Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 20 de Octubre de 2006

Que las presentes actuaciones se iniciaron por demanda de COBRO DE BOLÍVARES (VÍA INTIMATORIA), seguida por el abogado R.M.V., Inpreabogado Nº 61.150, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PRODUCCIÓN E INVERSION AVICOLA PROINVISA S.A., contra el ciudadano: L.F.D., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 7.375.807 y con domicilio en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, de quien menciona que realiza su giro comercial a través de la Firma Personal FRIGORIFICO COSTA AZUL, inscrita ante el Registro Mercantil del Estado Lara, en fecha 24 de noviembre de 1980, bajo el Nº 52, Tomo 3-G. (Folios 01 al 04 del Cuaderno Principal)

Que la misma se encontraba en fase de EJECUCIÓN (DEL CONVENIMIENTO EFECTUADO POR LA PARTE DEMANDADA EN EL ACTA LEVANTADA EN FECHA 28 DE FEBRERO DE 2001, LEVANTADA POR EL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DEL ESTADO LARA al momento de practicar una medida preventiva de embargo decretada en este Expediente y que fuera homologado por auto de fecha 31 de mayo de 2001), para la fecha 10 de Junio de 2002, en la cual se produjo la actuación mediante la cual el abogado R.M.V., actuando como apoderado judicial de la parte actora y además manifestar estar suficientemente facultado para ello, procedió a ceder los derechos litigiosos al ciudadano ANIBAL BRICEÑO MENDEZ.

Que consta de autos que dentro de este procedimiento, en fecha 18 de noviembre de 2002, la abogada L.M.A.R., Inpreabogado Nº 24.040, actuando según expresó en su carácter de apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil PRODUCCIÓN E INVERSIÓN AVICOLA PROINVISA, S.A., solicitó la NULIDAD de la Cesión de derechos antes mencionada, a lo cual la abogado KATIUSCA CHIRINOS JIMENEZ, mediante escrito expresó no estar de acuerdo.

Que la sociedad mercantil PROMOCIÓN E INVERSIÓN AVICOLA PROINVISA, S.A., parte actora supuesta cedente de los créditos que se dicen litigiosos hechos valer en este proceso, estuvo sometida a un proceso en el cual se le decretó en estado de Atraso, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y T. delE.C., en el Expediente Nº 3102, por un lapso de Un (1) año desde el día 10 de Julio de 2003 y no consta de autos que se haya acordado alguna prórroga, ni sus resultas.

Que en fecha 16 de diciembre de 2005, se recibió el Oficio Nº 1207, de fecha 13 de diciembre de 2005, emanado del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Estado Aragua, el cual es del tenor siguiente:

…OFICIO NRO. 1207

CIUDADANO

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA,

SU DESPACHO.

Me dirijo a Usted, en la oportunidad de participarle que con motivo del juicio de FRAUDE PROCESAL incoado por la abogado en ejercicio JANNEFER GRATEROL MORA, Exp 11.025, contra los ciudadanos R.M.V., M.M. ANSART, KÉLYS ALCALÁ KEY, KATIUSKA CHIRINOS JIMÉNEZ, L.R.G., ANÍBAL BRICEÑO MÉNDEZ y la Empresa Mercantil REPRESENTACIONES A.B.J.C.., en la persona de su representante legal, este Tribunal, por auto dictado en esta misma fecha y de conformidad con la sentencia Nro. 910 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 04 de agosto de 2000, y en resguardo del orden público y de las buenas costumbres, y en uso de las facultades que confiere el articulo 17 del Código de Procedimiento Civil DECRETÓ la acumulación de las causas ue cursan por ante ese Juzgado que continuación se señalan.

1. Expediente: 33.985 contentivo del juicio seguido por PROINVISA S.A, contra POLLOS LA COROMOTO CA,

2. Expediente Nro. 34.716, juicio seguido por PROINVISA S.A., contra I.A. NOGUERA;

3. Expediente Nro. 33.984, juicio seguido por PROINVISA S.A., contra A.J.B.S. y la SOCIEDAD Mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BRITO CA.

4. Expediente Nro. 33.347, juicio seguido por PROINVISA S.A., contra L.F. DANTAS, (FRIGORIFICO COSTA AZUL)

5. Expediente Nro. 34.817, juicio seguido por PROINVISA S.A., contra DISTRIBUIDORA KOMAPOLLO C.A.

6. Expediente Nro. 35.599, juicio seguido por PROINVlSA S.A. contra B.F. DOS REIS;

7. Expediente Nro. 35.753, juicio seguido por PROINVISA, S.A. contra MARIESTY BASTIDAS HERNANDEZ.

8. Expediente Nro. 35.707, juicio seguido por PROINVISA S.A. contra la Sociedad Mercantil HERMANOS QUEVEDO C.A.

Igualmente ordenó la SUSPENSIÓN del curso de todas las causas antes indicadas, en el estado en que se encuentren, y a tales efectos se ordenó oficiarle participándole de la decisión acordada, a fin de que se sirva remitir a este Tribunal los respectivos expedientes para la acumulación decretada.

Participación y notificación que le hago a los fines legales consiguientes…

(Folios 102 al 106)

Que no obstante la doctrina contenida en la Sentencia Nº 910, vinculante y emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 04 de Agosto de 2000, hace un análisis de diversas situaciones en las cuales pueden ocurrir Dolos Procesales, un catalogo enunciativo de sus tipos y formas de acaecimiento y sus remedios procesales endógenos y exógenos procesalmente, expresando entre otras cosas lo siguiente:

“…Antes de la vigencia del actual Código de Procedimiento Civil, la cuestión del dolo procesal, entendido éste en sentido amplio (lo que abarca a la colusión, el fraude, la simulación y el abuso de derecho), carecía en las leyes de una declaratoria general que lo rechazara (apenas si el artículo 15 de la Ley de Abogados se refería al principio de lealtad procesal), pero una serie de disposiciones puntuales lo contemplaban y lo combatían, tales como las multas a las partes provenientes de la actividad procesal, la condena en costas al litigante temerario, y hasta la eximente de las mismas, en los casos en que el actor demandara sin motivo, y el demandado conviniese en la demanda (situación recogida en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 282).

Pero a partir del vigente Código de Procedimiento Civil, en forma genérica y no puntual, el dolo procesal y sus efectos aparece recogido en el ordenamiento procesal, cuando el ordinal 1° del artículo 170 crea en las partes el deber de veracidad (exponer los hechos de acuerdo a la verdad), mientras que el artículo 17 al desarrollar el deber de lealtad y probidad en el proceso por parte de los litigantes, ordena la prevención de la colusión y el fraude procesal (máximo exponente del dolo procesal).

Aparece así, como categoría propia y muestra del dolo procesal (entendido en un sentido amplio), el fraude procesal, resultando impretermitible establecer, si éste sólo puede ser perseguido “con las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar”, lo que podía ser interpretado desde un punto de vista estricto: que su sanción se logra sólo con los medios prevenidos expresamente para obrar dentro del proceso, o si su interpretación debe ser más amplia, y el dolo en todas sus manifestaciones puede ser impedido y enervado con los medios sancionatorios generales, dispuestos en la ley.

