Decisión nº 58 de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 9 de Abril de 2007

Opuso la parte demandada tanto en su escrito de promoción de pruebas como en la Contestación de la Demanda la defensa de Prescripción de la Acción conforme lo dispone el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, por considerar que se evidencia del libelo de demanda que desde la fecha en que el actor terminó su relación laboral con el INCE el día 15-09-2002, a la fecha de la perfección de la citación de la demandada transcurrió más de un (01) año y dos (02) meses.

EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:

Ciertamente, ambas partes reconocen y admiten que la relación laboral culminó el día 15 de septiembre de 2002; observando esta Juzgadora del examen exhaustivo del expediente que finalmente enviara la oficina de Archivo Judicial signado con el N° 15.816, que el actor demandó por primera vez al INCE en fecha 15-09-2003 constando en actas la citación de la demandada según exposición del alguacil del extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, fijando el respectivo Cartel de Citación el día 28-10-2003; logrando citar antes de cumplirse los dos (02) meses adicionales que otorga el legislador a la parte actora para que interrumpa la prescripción citando más no registrando la demanda.

Pues bien, a partir del 28-10-2003 comenzó a correr un nuevo año para el actor a los fines de interrumpir la prescripción, observando esta Juzgadora ante todo, que la prescripción, particularmente la Prescripción Extintiva, es una institución de derecho común, que tiene gran injerencia como modo anormal de liberación de las obligaciones nacidas del contrato o relación de trabajo; y se trata de una forma anormal de liberación, porque existe un medio normal de extinción de las obligaciones que es el pago o cumplimiento voluntario, la prescripción extintiva presume que, no obstante el incumplimiento de la obligación, la inactividad por parte del acreedor durante un cierto lapso de tiempo, produce la liberación del deudor.

Existe una importante corriente que se pronuncia por la imprescriptibilidad de los créditos laborales, fundándose en el principio de irrenuncibailidad de los derechos de los trabajadores y en el carácter de orden público atribuido a las disposiciones laborales. Pero en general, la doctrina y la legislación admiten la aplicación de la Prescripción Extintiva en el Derecho del Trabajo, como un mal necesario por la misma razón que justifica su aplicación en el Derecho Civil. En efecto la prescripción de créditos laborales, tiene su fundamento como ocurre con las prescripciones breves, en una presunción de pago. Dado el carácter alimentario del salario, y demás prestaciones derivadas de la relación de trabajo, que resultan indispensables para la subsistencia del trabajador, éste requiere de un pago inmediato y lo normal es que el trabajador reciba los beneficios derivados de su contrato de trabajo, en el momento de hacerse acreedor de cada uno de ellos, y que la liquidación de sus prestaciones sociales, las reciba en el momento de la terminación. Pero también gravitan razones de seguridad jurídica y de interés social, que recomiendan la no eternización de las obligaciones; y en el campo laboral, esa seguridad jurídica protege el interés legítimo, que al cancelarle al trabajador sus salarios y otras prestaciones, sin exigir pago o finiquito alguno, o que habiéndole sido otorgada la prueba del pago, está expuesto a que en el transcurso del tiempo, esa prueba se extravíe o se deteriore.

A pesar de las reservas expresadas por algún sector de la doctrina, también los créditos derivados del Contrato de Trabajo, o más exactamente la acción de reclamar su monto, se extingue por prescripción, al no ejercerse oportunamente.

Al respecto, La Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 61 establece:

Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios

.

No obstante, la prescripción puede interrumpirse mediante la realización de ciertos actos idóneos previstos por el legislador, los cuales aparecen señalados en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual señala:

“La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe:

1. Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes;

2. Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público;

3. Por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del Trabajo. Para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la notificación del reclamado o de su representante antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y

4. Por las otras causas señaladas en el Código Civil.

Produciendo el acta capaz de interrumpir la prescripción; que desaparece o queda sin efecto el lapso de prescripción transcurrido y comienza a correr nuevamente dicho lapso, a partir de la fecha de ejecución del acto interruptor.

