Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 1 de Marzo de 2006

La Caducidad de la acción, alegando que los querellantes tenían un (1) año para que ejercieran la acción de conformidad con lo establecido en el artículo 783 del Código Civil.

Al respecto el Tribunal observa que la demandada ROMERIS DEL C.R., para demostrar esta cuestión previa, presenta una serie de documentales que en nada demuestran que para el momento en que los querellantes intentaron la demanda, ella tuviera más de un año de estar en posesión del lote de terreno objeto de la acción, por lo que se hace improcedente esta cuestión previa, debiendo ser declarada sin lugar. Así se decide.

También opone la ilegitimidad de las personas actoras, alegando que éstas se atribuyen la condición de propietarios de todo el lote de terreno, dentro del cual se encuentra la parte que alega estar ocupando, y que este hecho no es cierto, por cuanto del propio documento se enerva la verdad.

En este sentido, el Tribunal observa que efectivamente del propio documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de los Municipios Libertad e Independencia del Estado Táchira, anotado bajo el No 45, de fecha 14 de noviembre de 1952, y del documento protocolizado en esa misma oficina bajo el No 112, de fecha 14 de septiembre de 1959, que dice textualmente: “…Lo que vendo es parte de lo que adquirí…” y en el segundo “…Domingo A.R. vendió….parte de lo hubo por el presente…”, evidenciándose de los mismos, que los vendedores vendieron parte y no la totalidad de su propiedad, en consecuencia, si tienen éstos la legitimidad para demandar la presente acción. En consecuencia, se declara sin lugar la ilegitimidad de las personas actoras de la acción interdictal, opuesta por la demandada ROMERIS DEL C.R.. Así se decide.

Igualmente opone el defecto de forma de la demanda, conforme al ordinal 4 del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, alegando que en el libelo la parte actora no identificó con precisión el objeto de la pretensión, es decir, no señalan linderos, medidas de la parte de terreno que supuestamente fueron despojados, porque solo se limitan a señalar los linderos de toda la extensión.

En este sentido, observa quien aquí juzga, que en el libelo de la demanda, los querellantes identificaron con precisión la extensión del lote de terreno que ellos detentan, es decir, sobre el cual ejercen la posesión, y sobre el cual se encuentra la parcela que la ciudadana ROMERIS DEL C.R., alega que ejerce su posesión.; luego entonces, mal pueden haber identificado solo una parte del mismo. En consecuencia, esta cuestión previa, al igual que las anteriores debe ser declarada sin lugar. Así se decide.

ANALISIS DE LAS PRUEBAS

Se valoran las mismas conforme a los principios de la comunidad, unidad y adquisición de la prueba, según los cuales el Juez debe adminicularlas entre si con independencia de la parte que las aporta al proceso, comenzando por las pruebas promovidas por la parte querellante:

PRUEBAS PROMOVIDAS POR EL ABOGADO T.E.B. en la querella interdictal.

Reprodujo la documentación que anexó con el libelo de la demanda los cuales se especifican a continuación:

Acta de Defunción No 389 expedida por la Prefectura de la Parroquia La Concordia, Municipio San C.d.E.T., anexo marcado “A”; Acta de Matrimonio No 21, expedida por la Prefectura del Municipio Independencia del Estado Táchira, anexa marcado “B”; Partidas de nacimiento de los ciudadanos B.R.C. Y C.R.C., hijos del causante D.A.R., pedidas por la Prefectura del Municipio Independencia del Estado Táchira, Nos 46 y 120, anexos marcados “C” y “D”.

A estos instrumentos no se les confiere valor probatorio en razón de que no demuestra la posesión que dicen tener los demandantes sobre el lote de terreno que ocupa la ciudadana ROMERIS DEL C.R..

Documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Libertad e Independencia del Estado Táchira, anotado bajo el No 45, Protocolo I, folio vuelto del 72 al 74 de fecha 14 de noviembre de 1952. A este instrumento no se le confiere el valor probatorio, en atención a que se refiere a contrato de compra venta de inmueble, y no demuestra la posesión alegada..

