Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 5 de Agosto de 2009
| Fecha de Resolución | 5 de Agosto de 2009 |
| Emisor | Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio |
| Ponente | Rubia Esperanza Castillo De Vasquez |
| Procedimiento | Sin Lugar Decaimiento De La Medida De Privación |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA
TRIBUNAL SEXTO DE JUICIO
Barquisimeto, 05 de Agosto de 2009
Años: 199º y 150º
ASUNTO: KP01-P-2005-013870
Revisado el presente asunto, visto los escritos presentados por la Abg. M.L.d.V. y Abg. B.C., en su carácter de Defensoras Públicas de los acusados I.A.Y.T. y KLEIBER J.C., titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 13.880.828, y 17.626.306, respectivamente; procesados por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE COOPERADOR, AGAVILLAMIENTO y ROBO AGRAVADO, para el primero; y además FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, para el segundo; previstos en los artículos 405 en concordancia con el artículo 83, 286, 458 y 242 todos del Código Penal; mediante los cuales solicitan que se acuerde el Decaimiento de la Medida de Coerción Personal, de conformidad con el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal.
Este Tribunal, a los fines de pronunciarse sobre la procedencia del decaimiento de la medida de coerción personal decretada, debe apreciar lo siguiente: 1º) Los elementos de convicción en los que se fundamentó inicialmente el Tribunal Tercero en funciones de Control para decretar la Medida de Coerción Personal a los acusados, por la presunta comisión de los delitos imputados; que los tipos penales establecen como pena a imponer en su límite superior de diez años, en este sentido de conformidad con el artículo 251 parágrafo primero, se presume el peligro de fuga por la pena a imponer. 2º) Lo previsto en la parte in fini del artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevé: “El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados.” En el mismo orden, debe valorar quien aquí conoce, lo previsto en reiteradas jurisprudencias por La Sala Constitucional:
(vid. Casos: R.A.C., del 24 de enero de 2001 e I.A.U., del 15 de septiembre de 2004) ha señalado que la medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o imputados decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal, cuando han transcurrido más de dos años de su vigencia, contados a partir del momento en que fue dictada, siempre y cuando, no se haya proveído la prórroga establecida en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que, en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir dicho decaimiento. No procederá el decaimiento de la medida, aunque hayan transcurrido los dos años, en aquellos casos en los cuales dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del imputado se convierte en una infracción del artículo 55 de la Constitución vigente, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el juez de juicio.”
En relación con la infracción del artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la sala Constitucional en Sentencia No 1212 del 14 de junio de 2005, expuso: “…En tal sentido, y siguiendo al maestro a.J.M.M., debe indicarse que la jerarquía constitucional de la seguridad común (consagrado en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) que se aspira a proteger a través del proceso como instrumento de la función penal del Estado, es de igual rango que la libertad individual del hombre a quien se le imputa haber conculcado aquella. Este último es autor de un delito, aquella es su víctima. Así, en el proceso penal, en forma permanente, están presentes estas dos garantías, debiendo atender la Ley a ambas, y por ello el equilibrio entre ellas debe ser consultado y regulado paso a paso. Ninguna debe estar por encima de la otra, sino sólo en la medida indispensable, excepcional, adecuada a la finalidad del proceso penal, y con la exigencia ineludible de que se cause el menor daño posible (MORAS MOM, Jorge. Manual de Derecho Procesal Penal. Quinta edición actualizada. Editorial Abeledo-Perro. Buenos Aires, 1999, p.286). De lo anterior se desprende una consecuencia lógica, y es que ante estos casos el Juez debe llevar a cabo la ponderación de intereses.”
Así las cosas, apreciado lo previsto en los artículos arriba citados, y la jurisprudencia de la sala constitucional, observa esta juzgadora que aun habiendo transcurrido más de dos años de habérseles impuesto la medida de coerción personal, nos encontramos ante los supuestos previstos en los artículos 30 in fini y 55 citado, así como el 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos establece que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, y para ello es necesario tener a los acusados sujetos al proceso; también es necesario la ponderación por parte del tribunal del rango donde se encuentra los intereses en conflicto, como es el derecho que tienen los acusados a su libertad individual y plena y los derechos que debe garantizar el Estado para la protección de las víctimas y la sociedad, máxime cuando los delitos imputados son de los considerados graves. Encontrándonos en la presente causa ante la necesidad del estado de resguardar la seguridad común de los ciudadanos, y los intereses de las víctimas de estos tipos de hechos, que consagra el referido artículo 55 ejusdem, que está en igual rango con respecto a la libertad plena e individual de los acusados, tal como lo señala el Maestro J.M.M., y la que hace referencia la jurisprudencia arriba citada, concluye esta juzgadora que es improcedente la solicitud de las defensas, relativa al decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada. ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por lo anterior expuesto, este Tribunal Sexto de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, con fundamento en el artículo 30 in fini, 55 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de las defensas de DECAIMIENTO de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, impuesta a los acusados I.A.Y.T. y KLEIBER J.C., titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 13.880.828, y 17.626.306, respectivamente; procesados por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE COOPERADOR, AGAVILLAMIENTO y ROBO AGRAVADO, para el primero; y además FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, para el segundo; previstos en los artículos 405 en concordancia con el artículo 83, 286, 458 y 242 todos del Código Penal. Regístrese. Notifíquese. Cúmplase.
LA JUEZA SEXTA DE JUICIO
ABG. R.C.D.V.
LA SECRETARIA,
RCV.-
