Decisión de Tribunal Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 6 de Octubre de 2010
| Fecha de Resolución | 6 de Octubre de 2010 |
| Emisor | Tribunal Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Mariluz Castejon |
| Procedimiento | Revisión De Medida |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de la Circunscripción Judicial del estado Lara (Carora)
Carora, 6 de octubre de 2010
200º y 151º
ASUNTO PRINCIPAL : KP11-P-2009-000753
ASUNTO PRINCIPAL: KP11-P-2009-000753
En fecha 06 de Octubre de 2010, se realiza audiencia de conformidad con lo establecido en el Art. 313 del COPP, y en la misma la defensa privada ratifica revisión de medida hecha en fecha 01 de octubre 2010, a favor de su representado J.A. VILLAMIZAR, C.I Nº E-83604.116, en virtud de que ya ha transcurrido más de un año, sin que el Ministerio Publico, haya presentado acto conclusivo y su representado a cumplido a cabalidad con las presentaciones acordadas en su oportunidad, este Tribunal Décimo de Control extensión Carora, para decidir hace las siguientes consideraciones:
Establece el Código Orgánico Procesal penal en su Artículo 104: Regulación Judicial.- Los jueces velaran por la regularidad del Proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. No podrán bajo pretexto de sanciones disciplinarias restringir el derecho de defensa o limitar las facultades de las partes.
En este orden de ideas, comparte esta Juzgadora el criterio explanado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual afirma que la Revisión de la Medida se trata de un examen que debe realizar el Juez de manara particular a cada sujeto que se encuentre privado de la libertad y que la haya solicitado (Sentencia Nº 1507 de la Sala Constitucional del 03 de julio de 2002. Expediente Nº 02-0124) igualmente señala la Doctrina, El P.P. es el Método por el cual se materializa la tutela Jurisdiccional en la actuación del Derecho Penal, la Pena es estadal y, solo puede ser aplicada por un tribunal penal, independiente e imparcial y, a través de un proceso sin dilaciones indebidas, así mismo plantea el autor i.C.B. “la eficacia del Derecho Penal depende en gran medida No de la gravedad de las Penas que establezca sino, de la percepción Ciudadana respecto de la certeza de su aplicación y de la celeridad en su concreción como ya lo señalara el autor señalado Ut-Supra, cuando afirma, la Certeza de un castigo aunque moderado, hará siempre una Mayor impresión que el temor de otro más terrible unido a la esperanza de la impunidad pues los males aunque mínimos cuando son ciertos asustan siempre el ánimo del hombre” el método de juzgar agrega el gran pensador italiano debe ser regular y expedito”.
Nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, con base a los cuales se ordenó la aplicación de Medida Cautelar por este Juzgado en su debida oportunidad.
Igualmente indica el principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal (privativas y menos gravosas), que las mismas no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para el delito, ni exceder del plazo de dos años (cuando la pena sea igual o inferior a este lapso), además contempla la posibilidad de prorrogar su vigencia cuando de manera excepcional concurran circunstancias graves que a juicio del tribunal las justifiquen.
Aunado a lo anteriormente expuesto y pese a que la posible pena a imponer en la presente causa que configura la presunción juris et jure de peligro de fuga establecida en el artículo 251 parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, la actuación de la justiciable, J.A. VILLAMIZAR, C.I Nº E-83604.116, hace procedente a criterio de esta Juzgadora la necesidad de revisar la medida decretada.
Es de hacer notar, que a la procesada le asiste el principio de presunción de inocencia que no puede ser desvirtuado solo por el quantum de la posible pena a imponer, y que por lo tanto determina para el Juez el deber de apreciar otro tipo de circunstancias que puedan afectar las resultas del proceso y no solamente la pena posible a imponer, se evidencia además que de la revisión efectuada al sistema Juris el imputado J.A. VILLAMIZAR, C.I Nº E-83604.116, han cumplido a cabalidad la medida acordada en su oportunidad a acudido al Tribunal las veces que se ha notificado y no ha incurrido en nuevos hechos delictivos.
No considera esta operadora de justicia que el decreto de revisión de esta Medida, incurra en los supuestos de impunidad, ya que los Jueces de la República debemos velar por el cumplimiento de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, los cuales no pueden estar supeditados a prohibiciones de naturaleza procesal, ni limitados de forma alguna debido a la interpretación garantísta y progresiva de nuestra carta fundamental. Máxime cuando la procesada presenta un cuadro de Psicosis Aguda, que requiere tratamiento, mediante Consulta externa la cual no podría llevarse a cabo estando recluida en algún Centro Penitenciario, aunado al hecho de que le asiste el derecho consagrado en el Artículo 83 de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela, como es el derecho a la Salud.
Con base a lo expuesto previamente, observa esta Juzgadora la necesidad de Revisar la Medida de Coerción Personal dictada al ciudadano acusado J.A. VILLAMIZAR, C.I Nº E-83604.116, de conformidad con el Artículo 264 en relación con el Artículo 256 numeral 9º del COPP, le impone la medida de Presentarse al Tribunal las veces que sea requerido.
DECISION
En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, declara la Sustitución de la Medida decretada en su oportunidad, al ciudadano J.A. VILLAMIZAR, C.I Nº E-83604.116, y le impone la medida de Presentarse al Tribunal las veces que sea requerido de conformidad con el Artículo 256 numeral 9º del COPP.
Notifíquese a las partes. Líbrense los respectivos oficios. Regístrese. Cúmplase.
LA JUEZ DE CONTROL Nº 10
ABG. M.C.P.
EL SECRETARIO
