Decisión nº 871 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Noviembre de 2005
| Fecha de Resolución | 18 de Noviembre de 2005 |
| Emisor | Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | Martha Aquino |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Tributario |
Exp. N° 2316 Sentencia N° 871
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR SEXTO DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION CAPITAL
Caracas, dieciocho (18) de Noviembre de dos mil cinco (2005)
195º y 146º
ASUNTO: AF46-U-2004-000026
Mediante distribución del Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Región Capital en fecha veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004), fue asignado a éste órgano jurisdiccional el Recurso Contencioso Tributario interpuesto subsidiariamente al jerárquico en fecha veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999), por ante la Gerencia Regional de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Región Capital, por el ciudadano J.D.C.D.S., portador de la cédula de identidad No. 4.280.148, actuando en su carácter de representante legal de la contribuyente BAR POLLO EN BRASA Y PARRILLADA PRENDASE S.R.L., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha diecinueve (19) de enero de mil novecientos setenta y seis (1976), bajo el N° 16, Tomo 13-A-Sgdo, domiciliada en la AV San Martín, Esquinas de Angelitos a Jesús, Local N° 150, Caracas, asistido por el abogado L.B.R., inscrito en el INPREABOGADO bajo el No 056, contra la Resolución N° GJT-DRAJ-2002-A-3549 de fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil dos (2002), que declaró INADMISIBLE el Recurso Jerárquico interpuesto contra la Resolución No HGJT-A-1390 de fecha diecisiete (17) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999), emanada de la Gerencia Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) , que impuso multa por un monto de OCHENTA Y UN MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 81.000,00), a la contribuyente, en razón de haber presentado en forma extemporánea las porciones N° 1, 2 y 3, del Impuesto a los Activos Empresariales, con base al ejercicio fiscal 1994 y como anticipos para el ejercicio fiscal 1995, incumpliendo lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Impuesto a los Activos Empresariales, en concordancia con el artículo 12 de su Reglamento, lo cual constituye el incumplimiento de un deber formal.
Declarado así, la Administración Tributaria, de conformidad con el Artículo 262 del Código Orgánico Tributario, lo remitió a esta jurisdicción para su distribución, mediante oficio N° GJT-DRAJ-J-2003-7180, de fecha dos (02) de diciembre de dos mil tres (2003), (folio 45).
Recibido el presente Recurso Contencioso Tributario, este Tribunal le dio entrada en fecha veintinueve (29) de enero de dos mil cuatro (2004) y, en el mismo auto, ordenó la notificación de los ciudadanos Contralor y Fiscal General de la República, este último como parte de buena fe; al Procurador General de la República mediante oficio N° 50/04; a la contribuyente, haciéndole saber que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de Abogados, debería estar asistida o representada por abogado durante todo el proceso; y mediante oficio N° 51/04, a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), solicitando la remisión del expediente administrativo que dio lugar al acto impugnado, (folio 49).
En fecha quince (15) de abril de dos mil cuatro (2004), el Alguacil de este Juzgado consignó el oficio N° 51/04 dirigido a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); en fecha veintiséis (26) de abril de dos mil cuatro (2004), consignó la boleta de notificación correspondiente al ciudadano Fiscal General de la República y el oficio N° 50/04 dirigido al ciudadano Procurador General de la República y, en fecha veintiocho (28) de abril de dos mil cuatro (2004), consignó la boleta de notificación correspondiente al ciudadano Contralor General de la República.
Mediante diligencia de fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil cinco (2005), la abogada M.G.V.C., inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 46.883, en su carácter de representante del Fisco Nacional, solicitó a este Tribunal se sirviera decretar la perención de la instancia en la presente causa, en virtud que el día veintiocho (28) de abril de dos mil cuatro (2004), fue practicado el último acto de procedimiento y hasta la presente fecha ha transcurrido un (1) año, fundamentando tal solicitud en lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, así como con el criterio contenido en la decisión de fecha seis (06) de febrero de dos mil dos (2002), dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la causa correspondiente al contribuyente SUPERMETANOL, C.A., según la cual, es suficiente la ausencia de actividad procesal durante el transcurso de un (1) año, con independencia de que el Tribunal haya librado o no las notificaciones de ley, para que proceda el pronunciamiento solicitado, (folio 64).
