Decisión nº KP02-O-2010-000092 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 4 de Febrero de 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

Exp. Nº KP02-O-2010-000092

En fecha 05 de mayo de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado J.C.D.D., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 102.049, como Procurador de Trabajadores; en nombre y representación de la ciudadana B.D.C.V.C., titular de la cédula de identidad Nº 3.658.892; contra el MUNICIPIO SAN R.D.C.D.E.T., en razón del presunto incumplimiento de la P.A. Nº 070-2008-0131, de fecha 30 de septiembre de 2008, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Trujillo, sede Valera de la Coordinación Zona Centro Occidental adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.

Posteriormente, en fecha 06 de mayo de 2010, se recibió en este Juzgado Superior el presente asunto.

En fecha 10 de mayo de 2010, se admitió la acción de amparo ordenando las citaciones y notificaciones de Ley, las cuales fueron libradas el 02 de julio del mismo año.

En fecha 31 de enero de 2011, fueron consignadas las resultas de la comisión cumplida por el Juzgado de los Municipios Valera, Motatán, San R.d.C. y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.

Así, por auto de fecha 31 de enero de 2011, se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia constitucional, para el día miércoles 02 de febrero de 2011.

En la aludida fecha, se celebró la audiencia constitucional, dejándose constancia en acta de la incomparecencia de ambas partes; además de la comparecencia del Fiscal Duodécimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En esa misma oportunidad, este Juzgado Superior declaró terminada por abandono de trámite la presente acción de amparo constitucional.

En la misma fecha, 02 de febrero de 2011, el representante del Ministerio Público consignó escrito de opinión fiscal.

Finalmente, revisadas las actas procesales y llegada la oportunidad de dictar sentencia definitiva, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir previa las consideraciones siguientes:

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

Mediante escrito presentado en fecha 05 de mayo de 2010, la parte accionante, ya identificada, interpuso acción de amparo constitucional con base a los siguientes alegatos:

Que en fecha 07 de enero de 2007, ingresó a laborar para la Alcaldía del Municipio San R.d.C.d.E.T., desempeñando el cargo de portera (obrera) específicamente en las instalaciones del Liceo E.C., pero que en fecha 07 de abril del 2008 fue despedida injustificadamente razón por la cual acudió ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Trujillo, sede Valera, a los fines de solicitar el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, y que posteriormente en fecha 30 de septiembre de 2008 se produjo la orden de reenganche, mediante p.a. Nº 070-2008-0131.

Que “…en el mencionado procedimiento quedó demostrada la relación laboral de mi representada con la Alcaldía del Municipio San R.d.C. y en consecuencia el derecho al Reenganche y Pago de Salarios Caídos y ante la negativa (…) de dar cumplimiento voluntario ni aún al forzoso de lo ordenado en el expediente ya mencionado, esta conducta omisiva al cumplimiento de la p.a. a favor de mi representada es una flagrante violación de lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…)”.

Alegó que en virtud de la desobediencia a la orden de reenganche emanada de una autoridad competente, se siguió el procedimiento de sanción previsto en los artículos 639 y 647 de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que en fecha 25 de noviembre de 2009, se dictó la p.a. Nº 070-2009-06-00026, mediante la cual se impuso la correspondiente multa por desacato.

Fundamentó su acción de amparo constitucional en los artículos 26, 27, 87, 89 y 93 de nuestra carta magna, en los artículos 1, 11, 23, 24 y 32 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 2 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales.

Finalmente, solicita sea declarada con lugar la presente acción de amparo constitucional y en consecuencia se ordene a la Alcaldía del Municipio San R.d.C.d.E.T., proceda al reenganche, al pago de los salarios caídos, a la indexación o corrección monetaria, además de cancelar las costas y costos del proceso.

II

DE LA OPINIÓN FISCAL

En fecha 02 de febrero de 2011, el Fiscal Duodécimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara presentó escrito de opinión señalando que “(…) constatada la ausencia del accionante a la audiencia constitucional oral y pública del amparo intentado en contra la supuesta negativa al cumplimiento de la P.A.N.. 070-2008-0131 del 30/09/08, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Trujillo, sede Valera, que ordenó el reenganche y pago de salarios caídos de la ciudadana B.D.C.V.C.; se estima que, este asunto atiende solo a los intereses personales de la accionante cuya concurrencia al acto se estimaba necesaria como indicativo de la persistencia de su interés en continuar el presente procedimiento, por lo que su ausencia y la falta de impulso procesal nos induce a pronunciarnos por la declaración de terminación del procedimiento por abandono del trámite”.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada como fue la competencia de este Juzgado Superior para conocer del presente asunto, por sentencia dictada en fecha 10 de mayo de 2010 (folios 72 al 80), corresponde de seguidas pronunciarse sobre el fondo del mismo.

