Decisión de Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Abril de 2012

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

ESTADO ZULIA.

Maracaibo, veintisiete (27) de abril de dos mil doce (2012)

202° y 153°

Visto el escrito de solicitud de MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO, presentado por la abogada en ejercicio A.P.A.M., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-17.684.393, e inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 129.503 actuando con el carácter apoderada judicial de la sociedad mercantil BANCO PROVINCIAL S.A., BANCO UNIVERSAL, domiciliada en la Ciudad de Caracas, originalmente inscrita ante el Registro de Comercio llevado por el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, el 30 de Septiembre de mil novecientos cincuenta y dos (1952), anotado bajo el Nº 488, Tomo 2-B, que fue transformado en Banco Universal según documento inscrito por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Mirando, el día tres (03) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996), bajo el Nº 56, Tomo 337-A Pro. Y cuyos estatutos vigentes están contenidos en un solo texto, conforme a documento registrado pro ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día cinco (05) de diciembre del año dos mil cinco (2005), bajo el Nº 30, tomo 179-A Pro; mediante el cual manifiestan lo siguiente:

…Es por ello, que como quiera que la obligación está totalmente vencida al no haber el Deudor cumplido con la obligación de pagar la totalidad de las cuotas pactadas, con ocasión del incumplimiento reiterado del ciudadano Y.B.P., antes identificado, lo que hace exigible esta obligación e inútiles como han sido las gestiones amistosas de cobranza realizadas al efecto, con fundamento en los artículos ut supra indicados, es que procedo a demandar por Cobro de Crédito Agrario al mencionado ciudadano; a fin de le sean pagadas a mi mandante las siguientes cantidades de dinero:

PRIMERO: La suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO BOLÍVARES FUERTES CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs.F 448.705,69) correspondiente, intereses convencionales vencidos e intereses moratorios generados.

SEGUNDO: Los intereses moratorios causados por la falta de pago del capital y los intereses convencionales, calculados a la rata estipulada en tres (3) puntos porcentuales adicionales a la tasa de interés anual pautada, venciendo a partir de la presente fecha y hasta el definitivo pago de la deuda.

TERCERO: Los costos, costas y honorarios profesionales que este procedimiento acarree hasta su total terminación.

Ahora bien, como quiera que aun cuando se ha intentado en múltiples oportunidades lograr el pago por parte del deudor Y.J.B.P., hoy demandado en autos, de las cuotas insolutas y los correspondientes intereses, el mismo no ha cumplido con la obligación asumida. Más aún han sido infructuosas tales gestiones de cobranza. Así las cosas ciudadano Juez, es palmario el riesgo manifiesto de que el demandado continúe sin honrar las obligaciones adquiridas para con mi representada, como en efecto lo ha hecho hasta la fecha.

En ese sentido, de los Artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil aplicado a la materia que nos ocupa, se desprende que los únicos requisitos de procedencia de las medidas cautelares, lo constituyen: la verosimilitud del buen derecho, es decir, el FUMUS BONIS IURIS y el PERICULUM IN MORA, condición que traduce el temor objetivo por parte del pretensor, de ver frustrado su Derecho.

Sobre el primer elemento que debe existir, éste surge exclusivamente de los términos de la demanda y de los documentos acompañados de ella, libremente apreciados por el Juez; lo cual en este caso, está plenamente evidencia en los documentos que se acompaña como fundamento de la acción, muy especialmente al ya referido Contrato e Crédito con garantía hipotecaria. El segundo elemento, que consiste en el temor fundado de que quede ilusoria la ejecución del fallo, se verificación deviene de la presunción de existencia o que pueda ocurrir un daño bien sea por la violación o desconocimiento de del Derecho, como por los hechos del demandado durante el curso del juicio, propensos a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.

Por todo lo antes expuesto ciudadano Juez, y ante el flagrante y deliberado incumplimiento del demandado en detrimento de los derechos y menoscabo del patrimonio de mi representada; solicito muy respetuosamente, que a tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del Artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, se sirva decretar Medida Preventiva de Embargo que alcancen el doble de la cantidad demandada, sobre bienes muebles propiedad del deudor que no estén afectados a la actividad Agrícola, y de esta manera no contravenir con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, imperante en esta materia; todo con la finalidad de salvaguardar los intereses de mi representada aquí debatidos, empero dando cumplimiento a nuestra legislación patria

.

Tal y como lo dispone el artículo 585 el Código de Procedimiento Civil, Titulo I de las Medidas Preventivas, Capitulo 1, de las Disposiciones Generales:

Las medidas preventivas en establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama

(Cursiva y Negrilla del Tribual).

