamente apreciado y valorado. Así se decide. En tal sentido, siendo como se trata de una inspección judicial extrajudicial que se evacuó conforme a ley, salvo en lo atinente a la solicitud general impugnada –respecto del cual este sentenciador deja constancia que no quedó asentado en el acta levantada durante su evacuación- esta superioridad la aprecia y valora a tenor de lo dispuesto en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose de dicha probanza –en el cual igualmente aparece notificada y actuando la demandada- el deterioro del inmueble acusado por la parte actora cambio de uso, incumplimiento contractual de la demandada en su obligación de cuido y mantenimiento. Así se declara. D) Del contenido del acta de la medida de secuestro practicada el 01 de noviembre de 2005 por el Juzgado Ejecutor de Medida de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; la cual riela del folio 16 al folio 22 del cuaderno de medidas, del cual pretende evidenciar las violaciones contractuales alegadas. De esta actuación procesal se evidencia que, existe el incumplimiento de la demandada en su obligación de cuido y mantenimiento del inmueble cambió de uso y, así se declara. E) De la diligencia suscrita por la Depositaria Judicial La RC, en la cual “…ésta presenta informe del estado inmueble objeto de esta demanda, y de la cual ella es depositaria designada…, en cuyo informe señala, que el inmueble sufre estragos mayores en su construcción,…” pretendiendo así evidenciar los hechos de deterioro del inmueble alegados en el libelo, la falta de reparaciones mayores por parte de la demandada durante su permanencia en el inmueble y el incumplimiento de ésta de notificar a la subarrendadora la necesidad de hacer las reparaciones mayores. Este recaudo que cursa en el cuaderno de medidas, no se aprecia ni se valora por no ser conducente con el hecho que se pretende probar y emanar de un tercero no ratificado en juicio Así se declara. F) De la copia fotostática de la sentencia proferida el 09 de enero de 2006 -y su aclaratoria fechada 17 de enero del mismo año- por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial; pretendiendo evidenciar la inexistencia de embargo ejecutivo sobre el inmueble de autos y del conocimiento de la apelación que la misma parte demandada ejerció en dicho caso, incurriendo en falta de lealtad y probidad dentro del presente proceso al haber opuesto la cuestión previa de falta de cualidad activa. Estos recaudos cursan en copia fotostática que, al no haber sido válidamente impugnados, se declaran fidedignos conforme el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se establece. En tal sentido, se aprecian y valoran a tenor de lo previsto en el artículo 1.359 del Código Civil, evidenciándose de los mismos el hecho objeto de prueba . Así se declara. G) Invocó a favor de su mandante, la admisión de los hechos de la parte demandada al no excepcionarse en la contestación, respecto al pago de los cánones de arrendamiento demandados como insolutos, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2005; arguyendo que ello evidencia la insolvencia en la que incurrió la accionada. La promoción de lo anterior en modo alguno constituye admisión de hechos, dado que expresamente la demandada alegó no adeudar pensión locativa ni suma dineraria alguna y, así se declara.

PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DEMANDADA:

• Opuso a la actora, diez (10) letras de cambio que afirmó estaban debidamente canceladas en el año 2003 e inicio del 2004, y que guardan relación con el pago de los cánones de arrendamiento, pretendiendo evidenciar “…que la actora no acompañó a su libelo las pensiones de arrendamiento que dice están insolutas…”. Estos recaudos que cursan en copia fotostática impugnadas por la actora como no emanados de ella, y por tratarse de copias fotostáticas de documentos privados no reconocidos, en modo alguno pueden surtir efectos en el presente juicio según establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se desechan del mismo y, así se establece.

