Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 9 de Mayo de 2012

La presente se tramita ante este Juzgado Superior con motivo del recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio: J.L.O.L., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 83.722, actuando en su condición de apoderado judicial de la parte demandada ciudadanos: J.M.C. y A.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.070.387 y V-9.475.400 respectivamente, domiciliados en Barinas estado Barinas; contra la sentencia de fecha 25 de marzo del 2008, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas que declaró con lugar la demanda de cobro de bolívares intentada por los ciudadanos: J.C.B. y E.F., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.931.856 y V-10.562.177 respectivamente, domiciliados en Barinas estado Barinas, y que se tramita en el expediente signado con el N° 1.157-05 de la nomenclatura de ese tribunal.

En fecha 22 de mayo del 2008, se le dio entrada y el curso legal correspondiente.

En fecha 11 de julio del año 2008, venció el lapso legal para la presentación de informes, se dejó constancia que sólo la parte demandada hizo uso de tal derecho, este Tribunal fijó lapso para presentar observaciones.

En fecha 29 de julio del 2008, venció el lapso dentro del cual las partes podían presentar sus observaciones escritas, este Tribunal dejó constancia que ninguna de las partes hizo uso de tal derecho; y fijó lapso para dictar la correspondiente sentencia dentro de los sesenta días siguientes.

En fecha 29 de octubre de 2008, venció el lapso legal para dictar la correspondiente sentencia, no habiendo sido posible dictar la misma debido a la competencia múltiple y exclusiva de este Tribunal; por lo que se difirió para dentro de los treinta (30) días siguientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

En el lapso de diferimiento, no fue posible dictar sentencia en el presente expediente, en esta oportunidad este tribunal pasa a dictar la correspondiente sentencia bajo los siguientes términos:

DE LA DEMANDA

La causa bajo análisis se inició por demanda de cobro de bolívares, incoada por los ciudadanos: J.C.B. y E.F., en contra de los ciudadanos: J.M.C. y A.M..

En fecha 25 de enero de 2005, los ciudadanos: J.C.B. y E.F., presentan demanda ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, alegando que se desprende de documento autenticado ante la Notaria Pública Primera del estado Barinas, bajo el N° 73 del tomo 14, de fecha 06 de febrero del año 2004, que adquirieron en propiedad cuatro (4) lotes de mejoras y bienhechurías por compra hecha a los ciudadanos: J.M.C. y A.R.M.M.. Que los referidos lotes de mejoras y bienhechurías se encuentran distribuidos y caracterizados de la siguiente manera: Primer Lote: en el primer lote, vende J.M.C. unas bienhechurías consistentes en ocho (8) potreros, con sus respectivas divisiones en cercas de alambre sobre estantillos de madera, sembrados de pastos artificiales, ubicadas en el sector conocido como la Manuelera en San R.d.C. dentro de los siguientes linderos: Norte: El río Canaguá y mejoras de R.Z.. Sur: Con mejoras que son o fueron de Ananay Zambrano y U.A.; Este: con mejoras de A.Z. y Río Canaguá y Oeste: con mejoras de U.A. y R.Z.. Segundo Lote: En el caso del especificado como segundo lote, vende la ciudadana A.R.M.M., un conjunto de mejoras y bienhechurías que conforman el fundo denominado La Confianza, consistentes en una casa para habitación familiar construida con paredes de bloques, techo de zinc, pastos artificiales, perforación para extraer agua, un corral, siembra de frutos menores, dos potreros debidamente cercados con alambre de púas y estantiíllas de madera, todo cercado perimetralmente con alambre de púas y estantiíllas de madera, ubicadas en el sector el Mangal en San R.d.C.M.J.A.P., dentro de los linderos siguientes: Norte: con el p.d.S.R.d.C.; Sur: con terreno de A.Z.C.; Este: con terrenos de M.L. y Oeste: con vía pública del P.d.S.R.d.C.. Tercer y Cuarto Lote: en el caso concreto del tercer y cuarto lote, vende el ciudadano J.M.C., todas las mejoras y bienhechurías que se encuentran dentro del sector Los Claveles y dentro de los siguientes linderos: Norte: con mejoras de A.M.; Sur: con mejoras del mismo vendedor, J.M.C.: Este: con mejoras de Urpiano Alonzo y Oeste: con avenida J.A.P. y mejoras que les pertenece a los ciudadanos C.C. y Enso Tavera.

