Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 13 de Julio de 2006

THEMA DECIDENDUM: La parte actora ciudadana B.P., debidamente asistida por el abogado en ejercicio A.E.P.C., interpuso demanda por prescripción adquisitiva en contra de la sucesión POWEL GEGOROW SINCANOVA, y del ciudadano DIMETRI BIRULINA YONKINA, por cuanto en su escrito libelar alegó que desde hace más de 20 años, es decir, desde el 15 de enero del año 1.982, ha poseído en forma legítima, constante, reiterada, pública, pacífica, no equivoca, ininterrumpida, continúa y con la intención de tener el inmueble como suyo propio, un lote de terreno, que forma parte de uno de mayor extensión y el cual se halla ubicado en el Caserío de San R.d.T., sector Barrio Don Pablo, jurisdicción del Municipio S.M.d.E.M.; y en fecha 5 de octubre de 1.961 el ciudadano DIMETRI BIRULINA YONKINA, le vende al ciudadano POWEL GEGOROW SINCANOVA, la mitad del inmueble, mejoras y aves de corral, que tenía en sociedad y que habían adquirido, quedándole la plena propiedad, posesión y dominio de la totalidad del inmueble y mejoras al ciudadano POWEL GEGOROW SINCANOVA, según documento autenticado de venta expedida por el Juzgado de los Municipios Libertador y S.M., anotado bajo el número 40, folios 78, 79 y 80 de los libros de autenticaciones llevados por ese Tribunal. Por otra parte la defensora judicial del ciudadano DIMETRI BIRULINA YONKINA, en su escrito de contestación a la demanda negó, rechazó y contradijo en todas y cada una de sus partes la demanda incoada en contra de su representado. De esa manera y mediante tales argumentos de las partes quedó trabada la litis.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA. La parte actora promovió las siguientes pruebas:

1. VALOR Y MÉRITO JURÍDICO DE LA DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN.

   El Tribunal observa que del folio 1 al 5 obra escrito libelar de la demanda, y ha sido doctrina sostenida por la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia en reiterados fallos que el mismo no constituye un medio probatorio. En efecto en sentencia de fecha 16 de noviembre de 2.000, número 474, la dicha Sala dejó sentado lo siguiente:

   (omissis)...el libelo de demanda no es una prueba, sino la actuación de la parte que contiene la pretensión. En dicho escrito no puede haber confesión, pues no existe el animo de aceptar un hecho dañoso sino de exponer la pretensión; en consecuencia , si el Juez se aparta de los términos de dicha pretensión, omitiendo una alegación que la otra parte considera favorable a sus intereses, cometería vicio de incongruencia, no silencio de prueba. Omissis

   (Tomado de Ramírez & Garay, Tomo 170, Noviembre 2.000, número 2702, página 589).

   Asimismo en decisión dictada en fecha 28 de noviembre de 2.000, la misma Sala ratifica el criterio in comento al establecer:

   (omissis)...en cuanto a la alegación del formalizante, de que se ha debido hacer un estudio comparativo entre el libelo de demanda y su reforma, y que al no haberse realizado se incurrió en silencio de prueba, sino que cualquier omisión de examen constituye vicio de incongruencia.

   Sin embargo, en el caso bajo decisión no existe tal error, pues el libelo reformado es sustituido por el nuevo libelo, en virtud de la reforma y no puede constituir fundamento para ningún pronunciamiento, favorable o desfavorable al demandante...

   (Tomado de Ramírez & Garay, Tomo 170, Noviembre 2.000, número 2718, página 628).

   En este sentido reciente decisión de fecha 2 de octubre de 2.003, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, contenida en el expediente número AA60-S-2003-000166, con ponencia del Magistrado Dr. J.R.P., se estableció: “Tiene establecido esta Sala que las afirmaciones de hecho contenidas en el escrito de la demanda y contestación, no tienen carácter o naturaleza de “pruebas”, aún cuando, ciertamente, precisan los términos en que las partes han dejado planteada la litis, y en ese sentido, delimitan los extremos cuya prueba deberá ser aportada posteriormente a aquellos cuya demostración no será necesario aportar”. Por lo tanto, tales alegatos no constituyen prueba alguna.