• Opuso treinta (30) recibos de pago de cánones de arrendamiento, incluyendo la del mes de enero de 2005, pretendiendo evidenciar que al no haber producido la actora las letras de cambio insolutas, en el presente juicio “…no produce en autos prueba alguna de que mi representada le adeude pensiones de arrendamiento no satisfecha…”. Ha quedado judicialmente establecido y decidido en este fallo judicial, que por tratarse del ejercicio de una acción resolutoria de contrato escrito, no se encuentra obligada la actora a presentar recibos insolutos, sino tan solo demostrar como consta así logró evidenciar, la existencia de la obligación de pago de pensiones locativas- contrato de tracto sucesivo- acusadas de incumplimiento. Aunado a ello, dado que la parte demandada también alegó expresamente no adeudar pago de pensión locativa alguna, entonces correspondía a ésta cumplir con la carga probatoria de su aserto, tal y como el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil establece. Así se decide. No obstante, abundando lo anterior, tales recaudos fotostáticos también fueron tempestivamente impugnados por la actora y siendo que solo aparecen válidamente promovidos en copia simple, a tenor de lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil no pueden ser declarados fidedignos por tratarse de copias fotostáticas de documentos privados no reconocidos y, así se declara.

• Dos (02) recibos de depósito a nombre de la ciudadana M.V. y D.E.C.A., apoderados de la empresa 40 y 20, por las sumas de Bs. 11.825.000,oo y Bs. 6.000.000,oo, en el mismo orden, correspondiendo el primero al pago locativo del mes de marzo de 2005 y, el segundo, al mes de agosto de 2003. Opuso igualmente, dos (02) recibos originales que fueron expedidos por el ciudadano M.A.G. en su carácter de Presidente de INMOBILIARIA VIRGO, C.A., marcado con la letra “A” canon de mayo de 2004, “B” recibo de pago por reposición de cheque sin indicar a que mes correspondía; arguyendo que los dos (2) primeros depósitos debían ser valorados como “tarjas”, y pretendiendo con ello la demandada evidenciar que “…está solvente, y que los arrendamientos que se obligó a cancelar, fueron recibidos por distintas personas, fundamentándose así alegaciones de la contestación de la demanda…”. Tratándose como se trata de copias de documentos privados no reconocidos emanados de terceros que, además, cursan y fueron promovidos en copias fotostáticas, los mismos no pueden ser declarados fidedignos y menos aun surtir efectos en juicio por cuanto incluso no aparecen ratificados conforme el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 429 eiusdem. Así se declara.

• Promovió INFORMES al Registrador Inmobiliario del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, a fin de demostrar la existencia de un documento registrado sobre “…un inmueble” protocolizado el 08 de noviembre de 1984, bajo el No. 5, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre. Además, si sobre dicho inmueble “…se practicó…” medida de embargo ejecutivo en fecha 08 de abril de 1999 por el Juzgado del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, agregada su participación fechada 08 de abril de ese año, al cuaderno de comprobantes bajo el No. 144, folios 221 al 222, bajo el No. 12 de abril de 1999 y que “…aun está vigente o fue debidamente suspendido por algún tribunal de la República…”. Pretendiendo evidenciar el concierto doloso que arguyó en su contestación a la demanda, así como el incumplimiento a lo previsto en el artículo 549 del Código de Procedimiento Civil. No consta en autos que el mencionado medio probatorio fue evacuado en juicio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar este sentenciador al respecto. Así se establece.

• Promovió prueba de INFORMES a la oficina de CADIVI, a fin de que se informe si la accionante tramitó y participó por ante esa institución, el cobro de la cantidad de USA$ 41.250,oo; pretendiendo evidenciar así, los ilícitos cambiarios alegados en su contestación a la demanda. No consta en autos que el mencionado medio probatorio fue evacuado en juicio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar este sentenciador al respecto. Así se establece.

• Promovió la TESTIMONIAL del ciudadano M.A.G., para que previo cumplimento de ley declarare acerca de los recibos de depósitos promovidos por la accionada en el presente juicio. No consta en autos que el mencionado medio probatorio fue evacuado en juicio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar este sentenciador al respecto. Así se establece.

• Promovió POSICIONES JURADAS del ciudadano DIANIS A.M. y TERAN, para que en representación de la parte actora, absuelva posiciones juradas, manifestando su voluntad de también absolverlas recíprocamente. No consta en autos que el mencionado medio probatorio fuera evacuado en juicio, por lo que nada tiene que apreciar y valorar este sentenciador al respecto. Así se establece.