Afirmaron que los cuatro (4) lotes de mejoras y bienhechurías ut-supra descritas de acuerdo con el instrumento público arriba señalado, tienen una superficie que mide en su totalidad cien hectáreas (100 Has) aproximadamente y se encuentran enclavadas en terrenos del ayer Instituto Agrario Nacional hoy Instituto Nacional de Tierras (INTI) por el precio de cincuenta millones de bolívares (Bs. 50.000.000,00), a razón de quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,oo) la hectárea de bienhechurías. Que dejan constancia que en el contrato de venta en comento, se estableció de manera palmaria y manifiesta que ulteriormente se realizaría el respectivo levantamiento topográfico para los fines legales pertinentes. Que el documento en cuestión contiene la venta procedentemente circunstanciada y detallada; y que luego de haber realizado la negociación ante la Notaria Pública Primera de Barinas en la fecha establecida ab-initio, recibieron de parte de los vendedores el respectivo levantamiento topográfico realizado por el topógrafo E.R.A., el cual se había realizado en el mes de agosto del 2002, –hecho que alegan ignoraban- y en él se señala un área total de sesenta y una hectárea con un mil doscientos cincuenta metros cuadrados (61 has con 1.250 m2) y no de cien hectáreas (100 has), como tramposamente y de evidentísima mala fe pretendieron hacer ver y enajenar a través del documento autenticado y que contiene la venta en mención. Que no hay duda, que mientras ellos, exhibieron una conducta a todas luces transparente, los vendedores les hicieron incurrir en el error de que dichos lotes arriba identificados tenían un área y extensión mayor a la que realmente tienen. De hecho, la negociación siempre fue por la cantidad de cien hectáreas, en ningún momento se ventiló la posibilidad de que fuese menor el tamaño del conjunto de mejoras y bienhechurías dentro de los lotes antes referidos. Que si hubieran tenido conocimiento que este conjunto de bienhechurías se encontraban enclavadas dentro de un área de sesenta y un hectárea con un mil doscientos cincuenta metros cuadrados (61 has con 1.250 m2), jamás hubiesen celebrado la negociación o en todo caso, las hubieran realizado pero por un monto o precio menor al pactado en el contrato de venta de marras.

Fundamentaron su demanda en el artículo 1.497 del Código Civil, que según la razón fundamental de la acción es el restablecimiento de la equidad entre lo vendido que era menos, y lo pagado que fue más. Así mismo invocaron los artículos 1.133, 1.135, 1.159 y 1.160 del Código Civil.

Que demandan formalmente a los ciudadanos: J.M.C. y A.R.M.M., para que convengan en lo siguiente: Primero: La cantidad de diecinueve millones con cuatrocientos treinta y siete mil quinientos bolívares (Bs. 19.437.500,oo) por disminución del precio que por un monto de cincuenta millones de bolívares (Bs. 50.000.000,oo) pactaron y cancelaron a los ya nombrados ciudadanos y tal disminución es procedente como consecuencia de la diferencia entre la medida real (61 Has con 1250 M”) y la indicada en el contrato (100 Has aproximadamente) respecto al bien objeto de la operación. Segundo: La cantidad de quinientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y un bolívares al tres por ciento anual hasta el seis de enero del año dos mil cinco y más los intereses que se sigan generando hasta la cancelación definitiva de la obligación demandada. Tercero: Las costas procesales. Estimaron la presente acción en la suma de treinta millones de bolívares (Bs. 30.000.000, oo).

