Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 18 de Octubre de 2013
| Fecha de Resolución | 18 de Octubre de 2013 |
| Emisor | Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil |
| Ponente | Albio Antonio Contreras Zambrano |
| Procedimiento | Particion Amigable De Bienes De La Com Conyugal |
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA
203º y 154º
PARTE NARRATIVA
Mediante auto que riela al folio 82 se admitió la presente solicitud por partición y liquidación amistosa de los bienes habidos en la comunidad conyugal, interpuesta por los ciudadanos B.G.P.G. y B.L.M.A., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 13.146.922 y 14.357.698 respectivamente, domiciliados en esta ciudad de Mérida, estado Mérida y civilmente hábiles.
Mediante escrito de reforma del libelo de la solicitud por partición y liquidación amistosa de los bienes habidos en la comunidad conyugal, la parte solicitante:
o Alegó una serie de hechos, referidos a la propiedad de derechos y acciones sobre bienes muebles e inmuebles adquiridos durante su matrimonio. Y que con ocasión de su divorcio declarado definitivamente firme en fecha 18 de julio del 2.013, procedían a la partición y liquidaciones de los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal que existió entre ellos.
o Hicieron mención de manera pormenorizada de los bienes adquiridos durante la comunidad conyugal.
o Establecieron los acuerdos de partición y adjudicación de los bienes que conforman el patrimonio de la comunidad conyugal.
o Fundamentaron su acción en los artículos 173 y 183 del Código Civil aunado al artículo 788 del Código de Procedimiento Civil.
o Solicitaron la Homologación de la presente partición y liquidación amistosa de la comunidad de bienes conyugales, adquiridos durante la comunidad conyugal, así como, la declaratoria de la disolución y extinción de la comunidad de gananciales.
o Finalmente, indicaron su domicilio conyugal.
El Tribunal para decidir hace previamente las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
DE LA COMPETENCIA EN GENERAL: Es considerado el proceso judicial como aquel conjunto de actos procesales ocurridos cronológicamente y regulado por un ordenamiento jurídico para el desarrollo de la función jurisdiccional.
En este sentido el profesor de derecho procesal civil H.C., en su libro “Derecho Procesal Civil, La Competencia y otros temas”, consagra el proceso como:
Un conjunto de actividades ordenadas por la ley, para el desenvolvimiento de la función jurisdiccional. Es una relación jurídica porque vincula a los sujetos que intervienen en él, es método dialéctico porque investiga la verdad jurídica en un conflicto de intereses y es una institución porque está regulado según las leyes de una misma naturaleza. Toda la normativa que regula el proceso tiende a reparar un derecho lesionado, a declarar una situación jurídica justa o la restitución o resarcimiento de lo que es debido. Por ello, derivado del carácter instrumental de la ciencia que lo estudia, el proceso no es un fin en si mismo sino el instrumento para realizar la justicia.
En ese mismo orden de ideas, el procedimiento comprende el modo de proceder en la justicia, así para el Doctor F.C., en su obra Instituciones de Derecho Procesal, establece que el procedimiento es:
“una coordinación de actos que tienden a un efecto jurídico común...Tal carácter se haya perfectamente reflejado en el significado de la palabra procedimiento, la cual denota la idea de avanzar de un acto a otro como se produce, un paso tras otro, hacia la meta. “
De tal manera que, el proceso está imbuido en su ejercicio por la competencia, la cual está determinada a diferentes órganos jurisdiccionales y con eminente orden público. Siendo ello así, la competencia es la atribución legal conferida a un Juez como árbitro y director del proceso para el conocimiento de un asunto jurídico determinado, en razón de la materia, la cuantía de la demanda y el territorio.
Por su parte el eminente jurista venezolano Dr. A.R.R., se refiere a la competencia en el proceso civil, de la siguiente manera:
...La competencia es como una medida de la jurisdicción y no como la capacidad del juez para ejercer dicha función, porque la facultad de este funcionario de ejercer válidamente en concreto la función jurisdiccional, depende no de su aptitud personal, sino de la esfera de poderes y atribuciones que objetivamente asigna la ley al tribunal..
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LA COMPETENCIA CON RESPECTO AL PRESENTE JUICIO: El artículo 3 de la Resolución número 2.009-0006 de fecha 18 de marzo de 2.009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial número 39.152, de fecha 2 de abril del mismo año, establece:
Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida.
De acuerdo a la norma transcrita, el Tribunal Supremo de Justicia dispuso para los Juzgados de Municipio una competencia “exclusiva y excluyente” para todos los asuntos de jurisdicción graciosa o voluntaria según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, siempre que en los mismos no intervengan niños, niñas o adolescentes.
Desde entonces los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza.
Según lo establecido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de marzo de 2.009, se considera que este tipo de solicitudes, tienen una naturaleza graciosa, ya que no está prevista contención alguna por cuanto no se trata de dirimir un conflicto entre los intereses particulares por una parte, y el bien público por la otra, sino de integrar o completar la actividad de los particulares dirigidas a la satisfacción de sus intereses mediante el desarrollo de situaciones jurídicas, sin necesidad de las formalidades de un juicio.
Que el primer aparte del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, expresa que la incompetencia puede declarase aún de oficio, en cualquier momento del juicio, lo cual constituye una norma de orden público, por lo que este Tribunal se considera incompetente para conocer de la presente causa y considera competente al Juzgado de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida; al que corresponda por distribución, para conocer de la presente solicitud de partición y liquidación amistosa de los bienes habidos en la comunidad conyugal que corresponde a la jurisdicción graciosa no contenciosa y así debe decidirse.
En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
QUE ES INCOMPETENTE para conocer de la solicitud por partición y liquidación amistosa de los bienes habidos en la comunidad conyugal, de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil.
Como consecuencia del anterior pronunciamiento, este Juzgado DECLARA COMPETENTE, para conocer de la presente acción al Juzgado de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida; al que corresponda por distribución, y DECLINA EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, al mencionado Juzgado. Por lo tanto y conforme a la presente decisión, ordena remitir mediante oficio el presente expediente al mencionado Juzgado, una vez que quede firme la presente decisión, si no se solicita por la parte actora la regulación de la competencia dentro del plazo de cinco días de despacho siguientes a este pronunciamiento y que en el supuesto caso de que quede firme esta decisión, la causa continuará su curso ante el Tribunal declarado competente quien continuará el curso del juicio al tercer día siguiente al recibo del expediente, todo ello de conformidad con el artículo 69 y parte in fine del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil.
Por la naturaleza del fallo no hay pronunciamiento sobre costas.
Por cuanto la parte solicitante se encuentra a derecho no se requiere su notificación.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.
DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, dieciocho de octubre de dos mil trece.
EL JUEZ TITULAR,
A.C.Z.
LA SECRETARIA TITULAR,
S.Q.Q.
En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las diez y diez minutos de la mañana. Conste.
LA SECRETARIA TITULAR,
S.Q.Q.
Exp. 10.601.
ACZ/SQQ/jvm.-