TESTIMONIALES: De los ciudadanos J.C.P., R.H.C., M.M.V., C.A.R.C., G.C.D.V. Y D.A.R.C.., de los cuales solo rindieron declaración en la acción interdictal los ciudadanos J.C.P., R.H.C., C.A.R.C., G.C.d.V., y D.A.R.C., quienes fueron contestes en afirmar que: Conocen a los ciudadanos A.B.C.D.R., B.C.R. Y C.R.C., que les consta que son propietarios de dos lotes de terreno que forman un solo lote, ubicados en el sitio denominado Paramillo de la población de El Topón, Parroquia R.C.d.M.I.d.E.T., que les corresponden por gananciales y herencia dejada por el de cujus D.A.R., que les consta que parte de esos lotes fue vendido por D.A.R. y que la parte que vendió fue separada por cerca de alambre y que está afuera del lote que están reclamando; que les consta que en el sitio denominado EL TOPON, Jurisdicción del Municipio Independencia, Estado Táchira, no hay terrenos ejidos, que todos son propios; que les consta que los terrenos que reclaman los querellantes, están debidamente cercados con alambre de púas y horcones de madera y que en una parte de ellos existen unas bases con cabillas levantadas y que estos trabajos fueron ejecutados por los hermanos R.C., que son los que siempre han ejercido la posesión y propiedad sobre los lotes de terreno objeto de la acción interdictal; que les consta que desde el primero de octubre de 2002 R.D.C.R. en compañía de su concubino J.V.M. y uno de sus hijos, mediante violencia y arbitrariedad traspasaron las cercas y empezaron a romper el terreno a picos para hacer un plano con el fin de construir casa de habitación; y que esto les consta por haberlo presenciado.

Los anteriores testimonios merecen credibilidad a esta Juzgadora, en virtud de que no aparecen contradictorios, se valoran de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, para demostrar que los ciudadanos A.B.C.D.R., B.C.R. Y C.R.C., siempre han ejercido la posesión del lote de terreno que aquí reclaman.

EN LA DEMANDA DE TERCERIA el abogado T.E.B.B., con el carácter acreditado en autos promovió lo siguiente:

TESTIMONIALES de los ciudadanos R.H. y J.C.., de los cuales solo compareció a declarar el ciudadano J.C.P., quien a preguntas contestó: Que conoce a los ciudadanos Bernardino y C.R.C., así como también a C.H.C., por haber nacido todos en la misma Aldea.. Que le consta que los ciudadanos Bernardino y C.R.C., han poseído legítimamente el terreno objeto de este litigio, porque lo siembran lo tienen cercado con alambre y porque además tienen unas bases paradas para hacer una casa. Que le consta que los ciudadanos Bernardino y C.R., han poseído ese terreno toda la vida, porque antes era del papá quien después vendió una parte y se reservó en la venta otra parte, que fue la que dejó de herencia a los hijos, es decir la que les quedó a D.A.R. después de la venta que hiciera a J.C.. Que le consta que C.H.C.R. posee un terreno en El Topón Aldea General Salom, Municipio Independencia Estado Táchira, que no colinda con ninguna parte con los querellantes, que queda retirado de ellos.

Se valora esta declaración de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, sirve para demostrar que los querellantes Bernardino y C.R.C., siempre han poseído el lote de terreno objeto de la acción interdictal, y que el terreno propiedad del ciudadano C.H.C.R., no colinda con ninguna de éstas propiedades, por quedar retirado de ellos.

DOCUMENTALES:

Documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios Libertad e Independencia, bajo el No 45, de fecha 14 de noviembre de 1952, el cual agregó en copia simple marcado “A”, indicando que su original reposa en la Oficina Subalterna antes señalada. Este instrumento ya fue analizado.

Documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Libertad e Independencia, bajo el No 112, de fecha 14 de septiembre de 1959; Documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Libertad e Independencia, bajo el No 43, de fecha 25 de abril de 1986; Documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Libertad e Independencia, bajo el No. 36, Tomo III, Protocolo I, segundo trimestre de fecha 05 de mayo de 1993; Documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Libertad e Independencia, bajo el No. 07, tomo VI, Protocolo I, de fecha 02 de mayo de 1996, todos los cuales fueron consignados en copia fotostática simple.

A ninguno de estos instrumentos el Tribunal les confiere valor probatorio en virtud de que se refieren a contratos de compra venta, que en nada demuestran la posesión alegada por los querellantes A.B.C.D.R., B.C.R. Y C.R.C..