I
Siendo la oportunidad para decidir, este Juzgado constata que la controversia se circunscribe a determinar si operó la perención de la instancia por la inactividad de las partes en el proceso incoado, desde el veintiocho (28) de abril de dos mil cuatro (2004), oportunidad en la que el Tribunal consignó la boleta de notificación dirigida al ciudadano Contralor General de la República, hasta el trece (13) de julio de dos mil cinco (2005), fecha en que la representante del Fisco Nacional solicitó fuera declarada la perención y, al efecto, observa:
La perención de la instancia constituye un modo de terminación anormal del proceso, en el sentido que la declaratoria proferida por el Juzgador no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento y se verifica por la omisión de ejecución de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, durante un período igual o mayor a un (1) año, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto es del tenor siguiente:
“Artículo 267. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención… (omissis)" (Resaltado del Tribunal)
En idéntico sentido dispone el vigente Código Orgánico Tributario este instituto, en su artículo 265, en los términos que a continuación se transcriben:
“Artículo 265. La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención." (Resaltado del Tribunal)
Se observa entonces que, en los dos dispositivos transcritos se incorporan dos elementos comunes, a saber, la inactividad u omisión de realización de algún acto de procedimiento y que tal circunstancia se produzca en el transcurso de un año, cuya conjunción necesariamente tendrá como efecto la consumación de la perención.
Entonces, se hace necesario determinar, en primer lugar, qué se entiende por acto de procedimiento, para constatar si procede la declaratoria de Perención de Instancia solicitada.
Al respecto, la doctrina patria ha sentado el criterio según el cual, un acto de procedimiento es una especie de acto jurídico, caracterizado porque la modificación producida afecta el proceso, es decir, la procesalidad del acto no se debe a que se verifique en el proceso, sino a que valga para el mismo. Puede entonces definirse al acto procesal como la conducta realizada por un sujeto procesal susceptible de constituir, modificar o extinguir el proceso.
Apoyando el criterio que precede, el Maestro H.C., ha expresado que no todas las actividades de la relación son actos procesales, ya que para que revistan tal carácter, es indispensable que influyan directamente en ella, atribuyendo al acto procesal la misma finalidad del proceso en general: ascender, marchar hacia delante. Por tanto, no es acto procesal aquel que mantiene la relación en un mismo estado, que la estanca o la detiene, sin ponerla a marchar, como la simple expedición de una copia certificada (Cfr. de la CSJ/SCC del 01/06/94, bajo la ponencia del Magistrado Dr. A.R.).
Aunado a esto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias de fechas veintiséis (26) de mayo de dos mil cinco (2005) y dos (02) de junio de dos mil cinco (2005), ha establecido reiteradamente lo siguiente:
(omissis)…Ha sido pacífico y reiterado el criterio conforme al cual la perención de la instancia constituye un medio de terminación procesal que opera por la no realización en un período mayor de un año, de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso (tal y como lo preveía el artículo 86 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y ahora el artículo 19, decimoquinto aparte, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela), o cuando se verifica alguna de las situaciones previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que consagra las llamadas “perenciones breves” para específicos supuestos en los que la inactividad de las partes interesadas se produce en lapsos sensiblemente inferiores al de un año.
Se erige entonces el instituto de la perención como un mecanismo de la ley diseñado con el propósito de evitar que por la desidia de las partes, los procesos se perpetúen en el tiempo y los órganos de Administración de Justicia se encuentren en la obligación de procurar la composición de las causas en las cuales no existe ningún tipo de interés por parte de los sujetos de la litis…(omissis)
En igual sentido, esta juzgadora comparte el criterio establecido en el comentario del Dr. R.E.L.R., en su libro “Comentario al Nuevo Código de Procedimiento Civil”, año 1986, pág 218; al señalar que el interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural, que es la sentencia. Bajo la amenaza de perención, se logra una vez más la activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, de tal modo que, el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.
Siguiendo los lineamientos que estableció Rengel Romberg con respecto a la perención, esta sentenciadora, encuentra acertado establecer que:
La inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento, no los ejecutan, entonces la perención se encuentra, así determinada, por tres condiciones esenciales: una objetiva que es la inactividad, que se reduce a una falta de realización de actos procesales; otra subjetiva que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año.