2. VALOR Y MÉRITO JURÍDICO DEL JUSTIFICATIVO DE TESTIGOS EL CUAL FUE EVACUADO POR ANTE LA NOTARÍA PÚBLICA SEGUNDA DE MÉRIDA, DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2.002.

   El Tribunal observa que corre agregado a los autos de los folios 6 al 8 original justificativo de testigos que fue evacuado por ante la Notaría Pública Segunda de Mérida, en fecha 23 de abril de 2.002, en el cual se hallan las declaraciones de los ciudadanos J.O.Q.Q., P.J.L., M.M.M.M. y J.M.M.G..

   El Juzgado observa que ninguno de los ciudadanos que declararon en dicho justificativo notarial fueron promovidos como testigos por la parte actora, en consecuencia, el Juez no puede valorar los testimonios que hicieran los mencionados testigos en el justificativo notarial, por cuanto, la contraparte no tuvo la oportunidad de repreguntarlos en orden al principio del contradictorio o control de la prueba; y por estas razones, al referido justificativo notarial no se le otorga eficacia jurídica probatoria y así se decide.

3. VALOR Y MÉRITO PROBATORIO DE COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DE PROPIEDAD, EXPEDIDO POR EL REGISTRADOR SUBALTERNO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO MÉRIDA CORRESPONDIENTE A LOS CIUDADANOS DIMITRI (sic) BIRULINA YONKINA Y POWEL JEGOROW (sic) SINCANOVA.

   El Tribunal observa que del folio 9 al 10 corre inserta copia certificada de documento de propiedad expedido por la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Libertador del Estado Mérida, en el cual se evidencia que el ciudadano T.A.M., le vende a los ciudadanos DIMETRI BIRULINA YONKINA y POWEL JEGOROW SINCANOVA, un lote de terreno para agricultura, con plantaciones de café y frutos menores, con casa de habitación construida de tapias y tejas y demás anexidades que contiene, el mismo se encuentra ubicado en el caserío San R.d.T., jurisdicción del Municipio Tabay del Municipio Libertador del Estado Mérida. Tal documento se le tiene como público, y este Tribunal le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil, no obstante, con tal documento que es uno de los requisitos para interponer la demanda de prescripción adquisitiva, a los fines del juicio incoado no beneficia ni afecta negativamente a las partes, vale decir, tal documento no tiene una evidencia de que la parte actora hubiese ocupado el inmueble objeto de la demanda, por el tiempo requerido para el ejercicio de la referida acción judicial.

4. VALOR Y MÉRITO JURÍDICO DEL ACTA DE DEFUNCIÓN DEL CAUSANTE POWEL JEGOROW SINCANOVA.

   El Tribunal observa que al folio 14 y su vuelto riela acta de defunción del ciudadano POWEL GEGOROW SINCANOVA, expedida por el Registrador Principal del Estado Mérida, a la cual este Tribunal le asigna el valor probatorio a que se contrae el artículo 1.359 del Código Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

   En efecto, desde el punto de vista probatorio, es el que señala el Dr. J.L.A.G., en su texto Derecho Civil-Persona- UCAB. Caracas 1.982, p.119, en donde expresa:

   “Respecto de los actos presenciados por la autoridad, las partidas tienen carácter de prueba auténtica. En consecuencia, mientras no sean declaradas falsas hacen plena fe “erga omnes” : 1º) de los hechos que el funcionario declara haber efectuado, si tenía la facultad de efectuarlos; y 2º) de los hechos que el funcionario declara haber visto u oído, si tenía facultad para hacer constar (C.C. art. 1.359). Así, por ejemplo, hace plena fe “erga omnes”, mientras no sean declaradas falsas, en las respectivas partidas de nacimiento, entre otras, las declaraciones del funcionario de que fue presentado un niño en determinada forma, de que le impuso un determinado nombre por no haberlo hecho el presentante y de que éste compareció ante él. A su vez, para que las partidas puedan ser declaradas falsas, se requiere intentar la tacha de falsedad, la cual sólo procede por las causales taxativas señaladas por la Ley (C.C. art. 1.380) y se tramita por un procedimiento especial muy riguroso (C.P.C., art. 318 y siguientes)”.