Cumplida con esta tarea valorativa de pruebas y sumado ello con todo lo que ya ha sido declarado y motivado en el presente fallo judicial, ha quedado plenamente demostrado que, en efecto, las partes suscribieron el contrato de subarrendamiento cuya resolución judicial se demanda; que el mismo versó sobre el inmueble identificado en los autos; que existía autorización general para subarrendar dada por escrito por la propietaria del inmueble; que la demandada estaba obligada a pagar en bolívares las pensiones locativas demandadas como insolutas; que la demandada estaba obligada a mantener y cuidar en perfecto estado y no cambiar el uso del inmueble que le fue subarrendado y que, de igual modo se encuentra obligada a entregar dicho inmueble en caso de resolución contractual –bastando para ello la insolvencia en el pago de dos (2) pensiones de arrendamiento continuas- completamente libre de bienes y de personas, así como solventes los servicios que en el mismo se prestan.

Fundamenta todo ello, además de las disposiciones contractuales arriba aludidas, lo que el ordenamiento legal establece en materia inquilinaria, siendo que el artículo 1.579 del Código Civil prevé lo siguiente:

…El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga pagar a aquella...

.

Asimismo, el artículo 1.160, del Código Civil, establece:

…Los contratos deben ejecutarse de buen fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se deriven de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley…

.

De lo anterior se infiere que el deudor de una obligación contractual debe cumplirla de la misma forma como debe cumplir las leyes, todo ello en v.d.p. de la autonomía de la voluntad de las partes.

Por otra parte el artículo 1.592 del Código Civil, establece:

…El arrendatario tiene dos obligaciones principales:

1° Debe servirse de la cosa arrendada como un buen padre de familia, y para el uso determinado en el contrato, o, a falta de convención, para aquél que pueda presumirse, según las circunstancias.

2° Debe pagar la pensión de arrendamiento en los términos convenidos.

Dichas obligaciones son del mismo tenor para los subarrendatarios, ya que al celebrar el contrato de subarrendamiento, quedan subrogados en los mismos derechos y deberes que los arrendatarios.-

Por otra parte el artículo 1.167 del Código Civil ha pautado:

En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello…

.

De las normas antes transcritas se define la acción resolutoria, la cual es la facultad que tiene una de las partes en un contrato bilateral, de pedir la terminación del mismo y en consecuencia ser liberada su obligación, si la otra parte no cumple a su vez con la suya. Entonces, se tiene que, para que proceda la acción resolutoria es necesario que concurran ciertas condiciones, tales como: 1) Que el contrato sea bilateral; 2) Que el incumplimiento de una de las partes de su obligación sea de tipo culposo; 3) Que la parte que intente la acción de resolución haya cumplido u ofrezca cumplir con su obligación.

Ahora bien, en función de lo expuesto anteriormente y dado que la sociedad mercantil accionada no aportó al proceso prueba alguna en virtud del cual se pueda evidenciar que pagó los cánones de subarrendamiento correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2005 “…(por US$ 5.500,oo los meses de marzo y abril, y por US$ 6.050,oo los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del mismo año)…”, los cuales totalizan la suma de Bs. 88.587.500,oo -equivalente a USA.$ 41.250,oo a razón de Bs. 2.150,oo por cada dólar estadounidense- constituyendo ello más de dos (2) pensiones locativas continuas insolutas -así como también quedó evidenciado en juicio el incumplimiento de la demandada en su obligación de cuidar y mantener en perfecto estado el inmueble que le fue subarrendado- es por lo que forzosamente esta superioridad declara procedente la pretensión actora de resolución judicial por incumplimiento de la demandada, del contrato de subarrendamiento suscrito entre las partes y autenticado en fecha 02 de mayo de 2003 ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el No. 67, Tomo 29 de los libros respectivos, debiendo ser condenada la sociedad mercantil accionada a efectuar la entrega material del inmueble completamente libre de bienes y personas, en el mismo perfecto estado en que lo recibió y solventes todos los servicios prestados en el mismo por concepto de “…luz, agua, teléfono, aseo…”. Igualmente, y por cuanto ha quedado evidenciado el aludido incumplimiento en las pensiones locativas, se declara que la subarrendadora demandada pierde los beneficios de plazo que en el Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios se señalan, por lo que se la condena a que cumpla de inmediato y sin plazo alguno con la entrega material del inmueble en cuestión, una vez que la presente sentencia quede definitivamente firme y se decrete su ejecución. Así se declara.