A juicio de esta Sala, al crearse como categorías específicas la colusión y el fraude procesales, dentro de los principios o disposiciones fundamentales del Código de Procedimiento Civil que rigen el proceso, tales conductas deben ser interpretadas como reprimibles en forma general, independientemente de los correctivos específicos que aparecen en las leyes, ya que el legislador en lugar de perseguir actuaciones puntuales, como lo hizo hasta la vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1916, ha establecido una declaración prohibitiva general, la que a su vez se conecta con la tuición del orden público y las buenas costumbres a cargo del juez en el proceso (artículo 11 del Código de Procedimiento Civil); y que en estos momentos también se conecta con el derecho a la tutela judicial efectiva, del cual deben gozar los que acceden a los órganos judiciales, al igual que a obtener de éstos una justicia idónea, transparente y eficaz (artículos 26 y 257 de la vigente Constitución). En consecuencia, el fraude procesal (dolo) puede ser atacado con el fin de hacerle perder sus efectos, sin necesidad de acudir a especiales supuestos de hecho señalados en la ley, para específicas situaciones, las cuales de todos modos siguen vigentes.

El fraude procesal o dolo genérico tiene especies, tales como el dolo específico (puntual), la colusión, la simulación y hasta el abuso de derecho, como infracción al deber de lealtad procesal, y dados los alegatos y referencias del accionante en su confuso escrito de amparo, es el fraude procesal el que debe analizar en este caso esta Sala. El se encuentra contemplado en el artículo 17 aludido, el cual reza:

El Juez deberá tomar de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesales, o cualquier acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes.

Las medidas necesarias establecidas en la ley, son tanto las particulares para situaciones prevenidas, como las de efectos generales, nacidas de las instituciones jurídicas.

El fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero. Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o por el concierto de dos o más sujetos procesales, caso en que surge la colusión; y pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones jurídicas (como ocurre en el proceso no contencioso), y mediante la apariencia procedimental lograr un efecto determinado; o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre justicia correctamente.

El fraude puede consistir en el forjamiento de una inexistente litis entre partes, con el fin de crear un proceso dirigido a obtener fallos o medidas cautelares en detrimento de una de las partes, o de terceros ajenos al mismo, lo que constituye la simulación procesal; o puede nacer de la colusión de una persona, que actuando como demandante, se combine con otra u otras a quienes demanda como litisconsortes de la víctima del fraude, también demandada, y que procurarán al concurrir con ella en la causa, crear al verdadero codemandado situaciones de incertidumbre en relación con la fecha real de citación de todos los demandados; o asistir con él en el nombramiento de expertos, con el fin de privarlo de tal derecho; o sobreactuar en el juicio, en los actos probatorios, etc, hasta convertirlos en un caos. También -sin que con ello se agoten todas las posibilidades- puede nacer de la intervención de terceros (tercerías), que de acuerdo con una de las partes, buscan entorpecer a la otra en su posición procesal.

Se está ante una actividad procesal real, que se patentiza, pero cuyos fines no son la resolución leal de una litis, sino perjudicar a uno de los litigantes o a los terceros (incluso ajenos a cualquier proceso), pudiéndose dar el caso que el actor convierta a los posibles testigos del demandado en codemandados, para evitar que puedan testimoniar a su favor en dicha causa. El fraude procesal puede tener lugar dentro de un proceso, o mediante la creación de varios juicios, en apariencia independientes, que se van desarrollando para formar con todos ellos una unidad fraudulenta, dirigida a que en una o varias causas la víctima quede indefensa o disminuida en su derecho, aunque los procesos aparezcan desligados entre sí, con diversas partes y objetos, que hasta podrían impedir su acumulación. Se trata de varias personas concertadas entre sí que demandan consecutiva o coetáneamente a otra, y que fingen oposición de intereses, o intereses distintos, pero que en realidad conforman una unidad de acción; fingimiento que igualmente puede ocurrir dentro de una causa, si el actor demanda junto a la víctima, a quienes se hallan en colusión con él.

En esta última forma de fraude (varios procesos), el derecho de defensa de las víctimas de estas actividades se haría nugatorio, si a pesar del interés procesal actual que ellos tienen (artículo 16 del Código de Procedimiento Civil) de evitar el perjuicio que tal colusión les causa, no pudieran accionar con el fin de que se anularan todos los procesos fraudulentos, sobre todo ante la reticencia de la jurisdicción penal de no considerar a estas maquinaciones de variada índole como tipificadoras del delito de estafa, o en algunos casos del de prevaricación, como cuando la colusión proviene del apoderado de una de las partes.

Pretender que la víctima no pueda pedir en juicio ordinario autónomo, la nulidad de los diversos y concatenados procesos fraudulentos preparados para perjudicarla, obligándola a pedir la nulidad en cada uno de ellos, cuando allí no podrá probar el fraude, ni la colusión, dentro del lapso fijado en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, previsto para las necesidades del procedimiento, y el cual tiene una limitada articulación probatoria de ocho días de despacho, es entronizar el dolo y premiar a los litigantes de mala fe.

Cuando el fraude ocurre dentro de un solo proceso, puede detectarse y hasta probarse en él, ya que allí pueden estar todos los elementos que lo demuestren; pero la situación cambia cuando el fraude es producto de diversos juicios, donde los incursos en colusión actúan cercando a la víctima, y donde las partes de los procesos son distintas, excepto la víctima y tal vez uno de los incursos en colusión. Pretender que en cada proceso haya que plantear por vía incidental el fraude, es dejar indefensa a la víctima, ya que en cada uno de ellos no se podrá alegar la colusión de las diversas personas que conforman el círculo artero, puesto que ellas pueden no ser partes en todos los juicios, y mal podría declararse el fraude múltiple producto de la combinación entre ellos, sin oírlos. De allí, que en supuestos como éstos, la única manera de constatarlo es mediante una demanda que englobe a todos los partícipes, donde -además- se les garantiza el derecho de defensa. Nacen así, dos vías procesales para enervar el dolo procesal en general, de acuerdo con la situación como se manifiesta, una acción principal o un incidente dentro del proceso donde tiene lugar, si ello fuese posible.

La utilización del proceso para fines contrarios a los que le son propios, es de la naturaleza del hecho ilícito, del fraude a la ley y de la simulación, y cuando se acude a la demanda para su constatación, ella no persigue indemnizaciones sino nulidades, tal como acontece en el fraude a la ley o en la simulación; aunque nada obsta para que la declaratoria de nulidad conduzca a una indemnización posterior. Acciones que no buscan indemnizaciones a pesar de que la pretensión se funda en el hecho ilícito –por ejemplo- no son ajenas al derecho procesal, tal como ocurre en el procedimiento de tacha de falsedad instrumental por vía principal, donde lo que se persigue es la declaración de que un instrumento es falso, sin que medie reparación pecuniaria alguna. Se trata de la falsedad de la prueba para que rinda un beneficio procesal en la causa donde se la hace valer.

Sin embargo, siempre hay que distinguir, en materia de fraude procesal, entre dolo procesal específico (estricto), donde uno de los sujetos procesales, en uno o varios actos, trata de perjudicar ilegítimamente a otro, sin que haya un concierto entre varios “litigantes o intervinientes”, y el fraude procesal o colusión en sentido amplio, que implica el concierto de varios sujetos procesales (lo que puede incluir jueces).