   Sin embargo, tal acta de defunción del ciudadano POWEL GEGOROW SINCANOVA, carece de eficacia jurídica probatoria en cuanto a la presente acción de prescripción adquisitiva, independientemente del valor que se le da a dicho instrumento, sin embargo la mencionada acta nada prueba con respecto a al tiempo de posesión que requiere la prescripción adquisitiva demandada.

5. VALOR Y MÉRITO PROBATORIO DE LAS PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS EN LOS DIARIOS FRONTERA Y EL CAMBIO. ASÍ COMO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS CARTELES DE CITACIÓN EN EL DIARIO EL CAMBIO.

   El Tribunal observa que del folio 27 al 58 obran publicaciones del edicto a través del cual se hace saber de la presente acción a los sucesores desconocidos del causante POWEL GEGOROW SINCANOVA, así como de aquellas personas que se crean con derechos sobre el inmueble objeto del presente juicio, a los fines de que se hagan parte en el proceso, así mismos a los folios 100 y 101 corre agregado publicación de cartel de citación del ciudadano DIMETRI BIRULINA YONKINA. A tales publicaciones periodísticas el Tribunal, les da el valor probatorio que les asigna el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, por haber sido ordenadas por el Tribunal para publicarlas. Sin embargo, con tal con tales publicaciones se cumple con otro de los requisitos de la demanda de prescripción adquisitiva, pero a los fines del juicio incoado, tales publicaciones no beneficia ni afecta negativamente a ninguna de las partes, vale decir, tales publicaciones no permiten evidenciar que la parte actora hubiese ocupado el inmueble objeto de la demanda, por el tiempo requerido para el ejercicio de la referida acción judicial.

6. VALOR Y MÉRITO PROBATORIO DE LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA REGISTRO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO MÉRIDA.

   El Tribunal observa que al folio 115 y su vuelto consta certificación de datos expedido por el Registro Inmobiliario del Municipio Libertador del Estado Mérida, sobre la propiedad del terreno correspondiente a los ciudadanos DIMETRI BIRULINA YONKINA y al causante POWEL GEGOROW SINCANOVA, a través del cual certifica que no existe gravamen hipotecario vigente, igualmente notas marginales de medidas de embargo ni prohibiciones de enajenar y gravar que le hayan sido impuestas por autoridades judiciales. Este documento se constituye como público, y el Tribunal le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil, no obstante, con tal documento que es uno de los requisitos para interponer la demanda de prescripción adquisitiva, el mismo en cuanto al juicio incoado, no beneficia ni afecta negativamente a las partes, vale decir, tal documento no produce una evidencia de que la parte actora hubiese ocupado el inmueble objeto de la demanda, por el tiempo requerido para el ejercicio de la referida acción judicial.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA: Después de la revisión exhaustiva del presente expediente se constató que la parte demandada no promovió ningún género de pruebas.

DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. Es así como con relación a la prescripción adquisitiva el artículo 796 del Código Civil, en su parte in fine, expresa: “…Puede también adquirirse (la propiedad) por medio de la prescripción.”