Pretendió la actora, la condena a la accionada al pago de la cantidad de Bs. 88.687.500,oo por concepto de daños y perjuicios, tomando en cuenta el monto de los cánones de subarrendamiento dejados de pagar, haciendo la “… conversión al cambio oficial de …(Bs. 2.150,oo) por cada dólar de los Estados Unidos de América, de la suma de …(US$ 41.250,oo)…”.

Por cuanto ha quedado judicialmente resuelto el contrato de subarrendamiento demandado, y siendo que el artículo 1.167 del Código Civil establece lo que a continuación se transcribe:

…En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello…

(Resaltado por este sentenciador)

Resulta pues que habiendo pretendido el actor tal indemnización, amén de haberse cumplido en la demanda con el requisito que para tales casos el legislador patrio obliga en las demandas –previsto en el ordinal 7° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil- dado que la parte actora señaló “…la especificación de éstos y sus causas…”, forzosamente declara esta superioridad procedente dicha pretensión indemnizatoria por lo que la demandada queda condenada a pagar a la sociedad mercantil accionante y a título de indemnización de daños y perjuicios devenidos de sus incumplimientos contractuales, la cantidad de Bs. 88.687.500,oo, equivalente en la actualidad a OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLIVARES FUERTES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. F. 88.687,50) por las pensiones locativas insolutas que corresponden a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2005. Así se decide.

Sumado a ello, también pretendió la demandante por igual concepto indemnizatorio, que sea condenada la demandada al pago de lo que denominó el “fruto civil”, una suma dineraria equivalente a las pensiones locativas que ha dejado de percibir a partir del 01 de octubre de 2005 “…hasta el día de la definitiva entrega del inmueble o hasta que éste pueda celebrar otro contrato de Subarrendamiento…”, calculado cada mes en la suma de Bs. 13.007.500,oo equivalente a USA.$ 6.050,oo aplicando el cambio oficial vigente a la fecha de la demanda.

Al respecto y en justicia, constata este sentenciador del contrato de subarrendamiento judicialmente declarado resuelto, que el mismo tenía una vigencia comprendida desde el 01 de mayo de 2003 al 30 de abril de 2006, tal y como en la cláusula segunda que, igualmente contiene pacto entre las partes de que dicho lapso de subarriendo sólo se prorrogaría por acuerdo escrito y notariado.

De igual modo, constata este sentenciador en esa misma cláusula que “…para el caso de que LA SUB-ARRENDATARIA no desocupe EL INMUEBLE en la fecha pautada de vencimiento del contrato, pagará como indemnización por concepto de perjuicios, la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS (US$333.OO) diarios, hasta la total y definitiva entrega de EL INMUEBLE en el estado en que lo recibió a tenor de este contrato…”. (Resaltado de la alzada)

Siendo ello así, resulta evidente que a título de indemnización de daños y perjuicios, y para el evento de haberse vencido el contrato de subarrendamiento sin que la subarrendataria hubiese cumplido con su obligación de entrega material del inmueble de autos, las partes estipularon una indemnización mayor a la pretendida por la parte actora en su demanda, quien pretende el pago mensual en bolívares de una cantidad equivalente a USA.$ 6.050,oo. Por tanto, resulta evidente que siendo dicho monto también equivalente a lo que desde el 01 de octubre de 2005 y hasta el 30 de abril de 2006 se aspiraba percibir del inmueble como “fruto civil”, y siendo que esa misma suma también se aspiró percibir hasta que la demandada cumpla con su obligación de hacer entrega material del inmueble, necesariamente debe esta superioridad declarar procedente dicha pretensión indemnizatoria, sólo que desde el 01 de octubre de 2005 hasta la fecha de la presente sentencia. Para su determinación en bolívares fuertes, se ordena la evacuación de una experticia complementaria del fallo que hará el cálculo a razón de USA.$ 6.050,oo mensuales, contando a partir del 01 de octubre de 2005 hasta la fecha de la presente sentencia, utilizando para ello la tasa cambiaria y el régimen que para cada mensualidad la normativa legal vigente señale. Así se declare.