Expuesto lo anterior, decimos que el actor, al intentar su primera demanda, citó en tiempo hábil conforme lo dispone el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En sentencia de fecha 07 de febrero de 2006, dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, caso: L.V., se dejó sentado:

… el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que la prescripción de las acciones derivadas de la terminación de la relación de trabajo se interrumpe –entre otras causas- mediante la interposiciones de una demanda judicial, siempre que el demandado sea notificado en tiempo útil y el artículo 1.972 del Código Civil dispone que en los casos de extinción de la instancia – desistimiento, perención – la citación judicial realizada no tiene efectos para interrumpir la prescripción.

De esto se sigue que en el sistema de procedimiento civil, la extinción del proceso impide la eficacia de la demanda notificada al accionado, para interrumpir la prescripción, lo cual es perfectamente acorde con un proceso regido estrictamente por el principio dispositivo, donde la diligencia del litigante en el desarrollo del juicio, importa de manera irrestricta para defender sus intereses privados. Sin embargo, el nuevo sistema consagrado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, desarrolla el principio fundamental consagrado en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual “el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia”, es decir, enuncia el carácter meramente instrumental de las normas que reglamentan el proceso, y que por lo tanto, deben interpretarse y aplicarse de forma que tiendan a la consecución del fin al que están subordinadas –por lo que no es lícito sacrificar la justicia en aras de preservar las formas no esenciales-.

En virtud de este apego de la ley procesal del trabajo al principio fundamental expresado en la Constitución (artículo 257), y de la especial naturaleza irrenunciable de los derechos que se tutelan en el procedimiento laboral (artículo 89, numeral 2, constitucional y artículo 3 de la ley sustantiva del trabajo), el sistema procesal establecido en la nueva ley impone al juzgador orientar su actuación en un principio de equidad (artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo), y a no perder de vista la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios que la legislación social acuerda a los trabajadores (artículo 5 eiusdem), por lo que consagra algunas disposiciones que modifican el régimen ordinario que tienen ciertas instituciones procesales. Específicamente, puede observarse que en materia de perención, la regla consagrada en el Código Civil (artículo 1972), y en el Código de Procedimiento Civil (artículos 267 y siguientes), traen como consecuencia que la extinción de la instancia impide los efectos de la citación del accionado para interrumpir la prescripción, y por tanto, si el demandante quisiera reclamar su derecho en un proceso futuro, el tiempo transcurrido bajo la pendencia del juicio extinguido, debe computarse al tiempo de prescripción.

Sin embargo, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en aras de preservar la irrenunciabilidad de los derechos laborales, ha consagrado un régimen distinto al de Derecho común, estableciendo en su artículo 203 que la perención no impide que se vuelva a proponer la demanda –al igual que ocurre en el proceso civil-, y que además, los lapsos de prescripción no corren durante la pendencia del proceso, excluyendo expresamente la consecuencia jurídica establecida en el artículo 1972 del Código Civil.

En el caso de autos, la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda incoada por el ciudadano accionante, en un juicio que se ha demorado más de cuatro (4) años, como consecuencia de un procedimiento anacrónico que desconocía la especial necesidad de tutela de los derechos sociales del trabajador, y de una administración de justicia cuya estructura no se ajustaba a las necesidades reales de la sociedad en que pretendía funcionar, conllevaría a que, de conformidad con el régimen establecido para el proceso civil, una eventual proposición de la demanda estaría condenada a fracasar por efecto de la prescripción consumada, lo cual coloca a quien afirma tener derechos derivados de una relación de trabajo, en la situación de renunciar de hecho a sus derechos laborales cuando intente una acción cuyo ejercicio estaba suspendido sólo por un lapso de noventa (90) días, en virtud de la prohibición establecida en el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.

