Decisión nº 1C-1749-10 de Tribunal Primero de Control del L.O.P.N.A. Area Penal Extensión Barlovento de Miranda, de 3 de Febrero de 2010
| Fecha de Resolución | 3 de Febrero de 2010 |
| Emisor | Tribunal Primero de Control del L.O.P.N.A. Area Penal Extensión Barlovento |
| Ponente | Amarilys del Rosario Velazco |
| Procedimiento | Libertad Plena |
ACTUACIÓN: Nº 1C-1749-10
JUEZA Dra. AMARILYS DEL R.V..
FISCAL: Dra. ENMY DELGADO, Fiscal Auxiliar Décimo Octavo del Ministerio Público.
VICTIMA: LA COLECTIVIDAD
IMPUTADOS: IDENTIDAD OMITIDA
DEFENSA: Dr. R.P.C.. Defensa Pública.
ALGUACIL: J.G.
SECRETARIA: S.M.J.
DE LOS HECHOS Y DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y FORMALIDADES DE LEY.
En el día de hoy, Miércoles (03) de Febrero de dos mil diez (2010), siendo las 11:55 horas de la mañana, oportunidad fijada para realizar la Audiencia Oral en la causa seguida a los adolescentes IDENTIDAD OMITIDA, la Jueza solicitó a la Secretaria ABG. S.M.J., verificará la presencia de las partes informando que se encuentra presente la Fiscal Auxiliar Décima Octava del Ministerio Público ABG. ENMY DELGADO, los adolescentes imputados IDENTIDAD OMITIDA, debidamente asistido por el defensor público Penal Dr. R.P.C.,. Acto seguido el Tribunal advierte a los presentes de la importancia del acto y de la obligación de no debatir cuestiones propias del Juicio Oral, informando a las partes en forma expresa que por tratarse de una audiencia oral y de conformidad con el artículo 186 del Código Orgánico Procesal, no se puede pretender que se deje constancia textual de todos los hechos debatidos, ya que la ley solo exige una relación sucinta de los actos realizados. Pero si, del cumplimiento de las formalidades esenciales para la validez de la misma.
DE LO ALEGADO POR LAS PARTES DURANTE SU INTERVENCION
DEL MINISTERIO PUBLICO
Una vez realizada la anterior aclaratoria, se da inicio a la Audiencia y se le concedió la palabra a la Representación del Ministerio Público, quien expuso las circunstancias de modo tiempo y lugar de cómo se produjo la aprehensión del adolescente y los motivos que dieron lugar a su detención así como lo concluido por está representante del ministerio público en lo referente al inicio de la investigación de la supuesta comisión del hecho punible, el procedimiento a seguir, la precalificación jurídica dada, las medidas cautelares a solicitar y la supuesta intervención del adolescente. Todo lo cual expuso en la audiencia de la siguiente manera: Presento y pongo a su disposición a lOS adolescente IDENTIDAD OMITIDA, quienes en fecha: 02-02-2010, siendo aproximadamente las 07:10 horas de la noche, funcionarios de la Policía Municipal de E.B., con sede en Mamporal, aprehendieron a los mencionados adolescentes cuando se encontraban realizando un recorrido vehicular, por el sector de la trinidad vieja, específicamente el sector el tubo, por cuanto un ciudadano manifestó que los mismos lo habían robado y amenazado, quedando identificados como: IDENTIDAD OMITIDA. No existiendo delito que precalificar. El Ministerio Público considera que no están llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal para calificar los hechos como flagrantes, por lo que solicito de buena fe la L.p. de los adolescentes, de conformidad con el precepto constitucional, por cuanto fueron privados ilegítimamente. Así mismo solicito copia simple del presente acto, es todo”.
DEL IMPUTADO.-
En este estado, el Tribunal en virtud del carácter educativo del proceso y de conformidad con el artículo 543, en concordancia con el artículo 594 de la la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niñas y Adolescentes, pregunta a los adolescentes si comprende los hechos que le imputa la Representación Fiscal, a lo que contestaron: "Si comprendemos". Seguidamente, se le da el Derecho de palabra para que proceda a identificarse manifestando ser y llamarse como queda escrito: IDENTIDAD OMITIDA, Acto seguido la ciudadana Juez de conformidad con lo establecido en el artículo 543 eiusdem, y en virtud del carácter socio educativo del proceso, procede a explicarle al adolescente en forma clara y sencilla el hecho que se les atribuye, les explico que puede rendir declaración o abstenerse de hacerlo, sin que su silencio los perjudique, que su declaración es un medio para su defensa y que tiene derecho a desvirtuar las imputaciones que sobre ellos pesan, igualmente que puede abstenerse de contestar preguntas total o parcialmente, se le impuso del artículo 49 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del contenido de los artículos 538 al 549 y 594, todos de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niñas y del Adolescente; así mismo se le impuso de las garantías establecidas a su favor, igualmente se le impuso de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, como lo es la conciliación, la remisión, y el procedimiento especial por admisión de los hechos, previstos en los artículos 564, 569 y 583, todos de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, respectivamente, con las salvedades de procedencia en el caso en concreto, explicándoles de seguidas lo que consistía el procedimiento especial por admisión de los hechos contenido en el artículo 583 eiusdem. Acto seguido se le interroga sí ha comprendido lo explicado y si desean declarar, exponiendo, “si comprendemos y no declararemos”.