INSPECCION JUDICIAL, en las mejoras objeto de litigio, ubicadas en el sitio denominado Paramillo, de la población de El Topón, Parroquia R.C.d.M.i.d.E.T..

La anterior Inspección fue practicada por el Juzgado de los Municipios Independencia y Libertad de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 13 de enero de 2005 (fl. 291 al 292) y la misma no aporta mérito probatorio a favor o contra de ninguna de las partes, por lo tanto no se le confiere valor probatorio.

PRUEBAS PROMOVIDAS POR EL ABOGADO B.A.C.G..

Promovió el mérito y valor probatorio de las actas procesales en cuanto favorezca a su representado. El mérito favorable de los autos; no es un medio de prueba válido de los estipulados por la legislación vigente, por lo que no se le confiere valor probatorio.

Promovió los siguientes testigos: R.D.R.M., M.P.R., M.P.C., J.A.P., J.I.R.V., de los cuales solo rindieron declaración los ciudadanos J.I.R.V., M.P.R., M.P.C., y J.A.P., quienes en sus declaraciones manifiestan que los ciudadanos Candelario y B.R., ahora de último (sic) es decir a menos de un año, empezaron a ser un plano para una vivienda, en el terreno objeto de la acción interdictal; que han visto al ciudadano C.H.C. de vez en cuando en el terreno objeto de la querella interdictal, el ciudadano M.P.R., dice haber trabajado en el terreno, por órdenes de J.C., y que no conoce a la señora R.D.C.R., y que las bases de concreto que están en el terreno fueron mandadas a construir por los RAMIREZ, así como también fueron los que ordenaron la siembra de las matas de yuca y de guineo. Que les consta que C.H.C.R., vive como a dos cuadras del lote de terreno objeto de la querella interdictal. Que C.H.C.R., no había tomado posesión del mencionado lote de terreno, porque era del papá, y él tenía los papeles, porque no los revisaba. A M.P.C., no le consta que la ciudadana R.D.C.R., hubiese invadido el terreno.

A los anteriores testimonios el Tribunal no les confiere valor probatorio, en atención a que los testigos son imprecisos en sus deposiciones, y nada dicen en relación a los hechos que configuren la posesión por parte del ciudadano C.H.C.R., del terreno objeto de la querella interdictal intentada por los ciudadanos A.B.C.D.R., B.C.R. Y C.R.C..

Los instrumentos públicos emanados de la Prefectura de la Parroquia R.C. (denuncias) mediante los cuales pretende probar el poder de hecho que tiene su representado sobre el bien inmueble objeto de disputa posesoria, los cuales rielan en original a los folios 191, 201, 202. El Tribunal no le confiere valor probatorio a éstos instrumentos, en atención a que nada demuestra sobre la posesión que alega tener el ciudadano C.H.C.R., sobre el terreno objeto de la acción interdictal.

Promovió posiciones juradas de conformidad con el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil, a los ciudadanos A.B.C.d.R., B.R.C. y C.R.C., manifestando su voluntad de absolverlas recíprocamente. Estas posiciones no fueron evacuadas por lo tanto no procede su valoración.

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA ABOGADO A.G.R.D.R., CON EL CARÁCTER DE APODERADA DE ROMERIS DEL C.R., EN LA DEMANDA DE INTERDICTO DE DESPOJO.

El mérito favorable de los autos, de lo siguiente:

El documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Independencia y L.d.E.T., anotado bajo el No 45, Protocolo I, folios Vto. 72/74, de fecha 14 de noviembre de 1952, que riela del folio 7 al 10, en especial a la nota que aparece a un lado del documento específicamente en el folio 7.

Este instrumento se refiere a un contrato de compra venta que en nada demuestra la posesión alegada por la ciudadana ROMERIS DEL C.R..

El libelo de demanda, con lo que pretende probar que los querellantes no señalan con precisión el supuesto despojo parcial, el cual por no tratarse de una de las pruebas a que se refiere el Libro Segundo, Título Segundo de la Ley Adjetiva, no se le confiere valor probatorio.

La diligencia de fecha 27 de mayo de 2003, que riela al folio 19, con lo que pretende probar que el presente procedimiento viola el primer aparte del artículo 699 del Código de Procedimiento Civil. Esta prueba al igual que la anterior, por no constituir una de las pruebas establecidas en el Libro Segundo, Título Segundo de la Ley Adjetiva, no se le confiere valor probatorio.