Esta situación se presenta a la Sala como manifiestamente contraria a los principios rectores del proceso en nuestro nuevo sistema constitucional, en virtud del cual, éste se mantiene como instrumento –y por tanto, subordinado- al logro del fin último al que tiende todo orden jurídico, cual es la justicia material. En consecuencia, resulta forzoso realizar una interpretación lógico sistemática de las normas que regulan el procedimiento laboral, siguiendo como principio la equidad en el proceso –tal como lo impone el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo-, y salvando cualquier contradicción con el fundamento constitucional del mismo –como instrumento para la realización de la justicia, ex artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-, y así establecer soluciones que tutelen la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador.

En este sentido, se observa que la inadmisibilidad de la demanda extingue el proceso sin influir en la titularidad del derecho sustantivo reclamado, al igual que en los casos en que sólo se extingue la instancia –perención, desistimiento del procedimiento-, y dado que el nuevo sistema impide que se desconozca la eficacia de la citación judicial para interrumpir la prescripción, en los casos en que simplemente se extingue el proceso, una interpretación extensiva del artículo 203 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, permite aplicar por analogía los efectos jurídicos que ella consagra al caso de autos, y por lo tanto, el lapso de prescripción no podría correr durante la pendencia del proceso, y habría quedado válidamente interrumpida con la citación judicial verificada en el curso del mismo, preservándose así la posibilidad de intentar nuevamente la demanda y obtener la tutela judicial efectiva -garantizada en el artículo 26 constitucional- de los derechos irrenunciables que la legislación social acuerda al trabajador.

En el caso de autos, quedó demostrado que efectivamente el actor intentó una demanda inicial el día 15-09-2003, donde luego de practicadas las diligencias pertinentes para practicar la citación de la parte demandada se declaró en fecha 16-09-2005 desistido el procedimiento por la incomparecencia de la parte actora a la prolongación de la Audiencia Preliminar, donde quedó suspendido el proceso por un lapso de noventa días para intentar una demanda, por lo tanto el lapso de prescripción no podía correr durante la pendencia del proceso, quedando válidamente interrumpida con la citación judicial (antiguo régimen) verificada en el curso del aquel proceso, preservándose así la posibilidad de intentar nuevamente la demanda el actor, y obtener la tutela judicial efectiva garantizada en el artículo 26 Constitucional de los derechos irrenunciables que la legislación social acuerda al trabajador; razones que llevan a esta Juzgadora a declarar IMPROCEDENTE la defensa de fondo de prescripción opuesta por la parte demandada; pues el actor estaba en todo su derecho legal de intentar nueva acción. Así se decide.

SEGUNDO: Declarada Improcedente la defensa de prescripción de la acción opuesta por la parte demandada al actor, pasa de seguidas esta Juzgadora a resolver el fondo de la presente controversia; en el entendido que verificará la procedencia o no de los conceptos reclamados; y en tal sentido observa:

- En cuanto a la conformación del salario integral alegado por el actor en su libelo de demanda, se observa que el salario inmediatamente anterior al término de la relación laboral lo fue la cantidad de Bs. 605.739,90; aduciendo que su salario integral diario estaba conformado por la cuota parte del bono de fin de año, más el bono vacacional, más la cuota parte del Bono quinquenal establecido en el cláusula 27 del Contrato Colectivo; considerando todos éstos elementos como parte del salario conforme lo dispone el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo. En tal sentido, decimos que el referido artículo consagra:

Artículo 133. Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extras o trabajo nocturno, alimentación y vivienda.

Partiendo pues de la definición de salario, decimos que esta disposición legal contiene una noción de lo que debe entenderse como salario, extendiéndose a cualquier ingreso, provecho o ventaja percibido como contraprestación a las labores realizadas por el trabajador.

Respecto a la interpretación del mencionado artículo 133, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 106 de fecha 10 de mayo de 2000, desarrolló el concepto de salario, y estableció, entre argumentos; que: “Salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un Contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que éste último haya efectuado o debe efectuar o por servicios que haya prestado o debe prestar”.