Al respecto, el Poder Cautelar General del Juez, es aquel que le permite determinar en cada caso concreto la medida más adecuada para obtener esa tutela, ya que la legislación ordinaria no puede precisar las múltiples e infinitas posibilidades de daño o peligro en el derecho de las personas y concretamente de las partes en el proceso; asimismo se concibe como una institución propiamente cautelar en el sentido de que dirigida a la preservación del fallo definitivo en el juicio principal y por ello podemos decir que es una verdadera garantía de las partes en el proceso.

La doctrina ha planteado que es además, una manera de tutelar derecho, ya que corresponden una forma de evitar que una de las partes le cause daño a los derechos de la otra, o que si la lesión es continua, evitar su prosecución. Aunado a ello, refiere una manifestación de la jurisdicción cuando actúa en sede preventiva, todo lo cual es una facultad propia del Juez, la cual al lado de la Función Cognitiva-ejecutiva, componen la llamada función jurisdiccional.

Dentro de la función preventiva existen dos órdenes. El poder genérico de prevención a través del cual el órgano, en este caso el juez, protege un interés supra-procesal y superior al interés de las partes. Esta función si bien es preventiva no podría decirse que sea cautelar no está instrumentalizado o pre-ordenado a un proceso pendiente si no persigue la protección de fines superiores. En base al poder genérico de prevención se dictan medidas de tutela de derechos y con base en el poder cautelar se dictan medidas cautelares.

Al respecto, el Código de Procedimiento Civil, expresa en su artículo 588, Parágrafo Primero, lo siguiente:

…el Tribunal podrá acordar las providencias que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión

. (Cursiva y Negrilla del Tribunal).

Para ello el Juez debe motivar y razonar su fallo, lo que corresponde, de acuerdo a la Doctrina, las condiciones de procedibilidad del decreto de medidas preventivas, señalados de la siguiente manera:

1. PENDENTE LITIS, referida a la existencia de una causa pendiente, en razón de que debe haber un juicio principal cuyas resultas se pretende asegurar.

2. FUMUS BONUS IURIS (presunción grave del derecho que se reclama), corresponde al humo del buen derecho, incluye a las razones de hecho y de derecho de la pretensión, asimismo a las pruebas que la sustenten; que las mismas verifiquen a la apariencia del buen derecho.

3. FUMUS PERICULUM IN MORA, (presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo) refiere por su parte presunción grave del temor al daño, por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese.

4. PERICULUM IN DAMI, el cual se incluye como cuarto requisito de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo Primero del artículo 588 del referido Código, en relación con las medidas innominadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pudiese causar a la otra lesiones graves o de difícil reparación.

Corresponde señalar de forma expresa que el artículo 585 de nuestra norma adjetiva (Código de Procedimiento Civil) prevé dos requisitos de procedibilidad de las medidas preventivas, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama (fumus b.i.) y la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (fumus periculum in mora). Añádase la pendencia de una litis en la cual se decreta la medida, lo cual denota el carácter eminentemente judicial que caracteriza las medidas cautelares.

Aunado a ello resulta importante traer a colación uno de los principios generales que rige el Derecho Procesal Agrario, esto es, el Principio que establece el procedimiento agrario como instrumento fundamental para la realización de la justicia, el cual se basa específicamente a lo establecido en el artículo 154 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual expone.

El estado garantizará una justicia, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles

. (Cursiva y Negrilla del Tribunal).

Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional antes de pronunciarse en razón de lo solicitado, estima necesario reseñar lo establecido en el artículo 244 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario la cual establece:

Las medidas establecidas en el Código de Procedimiento Civil las decretará el Juez o jueza sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama

(Cursiva y Negrilla de Tribunal).

Ahora bien, de una revisión exhaustiva de las actas procesales, evidencia este Jurisdicente, que la presente causa, corresponde una solicitud de MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO SOBRE BIENES MUEBLES tendiente a garantizar la eficacia de las sentencias que se dictan, es decir, las resultas del juicio y en este mismo sentido evitar daños irreparables o de difícil reparación a las partes mientras dure el proceso que por COBRO DE CRÉDITO AGRARIO sigue la Sociedad Mercantil BANCO PROVINCIAL S.A; BANCO UNIVERSAL debidamente identificada, en contra del ciudadano Y.J.B.P., ya identificado.

En principio se recibió ante este Órgano Jurisdiccional, demanda por EJECUCIÓN DE HIPOTECA, en fecha tres (03) de octubre de dos mil once (2011), se admitió la presente y se ordenó intimar a la parte demandada, asimismo se decretó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble con todos sus anexos, mejoras, construcciones, instalaciones, pertenencias y las bienhechurías en él existentes y las que llegaren a existir en el futuro, ubicadas sobre unas parcelas de terreno baldíos en el asentamiento campesino La Acataya Sector Alto Viento en jurisdicción de la Parroquia General R.U.d.M.B. del estado Zulia, objeto de la presente acción, ordenándose oficiar al Registrador respectivo, para estampar la correspondiente nota marginal.