DOCUMENTALES

Promovió el valor probatorio del documento debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Independencia y Libertad, anotado bajo el No 112, de fecha 14 de septiembre de 1959, el cual por tratarse de un contrato de compra venta no demuestra la posesión alegada por la ciudadana R.d.C.R., razón por la cual no se le confiere valor probatorio.

Constancia expedida por el Sindico Procurador Municipal del Municipio Independencia, Estado Táchira, de fecha 12 de junio de 2003, y que anexó en copia simple, en la cual consta que su representada, ha gestionado regularizar la tenencia de esa pequeña parte del terreno.

Acta No 76, correspondiente a la sesión ordinaria del día 11/12/2001, de la Càmara Municipal del Municipio Independencia del Estado Táchira, donde consta que fue leída la solicitud de terreno No IV-01/254, de fecha 01/10/2001, que la querellada formalizó ante ese organismo.

Constancia expedida por el Sindico Procurador Municipal del Municipio Independencia, Estado Táchira, en fecha 25/04/2002, en la que la reconocen como poseedora de esa parte de terreno.

Las instrumentales promovidas en los numerales segundo, tercero y cuarto, están referidas a las gestiones realizadas por la ciudadana R.d.C.R., para tratar de regularizar la tenencia que alega ejercer sobre el pequeño lote de terreno, objeto de la acción interdictal, que en este caso nada aportan al juicio, en virtud de que el terreno objeto de litigio, no es un terreno ejido, y que además no demuestran posesión, por lo tanto no se les confiere valor probatorio.

Con fundamento en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, solicitó se oficiara a: La Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Independencia y L.d.E.T., a fin de que envíen copia certificada del documento promovido en el numeral primero del capítulo II. Igualmente se oficiara a la Alcaldía del Municipio Independencia, Estado Táchira, específicamente a: La Oficina de Sindicatura, a fin de que envíen copia certificada de los documentos promovidos en los numerales segundo y cuarto del capítulo II y a la Oficina de Secretaria de Cámara Municipal, a fin de que envíen copia certificada del documento promovido en el numeral tercero del capítulo II del presente escrito.

Esta prueba no fue evacuada por lo tanto no procede su valoración.

Por auto de fecha primero de febrero de 2005, el Tribunal ordenó la práctica de una Inspección Judicial, cuyo resultado corre agregado a los folios 347 al 349 y en la cual se dejó constancia de lo siguiente:

Oída la opinión del práctico, se procedió a verificar que el terreno frente al cual se constituyó el Tribunal efectivamente corresponde al señalado en la primera parte de la solicitud de inspección judicial, como los tres lotes de terreno que engloban un solo lote con los linderos señalados en la referida solicitud de Inspección, para verificar la veracidad de la ubicación del lote de terreno con un instrumento GES, se determinaron los puntos cardinales encontrando que el terreno coincide por el lindero Norte con la carretera que de Capacho conduce a Palo Grande y por el lindero este con terrenos propiedad del ciudadano J.V.M.P.; en cuanto al lindero sur, se constató que el terreno colindaba en parte con propiedades del mismo J.V.M.P., y en parte con propiedades que son o fueron de C.B.. En cuanto al lindero OESTE, el terreno señalado colinda en parte con un camino de entrada que según moradores de la región corresponden a un camino real y en parte con terrenos que son o fueron de C.B.. Por mediciones efectuadas en sitio, se determinó que el terreno inspeccionado y que corresponde al señalado en la primera parte de la solicitud de inspección, hecho este en el cual estuvieron de común acuerdo tanto el abogado de la parte actora, como el abogado de la parte demandada, está formado a su vez por dos lotes de terreno medidos y alinderados de la siguiente forma: PRIMER LOTE: NORTE: Con la carretera que de Capacho conduce a Palo Grande. SUR: Con terrenos de J.V.M.P.. ESTE: Con terrenos de J.V.M.P.. OESTE: Con el segundo lote ocupado por la ciudadana EDINIA R.D.G., venezolana, y titular de la cédula de identidad No 9.244.350, este lote de terreno esta actualmente sembrado de guineo, yuca, aguacate, limones y cacao; observándose también unas fundaciones y columnas de concreto armado sin vaciar compuesta por cuatro machones sobre una terraza, posiblemente con fundaciones y pedestales en el momento de la Inspección se presentaron los ciudadanos R.C.B., venezolano y titular de la cédula de identidad No 9.244.586, CARVAJAL R.C.H., venezolano y titular de la cédula de identidad No 9.208.430 y R.C.C., venezolano y titular de la cédula de identidad No 3.795.185, quienes manifestaron ser los detentadores de la posesión del lote de terreno que se está describiendo como número 1. Es de acotar que este lote se encuentra cercado perimetralmente, definidos sus linderos, que el mismo presenta una pendiente inclinada en sentido norte a sur de aproximadamente el 25% y que tiene una superficie aproximada media hectárea. En cuanto al lote número 2, adyacente al lote número 1, por el lindero NORTE con la carretera que de Capacho conduce a Palo Grande; POR EL SUR: En parte con terrenos de J.V.M.P., y en parte con terrenos que son o fueron de C.B.; por el ESTE: Con el lote descrito como número 1 en este informe, ya identificado, y por el OESTE: En parte con el camino real señalado anteriormente y en parte con terrenos que son o fueron de C.B.. El práctico deja constancia de que sobre este lote de terreno se encuentra construida una vivienda de paredes de bloque con techo de zinc, y en el terreno se encuentra un sembradío de árboles frutales, especialmente cítricos. Este lote de terreno presenta una topografía similar a la del lote de terreno número 1, y en el momento de la inspección se presentó la ciudadana EDINIA RAMIREZ, ya identificada, quien no presentó documento de propiedad, pero manifestó que detentaba la propiedad de las bienhechurías y la posesión por donación que le había hecho el ciudadano D.A.R.M.. En cuanto a los otros dos lotes de terreno señalados en la solicitud de inspección judicial, sobre los mismos no se hace referencia por instrucciones de la ciudadana Jueza, quien en este mismo acto deja constancia que no se realizó la misma por cuanto los apoderados de las partes, le informaron al Tribunal que con el informe rendido por el práctico resultaba inoficioso inspeccionar los dos lotes de terreno ubicados en el sitio paramillo, por cuanto, según la opinión del practico ameritaba un estudio documental de la tradición legal de esos inmuebles. Seguidamente, el apoderado de la parte demandante, solicitó el derecho de palabra y concedido que le fue expuso: En cuanto a la opinión emitida por el práctico sobre lo dicho por la ciudadana EDINIA RAMIREZ, quien verdaderamente manifestó que la propiedad de las bienhechurías y la posesión del terreno por ella ocupado fue hecha la donación por el ciudadano J.C. y no por D.A.R.M.. Es todo. Acto seguido, solicita el derecho de palabra el apoderado de la parte demandada y concedido que le fue expuso: Solicito que el ciudadano experto clarifique cuando él hace alusión a que se presentaron los ciudadanos R.C.B., CARVAJAL R.C.H. Y R.C.C. y usted los coloca allí como detentadores de la posesión que se describe como número 1, y en realidad hace referencia y engloba allí tanto a la parte demandante como a la parte demandada, cuando en realidad y así está demostrado que quienes en verdad han efectuado trabajos en el mencionado lote de terreno son sus mandantes B.R.C. y C.R.C. y como está visto y ya quedó constancia anteriormente se encuentran matas de guineo y de yuca en plena producción igualmente matas de aguacate, las cabillas y bases de concreto allí y que coinciden plenamente con lo alegado en las actas que corren en el expediente principal como el de tercería de la misma manera está completamente cercado con tres hilos de alambre de púa y horcones de madera; en el juicio principal de interdicto que es la causa principal para que se realizara la tercería para el momento en que R.D.C.R. invadió y quiso construir casa para habitación en el sitio lo que en verdad salieron en defensa fueron sus mandantes y no C.H.C.R., en tal sentido este último ciudadano no es ni detentador, ni mantiene ninguna posesión de la supuesta propiedad que él se atribuye. En este acto se le concede el derecho de palabra al práctico quien expuso: En primer lugar preguntado nuevamente a la ciudadana EDINIA RAMIREZ, sobre la persona que le hizo la donación, esta manifestó en presencia del Tribunal que fue J.C. y en cuanto a los detentadores de la posesión, el práctico responsablemente manifiesta al Tribunal que fueron los precitaos ciudadanos quienes manifestaron esta situación de detentación, razón por la cual se hizo la anterior transcripción.

