Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 17 de Septiembre de 2014
| Fecha de Resolución | 17 de Septiembre de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Margarita Garcia |
| Procedimiento | Querella Funcionarial |
TRIBUNAL SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Años 204° y 155°
PARTE RECURRENTE: Ciudadana B.R., venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-3.590.367.
Apoderado Judicial: Ciudadanos abogados, A.E. VIZCARRONDO Y F.J. CUBA MORELLI, INPREABOGADO Nos 39.882 y 75.008 respectivamente.
PARTE RECURRIDA: C.L.D.E.A..
APODERADO JUDICIAL: No tiene acreditado en autos.
Motivo: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad
ASUNTO: DE01-G-2010-000205
ANTIGUO: 7811
Sentencia: Interlocutoria.
I
En fecha 24 de abril de 2006, fue recibido por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay, estado Aragua el escrito presentado por la Ciudadana B.R., venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-3.590.367, parte recurrente debidamente asistida por los Ciudadanos abogados, A.E. VIZCARRONDO Y F.J. CUBA MORELLI, INPREABOGADO Nos 39.882 y 75.008 respectivamente, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto contra el C.L.D.E.A..
En fecha 26 de abril de 2006, el Tribunal declara su competencia y admitió el Recurso Contencioso Administrativo.
En fecha 28 de abril de 2006, el Tribunal dictó auto mediante el cual ordenó las notificaciones respectivas.
En fecha 09 de mayo de 2006, la Ciudadana B.R., venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-3.590.367, parte recurrente mediante diligencia otorga Poder Apud Acta a los Ciudadanos abogados, A.E. VIZCARRONDO Y F.J. CUBA MORELLI, INPREABOGADO Nos 39.882 y 75.008 respectivamente.
En fecha 29 de junio de 2006, el ciudadano Alguacil dejo constancia de la Notificación del Procurador General del Estado Aragua y al Ciudadano Presidente del C.L.d.E.A.. (ver folios 17 y 18.
En fecha 26 de julio de 2006, la ciudadana Abogada M.D.C., , inscrita en el Inpreabogado bajo el número 67.610, presentó escrito de Contestación a la Querella.
En fecha 31 de julio de 2006, el Tribunal fijó el tercer día de Despacho a las 09:00 a.m., para la celebración de la Audiencia Preliminar.
En fecha 03 de agosto de 2006, se celebró la Audiencia Preliminar, a la cual hizo acto de presencia la parte querellante.
En fecha 03 de agosto de 2006, el Tribunal práctico computo a solicitud de la parte recurrente.
En fecha 16 de octubre de 2006, el Tribunal fijó el cuarto (4to) día de despacho para la celebración de la Audiencia Definitiva.
En fecha 24 de octubre de 2006, tuvo lugar la Audiencia Definitiva a la cual no compareció ninguna de las partes.
En fecha 31 de octubre de 2006, se Difirió la oportunidad procesal de Dictar el Dispositivo del Fallo.
En fecha 09 de noviembre de 2006, se dictó sentencia declarando Inadmisible la presente causa.
En fecha 16 de noviembre de 2006, la Ciudadana B.R., venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-3.590.367, parte recurrente mediante diligencia Revoca el Poder otorgado a los Ciudadanos abogados, A.E. VIZCARRONDO Y F.J. CUBA MORELLI, INPREABOGADO Nos 39.882 y 75.008 respectivamente y Asimismo Apela de la sentencia dictada.
En fecha 16 de noviembre de 2006, la ciudadana B.R., venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-3.590.367, mediante diligencia otorga Poder Apud Acta a los Ciudadanos abogados, K.G., H.G. Y E.G., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 72937, 24223 y 81553 respectivamente.
En fecha 17 de noviembre de 2006, el Tribunal oyó la apelación en ambos efecto y remitió el expediente a las Cortes de lo contencioso Administrativo.
En fecha 21 de noviembre de 2007, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia mediante la cual revocó la sentencia dictada por este Juzgado y ordenó pronunciarse sobre el fondo del asunto.
En fecha 23 de septiembre de 2010, el tribunal dictó auto mediante el cual se avoco al conocimiento de la presente causa, ordenó su reingreso en los Libros respectivos y se ordenó notificar a las partes.