Con relación a los conceptos o elementos excluidos de la noción de salario, la Sala ha acogido mediante sentencias Nos. 263 de fecha 24 de octubre de 2001 y 1.566 de fecha 09 de diciembre de 2004, lo sostenido por la doctrina patria en los siguientes términos:

“(...) La nueva redacción -del Primer Parágrafo del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo- no le da carácter salarial a aquellas prestaciones ‘necesarias para la ejecución del servicio o realización de la labor’, pues centra el concepto de salario en la ‘remuneración que corresponde al trabajador’ y que constituye para él una remuneración, provecho o ventaja’concatenando estas expresiones con las empleadas al establecer los principios generales del salario (...), podemos afirmar que éste es un activo que se incorpora al patrimonio del trabajador, el cual le es pagado directamente (artículo 148), y del cual tiene derecho a disponer (artículo 131). Esta concepción del salario como remuneración patrimonial que se hace al trabajador con ocasión de la relación de trabajo, excede de la tradicional idea según la cual el contrato de trabajo se limita a establecer un intercambio de prestaciones: la ejecución del servicio a cargo del trabajador y el pago del salario a cargo del patrono. De este modo, el salario se reducía a ser un valor de intercambio que estaba constituido por aquello que el patrono pagaba al trabajador ‘a cambio de su labor’, con lo cual podían considerarse salario los pagos hechos al trabajador pero que no lo beneficiaban directamente.

Este concepto de salario permite, además, excluir del mismo, aun cuando la Ley no lo haga expresamente, aquellos pagos que están destinados a permitir o facilitar al trabajador el cumplimiento de las labores encomendadas, pero que no constituyen activos que ingresan a su patrimonio. (...). Es en este sentido que la doctrina ha distinguido entre prestaciones pagadas por el trabajo, que forman parte del salario y prestaciones pagadas para el trabajo, es decir, como medio de permitir o facilitar la ejecución del mismo, las cuales tienen naturaleza extra salarial.

El referido artículo 133 ejusdem señala taxativamente que la participación de los beneficios o utilidades (que en el caso de autos se asimila a la bonificación de fin de año en virtud de de la naturaleza del Instituto demandado) y el bono vacacional forman parte del salario devengado por el trabajador. Así se decide.

Ahora bien, en lo que se refiere al Bono Quinquenal reclamado por el actor para que forme parte del salario, consagrado en la cláusula 27 del Contrato Colectivo, se trata de un beneficio que reciben los trabajadores cada quinquenio, es decir, por cada cinco (05) años de servicios ininterrumpidos, recibiendo así un pago único de quincenas determinadas. Así pues, al tratarse de un pago único recibido por el trabajador cada 5 años, conforme a la Jurisprudencia antes analizada, el mismo no puede ser considerado como parte del salario normal (integral) devengado por el trabajador, de allí que resulte improcedente su inclusión para el cálculo de sus prestaciones sociales, de lo que se infiere que el salario integral del actor sólo incluye la cuota parte del bono de fin de año y la cuota parte del Bono Vacacional. Así se decide.

Determinados los conceptos salariales que forman parte del salario integral del actor, pasamos de seguidas a verificar la procedencia en derecho de los conceptos reclamados por el actor en su libelo; dejando sentado esta Juzgadora que el actor ingresó al INCE verdaderamente el día 16 de agosto de 1.976, la fecha de egreso fue el día 15 de septiembre de 2002; es decir, que el tiempo laborado fue de veintiséis (27) años, ocho (08) meses.

1. - Reclama el actor la cantidad de 5.191.409,00 Bolívares por concepto del primer corte de cuentas desde la fecha de su ingreso el 16-08-1976, y un año y siete meses anteriores en la Administración Pública, Concejo Municipal de Maracaibo, al 19-06-1997, según lo establecido en el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo.