Este plazo del año se computa desde el último acto de procedimiento, si bien la ley no define este momento inicial, debe aplicarse la regla general del cómputo de los lapsos por años, esto es, desde el día siguiente al de la fecha del acto que da lugar al lapso y no desde el momento en que surge para una parte la facultad de actuar y no lo hace.
Se trata así de una institución procesal de carácter negativo, que surge como sanción al comportamiento negligente de las partes en el proceso, entendiéndose que la exigencia de cumplimiento de un acto de procedimiento tiende a evitar que, por la desidia de las partes, los procesos se perpetúen en el tiempo y los órganos de administración de justicia se encuentren en la obligación de procurar la composición de causas en las cuales no existe ningún tipo de interés por parte de los sujetos de la litis.
Otro de los elementos a considerar para analizar la procedencia o no de la declaratoria de perención solicitada, es que efectivamente la inactividad haya operado durante el período de un año y, al efecto, el simple cómputo de los días calendario transcurridos a partir del último acto de procedimiento, revela su verificación.
Ahora bien, es preciso destacar que, aun cuando en el análisis que precede se establece como premisa la norma que regula la Perención en el Código de Procedimiento Civil vigente, en criterio de quien decide, ésta no encontraría aplicación en el presente caso, toda vez que, el Código Orgánico Tributario 2001 prevé la regulación de la institución de la Perención en el artículo 265 ya transcrito y, al tratarse de la ley especial que regula la materia tributaria, ésta será de aplicación preferente e inmediata. Distinto a lo que ocurría bajo el imperio de los Códigos anteriores que, al no regular la institución, imponían al operador de justicia la aplicación de la ley adjetiva de carácter general, en virtud de la remisión expresa en ellos contenida. Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario de 2001, las normas de procedimiento allí contenidas tienen aplicación inmediata, de conformidad con los artículos 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 8 del Código Orgánico Tributario vigente y 9 del Código de Procedimiento Civil.
De la revisión y análisis de las actas que conforman el expediente judicial, este Tribunal constata que en el presente asunto la causa ha estado paralizada desde el veintiocho (28) de abril de dos mil cuatro (2004), oportunidad en que fue consignada la boleta de notificación dirigida al ciudadano Contralor General de la República, la cual corre inserta al folio sesenta y dos (62) del expediente, hasta el treinta y uno (31) de mayo de dos mil cinco (2005), oportunidad en que la representante del Fisco Nacional solicitó la declaratoria de perención, habiendo transcurrido íntegramente un lapso de un (01) año, un (01) mes y tres (03) días, sin que se realizara ningún acto de procedimiento, por lo que resulta procedente declarar la Perención de la Instancia, todo de conformidad con el artículo 265 del Código Orgánico Tributario. Y así se decide.
II
De conformidad con las consideraciones precedentes, este Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA Y EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO contencioso tributario interpuesto subsidiariamente al jerárquico por ante la División de Tramitaciones de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) en fecha veintiseis (26) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999), por el ciudadano J.D.C.D.S. antes identificado, actuando en su carácter de Representante Legal de la contribuyente BAR POLLO EN BRASA Y PARRILLADA PRENDASE S.R.L., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha diecinueve (19) de enero de mil novecientos setenta y seis (1976), bajo el N° 16, Tomo 13 A-Sgdo., domiciliada en la AV San Martín, Esquinas de Angelitos a Jesús, Local N° 150, Caracas, asistido por el abogado L.B.R., inscrito en el INPREABOGADO bajo el No 056, contra la Resolución N° GJT-DRAJ-2002-A-3549 de fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil dos (2002), que declaró INADMISIBLE el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución No HGJT-A-1390 de fecha diecisiete (17) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999), que ordenó emitir planilla de liquidación por un monto de OCHENTA Y UN MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 81.000,00), emanada de la Gerencia Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE A LAS PARTES
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil cinco (2005). Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
LA JUEZ,
ABG. M.A.G.
LA SECRETARIA ACC,
ABG. ALEJANDRA GUERRA L
La anterior sentencia se público y registró en esta misma fecha, siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.)
LA SECRETARIA ACC
ABG. ALEJANDRA GUERRA L.
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