Verificado el estudio de las actas procesales que anteceden, corresponde a este Juzgado Superior hacer las siguientes consideraciones:
Ahora bien, en virtud del traslado de la Dra. M.G.S., acordado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha 10 de diciembre de 2010 y luego de su juramentación tomo posesión como Juez de este Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, en fecha 17 de enero de 2011, se acuerda proceder al ABOCAMIENTO.
II
DE LA COMPETENCIA
En virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial N° 39.451 del 22 de junio del presente año, debe este Juzgado Superior reexaminar su competencia para conocer de la presente causa, dado que el referido texto normativo contiene disposiciones expresas al respecto (cfr., artículo 25).
En tal sentido, considera procedente reiterar, como lo ha hecho en anteriores oportunidades, la aplicación del principio contenido en los artículos 3 del Código de Procedimiento Civil y 12 del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, conforme al cual la jurisdicción y la competencia del órgano jurisdiccional se determina -mientras la ley no disponga expresamente lo contrario- por la situación fáctica y normativa existente para el momento de presentación de la demanda.
En efecto, el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil establece:
Artículo 3.- La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa
.
Este principio general, cuyo origen proviene del derecho romano, se denomina perpetuatio jurisdictionis, y tradicionalmente la doctrina ha abarcado en él a la jurisdicción y a la competencia.
Sin embargo, cuando el asunto se refiera en particular a la competencia, el principio más apropiado es el de la llamada perpetuatio fori, conforme a lo expuesto por el Maestro L.L. (Ensayos Jurídicos: “Principios Fundamentales en la reforma del Código de Procedimiento Civil Venezolano”, Fundación R.G.. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1987); en el entendido que dicho principio se aplica a las circunstancias que constituyen los criterios atributivos sobre los cuales un tribunal puede conocer una causa, esto es la materia, el valor, el territorio, o el grado del tribunal. (Vid., entre otras, Sentencias Nros. 02176 y 00962 del 5 de octubre de 2006 y 5 de octubre de 2010, respectivamente, dictadas por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
Al respecto, la vigente Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 25 numeral 3º, prevé:
Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
(…omissis…)
6. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley
.
Visto así, en observancia a lo dispuesto en los artículos 26, 257 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Juzgadora en su carácter de garante de los principios y valores constitucionales, entiende que al no haber establecido la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa disposición expresa que afecte la competencia de las causas que actualmente conoce, en aplicación de las premisas expuestas y conforme al principio de la perpetuatio fori, reafirma su competencia para conocer y decidir la presente controversia, y así se decide.
III
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Revisadas exhaustivamente las actuaciones que conforman el presente expediente, este Tribunal observa, que desde el día 16 de noviembre de 2010, oportunidad en la cual compareció la ciudadana B.R., venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-3590367, y mediante diligencia revoca el poder otorgado a los Ciudadanos abogados, A.E. VIZCARRONDO Y F.J. CUBA MORELLI, INPREABOGADO Nos 39.882 y 75.008 respectivamente y Asimismo Apela de la sentencia dictada y asimismo apela de la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 09 de noviembre de 2006, desde esa actuación hasta la presente fecha, han transcurrido más de siete (07) años, sin que conste en el expediente judicial actuación alguna de su parte tendiente a impulsar la continuidad del presente juicio, lo cual evidencia una absoluta inactividad procesal durante el período que se señaló por parte del recurrente. Ante esa situación, se hace imprescindible requerir a la parte accionante que manifieste su interés en la continuación del proceso.
Es de destacar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado el criterio conforme al cual resulta improcedente declarar la perención de la instancia en las causas en las cuales se ha dicho “Vistos”; no obstante, ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado.
Asimismo, ha sostenido la aludida Sala que “…el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal -ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva-, pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos”. (Vid., Sentencia de la Sala Constitucional N° 1.153 del 8 de junio de 2006. En igual sentido, el fallo Nº 00302 del 21 de abril de 2010, dictado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
De lo anterior se concluye, que este Tribunal Superior no puede presumir la pérdida del interés procesal -ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos.