Por último, pretendió la parte actora que se condene a la parte demandada a pagar la suma dineraria que resulte a título de indexación, sobre la cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLIVARES FUERTES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. F. 88.687,50) que a título indemnizatorio peticionó fuese condenada la accionada a pagarle.

Sobre este aspecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia de fecha 20 de marzo de 2006, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, dejó asentado lo siguiente:

(…) Con este acotamiento quiere la Sala resaltar, que la liquidación de los montos de la condena pueden, y en algunos casos deben, hacerse en un complemento de la sentencia, por lo que lo estimado en la demanda no es mas que un indicativo, y siendo así en relación con los intereses, los daños y perjuicios, los frutos, etc, nada obsta para que el monto de lo indexado sea liquidado después del fallo; y para constatar que la petición de indexación, que se basará en parámetros no determinados con exactitud para la fecha de la petición, atiende a una posibilidad que existe en toda demanda, cual es que el monto de la condena se liquide en un complemento de la sentencia por la vía de la experticia complementaria del fallo contemplada en los artículos 249 y 527 del Código de Procedimiento Civil, si es que el juez no pudiera hacerlo en la sentencia.

Por esas razones, la Sala debe puntualizar cuáles son las obligaciones indexables, lo que viene dado por una situación procesal ligada al alcance de la condena, y a la oportunidad legal de su liquidación.

Las condenas tienen diversos regímenes en las leyes. Hay casos en que la indexación no es posible, ya que la propia ley señala en cual época debe ser liquidado el valor de la demanda. Así los artículos 1457, 1507, 1514, 1521, 1523 y 1744 del Código Civil, por ejemplo, señalan que las cantidades a condenarse deben ser calculadas antes de la fecha de la demanda, por lo que sería imposible indexarlas o corregirlas para que den un resultado diferente, ya que ello violaría la ley. Otras normas, como la de los artículos 1466, 1469 y 1584 del Código Civil, ponen como hito del monto condenable, el valor al momento de la introducción del libelo. En supuestos como estos no es posible adaptar las condenas al valor actual de la moneda, en base a su poder adquisitivo, ya que el legislador, consideró que el resarcimiento justo se lograba mediante los valores atribuibles a los bienes resarcibles (incluso dinero) en esas oportunidades, y por tanto cualquier petición contraria sería ilegal.

En las materias donde la condena puede referirse a cantidades cuyo monto se determina para la fecha de la sentencia o que se pueden liquidar en la fase de su ejecución, ya que es en ese momento cuando se puede determinar la base efectiva del resarcimiento o condena, hay que distinguir si se trata de asuntos contractuales o extra contractuales. Si son de los primeros, en una situación inflacionaria, la pérdida del valor de la moneda equivale a un daño previsible, a tenor del artículo 1274 del Código Civil, y la jurisprudencia venezolana ha dejado atrás el principio nominalístico expresado en el artículo 1737 del Código Civil, procediendo el juez a ordenar la entrega en dinero del valor equivalente al numéricamente expresado en el contrato, por lo que la condena del deudor no es a pagar una suma idéntica a la convenida en el contrato, sino en la de pagar una cantidad equivalente al valor de la suma prestada originalmente a la fecha del pago, cuando debido a su mora se hace necesario demandarlo. Lo importante es el valor real de la moneda para la época judicial del pago, no siendo posible pretender lo mismo, cuando las partes del contrato pacten lo contrario, o cuando judicial o extrajudicialmente se cumpla la obligación.