Luego de lo narrado anteriormente en fecha, seis (06) de diciembre de dos mil once (2011), mediante Resolución este Juzgado por autoridad que la Ley le confiere EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, declaró la Nulidad de todo lo actuado y repuso la causa al estado que el Sujeto Activo de la Relación procesal Sociedad Mercantil BANCO PROVINCIAL S.A., BANCO UNIVERSAL, suficientemente identificado en las actas procesales, reformule la acción propuesta y la tramita por el procedimiento ordinario agrario, otorgando despacho saneador, a fines de que reformule su acción y la tramita por el procedimiento ordinario agrario.

Es por ello que en fecha, trece (13) de diciembre de dos mil once (2011), mediante escrito la Apoderada Judicial de la parte actora presentó reforma de la demanda por COBRO DE CRÉDITO AGRARIO, en función de un préstamo a interés con garantía hipotecaria por la cantidad de CUATROCIENTES CINCUENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. 455.000,00) destinado a la compra de vacas paridas, novillas entoradas, toros, construcción de vivienda e instalación de tendido eléctrico, según se determino en el contrato.

Ahora bien, en virtud que la reposición de la presente causa se fundamento en la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad, en este caso concreto el procedimiento especial de ejecución de hipoteca previsto en los artículos 660, 661, 662, 663, 664 y 665 del Libro Cuarto, Titulo II, Capitulo IV del Código de Procedimiento Civil; se torna ilusoria las resultas del presente proceso, esto motivo de la inejecución de la garantía hipotecaria, por lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario Vigente el cual establece:

…La unidad de Producción constituida de acuerdo con los términos de esta ley será indivisible e inembargable…

(Negrillas, cursivas y subrayado del Tribunal).

Por ello es preciso señalar un extracto de una Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha, trece (13) de Julio de 1988, con Ponencia del Magistrado Dr. A.R., juicio Carpero, S.A Vs. Cantera C.L.M., C.A; la cual define el objeto de las medidas de la siguiente manera:

…ha sido criterio de la Sala, que las medidas preventivas que decreten los Tribunales de la República, en ejercicio de la jurisdicción contenciosa, están destinadas a asegurar el posible resultado favorable de la sentencia de condena que habrá de recaer en el juicio respectivo. Ellas preparan la ejecución futura y de allí que se presenten estrechamente destinadas, en su naturaleza y función a la responsabilidad procesal de una cualquiera de las partes litigantes…

(Cursiva, Negrilla y Subrayado del Tribunal).

Siguiendo este mismo sentido, en Sentencia Nº 0355, de la Sala Constitucional de fecha, once (11) de mayo de 2000, con Ponencia del Magistrado Dr. H.P.T., juicio Gobernador del Estado Guárico en acción de nulidad. Señala lo siguiente:

“…El fundamento teleológico de las medidas cautelares, reside, tal como señalara el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, siguiendo la doctrina de Chiovenda (S. 19/06-1990, caso Factortame) en el principio de que “la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no debe volverse en contra de quien tiene la razón”. En tales términos, la potestad general cautelar del juez, parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, se presenta como un instrumento para evitar justamente que el necesario transcurso del tiempo que implican los procedimientos de conocimiento completo, opera en contra de la defensa de sus derechos e intereses…”

Con relación a la norma ut-supra transcrita, el artículo 588 ejusdem, señala lo siguiente:

En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:

1°. El embargo de bienes muebles;

2°. El secuestro de bienes determinados;

3°. La prohibición de enajenar y grabar bienes inmuebles.

(Negrillas del Tribunal). (Cursiva y Negrilla del Tribunal).

Vale destacar que, el procedimiento cautelar no es otra cosa que el conglomerado de normas que regulan la función del Juez, distinto a la de instrucción y de decisión, dentro del proceso y que atiende específicamente a la facultad que éste tiene de dictar una serie de medidas tendientes a garantizar la eficacia de las sentencias que dicta y la de evitar daños irreparables o de difícil reparación a las partes mientras dure el proceso, es decir, a resguardar resultas del proceso.

Dentro de la doctrina moderna en materia procesal ha sido tratado el tema con bastante amplitud, entre ellos por Ricardo Henríquez La Roche en su obra Medidas Cautelares, nos dice que existe una completa independencia en la relación de los respectivos procesos de las medidas preventivas y del juicio principal, hasta el punto de que los actos, sucesos y eventualidades que ocurren en uno, no influyen en nada en el otro, salvo, por supuesto, aquellas actos que le ponen fin al proceso como lo son el desistimiento, la conciliación, la prevención, la sentencia definitivamente firme, etc., cuyas trascendentes consecuencias interesan el fin asegurativo de las medidas y los que a través de las previsibles necesidades futuras de la ejecución forzosa modifican el decreto primitivo.