Ello entra en perfecta concordancia, con lo señalado en el Artículo 1.952 del Código Civil, que señala tanto a la Prescripción Extintiva como a la Adquisitiva, cuando expresa: “…La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley.” Y dentro de la propia Ley Sustantiva, se señala que para adquirir por Usucapión, se necesita la posesión legítima. En efecto, el Artículo 1.953 del Código Civil, expresa: “…Para adquirir por prescripción se necesita posesión legitima”. Ello nos lleva al análisis del Artículo 772 eiusdem, el cual nos explica en qué consiste la posesión legítima, y al efecto establece: “…La posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia.” De acuerdo con estos principios sustantivos, en materia de prescripción adquisitiva, se debe probar el ejercicio de la posesión legítima sobre el bien sublitis, y al respecto, la posesión se debe probar mediante hechos materiales, fácticos, que demuestren que la persona ha ejercido actos posesorios, que permitan evidenciar el animus possidendi, con el aditamento de que la posesión sería legítima, cuando llevase la condición de ser continua, esto es, según la autorizada opinión del autor S.J.S., cuando comenta la obra de Las Acciones Posesorias de R.A.P., quien opina que ésta presupone un hecho personal que demuestre fehacientemente, o sea, que no admita dudas de que el poseedor es tal durante determinado tiempo. Este elemento de la posesión legítima que se explica por la permanencia conlleva al ejercicio de actos continuos con regularidad, es decir, se oponen a la discontinuidad. Con respecto a la característica de no interrumpida, se plantea el hecho mismo de la no interrupción o la no suspensión por un hecho que se deriva de una tercera persona o por parte del mismo propietario, es decir, que deja de poseer la cosa lo que implica la interrupción de la posesión. Con relación a la posesión pacífica, implica la tenencia de una cosa sin que pueda producirse ningún género de oposición, además, sin la utilización de la violencia ni el uso de la clandestinidad. Con respecto a la característica de que la posesión es pública, como elemento de la posesión legítima, es precisamente que el poseedor tenga el reconocimiento del entorno de que está poseyendo el bien bajo la observación de la comunidad con el ánimo de poseer la cosa como suya propia y en cuanto a la posesión no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia, constituye su actuación como dueño.

En el caso in comento, el Tribunal pudo constatar luego del exhaustivo análisis de este expediente, que no fueron demostrados por la parte actora los elementos constitutivos de la posesión legítima y el lapso señalado por la Ley para adquirir la propiedad, que son los requisitos fundamentales para pretender la prescripción adquisitiva sobre un inmueble, por cuanto sus pruebas resultaron ineficaces para demostrar su pretensión, por lo tanto, la demandante no probó los hechos que alegó en su escrito libelar, ya que una de las pruebas fundamentales para este tipo de juicio es la testifical, prueba ésta que no promovió la accionante. Asimismo, resulta pertinente señalar que este Juzgado no logró valorar los testimonios que se encuentran en el justificativo notarial promovido por la parte demandante, a razón de que como ya se manifestó anteriormente en la valoración de las pruebas de la parte actora, las personas que declararon en dicho justificativo notarial debieron ser promovidos como testigos en el presente proceso, con la finalidad de que la contraparte tuviera la oportunidad de repreguntarlos en orden al principio del contradictorio o control de la prueba. De la misma manera, este Tribunal considera que el resto de las pruebas documentales promovidas por la parte actora resultaron ineficaces, para probar tanto la posesión legítima como el tiempo establecido por la ley para adquirir la propiedad por medio de la usucapión. Por las razones antes expuestas es por lo que la acción interpuesta no debe prosperar, y ASÍ DEBE DECIDIRSE.

Determinada la forma como quedó trabada la litis, corresponde a este juzgador proceder a sentenciar el fondo de la presente controversia.

Establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil:

Artículo 506: Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación

. (Lo destacado y subrayado fue efectuado por el Tribunal)

Quiere decirse con esto que la formación del material de conocimiento en el proceso constituye una carga para las partes y condiciona la actuación del Juez a no referirse a otros hechos que a los alegados por aquellas. Que de su actividad depende que sus pretensiones sean admitidas o rechazadas de modo que junto a la carga de la afirmación de los hechos tienen la carga de la prueba de los mismos.

Así como no se puede tomar en cuenta hechos que no han sido alegados por las partes, el Juez tampoco puede fundar su sentencia en hechos que no han sido probados. El Código de Procedimiento Civil distribuye la prueba entre las partes, como una carga procesal cuya intensidad depende del respectivo interés, vale decir, si el actor le interesa el triunfo de su pretensión, deberá probar los hechos que le sirven de fundamento, y si al demandado le interesa destruir, enervar o reducir con su actividad directa en el proceso el alcance de la pretensión, deberá por su parte, probar el hecho que la extingue, que la modifique o que impide su existencia jurídica.