Fundado en la esencia constitucional, de que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia (artículo 2 constitucional); y que el Estado garantiza una justicia idónea y equitativa (artículo 26 constitucional); que la justicia es un principio en el cual se fundamenta incluso la seguridad de la nación (artículo 326 eiusdem); que el Estado administra justicia (artículo 257 constitucional); los tribunales de la República, y en particular las Salas de Casación Civil y Social del Tribunal Supremo de Justicia, han indexado el pago de las deudas, reconocidas en la sentencia, al valor del dinero para el momento del pago, que no es otro que el que determine la ejecución del fallo.

Sin estar autorizado explícitamente por la ley, pero siempre como un resultado de la aplicación del principio constitucional de justicia, se ha ajustado la deuda contractual de sumas de dinero al valor real de la moneda al momento del pago, que no es otro que el momento de la ejecución.

La situación en materia de daños y perjuicios contractuales o extracontractuales, tiene otro cariz, ya que los daños (emergente y lucro cesante) se liquidan efectivamente para el momento del pago, por lo que es a los precios para esa oportunidad, que se calculan, y siendo así, teóricamente la indexación no puede tener lugar; como tampoco puede tener lugar con relación a los daños morales, ya que ellos los determina el juez también para el momento del fallo, señalando el monto de los mismos. Se trata de sumas que se calculan para la fecha del fallo, sin tomar en cuenta los valores anteriores.

Con relación a los gastos demandados aún no pagados a la víctima (accionante), si en ambos casos (contractual o extracontractual) los daños han quedado probados, pero no se conoce su monto y deban ser resarcidos; la experticia complementaria del fallo se hace obligatoria, y el cálculo de los expertos necesariamente se hará con base en los precios para la época de dicha experticia, por lo que no hay realmente una indexación, a pesar que se ha venido usando ese vocablo para identificar este resarcimiento. Tampoco la habrá, como ya lo apuntó la Sala, en materia de daños morales o especiales del artículo 1196 del Código Civil, ya que ellos quedan al arbitrio del Juez dentro de ciertos parámetros, y éste al establecerlos los determina tomando en cuenta la realidad para el momento de la decisión.

El problema radica en los daños cancelados a la víctima (accionante) antes de la demanda o durante el proceso, que se pagan con la moneda (y su poder adquisitivo) vigente para la fecha de la cancelación. ¿Podrán recuperarse indexados para la fecha del pago por el demandado?.

Se trata de una suma que se pagó con el valor de la moneda para esa fecha y que no se conocía si se recuperaría o no, ya que ni siquiera mediaba demanda al respecto, y que -en materia extracontractual- ni siquiera existía un vínculo entre acreedor y deudor.

En relación a esto, la Sala considera que con respecto a lo pagado se extinguió la obligación, y mal puede producir efecto posterior la obligación extinta.

Por otra parte, a juicio de esta Sala, el retardo en el cumplimiento incide, y es la clave en la indexación judicial. Este retardo no necesariamente corresponde al deudor, sino que puede ser inducido por el acreedor cuando abusando de su derecho no demanda en tiempo prudencial, sino que persigue “engordar” su acreencia.

Debe quedar a criterio del juez, ponderar si el acreedor está o no abusando de sus derechos, y si no lo está, ordenar el ajuste monetario de las cantidades ya pagadas, en vista de que en materia de daños y perjuicios, éstos se liquidan para el momento del pago, por el valor real que en esa época tiene, y que es lo que verdaderamente indemniza.

No es que la Sala acoja irrestrictamente la tesis del “mayor daño”, ya que el valorismo lo aplica el juez independientemente de la culpa del deudor, sino que en un Estado social de derecho y de justicia, así como se reconoce un ajuste en la prestación del deudor, el abuso de derecho no puede alentarse.

Apunta la Sala, que además existen las llamadas obligaciones de valor, donde el accionante pretende se le indemnice en base a un valor de referencia o se le reponga el valor de un bien, y donde el monto en dinero se fija con base en el valor real del bien para el momento de la condena, hasta el punto que muchas veces -si fuera posible- se puede reponer la cosa, entregándose una igual para la fecha de la condena, independientemente de su valor para ese momento en relación del que tenía para la fecha de la demanda. A estas obligaciones no les es aplicable indexación alguna, sino el valor del bien para la época de la condena o de la ejecución.

