Decisión nº 63 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 11 de Marzo de 2009
| Fecha de Resolución | 11 de Marzo de 2009 |
| Emisor | Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo |
| Ponente | Gloria Urdaneta |
| Procedimiento | Amparo Constitucional |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL,
Con sede en Maracaibo.
Expediente: 4414 No. 63
MOTIVO: A.C..
PARTE RECURRENTE: La ciudadana B.J.P., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-3.379.956, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asistida por el abogado MEHEL VAIMBERG.
PARTE RECURRIDA: Secretaría de Educación por órgano del Estado Zulia.
En fecha 20 de Agosto del 1985, fue presentada la presente Acción.
En decisión de fecha 14 de noviembre de 1988, se ordenó la remisión del presente Juicio de Amparo al Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia a los fines legales cognoscitivos sobre el asunto planteado.
En fecha 20 de septiembre de 2006, se ordeno corrección de foliatura y se libró oficio No. 1516-06 para la respectiva remisión.
El 06 de octubre de 2006, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
El 09 de octubre de 2006, se asignó por distribución la causa al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
El 12 de octubre de 2006, se planteo conflicto negativo de competencia y ordenó la remisión a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
El 07 de Agosto de 2007, se remitió el expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
El 16 de Agosto de 2007, se dio cuenta del expediente a la Sala y se designó Ponente.
El 16 de noviembre de de 2007, la sala Constitucional Declaró a este Superior Órgano Jurisdiccional competente para el conocimiento de la presente Acción de Amparo que ejerció el 20 de agosto de 1985, la ciudadana B.J.P., asistida por el abogado MEHEL VAIMBERG.
En fecha 09 de enero de 2008, se recibió procedente de la Sala Constitucional la presente Acción dándosele entrada el 14 de enero de 2008.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
En virtud de las anteriores observaciones, el Tribunal evidencia que de las actuaciones procesales relacionadas, solo la presentación de la acción realizada en fecha 20 de Agosto del 1985, en la presente causa, demuestra la pretensión de la accionante ciudadana B.J.P., no obstante el resto de las actuaciones son resultado secuencial y lógico de la decisión de fecha 14 de noviembre de 1988, donde se ordenó la remisión del presente Juicio de Amparo al Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, donde no se expresa una petición que inste al órgano jurisdiccional a la continuación del proceso, evidenciándose desde ese momento un total abandono del trámite por la inacción de la actora.
Al respecto, considera pertinente ésta Juzgadora traer a colación el criterio emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 982, de fecha 06 de junio de 2001, Expediente Nº 00-0562, caso J.V.A., que estableció:
...la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia. (...)
Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.
(...)
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el p.d.a., en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara
.
En atención a la doctrina judicial expuesta y por cuanto se ha verificado el transcurso de un periodo de inactividad de la parte actora en el presente proceso, superior a los seis (6) meses, este Tribunal considera que en la presente causa ha operado el abandono del trámite. ASÍ SE DECIDE.-
DISPOSITIVO:
Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL, actuando en sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara el ABANDONO DEL TRAMITE, por la pérdida del interés en la presente Acción de A.C. incoada por la ciudadana B.J.P., antes identificada contra la Secretaría de Educación por órgano del Estado Zulia.
El Tribunal no hace especial pronunciamiento en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo.
PUBLIQUESE, REGISTRESE y ARCHIVESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3º y 9º del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en Maracaibo, once (11) de marzo de dos mil nueve (2009). Años: 198º de la Independencia y 150º de la Federación.-
LA JUEZ,
LA SECRETARIA,
DRA. G.U.D.M.
ABOG. D.R.P.S.
En la misma fecha y siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.) se publicó y se registró el fallo anterior bajo el No. 63_, anotado en el libro de control de sentencias interlocutorias llevado por este Tribunal.
LA SECRETARIA,
ABOG. D.R.P.S.
Exp. N° 4414
GUdeM/DRPS/f*