Pero cuando el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, considera el fraude procesal como una categoría propia y particular, proyectada hacia el proceso, lo separa como forma concreta de figuras con las cuales se conecta y que son más generales, como el fraude a la ley y la simulación.

Muchos fraudes procesales involucran un fraude a la ley, ya que se utiliza a ésta, a las formas procesales que ella crea, como artificio, dando una apariencia de legalidad a las maquinaciones; pero además, tales artificios son formas de simular lo que se esconde, de allí que autores como W.Z. (El Dolo Procesal. EJEA. Buenos Aires 1979), lo denominen “simulación procesal”.

Cuando el dolo procesal estricto es detectado, por aplicación del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, el remedio es la nulidad de los actos dolosos, declaración que puede plantearse en el proceso donde aquél ocurre, o cuya declaración se logra por la vía de la invalidación, si fuere el caso, como lo prevén los ordinales 1° y 2° del artículo 328 eiusdem.

Para desenmascarar y evitar el fraude colusivo, que se caracteriza porque con las maquinaciones se forman diferentes procesos, hay que interponer una acción contra todos los colusionados, ya que de pedir la declaración del fraude en cada proceso por separado, sobre todo si en cada uno de ellos actúan partes distintas, se haría imposible la prueba de la colusión, debido a que los hechos (artificios y maquinaciones) referentes a las partes de los otros procesos, no se podrían dilucidar en un juicio donde ellos no son partes.

Si la simulación y el fraude a la ley, entendido éste como actividad dirigida a eludir o a provocar la aplicación indebida de una norma, a objeto de contravenir el sentido y la finalidad de la ley, dan lugar a demandas autónomas para que se declare la falsedad de las situaciones que se crean en el ámbito del derecho material, no hay ninguna razón que impida que el específico fraude procesal no origine demandas autónomas destinadas a obtener declaraciones judiciales que anulen procesos que en el fondo pueden obrar como simulaciones o fraudes a la ley.

Las figuras específicas del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil (fraude procesal y colusión), no puede pensarse que hayan sido diseñadas para su aplicación únicamente a los procesos en marcha. Se trata de un deber procesal amplio que hay que cumplir, y que mediante el juicio ordinario puede dar lugar a que se declare: la inexistencia de los procesos fraudulentos y la anulación de los actos o causas fingidas, ya que ellos no persiguen dirimir controversias en un plano de igualdad entre partes. Si el juez detecta de oficio el fraude puede declararlo, tal como lo hizo esta Sala en fallo de fecha 9 de marzo de 2000 (expediente N° 00-0126), y antes lo había dispuesto así la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en fecha 24 de abril de 1998 (caso A.A.P. vs. Constructora Concapsa C.A.); en consecuencia, no hay razón para que las partes, víctimas del dolo, no puedan solicitarlo.

Según Peyrano (El P.A.. Editorial Universidad Buenos Aires 1993), “la acción es un derecho subjetivo público, abstracto, autónomo, de que goza toda persona -física o jurídica- para postular el ejercicio de la actividad jurisdiccional”. Ella se encuentra consagrada en el artículo 26 de la vigente Constitución y se incoa mediante la demanda.

Para demandar se requiere interés procesal actual (artículo 16 del Código de Procedimiento Civil), el cual necesariamente lo tiene la víctima del fraude, así como la invocación del derecho aplicable; en el caso de la acción por fraude procesal, los alegatos fácticos deberán subsumirse en el supuesto de hecho de una norma, artículo 17 eiusdem, que encarna una clase de hecho ilícito (artículo 1.185 del Código Civil), que no persigue reparación pecuniaria, pero sí el reconocimiento de una situación real, en vez de una indemnización pecuniaria, con el fin de producir nulidades. Una demanda de este estilo no está prohibida expresamente por la ley (artículo 341 del Código de Procedimiento Civil) y debe ser conocida por los jueces competentes para sancionar las causas fraudulentas.

La declaratoria de la nulidad, con su secuela: la pérdida de efecto de los procesos forjados, viene a ser la medida necesaria tendente a sancionar la colusión y el fraude procesal, a que se refiere el artículo 17 antes aludido, y que si bien es cierto (la nulidad) no está prevista expresamente en la ley, es ella el resultado lógico y natural de la sanción al fraude, contemplada en figuras cuya aplicación analógica es posible, como la invalidación en proceso el civil, o la revisión en el penal. Mal puede asentarse, como lo hizo una decisión de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, de fecha 17 de marzo de 1999, que el citado artículo 17 sólo prevé el fraude procesal dentro de un juicio y que sólo dentro de éste (endoprocesalmente) puede plantearse. Tal razonamiento evade la realidad, pues el fraude puede ser el resultado de varios juicios, en apariencia independientes, además de que el artículo 17 eiusdem está colocado dentro de las Disposiciones Fundamentales del Código de Procedimiento Civil; es decir, dentro de las normas prevenidas para el proceso en general.

Ahora bien, fuera de la jurisdicción penal, la petición de la declaratoria de fraude y sus efectos: la anulación de los procesos ideológicamente forjados, tiene que ser el resultado de una declaratoria jurisdiccional, que conforme al artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, debe obtenerse en juicio ordinario, ya que dicha norma reza: “Las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho, se ventilarán por el procedimiento ordinario, si no tienen pautado un procedimiento especial”.

Es una parte (la víctima), que reclama judicialmente a los colusionados, el fraude; y el derecho invocado consiste en que se anulen los diversos procesos fraudulentos, o sectores de ellos, siendo el juicio ordinario la vía legal para ese logro, al carecer los Códigos de un procedimiento especial a este efecto, tratándose -además- de uno o más procesos artificialmente construidos, con el solo fin de dañar a una parte. Claro está, que cuando el engaño, unilateral o multilateral ocurre en un solo proceso, en principio no será necesario acudir fuera de él para solicitar la constatación de los hechos y obtener la declaratoria de nulidad.

Una acción de nulidad de esta naturaleza está contemplada en los artículos 1.720 y 1.721 del Código Civil, en materia de transacciones, sin diferenciar si se trata de la transacción judicial o de la extrajudicial y, aunque remite a casos puntuales, dicha acción está prevista para dejar sin efecto la transacción, sin importar que haya tenido lugar dentro del proceso.

El dolo procesal específico, no solo da lugar en algunos supuestos a acciones autónomas de nulidad que atacan la cosa juzgada, como las que fundan las demandas de invalidación, sino también al recurso de revisión penal que procede contra la sentencia firme, como sucede en materia penal, si la prueba en que se basó la condena era falsa, o si la condenatoria fue producto de prevaricación o corrupción de uno o más jueces que la hayan dictado (ordinales 3° y 5° del artículo 463 del Código Orgánico Procesal Penal).

Si esas actividades dolosas, tal vez de menor cuantía en relación con las que ocurren en los urdidos procesos fraudulentos, que consumen el tiempo procesal y la actividad judicial para fines distintos a los que persigue el proceso, permiten invalidaciones y revisiones, con mayor razón es viable la acción autónoma tendiente a anular los procesos fraudulentos que aún no han llegado a la etapa de sentencia con autoridad de cosa juzgada.