Siendo ello así, el Juez de este Tribunal con relación a este caso sólo puede resolver las cuestiones que las partes hayan formulado en los citados actos, vale decir, en la demanda y la contestación de la demanda, ya que el Tribunal no puede incurrir en el vicio de incongruencia que se verifica cuando el Juez omite pronunciarse sobre un alegato de las partes (incongruencia negativa), o bien cuando extiende su pronunciamiento a alegatos no formulados en el proceso (incongruencia positiva), ya que con la demanda la parte actora agota su oportunidad legal de alegar sobre la pretensión deducida en el proceso y correlativamente la parte demandada agota la suya al efectuar la contestación, de tal manera que con tales actuaciones se traba la litis y se cierra a las partes la posibilidad de traer nuevos alegatos relativos a la pretensión deducida en el juicio. Sin embargo, en el escrito de informes es admisible la alegación de hechos determinantes y concernientes a la suerte del proceso como lo es la confesión ficta, la reposición de la causa u otros similares y al no actuar de esa manera las partes o el juzgador, tales circunstancias repugna la justicia porque atenta contra elementales garantías y derechos de orden constitucional de los sujetos de derecho por lo tanto, no puede existir un pronunciamiento divorciado de los hechos controvertidos.

El encabezamiento del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil establece:

“Artículo 12: Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer los límites de su oficio. En decisiones el Juez debe atenerse a las normas de derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos no alegados, ni probados. (Lo destacado y subrayado fue efectuado por el Tribunal)

Debe destacarse que para poder declarar con lugar una acción judicial debe ineluctablemente existir una plena prueba de todos los hechos que sirven de fundamento a la acción interpuesta. Tanto es así, que el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, expresa que los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella y en caso de duda, agrega el expresado dispositivo legal que se sentenciará a favor del demandado, prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y puntos de mera forma, y en el caso que nos ocupa la parte actora no logró comprobar los elementos constitutivos de la prescripción adquisitiva, ya que sólo promovió pruebas documentales las cuales resultaron ineficaces para demostrar su pretensión, ya que una de las pruebas fundamentales para este tipo de juicio es la testifical, prueba ésta que no promovió la accionante, razón por la cual la presente demanda de prescripción adquisitiva no puede prosperar y así debe decidirse.

Del detenido estudio de las alegaciones formuladas tanto por la parte actora en su escrito libelar como lo indicado en la contestación de la demanda por la defensora judicial, así como del análisis de las pruebas promovidas por la parte actora, se ha podido constatar que la demandante ciudadana B.P., no logró comprobar que hubiese poseído el inmueble objeto de la demanda por el lapso de veinte años o más, requisito que es indispensable en este tipo de demandas, razón por la cual la acción judicial de prescripción adquisitiva incoada no puede prosperar y así debe decidirse.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: Sin lugar la demanda que por prescripción adquisitiva interpuso la ciudadana B.P., en contra de la sucesión POWEL GEGOROW SINCANOVA, y del ciudadano DIMETRI BIRULINA YONKINA. SEGUNDO: De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandante, por haber resultado totalmente vencida en el presente juicio. TERCERO: Por cuanto la decisión sale fuera del lapso legal, se acuerda la notificación de las partes, para evitar la trasgresión de la norma constitucional que garantiza el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de las partes, previstos en el encabezamiento y numeral 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cumplir asimismo con la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, con el entendido que en el día de despacho siguiente a aquél en que conste en los autos la última notificación, comenzará a contarse el lapso de apelación a que se contrae el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual debe seguirse la forma prevista en los artículos 187, 292, 294, 297 y 298 ejusdem. Líbrense las correspondientes boletas de notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, trece de julio de dos mil seis.

EL JUEZ TITULAR,

A.C.Z.

LA…

…SECRETARIA TITULAR,

S.Q.Q.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia siendo las tres de la tarde. Conste.

LA SECRETARIA,

S.Q.Q.

ACZ/SQQ/ymr.