Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Barquisimeto), de 21 de Octubre de 2009

Merito favorable de autos: reprodujo el merito favorable en autos que se desprende de los autos que favorecen ampliamente a la parte demandante: Hechos no controvertidos y aceptados por ambas partes: se tenga en cuenta lo afirmado por la parte demandada en su escrito de contestación de la demanda, especialmente en los numerales 2 y 3. que por consiguiente de la siguiente lectura del párrafo se evidencia la aceptación del contrato de compra venta de fecha 30 de Abril del 2007, que el mismo versa sobre el inmueble en litigio y la aceptación de que el puesto de estacionamiento N° 67, también forma parte del contrato que a su vez es reconocido por la parte demandada y hace plena prueba entre las partes; también aceptan que recibieron el primer pago correspondiente a la cantidad de QUINCE MIL BOLIVARES (Bs. 15.000) el día de la fecha de otorgamiento de la opción, es decir el día 30 de Abril de 2007, la parte demandante aceptaron haber recibido un primer pago a cabalidad, solo que mas adelante niegan haber recibido un segundo pago, así como niegan la responsabilidad de entregar el documento de liberación de la Hipoteca del cual nunca hicieron entrega. Al no indicar de qué hecho producido por la contraparte quiere hacer valer a su favor, la misma no se aprecia. ASÍ SE DECIDE.-

Reproduce el merito favorable de los autos, que favorecen a su representada especialmente los siguientes hechos:

1. - Hechos no controvertidos y aceptados por ambas partes: señaló como merito favorable de autos, que se tenga en cuenta lo firmado por el demandado en su escrito de la contestación de demandada de fecha 26 de noviembre de 2008. Al no ser dichos hechos material probatorio, no se aprecian los mismos. ASÍ SE DECIDE.-

2. - Marcado B: Anuncio publicitario de venta del inmueble en el diario local “El Impulso” de fecha 23 de Marzo de 2007. El mismo se valora de conformidad con el artículo 432 del Codigo Civil. ASÍ SE DECIDE.-

3. - Marcado C: Documento Privado de compra venta o de opción a compra, suscrito en fecha 30 de Abril de 2007, entre las ciudadanas Z.J.O. y M.C.O.. Dicho instrumento al no ser desconocido por la parte demandada, se aprecia de conformidad con el artículo 1.363 del Codigo Civil. ASÍ SE DECIDE.-

4. - Marcado D: Copia de las Nota de Debito por la adquisición de un Cheque de gerencia a cargo del Banco Provincial por la cantidad de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000). El mismo al no tratarse de las copias a que se refiere el primer aparte del articulo 429 del Codigo de Procedimiento Civil, no se aprecia. ASÍ SE DECIDE.-

5. - Marcado H: Documento de liberación de Hipoteca a favor de la institución bancaria Corp Banca, C.A Banco Universal donde solicita la corrección del numero de cedula de la ciudadana Z.J.O.. El mismo se aprecia de conformidad con el articulo 429 del Codigo de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.-

Confesión Judicial de la parte demandante: en la contestación de la parte demandada, aceptan como cierto la celebración del contrato de opción a compra, respecto a la cláusula quinta negó que sean las demandadas quienes deban tramitar el crédito hipotecario y estableció que no ser verdad que las demandadas, se hayan comprometido a tramitar el crédito de política habitacional para la demandante, si hayan asumido la obligación de proveerle el documento de hipoteca, que pesa sobre el apartamento. En todo caso por ser la parte demandante debió solicitarlo en el Registro correspondiente, ya que en el documento de opción, se establecieron los datos necesarios. Pero resultando estos datos erróneos e insuficientes por cuanto el mismo es de fecha 04-07-2006, cuando lo correcto es que el documento de liberación de hipoteca acompañado al libelo de la demanda es de fecha 04 de noviembre de 2007, así como también resulta un documento in suficiente por cuanto el mismo presenta un error respecto a la cedula de una de las demandadas, por lo tanto con ese error no se pudo registrar y por ende no se logro tramitar el correspondiente crédito habitacional. Dichos hechos por constituir los argumentos de la contestación de la demanda, no constituyen material probatorio, por lo tanto no se aprecian. ASÍ SE DECIDE.-

En cuanto al recibo que corre inserto en el folio 17 y de fecha 25 de mayo de 2007, este Juzgador no las aprecia toda vez que la misma emana de una tercera persona ajena al proceso, que si bien es cierto fue ratificada en juicio, no consta en autos que la misma hubiese estado autorizada para recibir cantidades de dinero en nombre de la demandada. ASÍ SE DECIDE.-

En cuanto al instrumento privado acompañado al libelo y que corre inserto en el folio 16, y señalado por el actor como marcado G, el mismo fue desconocido por las demandadas, en la oportunidad de la contestación de la demanda, y al no ser promovida la prueba de cotejo, se desecha dicho instrumento. ASÍ SE DECIDE.-

Prueba de informes: De conformidad con lo establecido en el articulo 433 del Codigo de Procedimiento Civil, solicitó al tribunal que se sirva oficiar al Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Estado Lara, que informase a este tribunal la fecha en que fue registrado la liberación de la hipoteca. Dicha probanza resulta pertinente y necesario por cuanto se verifica que el error en la cedula de identidad de una de las demandadas fue subsanada luego de seis meses y trece días después de celebrado el contrato, tiempo que imposibilita a la parte demandate tramitar el correspondiente crédito hipotecario. Recibida dicha comunicación en fecha 01 de abril de 2009, se valora de conformidad con lo establecido en el articulo 433 del Codigo de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.-

Testimoniales: de conformidad con el articulo 395 del Codigo de Procedimiento Civil en concordancia con el articulo 431 del Codigo Civil, solicita se escuchen las testimoniales de la ciudadana M.V., para que ratifique el contenido de los documentos privados que acompañaron el libelo de la demanda marcados con las letras “F” y “G” respectivamente y la protagónica función que desempeño en la negociación entre la parte demandada y la parte demandante en la negociación; y por otra parte, al ciudadano J.G., provisto de la cedula de identidad N° 17.619.529.

En cuanto a las testimoniales promovidas de los ciudadanos J.E.G.C. y M.V., este Juzgador observa:

En cuanto a las declaraciones de J.E.G.C., este Juzgador aprecia las declaraciones dadas por este testigo, solo en lo que respecta al hecho de la existencia del contrato de opción de compra venta, suscrito en la demandante, ciudadana BETTYS L.R.Z., y las demandadas, ciudadanas Z.J.O. Y M.C.O., pero desecha las declaraciones que tienen que ver con las preguntas y respuestas referidas a los montos en dinero, es decir, a aquellas dirigidas a probar que la negociación definitiva de compra venta, no se realizó por el hecho de que la demandante exigía un monto adicional de cien mil bolívares fuertes (Bs. 100), ya que las obligaciones superiores a dos mil bolívares (Bs. 2.000), no pueden ser probadas con testigos. ASÍ SE DECIDE.-

En cuanto a la declaración dada por la ciudadana M.V., y en la cual ratifica los instrumentos privados que corren a los folios 15, 17 y 20, este Juzgador desecha dicha testimonial, toda vez que dichos instrumentos ratificados emanan de la misma, que no pueden oponerse a la demandada, ya que no cursan en autos, documentos auténticos o reconocidos que apoyen lo declarado por la mencionada testigo, lo cual dichas testimoniales, no le dan confianza a este Juzgador. ASÍ SE DECIDE.-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Establecidos los términos en que quedó planteada la controversia, es preciso referirse, al concepto o termino dado por la doctrina al Contrato, en este sentido señala que, constituye una especie de convención, puesto que involucra el concurso de las voluntades de dos o más personas conjugadas para la realización de un determinado efecto jurídico, que puede consistir en la creación, regulación, transmisión, modificación o extinción de un vínculo jurídico, de allí que el contrato regula relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial, susceptibles de ser valorados desde un punto de vista económico; produce efectos obligatorios para todas las partes, es fuente de obligaciones.

