Decisión nº KP02-N-2014-000089 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 31 de Marzo de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

Exp. Nº KP02-N-2014-000089

En fecha 17 de marzo de 2014, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, el oficio Nº 221200400-038, de fecha 29 de enero de 2014, emanado del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la querella interdictal restitutoria, interpuesta por los abogados O.L.Á. y A.E.A., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 6.975 y 7.877, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil COSTA B.C. C.A., protocolizada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 12 de noviembre de 1975, bajo el Nº 64, tomo 1-A, contra el ciudadano J.R.M.A., titular de la cédula de identidad No. 7.741.510.

Posteriormente, en fecha 18 de marzo de 2014, es recibido en este Juzgado Superior el presente asunto.

Tal remisión tiene lugar con ocasión a la decisión de fecha 20 de enero de 2014, dictada por el referido Juzgado mediante la cual declaró su incompetencia para conocer la presente causa y declinó la competencia a este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

En tal sentido, se observa lo siguiente:

I

DE LA ACCIÓN INTERPUESTA

Mediante escrito presentando en fecha 08 de diciembre de 2006, la parte demandante, ya identificada, expuso lo siguiente:

Que su representada “(...) es poseedora desde hace cuatro (4) años, es decir, desde el 02 de Mayo (sic) del (sic) 2.002, de un lote terreno de aproximadamente tres hectáreas (3 Has.), ubicado en el Jauito, Sector Los Negros, Municipio A.B.d.E.T., vía San Gonzalo, en donde funciona una picadora de piedra denominada GRANZONERA COSTA BOLÍVAR, propiedad de [su] representada (...) Actualmente existen enormes cantidades, metros cúbicos de piedra picada, arena, arenilla y granzón que fueron procesados por la empresa que represent[a] para su venta a terceras personas y para su uso particular”. (Mayúsculas y negritas de la cita, corchetes agregados).

Que en fecha 20 de noviembre de 2006, el ciudadano J.M.A., titular de la cédula de identidad Nº 7.741.510, se presentó en la sede de la Granzonera Costa Bolívar “(...) de manera arbitraria, sin orden judicial alguna, haciéndose justicia por su propia mano, procedió a cerrar el portón que da acceso a la granzonera, impidió en forma violenta el ingreso de los trabajadores y actualmente mantiene una postura absolutamente agresiva, no permite ingresar a los trabajadores ni a los representantes legales (...) despojando a [su] representada del lote de terreno, apoderándose de hecho de todos los equipos, instalaciones y material que es propiedad de esta empresa (...)”. (Corchete agregado).

Que “La conducta de J.R.M. tipifica un despojo a la posesión que por más de un (1) año, específicamente más de cuatro (4) años, ejerce [su] representada, con hechos materiales de posesión, del lote de terreno antes descrito, así como de los bienes inmuebles por su destinación que se encuentran dentro de la granzonera”. (Mayúsculas y negritas de la cita, corchete agregado).

Fundamenta su pretensión en el artículo 783 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, solicitó la restitución de la parcela de terreno y de la universalidad de bienes que constituye la Granzonera Costa Bolívar.

II

DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA

El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, mediante decisión de fecha 28 de noviembre de 2012, declaró su incompetencia con fundamento en lo siguiente:

Revisadas detenidamente las actas que conforman la presente causa, se verifica que en fecha 08 de julio de 2009, y cursante al folio 1065, el abogado en ejercicio Dubla Santiago, inscrito en el IPSA bajo el Nro. 68.461, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano J.R.M.A., querellado de autos, consignó diligencia mediante la cual produjo copia fotostática de Gaceta Oficial signada con el Nro. 39.174, de fecha 8 de mayo de 2009, emanada de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo contenido se tiene que la empresa querellante de autos, Sociedad Mercantil “Costa B.C., C.A.”, representada por el ciudadano V.S.M., fue afectada por las medidas de toma de posesión por el estado de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la empresa Estadal Petróleos de Venezuela, S.A., o a la filial que ésta designe.

Asimismo, visto el escrito presentado en fecha 13 de julio de 2009, cursante a los folios 1069 al 1074, presentado por el abogado en ejercicio A.E.A., inscrito en el IPSA bajo el Ntro. 7.877, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Costa B.C., C.A., parte querellante y suficientemente identificada en autos, mediante la cual presenta una serie de alegatos y solicitó del Tribunal de alzada fuese declarada improcedente la notificación del estado como fuere señalado por la parte actora.