Así pues, siendo la oportunidad de decidir la presente acción de amparo constitucional, aprecia esta Juzgadora que denuncia la parte accionante la presunta violación de los artículos 88 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos a decir del accionante al “(…) derecho-deber del Estado de garantizar el ejercicio del derecho al trabajo y (…) como obligación fundamental del Estado su protección como hecho social (…)”.

Así pues, del análisis del caso bajo examen, este Juzgado Superior observa que siendo la oportunidad fijada para que tuviera lugar la audiencia constitucional, vale decir, el día 02 de febrero de 2011, se dejó expresa constancia mediante acta de la falta de comparecencia a la celebración de la misma tanto la parte presuntamente agraviada como de la parte presuntamente agraviante, en virtud de lo cual, se declaró el abandono del trámite y terminado el procedimiento.

Ante tal situación resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 25 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales que indica que:

Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres. (…)

Igualmente, este Juzgado Superior considera pertinente traer a colación la sentencia Nº 7 dictada el 1º de febrero de 2000, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso: J.A.M.B. y J.S.V., que prevé el procedimiento del juicio de amparo constitucional, a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual expresa lo siguiente:

Admitida la acción, se ordenará la citación del presunto agraviante y la notificación del Ministerio Público, para que concurran al tribunal a conocer el día en que se celebrará la audiencia oral, (…)

En la fecha de la comparecencia que constituirá una audiencia oral y pública, las partes, oralmente, propondrán sus alegatos y defensas (…)

La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales.

La falta de comparencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que podrá inquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, en materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias.

(Subrayado de este Juzgado)

Asimismo, en fecha 06 de junio de 2001, la referida Sala, Caso J.V.A.C., señaló lo siguiente:

En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.

(Subrayado de este Juzgado)

Tal efecto ha sido reiterado en sentencia de reciente data por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 21 de julio de 2010, caso: Desarrollos Educativos a Nivel Superior C.A. (DEPENSU C.A.), donde indicó que:

…Omissis…

2. Ahora bien, no obstante que esta Sala admitió la pretensión de tutela constitucional que se examina y convocó a las partes, para su comparecencia, el 15 de abril de 2010 a la audiencia pública que ordena el artículo 26 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, fue imposible la celebración de dicho acto procesal por razón de la incomparecencia, entre otros, de la representante judicial de la demandante.

3. Como punto previo de interés en las presentes valoraciones, esta juzgadora recuerda que, para la calificación jurídica de la antes referida conducta omisiva que, en el anterior aparte, imputó a la demandante, delineó, de manera nítidamente diferenciada, las figuras del desistimiento y del abandono de trámite. El primero, forma de autocomposición procesal, requiere, por la trascendencia de sus efectos jurídicos, de manifestación expresa, (…) lo cual no ocurrió en el presente caso, pues (…) no habría derivado de una manifestación expresa de voluntad en dicho sentido, sino, tácitamente, de la inasistencia de dicha parte a la audiencia pública que prescribe el artículo 26 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales. Es el caso que la inasistencia a la referida audiencia ha sido estimada, por esta Sala, más bien como un supuesto específico de abandono del trámite. (…)

…Omissis…

4. En el presente caso y de acuerdo con la doctrina que, en la materia que se examina, viene sosteniendo reiterada y pacíficamente esta Sala, se concluye que la consecuencia jurídica de la incomparecencia del accionante a la audiencia pública que, conforme a la Ley, fue convocada en la primera instancia, era la terminación del procedimiento, por abandono del trámite, por parte del accionante; ello, junto con la circunstancia de que los hechos que el demandante delató como lesivos no afectaron el orden público, en los términos que el mismo quedó definido por esta Sala, a través de su sentencia n.° 1207, de 06 de julio de 2000, como excepción al cumplimiento con la normas que rigen el procedimiento de amparo constitucional.

5. Con base en las consideraciones precedentes, y por cuanto este caso no involucra afectación alguna al orden público y las buenas costumbres, se declara el abandono, por la parte actora, del trámite correspondiente a esta demanda de tutela constitucional con sujeción al artículo 25 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, la terminación del procedimiento.