   El Tribunal para decidir observa:

   Tenía el trabajador del 16-08-1976 al 19 de Junio de 1997, 22 años, 5 meses, de Servicios; en consecuencia, según el artículo 666, literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo al actor le corresponden 30 días de salario por cada año de servicio, tal como lo reclama en su libelo; pero lo reclama a salario integral; señalando el mismo artículo que dicho concepto será calculado a razón del salario normal del mes inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigencia de la ley, en consecuencia, pasamos a efectuar el cálculo correspondiente, tomando como base el salario normal devengado por el trabajador para el mes; 22 años X 30 días = 660 días a razón de Bs. 5.646,09, arroja un total de Bs. 3.726.419,40; tal y como se evidencia de la documental contentiva de la liquidación de prestaciones sociales que recibió el actor y riela al folio ciento ochenta y cinco (185) del presente expediente. Así se decide.

   Y según lo establecido en el literal b) del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, al trabajador le corresponden 30 días de salario por cada año de servicio, calculados con base al salario normal devengado por el trabajador al 31 de diciembre de 1996. El mismo artículo señala que para los trabajadores del sector público (como es el caso de la demandada) existe un máximo de trece (13) años; sin embargo, el actor en su libelo reclama tal concepto en base a 10 años; y tomando en cuenta el carácter tuitivo de los derechos laborales, se efectuará el cálculo en base a trece (13) años; y en tal sentido:

   13 años X 30 días = 390 días a razón de Bs. 3.284,65, arroja un total de Bs. 1.281.013,50. Así se decide.

   En total, conforme lo dispone el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, al actor le corresponden Bs. 5.007.432,90; pero como quiera que la parte demandada pagó Bs. 3.726.421,38 por Corte al (18-06-1997) (folio 185); y canceló Bs. 240.048, oo por anticipo al 30-11-90; y Bs. 25.000, oo por anticipo al año 1997; sólo adeuda la demandada al actor por este concepto, la cantidad de Bs. 1.015.963,60. Así se decide.

2. - Reclama el actor la antigüedad contenida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (segundo corte).

   En tal sentido, decimos que según la planilla de liquidación de las prestaciones sociales recibidas por el actor (folio 185) la demandada pagó al actor cinco (05) días de salario, conforme lo dispone el artículo 108 ejusdem, a razón del salario devengado mes a mes por el actor, en consecuencia; se concluye que el Instituto demandado nada adeuda al actor; por lo que se declara Improcedente tal concepto. Así se decide.

3. - Con respecto a las vacaciones fraccionadas en virtud de que el actor laboró en su último año de servicios ocho (08) meses; según la cláusula 29 del Contrato Colectivo, le corresponde la cantidad de 2,5 días por mes laborado; es decir, 20 días a razón de Bs. 19.767,05, arroja un total de Bs. 395.341,oo; observando esta Juzgadora que el Instituto demandado honró su obligación al constar en las actas procesales (folio 185) que pagó tal concepto, por lo que se declara su improcedencia. Así se decide.

4. - Bono Vacacional Fraccionado: En virtud que el actor laboró en su último año de servicios ocho (08) meses, según la cláusula 29 del Contrato Colectivo le corresponden 5,91 días por mes laborado, es decir, 47,28 días a razón de Bs. 19.767,05 arroja un total de Bs. 934.586,12; observando esta Juzgadora que la Institución demandada según la planilla de liquidación de las prestaciones sociales (folio 185) honró su obligación y pagó al actor tal concepto; razón por la que se declara su Improcedencia. Así se decide.

5. - Bono de Fin de Año Fraccionado: Tomando en cuenta que el actor laboró en el año 2002 la cantidad de nueve (09) meses y quince (15) días, según la cláusula 28 del Contrato Colectivo le corresponden 5,41 días por mes laborado, es decir, 48,69 días a razón de Bs. 19.767,05 arroja un total de Bs. 962.457,66; observando esta Juzgadora que según la planilla de liquidación de prestaciones sociales el Instituto demandado pagó por tal concepto más de lo aquí calculado, honrando su obligación al respecto; razón por la que se declara la Improcedencia de este Concepto. Así se decide.

6. - En lo que se refiere a lo reclamado por el actor por concepto de la cláusula 10 del Contrato Colectivo, se dice que el patrono se obliga a pagarle al trabajador el sueldo o salario hasta tanto no le haya cancelado la Indemnización de Antigüedad; sin embargo, se observa que el Instituto demandado pagó tal concepto al actor el 16 de septiembre de 2002; es decir, un día después de terminada la relación laboral, razón por la que nada adeuda por tal concepto. Así se decide.