Planteados así los hechos pasa a resolver este Juzgador, y lo hace de la siguiente manera:

Establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 7, lo siguiente: “Están sujetos al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:

Omissis

2. Los órganos que componen que ejercen el poder Público, en sus diferentes manifestaciones en cualquier ámbito territorial o institucional

Del mismo modo, el referido instrumento legal establece sobre la competencia de la Jurisdicción contencioso Administrativa lo siguiente:

Artículo 9. Los órganos de la Jurisdicción contencioso administrativa será competentes para conocer de:

Omissis

9. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, los institutos autónomos, entes públicos, empresas o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios o cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva…

Ahora bien, de las actas procesales se verifica que durante el proceso de la presente causa, el estado Venezolano, por intermedio de del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, dictó la resolución Nro. 051, de fecha 08 de mayo de 2009, la cual fue debidamente publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.174, de fecha 08 de mayo de 2009, tal como consta de copia simple descargada por este Juzgado de la Página Web del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se ordena agregar a las actas; dictó medida de toma de posesión, afectando con dicha resolución a la empresa hoy aquí querellante; instruyendo a Petróleos de Venezuela, S.A., o a la filial que ésta designe, a tomar, el control de las operaciones y posesión inmediata de las instalaciones, documentación, bienes y equipos, afectos a las actividades a que se refiere dicha resolución; constándose con esto que la mencionada empresa paso a formar parte del estado Venezolano, y este a su vez parte demandante en este Juicio; en razón de ello, la misma, para cualquier tipo de acción, como parte actora que paso a formar, se encuentra sujeto a la jurisdicción Contencioso Administrativa, competencia especial ésta de la cual este Tribunal carece, en razón de ello, y en atención a lo antes señalado, este Tribunal SE DECLARA INCOMPETENTE, sobrevenidamente, para conocer y decidir la presente causa y declina su competencia en el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, con sede en Barquisimeto, estado Lara, por ser este el competente de conocer la presente causa en primera instancia, dado que aún en esta Circunscripción Judicial no se han creado los Juzgados Superiores estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide”.

III

DE LA COMPETENCIA

Este Juzgado Superior, partiendo de la máxima procesal conforme a la cual la competencia no constituye un presupuesto para el procedimiento sino para la sentencia que ha de resolver la litis, y que al carecer de aquélla en cualquier estado y grado de la causa debe imperativamente el Órgano Jurisdiccional por razones de orden público declararse incompetente, considera necesario en el presente caso, en resguardo del derecho constitucional consagrado en el artículo 49 numerales 3 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es, la garantía del tribunal competente y el derecho al juez natural, precisar algunos aspectos que delimitan la competencia para el conocimiento de casos como el de autos.

En el asunto que nos ocupa, se atribuye a este Juzgado, en razón de la materia, el conocimiento de una querella interdictal interpuesta por la representación legal de la sociedad mercantil Costa B.C. C.A., ya identificada, contra el ciudadano J.R.M.A., ya identificado.

Al respecto, el Juzgado declinante sostuvo en su decisión que “(…) de las actas procesales se verifica que durante el proceso de la presente causa, el estado Venezolano, por intermedio del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, dictó la resolución Nro. 051, de fecha 08 de mayo de 2009, la cual fue debidamente publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.174, de fecha 08 de mayo de 2009, dictó medida de toma de posesión, afectando con dicha resolución a la empresa hoy aquí querellante; instruyendo a Petróleos de Venezuela, S.A., o a la filial que ésta designe, a tomar, el control de las operaciones y posesión inmediata de las instalaciones, documentación, bienes y equipos, afectos a las actividades a que se refiere dicha resolución; constándose con esto que la mencionada empresa paso a formar parte del estado Venezolano, y este a su vez parte demandante en este Juicio; en razón de ello, la misma, para cualquier tipo de acción, como parte actora que paso a formar, se encuentra sujeto a la jurisdicción Contencioso Administrativa (...)”.

Ciertamente, debe entenderse -salvo disposición legal en contrario- que en aquellas pretensiones donde sea parte el Estado según los distintos niveles de su distribución político territorial y las formas de descentralización y desconcentración de actividad administrativa, ejercidas principalmente con fundamento en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, existirá en principio un fuero atrayente a favor de la jurisdicción contencioso administrativa (rectius: competencia) para entrar a conocer y decidir tales pretensiones. Es claro pues, que el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa se delimita en razón de que en esa relación jurídico procesal debe intervenir una persona jurídico estatal ya sea de derecho público o privado, y en donde primordialmente se someten a control judicial actos, hechos y relaciones jurídico administrativas, estos es, conductas originadas por la actividad administrativa.

Así, se observa que la parte demandante ejerce la presente acción con el objeto de que se le restituya la posesión que alegó ostentar sobre un lote de terreno y unos bienes identificados en su escrito libelar; de allí que, dirige el interdicto por despojo a los fines de que se le garantice el ejercicio en la posesión de tales bienes.

En razón de lo expuesto por el actor en su escrito libelar y con ocasión a la Resolución Nº 51 del 08 de mayo de 2009, dictada por el Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, mediante la cual se vio afectada por una medida de toma posesión la sociedad mercantil querellante, el Juzgado declinante entiende que la acción incoada deviene en la actualidad en una verdadera demanda contencioso administrativa contra la Administración Pública, y que como consecuencia de ello devendría sobrevenidamente la competencia de este Juzgado Superior para conocer la acción interpuesta, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Ahora bien, aún teniéndose en cuenta la operatividad competencial de los artículos 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en criterio de esta Juzgadora, para el caso en concreto, una interpretación amplísima respecto a la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por el solo hecho de que pueda ser parte la Administración Pública, conllevaría a una errada concentración de ese fuero competencial, máxime cuando dicha ley deja a salvo la aplicación de un principio fundamental en todo proceso, previsto en el artículo 49 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando la excepción a dicho régimen de competencia radica en que el conocimiento de la acción que se interponga operará si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.

Lo anterior, encuentra su razón -tal y como lo ha señalado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia- en el hecho de que el fuero atrayente de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para el conocimiento de aquellas causas en donde sea parte la Administración Pública, no puede operar indiscriminadamente en todo tipo de pretensiones, pues se debe garantizar la idoneidad del Órgano Jurisdiccional y la figura del Juez Natural para resolver la materia de fondo en atención a las características sustantivas de la materia objeto de la controversia, en resguardo del debido proceso.

Por lo tanto, no se puede obviar el principio de especialidad que reviste a ciertas leyes, lo que conlleva a que una determinada ley se aplique con preferencia a otra respecto a una especial materia, principio éste recogido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, específicamente en su artículo 1, ámbito de aplicación.

Retomando lo concerniente a la acción ejercida por la parte actora, y en concreto, a la competencia para conocer de la misma, debe señalar este Juzgado Superior que al ser delimitados los hechos en que se fundamenta su pretensión, por la ocurrencia de un presunto despojo a la posesión, imprescindible era para el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, atender a lo previsto en la normativa que de forma especial regula la materia respecto a la protección de la posesión, de esencial carácter civil, al ser disposiciones normativas que prevén la protección jurídica por situaciones de hechos como la que ha presuntamente ha originado el presente asunto, y para la cual el referido Tribunal detenta plena competencia en esa Circunscripción Judicial.

Así, el artículo 697 del Código de Procedimiento Civil, con relación a la jurisdicción para conocer de los interdictos en general, contempla lo siguiente:

El conocimiento de los interdictos corresponde exclusivamente a la jurisdicción civil ordinaria salvo lo dispuesto en leyes especiales

Por su parte, el artículo 698 del Código de Procedimiento, respecto a la competencia en materia interdictal, prevé lo siguiente:

Es Juez competente para conocer de los interdictos el que ejerza la jurisdicción ordinaria en Primera Instancia en el lugar donde esté situada la cosa objeto de ellos; respecto de la posesión hereditaria lo es el de la jurisdicción del lugar donde se haya abierto la sucesión

De las anteriores disposiciones se desprende un fuero especial de los órganos jurisdiccionales con competencia civil, a los fines de conocer sobre los mecanismos judiciales idóneos, dispuestos a los efectos de defender la posesión que un individuo ostenta sobre un bien.

Al respecto, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 41 del 17 de julio de 2012, advirtió lo siguiente:

El caso sub iudice surge con ocasión de una querella de interdicto restitutorio intentada por la ciudadana C.B.P.A., contra el Municipio Libertador del estado Mérida, la cual fue estimada en la cantidad de doscientos mil bolívares fuertes (Bs. 200.000), ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, el cual se declaró incompetente por la materia, con apoyo en sentencias números 1315 y 1900, dictadas por la Sala Político Administrativa el 7 de septiembre y el 27 de octubre de 2004, respectivamente.

Sobre el particular esta Sala Plena, en un caso similar (cfr. sentencia Nº 36 del 29 de julio de2006), estableció lo siguiente:

(...)

De manera que, el criterio de la Sala es que las querellas de interdictos posesorios intentadas contra entes públicos -con excepción de la materia agraria- forman parte del ámbito de competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Sin embargo, esta Sala considera necesario revisar este criterio a la luz del alcance que la jurisprudencia le da al ámbito material de competencias de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Así, la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal en la sentencia N° 1315 del 7 de septiembre de 2004 estableció, en relación con las demandas contra los entes públicos lo siguiente:

(...)

De acuerdo con la doctrina jurisprudencial plasmada en la sentencia transcrita, los tribunales que conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán, según su cuantía, de las demandas que se intenten contra cualquier ente público, siempre y cuando el conocimiento de la causa no esté atribuido a otro tribunal, es decir, que, en principio, por aplicación del fuero atrayente, todas las demandas contra los entes públicos serán del conocimiento de los tribunales contencioso administrativos, pero, excepcionalmente, el legislador puede atribuir, en razón de la materia, competencia a otros tribunales para conocer de este tipo de demandas.