Acompañaron al escrito los siguientes documentos:

1. Copia certificada de documento autenticado ante la Notaría Pública Primera de Barinas Estado Barinas, anotado bajo el N° 73, Tomo 14, otorgado en fecha 06/02/2004, donde los ciudadanos J.M.C. y A.R.M. dieron en venta pura, simple, perfecta, real e irrevocable a los ciudadanos J.C.B. y E.F., unas mejoras y bienhechurías que se encuentran en lotes de terreno. (folios 8 y 9, marcado “A”).

2. Copia simple de Levantamiento Topográfico del Fundo La Manuelera, Hoja N° E.1, propietario: J.M., elaborado por el Topógrafo E.R.P., Sector: B/nuevo II, parroquia: Páez, municipio Pedraza estado Barinas, siendo el área 61 Has con 1.250,00 M2. (folio 12).

Por auto de fecha 27 de enero del año 2005, el Tribunal a quo admitió la demanda.

Dentro de la oportunidad legal el abogado F.J.P.R., con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos: J.M.C. y A.R.M.M. presentó escrito, mediante el cual promovió la cuestión previa del ordinal 1° del artículo 346 y en aplicación del ordinal 1 del artículo 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, alega que corresponde el conocimiento de la causa a la jurisdicción especial agraria.

En fecha 13 de Octubre del 2005, el tribunal a quo dictó sentencia en la que se declaró sin lugar la cuestión previa y se declaró competente para conocer la presente acción.

Se evidencia expediente N° 06-2545-M, de la nomenclatura del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, mediante decisión de fecha 08 de mayo de 2006, que declaró sin lugar la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada por el tribunal a quo, en fecha 23 de Noviembre de 2005.

CONTESTACIÓN DE LA DEMAMANDA

En la oportunidad de dar contestación a la demanda, el apoderado judicial de la parte demandada negó, rechazó y contradijo la demanda, fundamentándose en el hecho que indican los actores en su demanda, que mediante documento público sus representados le vendieron “cuatro lotes de bienhechurías … que tienen una superficie que mide en su totalidad cien hectáreas (100 Has) aproximadamente … por el precio de cincuenta millones de bolívares (Bs. 50.000,oo) a razón de quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,oo) la hectárea de bienhechurías…” que tal aseveración es total y radicalmente falsa, ya que sus poderdantes les vendieron ciertamente, mediante documento autenticado ante la Notaria Pública Primera de Barinas en fecha 06 de Febrero del año 2004, bajo el No. 73, Tomo 14 de los Libros de Autenticaciones, todas las mejoras y bienhechurías que se encontraban dentro de cuatro lotes de terreno propiedad del Instituto Nacional de Tierras, pero jamás se indicó que el valor de las mismas fueran a razón de quinientos mil bolívares la hectárea, como falsamente lo indican los demandantes, sino que el precio de dichas bienhechurías en su conjunto fue pactado de común acuerdo, por el precio de cincuenta millones de bolívares y dicha venta no incluía la superficie territorial donde las mismas se encuentran construidas, pues como quedó establecido y reconocido por las partes contratantes en el documento en cuestión, las mismas no son propiedad de sus mandantes sino del INTI.

Afirmó que es falso que en el aludido contrato de venta, se haya establecido como obligación de los vendedores la carga de levantar un plano topográfico del área donde se encuentran fomentadas las mejoras vendidas, sino que ante la imposibilidad de determinar la misma y a los fines del registro, se señaló que se haría tal levantamiento, para los fines legales ante las oficinas pertinentes. Señaló que con la argumentación sesgada ya que no es la vertida en el documento del contrato de venta en cuestión, los demandantes persiguen un pronunciamiento judicial que no está previsto en la ley, como es la restitución de un pago excesivo, por un bien determinado que fue vendido en conjunto, uniformemente, sin que se les expresara medidas, por tratarse de unas bienhechurías y no de la extensión de terreno donde se encuentran las mismas, que como se expresó no es propiedad de los vendedores sino del INTI, circunstancias estas que son más que suficientes para desestimar la demanda en cuestión.