El derecho procesal contempla juicios ordinarios para que se declare la falsedad de una prueba, tal como ocurre con la tacha de falsedad instrumental por vía principal o el proceso de rectificación de partidas del estado civil cuando resuelve alteraciones dolosas o culposas; y siendo ello así, ¿cómo se va a negar una acción específica para eliminar el fraude procesal, de mucha mayor entidad que la falsificación de una prueba, en los casos en que es imposible debatirlo dentro del proceso?.

Resulta una visión miope del problema, pretender que estas acciones autónomas tratan de las nulidades de los actos procesales (artículos 206 al 214 del Código de Procedimiento Civil), ya que lo que se busca con ellas, no es que se declare írrito uno o varios actos, por haberse dejado de llenar en ellos alguna formalidad esencial (artículo 206 del Código de Procedimiento Civil). Los actos pueden ser formalmente válidos, ajustados a las exigencias formales legales, pero lo que se persigue es la falsedad intrínseca que con ellos se oculta, producto del dolo, del fraude, que es realmente lo que se demanda.

El fallo de la Sala de Casación Civil de 17 de marzo de 1999, antes citado, consideró que la acción autónoma de fraude es contraria al orden público procesal, porque el juez juzgaría en procesos cuyo conocimiento no le corresponde. No comparte esta Sala tal concepción, ya que lo verdaderamente contrario al orden público es permitir el fraude procesal, como lo declaró esta Sala en su fallo de 9 de marzo de 2000. El razonamiento de la Casación Civil en la decisión señalada lleva a considerar que la acción no existe porque expresamente no aparece prevista en la ley, desconociendo que basta tener interés e invocar un derecho, para accionar.

Se trata de acciones contra particulares (los incursos en colusión), ya que si fuera contra los jueces, se estaría en presencia de delitos penales que ameritarían la investigación por parte del Ministerio Público, aunque ello no impediría la demanda por fraude, ya que ésta sería conocida por los tribunales que juzgan la responsabilidad de la República, ya que son sus jueces los partícipes de la colusión.

La vía del juicio ordinario es la apropiada para ventilar la acción de fraude procesal adelantado mediante varias causas, ya que es necesario un término probatorio amplio, como el del juicio ordinario, para que dentro de él se demuestre el fraude; y aunque existe la violación constitucional consistente en la eliminación o minimización del derecho de defensa de la víctima (artículo 49 de la vigente Constitución), ella -debido a las formalidades cumplidas- nunca destaca como una violación inmediata de la Constitución, sino que requiere de alegatos y pruebas que no corresponden a un proceso breve como el del amparo constitucional. La apariencia que crea la colusión no pone de manifiesto la violación inmediata de la Constitución, por lo que será necesario, la mayoría de las veces, desmontar el armazón para que emerja la infracción constitucional. Además, en un proceso de amparo entre partes particulares, no podría traerse al juez (quien no es agraviante sino también víctima) y, mediante proceso ajeno al juez, anular sus actuaciones.

El restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida, es en principio imposible, porque el fraude se encuentra oculto tras las formas prefabricadas que tendrán que ser desmontadas, y ello –en principio, aunque no en forma absoluta- cierra la puerta a la acción de amparo constitucional.

Tal vez la máxima dificultad que han encontrado los jueces para considerar la existencia de una acción autónoma de fraude procesal, estriba en que tendrían que anular, con un fallo, procesos o actos dictados por otros jueces, que no son, necesariamente, partes en el juicio ordinario de fraude.

Un proceso autónomo por fraude procesal puede incoarse ante el juez que conoce de todas las causas, o de alguna de ellas, y aun ante un juez distinto; y si todas las causas se encuentran en una misma instancia, deben acumularse, así haya precluído la oportunidad para decretar la acumulación, ya que se trata de un vicio contrario al orden público o a las buenas costumbres, que amerita una providencia especial en tutela de dichos valores; lo cual, a tenor del artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, es una providencia que pueden ordenar los jueces en resguardo del orden público o las buenas costumbres.

Si los procesos se encuentran en instancias diferentes, a criterio del juez que conoce de la acción por fraude, y fundado en el citado artículo 11, puede ordenar la suspensión de los más avanzados. Luego, estructuralmente la existencia de diversos jueces que conocen varios procesos, no es obstáculo para rechazar una acción que no está expresamente prohibida por la ley.

En la doctrina nacional, el tema lo han tratado A.U.A. y el profesor R.J.D.C. en su trabajo “La Moral y El Proceso” (XXII Jornadas “J.M. D.E.”, Derecho Procesal Civil, Tipografía Litografía Horizonte C.A., Barquisimeto, págs. 278 y 279). Este último en dicha obra ha expresado:

Ahora bien, en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil con las sanciones en cuestión, se pretende evitar y castigar fundamentalmente la colusión y el fraude procesales. La primera, es la confabulación de un litigante para perjudicar al otro o a los terceros. Y el segundo, es la utilización maliciosa del proceso para causar un daño. Por eso, a ambas figuras las engloba la doctrina en el P.F. o en el tipo genérico de Fraude Procesal, puesto que los dos comprenden las maquinaciones o subterfugios insidiosos en el proceso para obtener un provecho ilícito en contra de la otra parte o de terceros. Y para combatirlo desde un punto de vista procesal se postula como instrumento el de la amplitud del contradictorio y de los poderes oficiosos judiciales para evitarlo o corregirlo, así como el de considerarlo como un hecho impeditivo de las pretensiones de los litigantes ímprobos que ha de permitir desestimar la demanda en la sentencia definitiva. Así como el de las condenas a los daños causados, como sanción a la culpa o dolo en el comportamiento procesal, dictadas por el propio juez de las causas, y también mediante el reconocimiento general de acciones autónomas de invalidación de actos procesales ilícitos, encubiertos de las formas procesales, pero fruto de fraude, dolo o colusión, o en contra de la cosa juzgada colusoria.

Es el concierto entre varias personas para fingir juicios, o situaciones dentro de ellos, lo que caracteriza al fraude colusivo, siendo él una figura propia, y a su vez es diferente a otra anomalía procesal, cual es el abuso de derecho, que consiste en demandar reiteradamente sin derecho alguno a una o más personas, con el solo fin de hostigarla con la profusión de demandas, especie de terrorismo judicial que igualmente debe ser reprimido, por ser contrario al artículo 17 citado.

Es claro para esta Sala, que con el fraude procesal no se juzgan las actuaciones procesales (formales), sino el fraude como tal (dolo en sentido amplio), y por ello un juez se adentra en lo proveído por otros jueces, que pueden haber sido sorprendidos por el conjunto de desviaciones procesales. Piénsese en la situación que surge si, en diversos juicios, una parte obliga a la otra a realizar determinadas actividades procesales bajo violencia. Para demostrar la violencia que anulará los actos cumplidos por su intermedio, la víctima no podrá acudir a probar en cada proceso por separado la violencia, en una miniarticulación probatoria como la del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Como lo que se demanda es la nulidad por violencia, deberá incoarse una acción principal, para que todos los actos procesales, producto de ella, en los diversos juicios, sean anulados.

Si unos cónyuges, con el fin de obtener unas prebendas que sólo corresponden a los divorciados, disuelven judicialmente el vínculo matrimonial, aunque siguen viviendo bajo el mismo techo, sus hijos no se enteran del divorcio, y continúan haciendo vida social como cónyuges cometen una simulación procesal, los perjudicados por ella sólo tienen una vía para revertir el fraudulento estado civil constituido: una acción principal mediante juicio ordinario.

El juicio simulado, especie entre los fraudes, se ataca también mediante una acción autónoma a ese efecto, lo que apuntala el criterio de esta Sala, que el fraude en todas sus expresiones puede ser objeto de tal acción.

A.U.A. en su obra “El Juicio Simulado” (Separata del Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, N° 69, correspondiente a abril/junio de 1977), señala que: “La acción por simulación de un juicio o proceso no es materia del juicio de invalidación, queda a favor de las partes esa acción declarativa para hacerla valer independientemente, como a los demás interesados en general. El Código disciplina también la tercería en el Título Tercero del Libro Segundo, la cual no es una incidencia, sino un procedimiento contencioso iniciado por demanda del tercero opositor en casos circunscritos, acumulables al juicio habido entre las partes contra quienes se propone la tercería, en el cual bien puede el tercero alegar pacto colusorio urdido entre aquellas partes, bastándole tener cuando menos cualidad de acreedor quirografario, la menos favorecida, que le da derecho a los bienes del deudor como prenda común con los demás acreedores, si no hay causas legítimas de preferencia, que son los privilegios y las hipotecas”.

El citado autor, agregaba que “se ha establecido también en la jurisprudencia italiana que: ‘Los acreedores tienen acción directa para impugnar de fraude o simulación las obligaciones de su deudor, aun reconocidas por sentencia en juicio habido entre el deudor mismo y su pretendido acreedor, sin necesidad de impugnarla por la oposición de tercero’ (Casación de Roma en sentencia de 1° de junio de 1901, obra citada, Vol. VI, N° 880)”.

Por su parte E.J.C., citado por Urbaneja Achelpohl, opinaba que: “En esos casos extraordinarios de dolo, fraude o colusión, corresponde acción revocatoria autónoma. Mediante ella se destruyen los efectos de sentencias que de cosa juzgada sólo tienen el nombre, pues en el fondo no son sino el fruto espurio del dolo y de la connivencia” (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, N° 167, págs. 214-215).

Sobre todas estas formas dolosas, enseñaba Josserand (“El Espíritu de los Derechos y sus Costumbres”, Editorial J.M.C., Puebla, México, 1946) que la maldad, la malicia, el rencor o perversión, dispuestos a contrariar los fines de la institución, “es una especie de profanación jurídica que ningún legislador o tribunal puede tolerar”.

Por otra parte, cuando existe un deber, como el establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, no está demás recordar lo que enseña W.Z. (El Dolo Procesal. EJEA. Buenos Aires, 1979) “Antijurídica es toda conducta humana que viole postulaciones o preceptos”. La prohibición del fraude aparece como deber en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil y ¿cómo en muchos casos podrá declararse la antijuridicidad si no es mediante un juicio ordinario?. Como agrega el citado autor, al referirse a la simulación procesal, no es posible que “una conducta dolosa no comprendida en las figuras legisladas haya de quedar sin sanción” (pág. 43. ob. Cit).

En cuanto al alcance de las demandas de fraude se debate si ellas pueden eliminar la cosa juzgada proveniente del falso proceso, o si la inmutabilidad de la cosa juzgada es inatacable y el fallo producto del proceso fraudulento se mantiene, siendo la única vía para enervarlo la invalidación o la revisión, si fuere el caso, las cuales son instituciones que atienden a causales taxativas y particulares

La sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada la dicta el Estado, y al quedar en entredicho esa autoridad, el legislador no ha querido que ella pierda su valor mediante un juicio ordinario; de allí, la existencia de procesos especiales como la invalidación o la revisión de los fallos. Esta ha sido la política legislativa proyectada a mantener la seguridad jurídica que produce la cosa juzgada, y que -en principio- debe ser sostenida.

Cuando el dolo procesal es puntual, dirigido hacia determinados actos procesales, las partes perjudicadas pueden atacarlo dentro del proceso, y no es necesario ni siquiera acudir al amparo constitucional, ya que el dolo o el fraude van a surtir efectos en la sentencia definitiva y antes que ella se dicte dentro del proceso, pueden repelerse sus efectos perjudiciales. El legislador tomó en cuenta algunos de estos actos dolosos particulares, como causales de invalidación o revisión, en juicios donde ya existe cosa juzgada.

Pero la situación es diferente cuando se fingen procesos, o litis inexistentes dentro de ellos. En estos casos hay una apariencia parcial o total de proceso. Se trata de actuaciones judiciales que violan el debido proceso (artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), y que cuando alguna de estas causas llega a la etapa de la sentencia ejecutoriada, sin que pueda ser atacada por la invalidación, la única vía posible para enervar el masivo fraude, con las cosas juzgadas que se han hecho inatacables por las vías ordinarias, es o el amparo constitucional, con el fin de eliminar los efectos de los aparentes, aunque inexistentes procesos, o como destacaba A.U.A. (ob. Cit.), en el caso de procesos simulados, la acción de simulación prevista en el artículo 1281 del Código Civil. Se está ante un conjunto de formas, pero no ante un proceso real, y si el asunto no ha sido juzgado negativamente con anterioridad, rechazando el fraude, el amparo para restablecer la situación jurídica infringida con la farsa, es en estos supuestos de la cosa juzgada, una de las pocas vías posibles, a pesar de las limitaciones que para estos logros ofrece el proceso de amparo, y dentro de él la prueba del dolo.

Esta Sala Constitucional y la de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en fallos que se citan en esta sentencia, han declarado de oficio en procesos de amparo constitucional la inexistencia de procesos aparentes, por ser contrarios al orden público. Si ello se ha realizado de oficio, con mucha mayor razón procederá a instancia de parte, si se constatan los vicios.

En estas acciones de amparo que atacan la cosa juzgada, dirigidas contra el o las personas fraudulentas (los colusionados), la solicitud abarcará al Estado, con el fin de que éste defienda las sentencias que han adquirido autoridad de cosa juzgada y que emanan de él.

La Sala hace todas estas acotaciones, porque en fallo fechado el 9 de marzo de 2000 al resolver un amparo, declaró inexistente un proceso con sentencia firme, por considerarlo fraudulento y, por lo tanto, contrario al orden público, y tal declaratoria tuvo lugar como resultado de actos que a juicio de esta Sala demostraban inequívocamente la utilización del proceso con fines diversos a los que constituyen su naturaleza.

En muchas oportunidades hay que armonizar principios y normas constitucionales que entre sí se contraponen. La seguridad jurídica que garantiza la institución de la cosa juzgada se enfrenta a la violación del orden público y de las buenas costumbres, siendo necesario para el juez determinar cuál principio impera, y, en relación con el amparo constitucional que puede ser incoado en los casos bajo comentario, es necesario equilibrar valores antagónicos.

Es indudable que la intención del legislador ha sido precaver la seguridad jurídica, de allí la existencia de lapsos preclusivos para interponer la invalidación o la revisión (diferente a la prevista en el numeral 10 del artículo 336 de la vigente Constitución). Pero también es cierto que la tuición del orden público debe dejar sin efecto el lapso de caducidad de seis meses para incoar la acción de amparo (numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales). Es función del intérprete conciliar estos principios y normas contradictorias y de allí, que en aras de la seguridad jurídica que emerge de la cosa juzgada, y que evita la existencia de una litis perenne, y para armonizar tal principio con la protección del orden público, lo legítimo es considerar que en estos casos procede -a pesar de sus limitaciones- un amparo constitucional contra el o los procesos fraudulentos que producen cosa juzgada, el cual puede intentarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que el agraviado haya tenido conocimiento de los hechos. Es cierto que tal interpretación choca con la protección del orden público, contenido en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pero con ella, defendiendo los derechos de la víctima, se precave también la seguridad jurídica. De todas maneras, siempre es posible la revisión constitucional, facultativa para la Sala Constitucional, si siendo aplicable en las instancias el control difuso de la Constitución solicitado por las partes, éste no se llevó a cabo en los juicios impugnados. Igualmente, en casos de amparo, como ya lo ha declarado esta Sala, detectado el fraude, el juez de oficio podrá constatarlo y reprimirlo.

A juicio de esta Sala, es mucho más grave cuando el Estado, por medio del Poder Judicial, está involucrado en el fraude, o ha violado su obligación de proveer al juez natural, o ha producido fallos inexistentes (aunque con apariencia de reales). En estos casos, como una garantía constitucional para las víctimas del Estado, no puede existir un lapso de caducidad que permita entronizar la injusticia notoria.

Aunque la Sala ha sido clara en relación con el estado y efectos del fraude procesal en nuestro derecho adjetivo, sobre todo el que ha originado una cosa juzgada y su posible corrección, en cuanto a la existencia de acciones autónomas para debelarlo, no está de más citar a J.W.P. (El P.A., ob. Cit. Pág. 182), quien opina que la cosa juzgada producto del fraude puede ser revertida mediante pretensión autónoma nulificatoria, que con mayor razón tiene que existir antes de que se consolide el fraude a través de la sentencia firme. Peyrano expresa:

[...] Pensamos que –con el tiempo- la pretensión autónoma nulificatoria de sentencia firme terminará por imponerse sobre las otras vías propuestas (recurso de revisión, oposición de terceros, incidente de nulidad, etc.) para cancelar la fuerza de la cosa juzgada. La amplitud de cognición que presupone (que resulta necesaria por la seriedad de la materia debatida) y la pluralidad de instancias que brinda (recuérdese que la sentencia que acoge o desestima la pretensión de revisión, es pasible de la interposición a su respecto de los recursos de los recursos de apelación, nulidad y extraordinario si correspondiera), constituyen –entre otras- poderosas razones que avalan el susodicho pronóstico.

También creemos –o por lo menos lo esperamos- haber subrayado suficientemente un punto que se nos ocurre esencial. Cualquier circunstancia (inclusive las fortuitas) puede erigirse en factor determinante del dictado de una sentencia inicua.

Por supuesto que rechazamos de plano la posibilidad de que quien resulte perdidoso en un pleito de modo definitivo (por haber agotado las instancias recursivas) pueda luego volver a tentar suerte con el expediente de deducir la pretensión aquí examinada. Nada de eso. Es que quien la deduzca no podrá –si desea tener éxito- limitarse a repetir los argumentos vertidos sin fortuna en el anterior proceso concluido. Deberá, en cambio, satisfacer los recaudos de progreso que hemos reseñado mas arriba

.

En cuanto a los recaudos que deben concurrir para que prospere una pretensión nulificatoria de sentencia firme, el autor comentado nos señala:

1. “Tiene que mediar –efectivamente- la existencia de una sentencia de mérito pasada en autoridad de cosa juzgada.

2. El dictado de la sentencia cuya eficacia se pretende cancelar, debe haber obedecido a la interferencia de un ‘entuerto’ ; entendiendo esto último como cualquier circunstancia (objetiva o subjetiva, dolosa o fortuita) que ha incidido para que aquélla no reflejara la verdadera voluntad del ordenamiento.

3. Como corresponde exigir de toda nulidad con resonancias procesales, cuando se reclama la nulidad de una sentencia firme también es menester demostrar que, realmente, con su emisión se ha provocado un perjuicio. El proceso no es una ‘misma jurídica’. Ergo, quien pretenda hacer tambalear la estabilidad de la cosa juzgada deberá aportar la prueba acerca del daño que le irroga la sentencia en cuestión.

4. La justicia humana es fraccionada. Es decir que –necesariamente- debe practicar un corte en la secuencia incesante del devenir causal. Caso contrario, por ejemplo, el agente productor del ‘entuerto’ vería caer sobre sus espaldas las mas remotas consecuencias de su proceder. De ahí que deba establecerse si el perjuicio que se alega está ligado por una causal adecuada con la cosa juzgada que se pretende revisar. Si la sentencia atacada no puede ser considerada causa adecuada del daño invocado por el pretensor, obvio es que aquélla debe confirmar su firmeza. Es que el pretensor no podría exhibir un perjuicio computable y por ende no se cumpliría una de las condiciones que –necesariamente- deben concurrir para dar por tierra con una sentencia firme.

5. Conforme con los lineamientos básicos en materia de preclusión, parece evidente que si el afectado por el entuerto no ha utilizado (pudiendo hacerlo) los remedios legales ordinarios(por ejemplo, la interposición del recurso de apelación) aptos para removerlo, no puede luego deducir la pretensión que nos ocupa. En cierto modo, la pretensión examinada es de índole subsidiaria, dichos esto en el sentido de que entra a operar siempre y cuando no hayan podido terciar otras vías igualmente idóneas (aunque sea de modo indirecto) para remover el entuerto padecido.[...]”.

El accionante en esta causa denuncia y fundamenta su acción en un fraude procesal. Dicho fraude afirma, se cometió en varios procesos, motivo por el cual ha incoado varios amparos. Pero, no afirma en qué consiste el fraude, ni quien lo cometió, ni cuando ocurrió, ni quiénes intervinieron en él, por lo que no hay hechos que permitan a esta Sala calificar su realidad, ni sus alcances, existiendo sobre él una total ausencia de elementos que incluso hacen inaplicable el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de que se aporten los datos necesarios para conocer los hechos, ya que no cumple el escrito de amparo en lo relativo al tema del fraude, con ninguno de los requisitos del artículo 18 eiusdem, y no es la Sala quien puede sustituir la carga procesal del accionante…”

Que no obstante este Tribunal observa que de las actuaciones procesales no consta ni fue remitido por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Estado Aragua, copias certificadas de la demanda que por FRAUDE PROCESAL fuera incoado por la abogada en ejercicio JANNEFER GRATEROL MORA, contra los ciudadanos R.M.V., M.M. ANSART, KÉLYS ALCALÁ KEY, KATIUSKA CHIRINOS JIMÉNEZ, L.R.G., ANÍBAL BRICEÑO MÉNDEZ y la Sociedad Mercantil REPRESENTACIONES A.B.J.C.., que dice tramita en el Expediente Nº 11.025 (nomenclatura propia de ese Juzgado) y por lo cual este Tribunal se encuentra imposibilitado de efectuar un análisis exhaustivo acerca de si lo planteado en ese Expediente guarda relación directa con el Expediente Nº 33.347, como se expresa en el Oficio antes mencionado, lo cual parece ser un error, ya que, éste se refiere a una Demanda seguida por A.M.M. contra R.D.P. por DIVORCIO (Procedimiento “Ordinario”), el cual parece haber sido Declinada la competencia a favor de los Juzgado de Primera Instancia de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Aragua, con Oficio Nº 343-01 en el año 2001, y no se encuentra físicamente en este tribunal, que por las menciones del Oficio pareciera referirse es a la causa aquí contenida (en el Expediente Nº 34.347), más aun con vista de la diligencia de fecha 15 de diciembre de 2005, efectuada por la abogada JANNEFER GRATEROL MORA, Inpreabogado Nº 64.073, mediante la cual anexa copia simple del auto de admisión donde se ordenó librar el Oficio mencionado; causa ésta en la que ciertamente se ha denunciado una de las situaciones que pueden ser encuadradas dentro del DOLO PROCESAL (Latu Sensu), denunciable y perseguible no sólo por la vía o remedio endógeno de solicitud de NULIDAD de las actuaciones que se dicen viciadas, sino también exógena y que es la expresada como ejercida DEMANDA AUTONOMA POR FRAUDE PROCESAL y que dice haber sido incoada por la supuesta victima de un fraude, y en la que de igual forma figuran como “partes” interesadas en la decisión a tomar los mencionados en el oficio participativo de la “decisión” tomada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Estado Aragua, en el Expediente Nº 11.025 (nomenclatura propia de ese Juzgado), que acordó la acumulación y suspensión de éste Expediente o Procedimiento a aquel, toda vez que de acuerdo a diligencia de fecha 10 de junio de 2002, el abogado R.M.V., actuando según dijo en su carácter de apoderado judicial de PRODUCCIÓN E INVERSIÓN AVICOLA PROINVISA S.A., inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 50, Tomo 165-A PRO el 13 de Agosto de 1980, parte actora y expresando estar debidamente facultado para ello según el poder autenticado que dice cursa en autos, por una parte y por la otra, el ciudadano ANIBAL BRICEÑO MENDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.936.738, domiciliado en Caracas, aquí de tránsito, asistido por la abogado KATIUSKA CHIRINOS JIMENEZ, Inpreabogado Nº 94.267, expresaron lo siguiente:

…Yo, R.M.V., actuando en mi carácter de apoderado judicial de la demandante, de conformidad con el artículo 1557 del Código Civil, CEDO al ciudadano ANIBAL BRICEÑO MENDEZ, arriba identificado, todos los derechos, acciones y sus accesorios, que pertenecen a mi representada PRODUCCIÓN E INVERSIÓN AVICOLA PROINVISA, S.A., con motivo de la demanda que por cobro de bolívares intentara en contra del ciudadano L.F.D., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 7.375.807, quien realiza su giro comercial a través de la firma personal FRIGORIFICO COSTA AZUL, debidamente inscrita ante el registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara el 24 de Noviembre de 1980, bajo el No. 52, Tomo 3-G. Los derechos litigiosos que en nombre de mi representada aquí cedo, son los que se derivan del juicio que se ventila ante este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y que se sustancia bajo el expediente No. 34347 de la numeración interna de este Tribunal. De conformidad con el Artículo 1479 del Código Civil, ambas partes convienen que el precio de esta cesión sea fijado por la ciudadana R.V.B.C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.291.637 y de este domicilio, después de finalizado el juicio que contiene los derechos litigiosos que aquí se ceden. Con el otorgamiento de esta escritura hago a la cesionaria la tradición legal de los derechos y las acciones aquí cedidos y queda obligada mi representada al saneamiento de ley. Y yo ANIBAL BRICEÑO MENDEZ, antes identificado, declaro que acepto la cesión de los derechos litigiosos que en este acto se me hace y como consecuencia de la cesión aquí realizada, solicito que el Tribunal se me tenga a partir de este acto, como parte demandante en el presente juicio en sustitución de la cedente PRODUCCIÓN E INVERSIÓN AVICOLA PROINVISA, S.A.., El secretario del Tribunal se servirá certificar que las otorgantes se identificaron con las cédulas de identidad Nros. 3.041.720 y 3.936.738. Es todo firman junto con el Secretario…

Y en virtud de lo anterior en fecha 10 de junio de 2002, el ciudadano ANIBAL BRICEÑO MENDEZ, identificado en autos asistido por la abogada KATIUSCA CHIRINOS JIMENEZ, Inpreabogado Nº 94.267, le otorgó poder a la misma y en fecha 18 de noviembre de 2002, la abogada L.M.A.R., Inpreabogado Nº 24.040, actuando según expresó en su carácter de apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil PRODUCCIÓN E INVERSIÓN AVICOLA PROINVISA, S.A., mediante escrito expresó lo siguiente:

…En fecha 10 de junio del corriente año, mediante diligencia que corre inserta al antepenúltimo folio, es decir 53 y vuelto ( no esta foliado) del presente expediente, el representante judicial de Producción e Inversión Avícola Proinvisa S.A. para ese momento, abogado R.M.V., pretendió ceder, en nombre de mí representada, todos los derechos, acciones y sus accesorios, que le corresponden con motivo de la demanda que por cobro de bolívares intentara en contra del ciudadano L.F.D., titular de la cédula de identidad Nro. 7.375.807, quien realiza su giro comercial a través de la Firma Personal Frigorifico Costa Azul, inscrita en el registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara bajo el Nro. 52, Tomo 3G del 24 de Noviembre de 1980, al ciudadano ANIBAL BRICEÑO MÉNDEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 3.936.738. Del contenido de la pretendida cesión, no se evidencia en forma expresa el precio, monto o cantidad en la que se efectúa la misma, sólo se limitan a establecer que: "...ambas partes convienen que el precio de esta cesión sea fijado por el ciudadano G.G...."(Negritas y subrayado nuestro), de la trascripción que antecede, vemos claramente que no se fijo el precio en el momento de celebrarse el contrato, ni la oportunidad en que éste se fijaría, así como no consta, la aceptación del nombrado para hacer el justiprecio.

Establece el artículo 1549 del Código Civil: " La venta o cesión de un crédito, de un derecho o de una acción son perfectas, y el derecho cedido se trasmite al cesionario, desde que haya convenio sobre el crédito o derecho cedido y el precio, aunque no se haya hecho tradición." (Negritas y subrayado nuestro). El contrato de cesión, al igual que todos los contratos, deben reunir los requisitos exigidos en el código civil, así pues lo contempla, el artículo 1140 ejusdem que dice: " Todos los contratos, tengan o no denominación especial, están sometidos a las reglas generales establecidas en este Título, sin perjuicio de las que se establezcan especialmente en los Títulos respectivos para algunos de ellos en particular, en el Código de Comercio sobre las transacciones mercantiles y en las demás leyes especiales.

El contrato de cesión por excelencia, debe reunir los requisitos exigidos por la ley, al no haber convenio en el precio, tampoco hay consentimiento al respecto, lo cual trae como consecuencia la inexistencia del convenio. El consentimiento implica un concurso de voluntades que se integran, que convergen en un mismo punto, y es necesario que las propuestas se conozcan y se elabore un resultado final derivado del conocimiento de los distintos elementos que conforman el contrato. En otras palabras, las partes contratantes manifiestan su Voluntad de celebrar el contrato, sobre la base del conocimiento de su objeto, y demás características; en el caso particular de la cesión que nos ocupa, la manifestación de voluntad presupone el conocimiento y el acuerdo mutuo sobre los derechos y acciones objeto de la cesión pero no del precio de la cesión.

Así pues, ha sido el criterio de nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia antes Corte Suprema, en sentencia dictada en fecha 18 de Junio de 1987 con ponencia del Magistrado Dr. A.F.C., la cual estableció:

… Que el precio de la cesión por disposición expresa de la ley constituye un elemento esencial para la existencia del acto jurídico…” me permito acompañar copia de parte de la sentencia publicada en el Código Civil Venezolano, por E.C.B., Pág. 1320.

Ciudadano Juez, mí representada, ve cercenado sus derechos de ejecutar la acreencia contra el demandado, toda vez, que el abogado R.M.V. pretendió ceder los derechos, acciones y accesorios que le corresponden por la presente causa a mi mandante, sin conseguir, ni generar algún beneficio económico para ella.

En virtud de todos y cada uno de los alegatos esgrimidos, es por lo que ocurro ante su competente autoridad, en nombre y representación de PRODUCCIONES E INVERSIONES AVICOLAS PROINVISA S.A. para que declare la NULIDAD ABSOLUTA de la pretendida cesión, todo de conformidad con los artículos 1141 y 1549 del Código Civil, toda vez que convenido, solo fue una expectativa para la celebración de la misma, al estar esta sujeta a un precio futuro y existente al momento de celebrarse, y se tenga como parte actora a mi representada PRODUCCION E INVERSIÓN AVICOLA PROINVISA S.A. En este domicilio el Dr. J.M.O. en su Obra “Doctrina General del Contrato”, sostiene lo siguiente:

…A. Según esto, los caracteres que distinguen a la nulidad absoluta son los siguientes:

1º La legitima activa para hacer valer la nulidad corresponde a cualquiera que tenga interés en hacerla valer. De la misma manera, la nulidad del acto podrá ser invocada contra cualquier persona. Siendo existente el acto, esta inexistencia se impone a todos, por lo que bastara que la nulidad haya quedado comprobada ante el Juez para que este deba declararla en cualquier estado y grado de la causa, aun de oficio…

.( J.M.O.. “Doctrina General del Contrato”, Tercera Edición, Pagina 335) ;(Subrayado nuestro)

Solicito respetuosamente al secretario deje constancia de haber tenido a su vista el original del instrumento poder que acredita mi representación.

Establezco como domicilio procesal de mi representada la siguiente dirección Edif. Unible, nivel Mezzanina, Of. Nro 1, Calle S.M.M.E.A..

Admitida que sea la presente solicitud, pido al tribunal la sustancie conforme a derecho y declarada con lugar, es justicia que espero en la ciudad de Maracay a la fecha de su presentación…”. (Folios 118 y 119)

Por lo antes expresado este Tribunal observa que la demanda contenida en el Expediente Nº 11.025, nomenclatura propia del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Estado Aragua, por FRAUDE PROCESAL se manifiesta como una causa CONTINENTE con respecto a ésta CONTENIDA y que se encuentra en FASE DE EJECUCIÓN, pero en la que a su vez se encuentra pendiente DECIDIR UNA INCIDENCIA PROCESAL referente a una solicitud de nulidad de unas actuaciones llevadas a cabo presunta o supuestamente entre la parte actora y un tercero, manifestándose así un fuero atrayente funcional que determina la competencia para conocer y que obstan a su seguimiento “propio” contra la parte demandada, lo cual hace procedente aceptar y ordenar la acumulación de este Expediente a aquel, a los fines de que bajo las formas reposadas del JUICIO ORDINARIO allá llevado, de manera superviniente y con apariencias de ser por continencia, con absoluta garantía del derecho a la defensa, debido proceso y en resguardo del orden público involucrado, se decida sobre lo allá y aquí planteado en la forma y oportunidad legalmente establecido y así lo declarará enseguida. Y así se declara y decide.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal considera que lo procedente en este caso es ordenar la suspensión del presente procedimiento y su acumulación al Expediente Nº 11.025, nomenclatura propia del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Estado Aragua, contentivo de la demanda que por FRAUDE PROCESAL fuera incoado por la abogada en ejercicio JANNEFER GRATEROL MORA, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil PRODUCCIÓN E INVERSIÓN AVICOLA PROINVISA S.A., contra los ciudadanos R.M.V., M.M. ANSART, KÉLYS ALCALÁ KEY, KATIUSKA CHIRINOS JIMÉNEZ, L.R.G., ANÍBAL BRICEÑO MÉNDEZ y la Sociedad Mercantil REPRESENTACIONES A.B.J.C.., y así lo declarará este Tribunal enseguida. Y así se declara y decide.

DISPOSITIVA:

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia emanada de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: LA SUSPENSIÓN del presente procedimiento y su ACUMULACIÓN AL EXPEDIENTE Nº 11.025, nomenclatura propia del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Estado Aragua, contentivo de la demanda que por FRAUDE PROCESAL fuera incoado por la abogada en ejercicio JANNEFER GRATEROL MORA, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil PRODUCCIÓN E INVERSIÓN AVICOLA PROINVISA S.A., contra los ciudadanos R.M.V., M.M. ANSART, KÉLYS ALCALÁ KEY, KATIUSKA CHIRINOS JIMÉNEZ, L.R.G., ANÍBAL BRICEÑO MÉNDEZ y la Sociedad Mercantil REPRESENTACIONES A.B.J.C..

Por la naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en Costas.

Conforme a lo establecido en los Artículos 233 y 251 Código de Procedimiento Civil, notifíquese de la presente decisión mediante boletas a los interesados, Sociedad Mercantil PRODUCCIÓN E INVERSIÓN AVICOLA PROINVISA S.A., el ciudadano ANIBAL BRICENO MENDEZ, antes identificado y el ciudadano L.F.D., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 7.375.807, con presunto domicilio en la siguiente dirección: Final Calle 29, entre 1 y 2, Barrio San José, Barquisimeto, Estado Lara y sobre el cual se acuerda comisionar amplia y suficientemente al Juzgado Distribuidor con competencia Territorial en la ciudad de Barquisimeto del Estado Lara, a los fines de que por intermedio del alguacil del tribunal que resulte asignado, practique la notificación ordenada, y anexándosele la boleta respectiva.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil seis (20-10-2006) Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

EL JUEZ,

Dr. PEDRO III PÉREZ

EL SECRETARIO,

Abg. LEONCIO VALERA

En la misma fecha se cumplió lo ordenado y se publicó y registró la presente decisión siendo las 11:00 a.m., se libraron boletas de notificación, despacho de comisión y Oficio Nº _____-06.

EL SECRETARIO,

Abg. LEONCIO VALERA

Exp N° 34.347

PIIIP/lv/

C:\Documents and Settings\Dr Pedro\Mis documentos\NARRATIVA PROINVISA 8 EXP\Exp 34347 (acepta o no acumulación y remite o no al Juzg Tercero).doc