.

Siendo que, en efecto, quedó condenada la parte demandada en el presente fallo judicial al pago de la referida suma dineraria a título indemnizatorio, y siendo que dicha suma dineraria lo fue en moneda de curso legal, tomando en cuenta la conversión legal de la moneda norteamericana y tratándose como se trata de una condena indemnizatoria, resulta forzoso para esta superioridad declarar improcedente tal pedimento, dada la naturaleza de la obligación por lo que en modo alguno corresponde acordar la aludida indexación o corrección monetaria y así se dispondrá de manera expresa, positiva y precisa en la sección in fine de esta decisión. ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.

IV

DISPOSITIVO DEL

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte actora, CENTRO AUTOMOTRIZ LOS IBÉRICOS C.A., y PARCIALMENTE CON LUGAR el ejercido por la parte demandada, SERVICIOS FUNERARIOS Y PREVISIONES PAYARES C.A., en contra de la sentencia proferida el 27 de abril de 2007 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual queda modificada.

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de resolución contractual incoada por la sociedad mercantil CENTRO AUTOMOTRIZ LOS IBERICOS C.A., en contra de la sociedad mercantil SERVICIOS FUNERARIOS y PREVISIONES PAYARES C.A., por lo que se declara RESUELTO el contrato de subarrendamiento suscrito entre las partes en fecha 02 de mayo de 2003 ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, bajo el No. 67, Tomo 29 de los libros respectivos. En consecuencia, se condena a la parte demandada lo siguiente: 1) A efectuar de inmediato y sin plazo alguno, la entrega material a la parte actora del inmueble que le fue subarrendado, constante de dos mil quinientos setenta metros cuadrados (2.570 mts2) denominado Edificio Roca, ubicado en la Calle 28 de octubre y Calle Independencia (hoy Avenida Independencia) de Los Teques, Estado Miranda, jurisdicción del Municipio Guaicaipuro, así como de las construcciones sobre el mismo levantadas, completamente libre de bienes y personas, en el mismo perfecto estado en que lo recibió y solventes todos los servicios prestados en el mismo por concepto de “…luz, agua, teléfono, aseo…”. 2) A pagar a la sociedad mercantil accionante y a título de indemnización de daños y perjuicios devenidos de sus incumplimientos contractuales, la cantidad de Bs. 88.687.500,oo, que equivalen en la actualidad a OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLIVARES FUERTES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. F. 88.687,50) por las pensiones locativas insolutas que corresponden a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2005. 3) A pagar a la parte actora y por igual título indemnizatorio, una suma dineraria en moneda de curso legal, esto es, en bolívares fuertes, equivalente a la cantidad de USA.$ 6.050,oo mensual, contado a partir del 01 de octubre de 2005 y hasta la fecha del presente fallo, para cuya determinación en moneda de curso legal y con arreglo a lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, se ordena una experticia complementaria del fallo utilizando para su cálculo la tasa cambiaria y el régimen que para cada mensualidad señale la normativa legal vigente aprobada por las autoridades administrativas públicas competentes.

IMPROCEDENTE la indexación judicial peticionada sobre la cantidad demandada a título de indemnización.

Dada la naturaleza del fallo, no existe especial condena de costas.

Por cuanto la presente decisión ha sido dictada fuera del lapso procesal correspondiente, se ordena su notificación a las partes conforme a lo previsto en los artículos 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil.

Déjese copia certificada de esta sentencia definitiva en el libro copiador correspondiente, según prevé el artículo 248 eiusdem.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación, a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil ocho (2008).

EL JUEZ

ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ

LA SECRETARIA

Abg. MILAGROS CALL FIGUERA

En la misma fecha siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m.) se publicó, registró y agregó al expediente la anterior sentencia.

LA SECRETARIA

Abg. MILAGROS CALL FIGUERA

Exp. N° 07-10000

AMJ/MCF/ag.-