A su vez el codigo civil, en su artículo 1133, nos define el contrato de la siguiente manera:

Artículo 1.133.- El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico.

Ahora bien, la acción de cumplimiento es la opción que tiene una de las partes en un contrato bilateral, de pedirle a la otra, el cumplimiento del mismo, si la otra parte no cumple a su vez con la suya, lo que significa que en la ejecución judicial del contrato bilateral, motivada por el incumplimiento culposo de una de las partes.

Tal situación viene regulada por el Artículo 1167 del Código Civil, al disponer:

Artículo 1.167: En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello.

Aquí, se establece la opción que tiene una de las partes, ante el incumplimiento de la otra, es decir, que es un derecho del acreedor a elegir el cumplimiento forzoso del contrato o resolverlo, siendo que en ambos casos exigir el cobro de daños y perjuicios, originados por el incumplimiento.

Por su parte, el artículo 1.264 del Código Civil:

Artículo 1.264.- Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios, en caso de contravención.

De la referida norma, inferimos que los contratantes deben someterse estrictamente a lo convenido, y en caso contrario, se debe responder por los daños que se ocasionaren.

Ahora bien, siendo que en este asunto la parte actora escogió la acción de cumplimiento de contrato de opción de compra venta, es decir, estamos en presencia de una demanda que ha sido calificada por la doctrina como “interés contractual positivo”; en tanto que así lo define la demandada, y del texto del documento se le califica de igual manera, es decir, un contrato de opción de compraventa, instrumento que fue acompañado por la parte actora, cuyo contenido ha sido aceptado por ambas partes y en consecuencia este juzgador le otorga todo el valor y mérito probatorio a tenor de lo previsto en los artículos 1.363 y siguientes del Código Civil Venezolano, en concordancia con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, y cuyo alcance será establecido con posterioridad, todo ello hace necesario determinar con precisión que tipo de acuerdo celebraron las partes.

Es aquí donde se hace necesario referirse a lo sostenido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, contenido en la sentencia del 22 de junio de 2001, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, sentencia Nº RC-0169, expediente Nº 00377, en la cual se señala que la facultad de los jueces de instancia de interpretar actos y contratos no es delimitada, por el contrario, se restringe a los casos de oscuridad, ambigüedad o deficiencia.

Por otra parte, se hace la diferencia o distinción entre la calificación e interpretación de un contrato, ya que la calificación del contrato conforma una cuestión de derecho y consiste en la apreciación que el Juez realiza de los hechos específicos por él establecidos y apreciados soberanamente, para enmarcarlos en algunos de los tipos del contrato; y estaríamos en presencia de interpretación de los contratos cuando la labor que debe realizar el Juez consiste en indagar la intención y voluntad presunta que manifiestan las partes al establecer la diversas cláusulas en un contrato y que determinan sus obligaciones y derechos.

En el documento objeto de revisión se evidencia que ambas partes celebran un acuerdo cuyo propósito era transmitir la propiedad de un inmueble, en el cual pactan un precio, fijaron la forma de pago del mismo y la oportunidad de su pago, se fijó el tiempo de expiración del compromiso total, no se estableció ninguna otra obligación para las partes, de allí que no se estableció las condiciones para la tramitación para la firma del documento definitivo, ni la oportunidad para su otorgamiento, y se estableció una claúsula penal si una de las partes incumpliere con el contrato.

En este sentido se hace necesario incluir en la presente sentencia, lo contenido en el artículo 1141 del Código Civil:

Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son:

1º Consentimiento de las partes;

2º Objeto que pueda ser materia de contrato; y

3º Causa lícita

.