La función cautelar forma parte de la función jurisdiccional que la Constitución y las leyes otorgan al poder judicial y tiene como justificación el evitar los peligros y daños que puedan derivarse por el transcurso del tiempo entre la introducción de la demanda y el pronunciamiento de la sentencia, es decir, por la ineludible demora en los procesos. Si la función jurisdiccional llega tarde, es como si no hubiese llegado y ello es lo que puede ocurrir cuando por efecto de la tardanza en el proceso de cognición se diluya la posibilidad de ver satisfecha la pretensión definitiva.

Es por ello, que se puede concluir que la estrecha vinculación entre las medidas cautelares y la función jurisdiccional, es la de garantizar que la tardanza de los procesos de cognición no lleguen a significar la negación del derecho, del mismo, de manera que la misión del aseguramiento preventivo es al mismo tiempo, un momento de la función jurisdiccional. La función del procedimiento cautelar es doble: la inmediata consiste en la prevención del estado mismo de las cosas sobre las cuales recae la medida y la mediata que es la que tiene que ver con la seguridad para el titular de un derecho, que una vez concluido el proceso de cognición, la ejecución de la sentencia no quede ilusoria y con ello evitar entonces que la justicia se vea burlada y materialmente no haya ninguna justicia, puesto que nada hace el sujeto de derecho de llevar a su fin un proceso que puede resultar largo y costoso para que en definitiva no logre ejecutarlo, porque su deudor se ha insolventado en el ínterin del proceso, y deba esperar a que éste llegue a mejor fortuna, si es que llega a hacerlo.

Ahora bien, el autor patrio Ricardo Henríquez La Roche, nos dice que el embargo preventivo es “el acto judicial a requerimiento de parte, en virtud del cual se sustrae en un depositario cualquier bien mueble del poseedor contra quien obra, con el objeto de suspender provisionalmente los atributos de su derecho de propiedad-Ius abutendi, fruendi et utendi- y tenerlos a las resultas del juicio”. Este concepto ha variado puesto que hoy en día, al exigir el Código de Procedimiento Civil que las medidas deben recaer sobre bienes propiedad del demandado, no basta que el mismo esté en posesión sino que debe ser de su propiedad. El embargo preventivo depende absolutamente de la causa principal y la terminación de ésta supone su inmediata extinción.

Es importante para este Juzgador en fines de la tutela judicial efectiva establecida en nuestra Carta Magna y el derecho a un debido proceso tomar las consideraciones necesarias para asegurar que culminado el juicio no quede ilusoria la ejecución de la sentencia.

Con ello, se encuentran efectivamente satisfechos lo requisitos legales, para el Decreto de la referida medida, de la siguiente manera:

• En cuanto a la existencia de la Pendente Litis, se suple toda vez que existe por ante este Despacho, solicitud de Medida Preventiva de Embargo, a los fines expuestos; ya que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 586 contiene lo siguiente: “El Juez limitará las medidas de que se trata este Título, a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio”. Llevando esto al caso en concreto la Pendente Litis es el Juicio por COBRO DE CRÉDITO AGRARIO incoado.

• En referencia al Fumus B.I., el solicitante invoca el hecho que esta plenamente evidenciado en los documentos que se acompaña como fundamento de la acción, muy especialmente al ya referido Contrato de Crédito con garantía hipotecaria.

• Con relación al Periculum in mora, se desprende de la verificación que deviene de la presunción de existencia o que pueda ocurrir un daño bien sea por la violación o desconocimiento del Derecho, como por los hechos del demandado durante el curso del Juicio, propensos a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada; esto aunado a que se ha intentado en múltiples oportunidades lograr el pago por parte del deudor Y.J.B.P., hoy demandado y el mismo no ha cumplido con la obligación asumida. Más aún han sido infructuosas tales gestione de cobranza, es por ello que el solicitante invoca que es palmario el riesgo manifiesto de que el demandado continúe sin honrar las obligaciones adquiridas, como en efecto lo ha hecho hasta la fecha.

Es por ello que este Órgano Jurisdiccional haciendo uso de las facultades oficiosas y asegurativas que le concede el artículo 244 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario concatenado con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, y visto que están llenados los requisitos de procedencia para decretar la medida solicitada, esta Juzgador considera que debe decretarse de manera inmediata con actos subsiguientes, MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO, a los efectos de la preservación del fallo definitivo en el juicio principal y salvaguardar la verdadera garantía de las partes en el proceso. ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVO

En virtud de los fundamentos anteriormente expuestos, este JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECRETA, MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO; que alcancen el doble de la cantidad determinada, sobre bienes muebles propiedad del ciudadano Y.J.B.P., plenamente identificado, que no estén afectados a la actividad Agrícola de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. ASÍ SE DECIDE.

EL JUEZ,

Dr. L.E.C.S.

LA SECRETARIA ACC,

ABOG. M.B.M.M..

LECS/isa.-