Decisión de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 16 de Octubre de 2012
| Fecha de Resolución | 16 de Octubre de 2012 |
| Emisor | Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio |
| Ponente | Yanela Mora |
| Procedimiento | Cobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
San Cristóbal, martes dieciséis (16) de octubre de dos mil doce (2012)
202º y 153º
ASUNTO: SP01-L-2010-000366
PARTE ACTORA: B.E.B., titular de la cédula de identidad N° V- 5.661.827
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: E.J.C.C., titular de la cédula de identidad Nº V-13.693.127, con Inpreabogado Nº 97.433
PARTE DEMANDADA: El MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, HOSPITAL GENERAL DE TARIBA, en la persona de la PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES
Visto el oficio N° G.G.L.-C.A.L.-009392 de fecha 14 de agosto de 2012, procedente de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, recibido ante este Circuito Laboral 02 meses después y mediante el cual, en respuesta al oficio N° J1-J-2011-1031 de fecha 09 de Noviembre de 2011 (casi un año después), emanado del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, solicita la reposición de la causa al estado de notificarle de la Sentencia de fecha 31 de Octubre de 2011, por incumplimiento de normas contempladas en el Código de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo relativas a la expedición de copias certificadas y las funciones del secretario al momento de certificar, este Tribunal, antes de decidir acerca de la reposición solicitada, hace las siguientes consideraciones:
A saber, en fecha 31 de Octubre de 2011, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo dictó Sentencia, en la cual, acuerda la notificación al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
En fecha 09 de Noviembre de 2011, se libró oficio al Procurador General de la República a los fines de notificarlo de la sentencia emitida en la presente causa, y se remitió anexa copia certificada del fallo mencionado. Se observa que el referido oficio fue debidamente firmado y sellado por el Juez, con lo que se avala el contenido del oficio y los anexos remitidos, esto es, la copia de la sentencia certificada por el Secretario del Tribunal.
Por otra parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 708 de fecha 10 de mayo de 2011, señaló:
…Observa esta Sala, que el artículo 26 de la Constitución vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, el cual encuentra su razón de ser en que la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los mínimos imperativos de la justicia sean garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados.
El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.
La conjugación de artículos como el 2, 26 ò 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles. …
Así mismo, cabe señalar que las copias que fueron certificadas por el secretario de este Circuito Laboral del Estado Táchira, fueron debidamente ordenadas por el Juez, tal como el mismo oficio lo menciona al indicar a la Procuraduría que se remitían anexas, las copias certificadas de la Sentencia, con lo cual, al haber sido el oficio mencionado debidamente firmado y sellado por el Juez, se está bajo una aprobación de expedición de copias que en nada perjudica el procedimiento ni los derechos de las partes, respetándose con ello el orden público procesal tutelado en el Artículo 22 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que no es otro que procurar que las reproducciones de todo o parte de un expediente se efectúe de forma fidedigna y con la previa aprobación del Juez, cumpliéndose además con el objeto del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de mantenerle informada del estado de las causas para salvaguardar los intereses de la República.
Como cumplimiento de los privilegios y prerrogativas que goza el estado Venezolano y de los postulados constitucionales in comento, se cumple con el principio finalista que se aplica en todas las causas judiciales, esto es, que la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, con el oficio remitido por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, junto con la copia certificada de la sentencia, y recibido por ese organismo en fecha 17 de Febrero de 2012, ya obtuvo conocimiento de la Sentencia dictada en fecha 31 de Octubre de 2011, en contra del Ministerio Para el Poder Popular Para la Salud, Hospital General de Táriba, siendo innecesaria la reposición de la causa por el motivo denunciado.
En aplicación al criterio sostenido de la Sala Constitucional, vinculante para todas las causas judiciales que se ventilan en los Tribunales de la República, y por las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado en función de EJECUCIÓN y en razón del retardo procesal ocasionado por mas de un año en la presente causa, considera como válidas las copias certificadas remitidas con oficio N° J1-J-2011-1031 a la Procuraduría General de la República, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de no sacrificar la justicia por reposiciones inútiles, por considerarse válidamente notificada la Procuraduría General de la República, SE NIEGA LA REPOSICIÓN SOLICITADA.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 97 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se suspende el proceso por un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de la consignación de la notificación practicada del Procurador General de la República.
Expídase la copia certificada de la presente Sentencia Interlocutoria. Notifíquese por medio de Oficio a la Procuraduría General de la República, remitiendo copia certificada de la presente decisión, a cuyo efecto se exhorta amplia y suficientemente a los Juzgados de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para lo cual se acuerda remitir el exhorto con oficio. Líbrense oficios y exhorto acompañados de copia certificada de ésta decisión entréguense al Alguacil del Tribunal.
La Juez
Dra. Yalena Mora
El Secretario,