Constituye pues, el consentimiento de las partes uno de los elementos indispensables del contrato, una condición que de no cumplirse, condena al contrato a su muerte; siendo el consentimiento la manifestación de voluntad expresada en forma libre por las partes para normar una relación jurídica.

Así mismo lo establecido en el artículo 1474 del Código Civil, dispone:

La venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio

.

Es así que, la venta consiste en la recíproca obligación de transferir y de garantizar la propiedad, así como la de pagar el precio estipulado por el contrato. Por lo que la característica de la venta es que es un contrato bilateral, oneroso, consensual, y traslativo de la propiedad.

En este sentido, nos referimos al principio de la autonomía de la voluntad que comprende, la libertad para gozar y ejercer que tienen los particulares en el ejercicio de sus derechos subjetivos y sus situaciones subjetivas activas, ejercer sus poderes y resolver sobre el cumplimiento o no de cargas e igualmente la posición que tienen las partes para determinar por sí mismas sus relaciones jurídicas con los otros sujetos mediante el ejercicio de su libertad y dentro de los confines del negocio jurídico, circunstancias que se observan en el acuerdo celebrado por las partes en el presente juicio y que sin duda determina su voluntad de celebrar un contrato de opción de compraventa, en el cual cada una de las partes contratantes asumieron obligaciones.

Siguiendo este hilo, observamos, como se ha dicho que, la presente demanda se trata de una petición de cumplimiento de contrato, donde la parte actora pretende obtener que las demandadas procedan por esta vía a efectuarles la tradición legal del inmueble objeto del contrato y el pago de los daños y perjuicios, toda vez que no han procedido a cumplir con lo pactado en dicho contrato.

Y por otra parte, las demandadas admitieron la existencia del contrato verbal de compraventa del referido inmueble, admitieron igualmente el precio pactado, como la forma de pago, de los cuales manifestaron haber recibido solo la primera cuota de QUINCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.15.000.000), negando igualmente que hayan autorizado a persona o empresa alguna para que recibieran dinero en su nombre, así como negaron que hayan pretendido una suma mayor a la pactado en el contrato.

Conforme a todo lo narrado, se debe indicar que, en el proceso civil rige el principio dispositivo que rectamente interpretado, significa, esencialmente, que el juicio civil no se inicia sino por demanda de parte; que el juez debe decidir de acuerdo a la pretensión deducida y a las defensas y excepciones opuestas y fundamentalmente que el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos.

De allí que la formación del material del conocimiento en el proceso constituye una carga para las partes y condiciona la actuación del juez a que no puede en su sentencia referirse a otros hechos que a los alegados por aquélla. De la actividad de las partes depende que sus pretensiones sean admitidas o rechazadas, de modo que junto a la carga de la afirmación de los hechos, tienen la carga de la prueba de los mismos, cuando no fueren reconocidos o no se trate de hechos notorios, para no correr el riesgo de ser declarados perdidosos. Ello es lo que se conoce como la carga de la prueba, que tiene su razón de ser en el articulo 1354 del Código Civil en concordancia con el art. 506 del Código de Procedimiento Civil, que al respecto establecen:.

Artículo 1.354:

Quien pida la ejecución de una obligación, debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe, por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación.

Artículo 506:

Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación, debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.

Por tanto, en los procesos judiciales, las partes en litigio deben probar sus respectivas afirmaciones de hecho, es decir existe una distribución equitativa de la función probatoria, que es lo que conocemos como la “Carga de la Prueba”, todo de acuerdo a los alegatos y afirmaciones contenidas en el Libelo de la Demanda, y de acuerdo a las excepciones, argumentaciones y defensas contenidas en el Escrito de Contestación a la Demanda, siempre respetando el orden público.

En base a esto, tenemos que, de lo que se desprende de los alegatos presentados, tanto por el demandante en su escrito de contestación, como el presentado por las demandadas en su escrito de contestación, que conforme a la distribución de la carga de la prueba que contempla el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, se impone prácticamente al actor la prueba de la obligación cuya ejecución demanda, toda vez que las demandadas no alegaron como defensa de su incumplimiento hechos impeditivos o modificativos de los mismos. ASÍ SE DECIDE.-

Por tanto de lo anterior se colige, que debe el actor haber probado que cumplió con los pagos fraccionados e identificados en la cláusula segunda, como un segundo y tercer pago para las fechas allí estipuladas, es decir que pagó la cantidades de quince millones de bolívares (Bs.15.000.000), para el 20 de Mayo de 2007, y el de sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000), en el plazo no mayor de 150 días contados a partir de la firma del documento de compraventa en fecha 30 de Abril de 2007.

Así mismo le correspondía probar que la referida ciudadana M.V., si estaba autorizada para recibir dinero en nombre de las demandadas.

Así mismo establece este juzgador, que el ultimo pago, o sea la cantidad SESENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 60.000.000), se estableció allí, que este seria pagado con un subsidio tramitado conforme a la Ley de Política Habitacional por la Entidad Bancaria BANESCO, y al no indicarse allí, a quien le correspondió la obligación de dicho tramite, establece este juzgador, que dicha carga corría a cargo de la demandante. ASÍ SE DECIDE.-

De tal manera que, en el caso de autos quedó efectivamente determinado la existencia del contrato de compra-venta, celebrado entre la ciudadana BETTYS L.R.Z. y las ciudadanas Z.J.O. Y M.C.O., sobre un inmueble de las siguientes características ubicado en 18, esquina de la calle 24, llamado “Conjunto Residencial y Comercial Torre Ayacucho” en la Torre “B” identificado con el N° B-5-1 del Quinto Piso, en esta ciudad de Barquisimeto, Jurisdicción del Municipio iribarren del Estado Lara, el cual tiene una superficie de Noventa y Ocho Metros Cuadrados con Ocho Decímetros Cuadrados (98,08 Mts2) y cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Fachada Norte de la Torre B; SUR: con fachada Sur y principal del edificio; ESTE: con el apartamento N° B-5-2 y OESTE: con fachada oeste y lateral de la torre B; solo queda determinar si la parte actora cumplió con sus obligaciones de pagos asumidas en el contrato, en este sentido, y conforme quedo expresado en la etapa de valoración de las pruebas, las pruebas aportadas para tal fin, fueron desechadas, por lo tanto, no pudo el actor probar dichos pagos, ni que la referida ciudadana estaba autorizada para recibir dinero en nombre de las ciudadanas BETTYS L.R.Z.. ASÍ SE DECIDE.-

Conforme ha quedado analizado en la presente causa, le es forzoso a este juzgador, declarar SIN LUGAR, la presente demanda de cumplimiento de contrato de compraventa, y de daños y perjuicios. ASÍ DE DECIDE.-

DISPOSITIVO

En virtud de lo antes expuesto, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

SIN LUGAR, la demanda de Cumplimiento De Contrato De Compraventa, y de Daños Y Perjuicios, interpuesta por la ciudadana BETTYS L.R.Z., contra de las ciudadanas Z.J.O. Y M.C.O., arriba identificadas.

Se CONDENA, a la demandante, al pago de las costas procesales, por haber sido vencida totalmente, conforme al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Por cuanto la presente decisión sale dentro del lapso del diferimiento, no se ordena la notificación de las partes.

Publíquese y Regístrese.

Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en Barquisimeto, a los veintiún (21) días del mes de octubre del dos mil nueve (2.009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

EL JUEZ LA SECRETARIA

(fdo) (fdo)

ABG. HAROLD PAREDES BRACAMONTE ABG. BIANCA ESCALONA

En esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 02:40 p.m. Conste.-

HRPB/BE/Chaus3.-.

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado en el auto anterior y se devuelve original. Conste. La Suscrita Secretaria del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL T.D.E.L., CERTIFICA: la exactitud de la copia que antecede la cual es el traslado fiel y exacto de su original. Fecha UT- SUPRA.

LA SECRETARIA