En este sentido, en relación con los interdictos, el artículo 697 del Código de Procedimiento Civil dispone textualmente:

Artículo 697.- El conocimiento de los interdictos corresponde exclusivamente a la jurisdicción civil ordinaria, salvo lo dispuesto en leyes especiales.

En criterio de esta Sala, la disposición transcrita constituye una excepción a la regla del fuero atrayente como determinante de la competencia de los tribunales contencioso administrativos. De modo que, los interdictos intentados contra entes públicos están excluidos del ámbito de competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por corresponder su conocimiento de manera exclusiva a la Jurisdicción Civil Ordinaria, salvo lo dispuesto en leyes especiales, como es el caso de los acciones posesorias cuya competencia, por disposición de la ley especial, corresponde a los tribunales agrarios, siendo el tribunal competente el que ejerza la jurisdicción civil en primera instancia en el lugar donde esté situada la cosa objeto del interdicto -artículo 698 del Código de Procedimiento Civil-.

Así las cosas, esta Sala Plena abandona el criterio que hasta ahora venía sosteniendo, según el cual el conocimiento de las demandas en materia de interdictos, intentadas contra entes públicos correspondía a los tribunales contencioso administrativos, y establece que a partir de la publicación del presente fallo, la competencia para el conocimiento de las mencionadas demandas corresponde a los tribunales civiles ordinarios, con la excepción referida de la materia agraria. Así se decide.

En el caso de autos, se trata de una querella de interdicto restitutorio sobre un terreno urbano, ubicado en el sector El Arenal, calle Los Frailejones, Parroquia A.d.M.L., estado Mérida, intentada por la ciudadana C.B.P.A., contra el Municipio Libertador del estado Mérida por lo que la competencia para su conocimiento corresponde al Tribunal de Primera Instancia en lo civil con competencia en el lugar donde se encuentra ubicado el inmueble. Así se decide

.

Conforme al precedente jurisprudencial citado, quedó establecido de manera inequívoca por parte del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena que la instancia judicial competente para conocer de las acciones interdictales corresponde a los Tribunales con competencia civil, salvo que se trate de una acción posesoria en materia agraria, caso en el cual, el conocimiento está atribuido a los Tribunales con competencia en dicha materia.

Por lo tanto, pese a que se demanda a una empresa en la cual el Estado podría eventualmente tener una participación decisiva, y que ante ello podría afirmarse prima facie que esta instancia judicial con competencia contencioso administrativa es la llamada a conocer la acción interpuesta por la representación judicial de la sociedad mercantil Costa B.C. C.A., como lo consideró el Juzgado declinante; no obstante, no siempre será la configuración del criterio orgánico ni el de la relación jurídico procesal, lo que resultará determinante a los fines de precisar la competencia de este Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo, debiéndose atender a la naturaleza esencial de la materia y a las disposiciones normativas especiales que regulan la protección jurídica por situaciones de hechos como la que ha originado el presente asunto.

Tampoco observa este Juzgado Superior que los bienes muebles e inmuebles sobre los cuales recayó el despojo a la posesión alegado por la parte actora, se encuentre afectado por una actividad agraria.

Delimitado lo anterior, y conforme a lo ut supra expuesto y al criterio jurisprudencial citado, se estima que no se encuentran dados los supuestos necesarios para decidir en primera instancia la querella interdictal interpuesta; en consecuencia, resulta forzoso para este Tribunal Superior declararse incompetente, y por ende, no aceptar la competencia que le fuera declinada, en virtud de que el conocimiento de autos corresponde por la materia al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, y así se decide.

Ahora bien, siendo esta instancia judicial la segunda en declararse incompetente, corresponde plantear el conflicto negativo de competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual se ordena la remisión del presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines que sea resuelto el referido conflicto, por no existir un superior común a ambos Juzgados declarados incompetentes.

IV

DECISIÓN

En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, administrando justicia, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley declara:

PRIMERO

Su INCOMPETENCIA para conocer y decidir la querella interdictal restitutoria, interpuesta por los abogados O.L.Á. y A.E.A., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 6.975 y 7.877, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil COSTA B.C. C.A., protocolizada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 12 de noviembre de 1975, bajo el Nº 64, tomo 1-A, contra el ciudadano J.R.M.A., titular de la cédula de identidad No. 7.741.510.

SEGUNDO

NO ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA que hiciera el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.

TERCERO

Se PLANTEA CONFLICTO DE COMPETENCIA, en consecuencia se ordena la remisión del expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, bajo oficio.

Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2013). Años: 203º de la Independencia y 155º de la Federación.

La Jueza,

M.Q.B.

La Secretaria,

S.F.C.