Sostuvo que la verdad de los hechos es que sus mandantes conocieron a los hoy accionantes, porque el codemandado J.M.C., se encontraba en delicado estado de salud y acudieron a la Clínica El Pilar, donde fue atendido por los médicos E.F. y J.C.B., hoy demandantes, quienes le indicaron que tenía que someterse a una intervención quirúrgica de una hernia umbilical, a lo que les señaló que para ello tendría que vender una pequeña finca que tenía y los médicos le dijeron que ellos se la compraban, que retendrían su honorarios y le devolverían el resto, a lo cual su mandante cedió, que los médicos se trasladaron solos hasta la finca, pues su representado se encontraba convaleciente en esta ciudad de Barinas, y junto con tres vecinos, de los Fundos La Manuelera y Las Rosas, colindantes con la posesión de sus representados, recorrieron en cinco oportunidades dicha finca, y pactaron con su mandante la compra venta, por la cantidad de cincuenta millones de bolívares, en lugar de los ochenta que aspiraban los propietarios, por tratarse de unas excelentes bienhechurías, construidas por casa para habitación, corrales, cercas, potreros, bebederos, vaqueras, becerreras, pastos, entre otras, pero que agobiados por la necesidad tuvieron que aceptar la oferta de los médicos.

Que pactada la venta los referidos médicos se encargaron de la redacción de la documentación, para lo cual contrataron los servicios de la Abogada Adenis F.d.N., sin que jamás hubiesen mencionado sus mandantes la densidad del área donde se encuentran las bienhechurías objeto de venta, sino que todo ello provino de la apreciación que hicieron los médicos cuando recorrieron la finca.

Aseveró que llegado el día de materializar la transacción sus mandantes firmaron el documento y posteriormente se trasladaron con los médicos hasta el Banco Mercantil en el Centro Comercial CADA, donde transcurrió toda la tarde sin que se les entregara el precio de la venta, porque presuntamente a los compradores no les habían hecho un depósito que les habían prometido y convinieron en que al día siguiente les efectuarían el pago, cosa que tampoco sucedió, sino que fue hasta una fecha posterior, que ante las constantes gestiones para obtener el pago, el médico E.F., les entregó a sus mandantes como parte de pago, una camioneta Runner Toyota, la cual por instrucciones de sus patrocinados fue puesta a nombre de un sobrino de estos, que les entregó parte del precio. Posteriormente, también como parte de pago, le entregaron un Camión Ford 350, que no estaba a nombre de ninguno de los médicos demandantes y posteriormente dicho camión les fue exigido por el médico J.C.B., quien les indicó que no podía efectuar la transacción del mismo porque no conseguía a los propietarios y finalmente, a objeto de garantizar en algo el resto del precio, les fue firmada una letra de cambio por dichos médicos por la cantidad de veinte millones de bolívares, que tampoco pagaron por lo cual hoy en día se sigue un juicio intimatorio, donde los médicos, en abierta deshonestidad desconocieron sus firmas, lo que motivó que tuvieran que pagar seis millones de bolívares a los expertos grafotécnicos que establecieron la veracidad de las firmas.

Que esa es la veracidad de los hechos acaecidos en el presente caso, y no como falsa y maliciosamente lo indican en su demanda los actores, que se evidencia de la demanda bajo análisis que los actores persiguen la restitución de lo presuntamente pagado en exceso, lo cual no es aplicable al caso concreto, porque eso sólo es posible cuando la cosa objeto de venta, se haya hecho a través de medida, pero en el caso de autos sus representados lo que vendieron fue un lote de mejoras o bienhechurías, consideradas en su conjunto, sin que se les hubiere señalado medida alguna, por lo que resulta forzoso concluir que el supuesto contenido en el artículo 1.497 del Código Civil, no encuentra adecuación en los presupuestos fácticos de los hechos que se debaten y así formalmente solicitó se declare.

Que todo lo expuesto se evidencia del contrato de venta en cuestión y como ha quedado suficientemente establecido, sus mandantes vendieron un conjunto de mejoras y bienhechurías, y no la densidad o superficie de terreno donde éstas se encuentran fomentadas, razones que actualizan el supuesto contenido en el artículo 1.502 del Código Civil, en el caso de autos, aunque como ya lo ha señalado y repetido, lo que sus mandantes vendieron fue un conjunto de mejoras o bienhechurías, pero sin sujetarlas a medida alguna, dada la naturaleza de las mismas, pero los compradores sin embargo, en compañía de vecinos, recorrieron antes de redactar el contrato de compraventa, lo que estaban comprando jamás pusieron objeción alguna, por lo que su pretensión resulta improcedente en derecho y en justicia.

Que para el supuesto negado que fueran desestimados los alegatos precedentemente esgrimidos, señaló que los actores en su petitorio no indican cúal es su pretensión, ya que se limitan a demandar a sus patrocinados para que convengan a ello o sean condenados por ese tribunal, pero que no señalan lo que persiguen, si es el pago o el establecimiento del presunto derecho, todo lo cual coloca a sus patrocinados en un estado de indefensión, al no saber a ciencia cierta contra qué se deben defender y hacen que la demanda tenga que ser desestimada. Negó, rechazó y contradijo tanto en los hechos como en el derecho, la demanda interpuesta en contra de sus representados y con fundamento en el documento de venta consignado por los demandantes, donde se observa con claridad meridiana que sus patrocinados vendieron un conjunto de mejoras o bienhechurías sin determinación en medidas.

En el presente procedimiento ambas partes promovieron pruebas y el Juzgado a quo en la oportunidad correspondiente dictó sentencia, con la motivación que parcialmente se transcribe:

RECURRIDA

Se inicia el presente juicio por demanda de Cobro de Bolívares, intentada por los ciudadanos J.C.B. y E.F., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.931.856 y V-10.562.177, respectivamente, debidamente asistidos por los Abogados en ejercicio G.d.J.L. y J.J.T.S., inscritos en el Inpreabogado bajo Nros. 10.238 y 66.420, en su orden, en contra de los ciudadanos J.M.C. y A.R.M.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 8.070.387 y V-9.475.400, respectivamente. Alegan los demandantes en su escrito libelar lo siguiente:

El Tribunal para decidir observa:

La acción intentada en el presente juicio es la de cobro de bolívares, fundamentándose la parte demandante en la institución de la garantía de la cabida, fórmula ésta, prevista en el artículo 1.497 del Código Civil, que dispone:

En todos los demás casos en que la venta sea de un cuerpo determinado y limitado, o de fundos distintos y separados, sea que el contrato comience por la medida, sea que comience por la indicación del cuerpo vendido, seguida de la medida, la expresión de la medida no da lugar a ningún aumento de precio en favor del vendedor por el exceso de la misma, ni a ninguna disminución del precio en favor del comprador por menor medida, sino cuando la diferencia entre la medida real y la indicada en el contrato sea de una veintava parte en más o en menos, habida consideración al valor de la totalidad de los objetos vendidos, si no hubiere estipulación en contrario

.

En éste sentido, los ciudadanos J.C.B. y E.F., en su carácter de parte demandante, alegan que los ciudadanos J.M.C. y A.R.M., les enajenaron por medio de documento de compraventa que fuere autenticado por ante la Notaría Pública Primera del Estado Barinas, en fecha 06 de Febrero de 2.004, asentada bajo el Nº 73, Tomo 14 de los Libros de Autenticaciones llevados por ésa Notaría, cuatro (04) lotes de mejoras y bienhechurías, ubicadas en la población de San R.d.C., Municipio J.A.P.d.E.B..