Así pues, ya suficientemente precisados los efectos de la incomparecencia del accionante a la audiencia constitucional, corresponde a este Juzgado abordar el ámbito que implica el orden público para la aplicación o no de tal efecto al presente asunto; de tal forma, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por sentencia de fecha 6 de julio de 2001 (Caso: Ruggiero Decina), estableció lo siguiente:

Ahora bien, esta Sala considera necesario aclarar el sentido del concepto de orden público a que se refiere la sentencia de fecha 1° de febrero de 2000 (caso: J.A.M.B.), al establecer como excepción a la terminación del procedimiento de amparo por falta de comparencia del presunto agraviado, cuando los hechos alegados afectan el orden público. En tal sentido, es necesario tomar en cuenta que si se considerare toda violación constitucional alegada por algún accionante como de orden público , esto implicaría la no existencia de normas de procedimiento del juicio de amparo como la relativa al lapso de caducidad (numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales), desistimiento expreso de la acción de amparo (artículo 25 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales), así como que en ningún caso se consideraría como terminado el procedimiento en caso de inasistencia del presunto agraviado en una acción de amparo constitucional en los términos establecidos en la jurisprudencia establecida por esta Sala (sentencia del 1/02/2000, caso: J.A.M.B.).

Así las cosas, la situación de orden público referida anteriormente es pues una situación de carácter estrictamente excepcional que permite obviar las normas de procedimiento relativas al p.d.a. constitucional. Es pues que el concepto de orden público a que se refieren las normas que rigen el p.d.a. constitucional para permitir la posibilidad de obviar normas procedimentales de dicho proceso, es aún más limitado que el concepto de orden público que se encuentra implícito en cualquier derecho o garantía constitucional precisamente por el hecho de que estos derechos poseen un carácter constitucional.

Es pues que el concepto de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de ciertas normas relacionadas con los procesos de amparo constitucional, se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes. Es por ello que en casos donde un presunto agraviado alega que un hecho, actuación, omisión o amenaza ocasionó una supuesta violación constitucional a su persona, sólo se consideraría de orden público , a manera de la excepción de las normas procedimentales de los juicios de amparo, cuando el Tribunal compruebe que, en forma evidente, y a consecuencia del hecho denunciado por los accionantes, se podría estar infringiendo igualmente derechos o garantías que afecten a una parte de la colectividad diferente a los accionantes o al interés general.

Ahondando en lo anterior, es necesario considerar que a pesar de la existencia de elementos de orden público que pudiesen hacerse presentes en los términos anteriormente expuestos, es necesario ponderar la posible infracción al derecho a la defensa y al debido proceso del presunto o presuntos agraviantes, que precisamente se encuentra protegido por las normas de procedimiento establecidas para los juicios de amparo, en contraposición con las supuesta situación de orden público que se presuma pueda existir. Es decir, es necesario que el hecho denunciado ocasione una presunta violación de orden público de tal magnitud que permita, a pesar de que, por ejemplo, el accionante haya desistido, o que la acción haya caducado, conocer el fondo del asunto en detrimento del derecho a la debido proceso y la defensa que protege al presunto agraviante

(Negritas y Subrayado de este Juzgado)

De modo tal que se constata que los derechos denunciados por el accionante como vulnerados, como lo son los referidos al “(…) derecho-deber del Estado de garantizar el ejercicio del derecho al trabajo y (…) como obligación fundamental del Estado su protección como hecho social (…)”, en principio conforme fue planteado; de ser considerados por este Juzgado como violados, perjudicarían sólo la esfera jurídica del accionante y de ningún modo a parte del colectivo. Así se decide.

Habiéndose establecido legal y jurisprudencialmente que el efecto jurídico de la incomparecencia de la parte presuntamente agraviada a la celebración de la audiencia constitucional es la declaratoria del abandono de trámite y consecuencialmente la terminación del procedimiento, este Juzgado Superior una vez constatada la incomparecencia de la ciudadana accionante Bertilla del C.V.C. a la celebración de la audiencia constitucional, quien no compareció personalmente, ni por medio de apoderado judicial alguno, debe forzosamente declarar Terminado el Procedimiento por Abandono de Trámite. Así se decide.

IV

DECISIÓN

Por las razones precedentes, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, actuando en Sede Constitucional, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:

.- TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por abandono de trámite en la presente acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado J.C.D.D.; en nombre y representación de la ciudadana B.D.C.V.C., ambos ya identificados; contra el MUNICIPIO SAN R.D.C.D.E.T., en razón del presunto incumplimiento de la P.A. Nº 070-2008-0131, de fecha 30 de septiembre de 2008, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Trujillo, sede Valera.

Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil once (2011). Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

La Jueza,

M.Q.B.L.S.T.,

Anthoanette K. Legisa H.

Publicada en su fecha a las 10:20 a.m.

Aklh.- La Secretaria,

L.S. Juez (fdo) M.Q.B.. La Secretaria Temporal (fdo) Anthoanette K. Legisa H. Publicada en su fecha a las 10:20 a.m. La Secretaria (fdo). La suscrita Secretaria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial, en Barquisimeto a los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil once (2011). Años 200° y 151°.

La Secretaria Temporal,

Anthoanette K. Legisa H.