7. - Con respecto a lo reclamado por concepto de diferencia en la pensión de jubilación, debe señalar esta Juzgadora que quedó demostrado en las actas procesales, que la pensión de jubilación del ciudadano V.B.C., fue homologada al salario de un trabajador activo según criterio jurisprudencial; razón por la que no le procede tal diferencia. Así se decide.

   Por todo lo antes expuesto, concluye esta sentenciadora que el INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUACTIVA (INCE) sólo adeuda al actor ciudadano V.B.C. la cantidad de Bs. 1.015.963,60, por concepto del Corte de Cuenta contemplado en el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo. Que quede así entendido.

   DISPOSITIVO:

   Por los fundamentos expuestos, ESTE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:

1. - SIN LUGAR LA DEFENSA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN OPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE) AL CIUDADANO V.B.C..

2. - PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA QUE POR DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y DIFERENCIA DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN INTENTO EL CIUDADANO V.B.C. EN CONTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE).

3. - SE CONDENA a la parte demandada a pagar al actor, la cantidad de UN MILLÓN QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES BOLIVARES CON SESENTA CENTIMOS (Bs. 1.015.963,60).

   4-. SE ORDENA EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS, SOBRE LAS CANTIDADES CONDENADAS A PAGAR DESDE LA FECHA DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO (15-09-2002) HASTA LA EFECTIVA EJECUCIÓN DEL FALLO, LOS CUALES SE DETERMINARÁN MEDIANTE EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO, POR UN ÚNICO EXPERTO DESIGNADO POR EL TRIBUNAL SI LAS PARTES NO LO PUDIERAN ACORDAR; CONSIDERANDO PARA ELLO LAS TASAS DE INTERÉS FIJADAS POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, PUES LA RELACIÓN LABORAL TERMINÓ CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, HASTA LA FECHA EFECTIVA DE PAGO.

5. - SE ORDENA LA CORRECCIÓN MONETARIA, SOLAMENTE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO VOLUNTARIO, CALCULÁNDOSE DESDE EL DECRETO DE EJECUCIÓN HASTA LA OPORTUNIDAD DEL PAGO EFECTIVO, TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO, cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo, la cual se debe practicar considerando: 1) Será realizada por único perito designado por el Tribunal si las partes no lo pudieren acordar; 2) El perito a los fines del cálculo de la Indexación ajustara su dictamen al índice de precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Caracas, conforme a los respectivos Boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela, desde la fecha del decreto de ejecución y hasta la fecha en la cual serán pagados éstos conceptos.

6. - Se ordena el pago de los Intereses sobre la Prestación de Antigüedad previstos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, se condena a la parte demandada a su pago a la parte actora, cuyo monto se determinará mediante experticia Complementaria del fallo, la cual se debe practicar considerando: 1) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal si las partes no lo pudieren acordar; 2) El perito para calcular los intereses de la Antigüedad considerará las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela, desde que se causaron las primeras prestaciones de Antigüedad, hasta la fecha en que terminó la relación laboral.

7. - SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA REMITIENDOLE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISION.

8. - NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS EN VIRTUD DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE FALLO.

   PUBLIQUESE Y REGISTRESE. DEJESE COPIA CERTIFICADA POR SECRETARIA.

   DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE AUDIENCIAS DE ESTE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los nueve (09 ) días del mes de abril de 2.007. Años: 196 de la Independencia y 148 de la Federación.

   LA JUEZ,

   Abog. M.P.D.S..

   LA SECRETARIA

   Abog. MARINES CEDEÑO GÓMEZ.

   En la misma fecha siendo las nueve y treinta y siete (9:37 a.m.) minutos de la mañana, se dictó y publicó el anterior fallo que antecede.

   LA SECRETARIA

   Abog. MARINES CEDEÑO GÓMEZ