DE LA DEFENSA
En este estado se le cede la palabra a la Defensa Pública por el Dr. R.P.C., quien expuso: “Esta defensa se adhiere a la solicitud Fiscal y solicita la L.P. de mis defendidos, así mismo solicito copias simples de las actuaciones es todo”.
DE LA FUNDAMENTACION DE HECHO Y DE DERECHO.-
Ahora bien, este Tribunal una vez escuchado lo alegado por la representante del Ministerio público, en cuanto a las circunstancias de modo tiempo y lugar de cómo se produjo la aprehensión de los adolescentes IDENTIDAD OMITIDA y los motivos que dieron lugar a su detención así como lo concluido por está representante del ministerio público en lo referente al inicio de la investigación de la supuesta comisión del hecho punible, el procedimiento a seguir, la precalificación jurídica dada, las medidas cautelares a solicitar y la supuesta participación de los adolescentes en el supuesto hecho punible, la defensa y sus defendidos. En este mismo orden de ideas este tribunal una vez analizados los elementos de convicción, (actas policiales, y diligencias practicadas propias de la investigación presentados por el Ministerio Público, las cuales corren insertas en los folios que conforman la causa, observa que el presente caso que el ministerio publico como dueño de la acción penal, expuso y solicitó que no existiendo delito que precalificar, considera que no están llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal para calificar los hechos como flagrantes, por lo que solicito de buena fe la L.p. de los adolescentes, de conformidad con el precepto constitucional, por cuanto fueron privados ilegítimamente, el Tribunal luego de revisar minuciosamente las actas que conforman el expediente y oída la intervención de las partes y la solicitud del ministerio publico, y revisadas como han sido las presentes actuaciones quien aquí decide considera que existe violación en la aprehensión de los adolescentes en cuanto a la actuación policial, en virtud de que no había una orden judicial de aprehensión en su contra y no habiéndose dejado claramente sentado cual fue la participación activa de los adolescente es decir no existe una prueba fehaciente de la participación de los imputados en los hechos esgrimidos en las actas policiales ni en la comisión del supuesto hecho punible en condiciones flagrantes es por lo que hay dudas que verdaderamente se haya cometido un hecho punible, siendo así, existe una imposibilidad de incorporar algún otro elemento probatorio para demostrar la presunta responsabilidad penal de los mismos, y calificar por la vindicta publica el supuesto hecho como delictivo y visto que en consecuencia el órgano policial, vulnero el derecho de inviolabilidad del hogar domestico articulo 47, al debido proceso y el artículo 44 como derecho civil inviolable, el derecho a la libertad personal, de los adolescentes imputados: IDENTIDAD OMITIDA de conformidad con lo establecido 44. 1º, 47 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela., al haber quebrantado la prenombrada garantía Constitucional así como de los principios y garantías procesales penales, contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal, aplicables al Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, por remisión expresa del artículo 537 de la Ley Orgánica Para el Niño y el Adolescente, así como de las disposiciones establecidas en dicha Ley Especial.
En tal sentido el artículo 49 y 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999 sustenta lo siguiente:
Art. 49. Debido Proceso. “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
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la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos con los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. (..).”
Art. 25. Efectos de un acto público contrario a la Constitución y a la Ley. “Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusas ordenes superiores”.
Y sobre este mismo sentido, dando un claro apoyo a este principio, en el Código Orgánico Procesal Penal el precepto de nulidad lo ubicamos en el artículo 190 el cual, es del tenor siguiente:
Principio. No podrán ser apreciado para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos en contravención o con inobservancia de las formas y condiciones previstas en éste Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República, salvo que el defecto haya sido subsanado o convalidado.
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Observamos de los artículos precedentes, que no es que el, o los actos, puedan ser anulados por ser contrarios preceptos positivos garantistas, sino que, muy a pesar de que el, o los actos, sean observados correctamente. El p.P. constituye una garantía de la legalidad, el aval del buen camino procedimental con el resguardo de herramientas apropiadas para remediar el acto nulo, o reparar el anulable. Las nulidades constituyen el filtro depurativo del proceso.
Es menester siempre tener presente cualquier violación a garantías de derechos fundamentales que significa ipso facto la nulidad de todo lo actuado, no pudiendo rectificarse, cumplirse, ni renovarse ningún acto, cuando haya menoscabo de las normas dogmáticas propias de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Leyes y Tratados Internacionales, puesto que tales preceptos están dirigidos a asegurar el desarrollo y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. La incompatibilidad en el acto consumado y el acto descrito de la Ley, en aras de proteger los derechos y garantías fundamentales, al violentarse un derecho o garantía, se vulneran otros derechos, dada la interdependencia de ellos. En el asunto que nos ocupa, se ha violentado como derecho civil inviolable, el derecho a la libertad personal establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el derecho que tiene al debido proceso cada imputado (artículo 49).
Del análisis de las actas que conforman la presente causa, es más que notorio que se vulneró el debido proceso, la libertad personal de los imputados, cuando son aprehendidos por un hecho que no quedo plasmado con claridad en el acta policial como flagrante, sino dudoso lo cual, no demuestra que era un hecho con evidentes caracteres de delito, requisito indispensable para que tenga lugar la Flagrancia, no habiendo incluso una orden de aprehensión en su contra, violentándole de manera flagrante en primer lugar este principio, establecido en el artículo 44, principio que es igualmente ratificado en el artículo 548 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente que expresa: “Salvo en los casos de flagrancia, la privación de libertad solo procede por orden judicial, en lo casos, bajo las condiciones y por los lapsos previstos en esta Ley. La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicito del adolescente”.
Observa este Tribunal que las nulidades pueden decretarse en cualquier grado o estado del proceso, por lo que, en aras de una Justicia clara, transparente e idónea, nos amparamos en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece:
ARTICULO 257: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (…). No se sacrificara la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.
Hoy día, el P.P. debe ser una vía para garantizar en concreto todos los derechos de los sujetos que intervienen en ella. El imputado es uno de esos sujetos, quizás el que necesita de mayor protección y tutela, porque es aquél contra el cual la ley autoriza el ejercicio del Poder Penal, es el débil Jurídico, por tanto, es el sujeto que amerita de un escudo de protección de ese gran Poder, y en tal sentido, una de las formas de lograr esa tutela y de tratar de evitar que se le dañe ese derecho que suyo tiene frente a la persecución penal.
Finalmente, considera quien aquí decide, por tales razonamientos anteriormente expuestos, y siendo que la violación cometida por los funcionarios aprehensores de la policía de Municipal de Manporal del estado Bolivariano de Miranda, no son subsanables de manera alguna, que lo procedente y ajustado a derecho es declarar DECRETAR LA NULIDAD DE LA APREHENSIÓN DE LOS ADOLESCENTES IMPUTADOS: IDENTIDAD OMITIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 190 y 191 ambos del Código Orgánico Procesal Penal y 44. 1º , 47 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ASI SE DECIDE.
Visto el decreto de DE NULIDAD DE LA APREHENSIÓN DE LOS ADOLESCENTES IMPUTADOS: IDENTIDAD OMITIDA de conformidad con lo establecido en el artículo 190 y 191 ambos del Código Orgánico Procesal Penal y 44. 1º, 47 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela su L.P. Y SIN RESTRICCIONES. ASI SE DECIDE
Remítase en la oportunidad legal correspondiente las presentes actuaciones a la Fiscalia XVIII del Ministerio Público. Las partes presentes en audiencia quedaron debidamente Notificadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal,
DISPOSITIVA
Este Juzgado Primero de Control de la Sección Adolescentes del Circuito Judicial del Estado M.E.B., con sede en Guarenas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DICTA LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS: PRIMERO: Oída como ha sido la solicitud por parte del Ministerio Público en el sentido que no existe delito que precalificar y evidentemente de una revisión minuciosa de las actas procesales se observa que no existen suficientes elementos de convicción para presumir que podríamos estar en presencia de hechos punibles cometidos por los adolescentes aquí presentes. Hay una narración de hechos por parte de las actas procesales, pero no existe una relación de causalidad o imputación objetiva que haga presumir que los jóvenes mencionados podrían ser autores o participes del hecho hecho punible, ante lo cual, lo pertinente y ajustado a derecho es otorgar en este acto LA L.P. Y SIN RESTRICCIONES DE LOS JOVENES IMPUTADOS. Y remitir a la representación Fiscal correspondiente, las actuaciones a los fines que continúe con las investigaciones. Líbrese Boleta de egreso dirigido a la Policía Municipal de E.B., con sede en Mamporal. SEGUNDO: Se acuerdan las copias de la presente acta solicitadas por las partes. TERCERO: Con la lectura y firma de la presente acta quedan las partes debidamente notificadas de lo aquí acordado conforme lo establece el artículo175 eiusdem. Se concluyó el acto siendo las 11:50, horas de la mañana. Es todo, término, se leyó y conformes firman.
Dada firmada, sellada y refrendada en la sala de audiencia del tribunal Primero de Primera Instancia en función de Control, sección adolescentes con sede en Guarenas, el día Miércoles (03) de Febrero de dos mil diez (2010), Publíquese, regístrese, Diarícese.
LA JUEZ
DRA. AMARILYS VELAZCO J.
LA SECRETARIA
Dra. MARIA JOSE SOLANO
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.
LA SECRETARIA
Dra. MARIA JOSE SOLANO.-
CAUSA N° 1C-1749-10.
AV/EMjs.