Concretamente, la M.I.C. por decisión de fecha 9 de 2007, con ponencia del MAGISTRADO: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, señaló:
Respecto a procesos en los cuales sólo resta la producción de la norma individualizada en que se resuelve el fallo judicial y en donde las partes no han solicitado al tribunal correspondiente que se pronuncie sobre el conflicto planteado o sobre la decisión de instancia que le corresponde revisar, la Sala se ha cuestionado sobre el efectivo interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, toda vez que la inactividad y la apatía han sido las constantes a lo largo del tiempo transcurrido entre el nacimiento de la obligación del Poder Judicial en decidir y el momento presente. Tal inacción –ha entendido la Sala– no sería más que una renuncia a la justicia oportuna, desvirtuable sólo a través de su actuación en el expediente, ya sea de manera espontánea o como consecuencia de la notificación a que está obligado el juez efectuar antes de declarar, como lo tiene decidido este Alto Tribunal, extinguida la acción.
Ello así, como quiera que han transcurrido casi tres años desde que se dijo «vistos» en la presente causa, sin que la demandante haya efectuado pedimento alguno, en obsequio del derecho a la tutela judicial efectiva, se ordena notificar a los apoderados judiciales de la parte actora, bien en su domicilio procesal o por cartel en caso de no haberlo indicado -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia- a objeto de que en un lapso de treinta (30) días continuos a partir de su notificación ratifique su interés en que se decida el presente proceso. En caso de que la accionante no haga constar en el expediente su interés en el mismo, esta Sala considerará extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal (cf. Sent. n° 1017/2001 de 12 de junio, caso: Asociación Bancaria Nacional). De no producirse respuesta de la parte recurrente dentro del plazo fijado, la Sala considerará extinguida de pleno derecho la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, sin que ello comprometa la responsabilidad de las partes, supuesto para el cual se ordena el archivo del expediente, habilitándose al Juzgado de Sustanciación para que proceda al archivo. Así se decide (…)”.
Por tanto, de conformidad con el precedente jurisprudencial antes referido y siendo que ha transcurrido un largo período desde la oportunidad en que la parte actora actuó por última vez en el presente juicio, y asimismo, estando esta causa en la oportunidad de dictar decisión, en el Recurso Contencioso Administrativo funcionarial, esta Sentenciadora ordena notificar a la parte recurrente, para que informe en un plazo máximo de cinco (05) días de despacho, contados a partir de que conste en autos su debida notificación, su interés en culminar este proceso a través de un fallo sobre el mérito del asunto, en acatamiento al criterio de la Sala Constitucional antes referido.
Transcurrido dicho lapso sin que la parte informe sobre su deseo de continuar la presente causa, este Tribunal Superior declarará extinguida de pleno derecho la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal. (Vid. TSJ/SPA. Sentencias Nros. 00740 y 01402 de fechas 19 de junio y 6 de noviembre de 2008, respectivamente).
Respecto a la forma como ha de practicarse dicha notificación, la Sala Constitucional en su decisión N° 4294 de fecha 12 de diciembre de 2005, indicó que la notificación del actor debía efectuarse “en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o por no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal”.
De esta manera, esta Juzgadora estima necesario ordenar la notificación de la parte recurrente en su domicilio procesal, de conformidad con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, para que manifieste su interés en que se decida el mérito de la causa, y así se establece.
IV
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ordena NOTIFICAR a la ciudadana, B.R., venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-3.590.367, y/o a sus Apoderados Judiciales abogados, K.G., H.G. Y E.G., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 72937, 24223 y 81553 respectivamente, para que dentro de un lapso de Cinco (05) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en autos la practica de su notificación, manifieste su interés en que se decida el mérito de la causa. En consecuencia, transcurrido dicho lapso sin que la parte actora manifieste su interés, este Juzgado Superior declarará extinguido de pleno derecho por pérdida sobrevenida del interés procesal, EL Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, contra el C.L.d.e.A..
Publíquese, regístrese, diarícese, déjese copia certificada y Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua, a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre del año dos mil catorce (2014) Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
LA JUEZ SUPERIOR TITULAR.
DRA. M.G.S.
EL SECRETARIO TEMPORAL,
ABG. I.R..
En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión y se libró la notificación ordenada, así como el oficio.
EL SECRETARIO TEMPORAL,
ABG. I.R..
ASUNTO: DE01-G-2010-000205.
ANTIGUO: 7811.
MGS/IR/mr