Al respecto observa el Tribunal, que se desprende de la lectura de la copia certificada del documento de compraventa consignado con el libelo, así como del escrito libelar, que las partes contratantes pactaron la venta de las mejoras y bienhechurías que se encontraban sobre los cuatro lotes de terreno, igualmente identificados por su situación y linderos en ambos instrumentos, evidenciándose que se expresó en el referido contrato de compraventa que los cuatro lotes de terreno descritos conformaban un solo lote de aproximadamente cien hectáreas (100 Has.)

En éste orden de ideas, es claro para éste Juzgado que los ciudadanos J.C.B. y E.F., en su carácter de parte compradora, y los ciudadanos J.M.C. y A.R.M., en su condición de vendedores, pactaron mediante el documento de compraventa suscrito -que en copia certificada riela en las actuaciones que conforman el expediente- la enajenación de las mejoras y bienhechurías consistentes en: ocho (08) potreros con sus respectivas divisiones en cercas de alambre sobre estantillos de madera, sembrados pastos artificiales, las cuales se encontraban sobre el identificado como “primer lote”; una (01) casa para habitación familiar construida con paredes de bloque, techo de zinc, pastos artificiales, perforación para extraer agua, un corral, siembra de frutos menores, dos potreros debidamente cercados con alambre de púas y estantillos de madera, las cuales se encontraban sobre el identificado como “segundo lote”; y, las mejoras y bienhechurías que se encontraban dentro del sector “Los Claveles”, las cuales se encontraban en los identificados como “tercer y cuarto lote”, desprendiéndose igualmente que se expresó en el referido contrato, que la cabida de los cuatro lotes de terreno ascendían aproximadamente a cien hectáreas (100 Has.), fijando el precio de la venta en cincuenta millones de bolívares (Bs. 50.000.000,oo), actualmente cincuenta mil bolívares (Bs. F. 50.000,oo).

Ahora bien, alega igualmente la parte actora en su escrito libelar que de haber sabido que las mejoras y bienhechurías se encontraban dentro de un área inferior a las cien hectáreas sobre las cuales se pactó el negocio jurídico, no hubiesen convenido en celebrar dicho contrato de compraventa, o en todo caso lo hubiesen celebrado por un precio menor al pactado. Al respecto, riela en el expediente, experticia realizada sobre los cuatro lotes de terreno referidos, en la que consta que los mismos tienen una cabida total de cincuenta y nueve hectáreas con mil seiscientos sesenta y un metros cuadrados (59, 1.661 Has.), de lo que se evidencia que el área total de los terrenos sobre los que se encuentran las mejoras y bienhechurías descritas, ciertamente es inferior a la que se expresó en el contrato de compra-venta. Y así se decide.

En atención a lo expresado precedentemente, es palmario que en el presente caso resulta aplicable el supuesto de hecho previsto en el artículo 1.497 del Código Civil, pues la parte actora comprobó en la etapa probatoria que existe una diferencia entre la medida real que detentan los lotes de terreno y la indicada en el contrato de compraventa, excediéndose dicha diferencia de la veinteava parte exigida por la norma sustantiva, siendo en realidad de ocho veinteavas partes, de lo que se colige que debe haber una disminución del precio pactado y pagado por el comprador, pues aún cuando el objeto del negocio jurídico de compra-venta no lo constituían propiamente los terrenos sobre los cuales se encontraban las mejoras y bienhechurías, es claro que la diferencia de cuarenta hectáreas ha producido un gravamen patrimonial en detrimento a los compradores. Y así se decide.

Como consecuencia de lo anterior, siendo procedente en el presente caso el supuesto de hecho previsto en la norma legal sustantiva en que se fundamenta la parte demandante, es claro para quien decide, que la demanda incoada debe ser declarada con lugar y debe declararse la disminución de precio a favor de los compradores. Y así se decide.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, éste Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta sentencia en los siguientes términos: