Decisión nº PJ0072012000148 de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 19 de Junio de 2012
| Fecha de Resolución | 19 de Junio de 2012 |
| Emisor | Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Ricardo Rafael Sperandio Zamora |
| Procedimiento | Cobro De Bolívares |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 19 de Junio de 2012
202º y 153º
ASUNTO: AH17-X-2012-000017
PARTE DEMANDANTE: BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL, C.A., creada según Decreto Nro. 7598, de fecha 03 de Agosto de 2010, publicado en Gaceta Oficial Nro. 5.992, Extraordinario de fecha 04 de Agosto de 2010, dicha sociedad se encuentra domiciliada en Caracas, Distrito Capital, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo del distrito Capital, en fecha 18 de Diciembre de 2009, bajo el Nro. 42, tomo 288-A-Sdo; sucesor a titulo universal del patrimonio de las sociedades mercantiles BANFOANDES BANCO UNIVERSAL COMPAÑÍA ANOMIMA BANFOANDES C.A. BANCO CONFEDERADO, S.A. C.A. CENTRAL BANCO UNIVERSAL, BANNORTE (BANORTE) BANCO COMERCIAL, C.A. y BOLIVAR BANCO C.A.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: R.C.B., RICARDO, A.N.U., L.G.D.D., M.C.G. CAMERO, SULIMAR VALLENILLA CORRO, GUSTAVOA R.N.S., L.N.Z.T., E.V., P.M.E.M.G., R.E. ROJAS FIGUEROA, FRANCCY B.B.Z. y K.D.R., abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 23.221, 21.085, 11.914, 41.705, 23.462, 11.49, 131.643, 149.132, 23.224, 82.358, 70.046 y 83.962 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil EXPRESOS EL CANAL, C.A., domiciliada en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil, Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 28 de Mayo de 2009, bajo el No. 36, Tomo A-50, en la persona de sus Directores Principales ciudadanos R.A.C. y V.A.S.G., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nos. 6.518.059 y 17.529.815, respectivamente
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: no constituyó en autos apoderado judicial alguno.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES
I
Corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto a la medida solicitada por la parte actora en el escrito libelar, quien la solicitó en los siguientes términos:
...En virtud de la disposición contenida en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, solicitamos con todo respeto a este d.T. que decrete MEDIDA DE EMBARGO PROVISIONAL, sobre los bienes propiedad de la parte demandada EXPRESOS EL CANAL C.A., antes identificada que oportunamente señalaremos…
II
Planteada la petición cautelar interpuesta por la accionante, procede este Tribunal a pronunciarse respecto a la misma, con base a las siguientes consideraciones:
El Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama
. (Resaltado del Tribunal).
De la norma transcrita ut supra se evidencia la instrumentalidad como característica esencial de las medidas preventivas, destinadas a precaver el resultado práctico de un juicio, y la existencia de dos (2) requisitos concurrentes para su procedibilidad, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama o fumus boni iuris y, la presunción grave de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo denominado periculum in mora.
Así mismo el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:
Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas…
Conforme a las normas antes citadas se evidencia que el legislador pretende por el procedimiento cautelar garantizar las resultas del juicio, previo cumplimento de ciertos requisitos conocidos doctrinalmente como periculum in mora (peligro de retardo), que es la posibilidad de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo o que aún cuando esta pueda verificarse, no obstante el transcurso del tiempo se imponga al accionante una carga o gravamen no susceptible de ser restituido por la definitiva, lo que sería, en esencia, una razón justificable de la protección cautelar basada en la tardanza o dilación en administración de justicia, aún en los casos en que la misma sea alcanzada en los lapsos procesales preestablecidos o haciendo uso de procesos cuya duración sea breve y expedita y fummus bonis iuris (presunción de existencia del derecho), se encuentra constituido por una apreciación apriorística que debe efectuar el Juzgador sobre la pretensión deducida por el solicitante en base a lo alegado y a los documentos traídos a los autos.
En el presente caso estamos en presencia de un procedimiento por intimación en el que fueron acompañados los instrumentos fundamentales que se señalan como necesarios para este tipo de procedimientos en el artículo 644 del Código de Procedimiento Civil. Aunado a lo anterior y teniendo como basamento firme el artículo 646 ejusdem, observa este Juzgador que si bien es cierto, las normas antes transcritas establecen el derecho del actor a solicitar medida, no es menos cierto que, para que una medida preventiva pueda ser acordada, tiene que existir una prueba fehaciente de la existencia del fundado temor que la parte alega, y de una verdadera y real justificación conforme lo disponen las referidas normativas legales, ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, si de los alegatos y medios de prueba traídos a los autos por la parte actora se verifica el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas.
Atendiendo a lo antes razonado, vistos los alegatos esgrimidos por la parte actora y la documentación consignada por ésta, considera este órgano jurisdiccional que además de estar debidamente cubiertos los extremos legales concurrentes para poder decretar el pedimento cautelar en cuestión, estamos en presencia frente a un procedimiento especial en el que el legislador ha sugerido hacer que este tipo de medidas sean acordadas por los jueces sustanciadores sin mayores exigencias, en tal virtud resulta imperante y legítimo para este administrador de justicia decretar la medida cautelar solicitada por la parte intimante y ASÍ SE DECIDE.
III
En virtud de los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente esgrimidos, este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PROVISIONAL, sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada Sociedad Mercantil EXPRESOS EL CANAL, C.A., domiciliada en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil, Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 28 de Mayo de 2009, bajo el No. 36, Tomo A-50, en la persona de sus Directores Principales ciudadanos R.A.C. y V.A.S.G., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nos. 6.518.059 y 17.529.815 respectivamente, hasta cubrir la cantidad de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN BOLIVARES CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (Bs.29.554.081,32), suma que corresponde al doble de la cantidad demandada, más las costas prudencialmente calculadas por éste Tribunal, en la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLIVARES CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs.2.686.734.66) suma esta ya incluida en la cantidad anterior y corresponde al veinte por ciento (20%), de la suma líquida demandada.- Si la presente medida recae sobre sumas líquidas de dinero, la misma deberá ser practicada hasta por la cantidad de DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS SIETE BOLIVARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 16.120.407.99), suma esta que corresponde a la cantidad líquida demandada más las costas supra señaladas.
A los fines de la práctica de la medida, se insta a la parte interesada a señalar el Juzgado a comisionar.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 7º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 19 de Junio de 2012. 202º y 153º.
EL JUEZ,
R.S.Z.
LA SECRETARIA
YAMILET J. ROJAS M.
En esta misma fecha, siendo las 12:54 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA
YAMILET J. ROJAS M.
Asunto: AH17-X-2012-000017