Se valora la anterior Inspección Judicial de conformidad con lo establecido en el artículo 1428 del Código Civil, y sirve para demostrar que los ciudadanos A.B.C.D.R., B.C.R. Y C.R.C., son las personas que han poseído el lote de terreno objeto de la acción interdictal intentada por éstos mismos ciudadanos, y que el terreno inspeccionado no coincide en extensión ni linderos con los señalados en el libelo de la demanda de TERCERIA.

Ahora bien, S.J.S. en su libro “Los Interdictos de la Legislación Venezolana”, define el interdicto como:

…La formula legal expedita por medio de la cual protege el derecho de la posesión, sin prejuzgar sobre sus fundamentos y frente a la perturbación y el despojo de terceros

.

Respecto a la posesión nuestros doctrinarios ha opinado en los siguientes términos:

“... Para L.C., la historia misma del interdicto restitutorio no es más que el esfuerzo doctrinario por extender la protección posesoria a la llamada relación de tenencia. Por otra parte, la protección de cualquier especie de posesión ha llegado al derecho moderno a través de la evolución del concepto de “detentación”, pues de detentador primitivamente huérfano de protección posesoria se ha convertido hoy en día en el poseedor por excelencia. Esta evolución es una consecuencia de la ya clásica polémica doctrinaria, basada en la relación de tenencia, la cual fue sostenida en su tiempo por los autores alemanes Ihering y Savigny.

Según la doctrina clásica de los civilistas venezolanos, es legitimado activo en la querella restitutoria “cualquier clase de poseedor”. En consecuencia, el poseedor no tiene que probar derecho alguno, salvo el hecho de la posesión actual. Por consiguiente, como legitimado activo en una querella interdictal de restitución puede concebirse a cualquier clase de poseedor, pues a los efectos de la protección restitutoria es indiferente que la posesión sea reputada precaria o legitima; que se refiera a un derecho real (usufructo, servidumbre); comodato o depósito, o aun de posesión sin fundamento alguno, de buena o mala fe, pues hasta el poseedor de mala fe es también poseedor. En síntesis, poco importa el criterio que tenga el poseedor sobre el carácter de su posesión, pues no sólo no es relevante de ningún modo su condición subjetiva, sino que tampoco autoriza esta clase de interdicto para indagar sobre el “animus” del poseedor. (Otrora Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 20-04-89. Ponente: Magistrado Dr. A.F.C.).

Así tenemos que las normas procesales y sustantivas aplicables para la resolución del caso, se encuentran establecidas en los artículos 699 y 704 del Código de Procedimiento Civil y 783 del Código Civil, de los cuales podemos extraer los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción interdictal de despojo.

En este orden de ideas, se tiene que de las pruebas aportadas por los querellantes al proceso, quedó demostrado que los ciudadanos A.B.C.D.R., B.C.R. Y C.R.C., son los poseedores legítimos de dos lotes de terreno propio, ubicados en el sitio denominado Paramillo de la Población de El Topón, Parroquia R.C.d.M.I.d.E.T., alinderados de la siguiente manera: EL PRIMERO: ORIENTE: Con la Sucesión de C.P.; OCCIDENTE: Con terrenos de J.C.R.; NORTE: Con terrenos de la Sucesión de P.R., y SUR: Con terrenos del vendedor. EL SEGUNDO: ORIENTE: Con terrenos de F.P. y C.C.; OCCIDENTE: Terrenos de la Sucesión de M.C.; NORTE: Con terrenos del comprador y SUR: Con terrenos de M.H., y por el occidente también colinda con J.C.R., en uno de los cuales la ciudadana R.D.C.R., mediante violencia trató de arreglar un plano para construir una casa, y que éstos terrenos en nada coincide en extensión ni linderos con los señalados en el libelo de la demanda de TERCERIA..

Con fundamento en las anteriores consideraciones, es forzoso concluir que la acción interdictal intentada por los ciudadanos A.B.C.D.R., B.R.C. y C.R.C., debe ser declarada con lugar y consecuencialmente sin lugar la demanda que por tercería intentó el ciudadano C.H.C.R., en contra de los ciudadanos A.B.C.d.R., B.R.C., C.R.C. y R.d.C.R.. Así se decide.

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: DECIDE: