Decisión nº InterlocutoriaNº019-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Enero de 2014
| Fecha de Resolución | 31 de Enero de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | María Ynés Cañizalez León |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Tributario |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 31 de Enero de 2014
203º y 154º
Asunto Principal: AP41-U-2013-000491 Sentencia Interlocutoria Nº 019/2014.-
Cuaderno Separado Nº AF44-X-2014-00004
En fecha 19 de noviembre de 2013, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales Contenciosos Tributarios del Área Metropolitana de Caracas, remitió a este Órgano Jurisdiccional el interpuesto con medida cautelar de suspensión de efectos del acto recurrido, por la abogada A.C.V., inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 145.491, actuando en carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA GRIS Y BRONCE, C.A., en contra de la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2012-0072, de fecha 14 de febrero de 2013, emanada de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, la cual declaró INADMISIBLE el Recurso Jerárquico ejercido por la empresa recurrente, por disconformidad con la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº SNAT/INTI/GRTI/RCA/DSA/2012-000024, de fecha 13 de febrero de 2012, emitido por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital
Este Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario, en horas de despacho del día 21 de octubre de 2013, dio entrada al precitado recurso y a los fines de admitir o no el mismo, ordenó practicar las notificaciones de Ley.
Al estar las partes a derecho y cumplirse los requisitos establecidos en los artículos 259, 260, 261, 262 y 266 del Código Orgánico Tributario, el Tribunal, mediante Sentencia Interlocutoria N° 014/2014, de fecha 23 de enero de 2014, admitió el referido recurso contencioso.
Visto el requerimiento de suspensión de efectos del acto administrativo recurrido, planteado por la representación judicial de la prenombrada contribuyente, en su escrito recursorio, este Órgano Jurisdiccional, por auto de fecha 23 de enero de 2014, ordenó abrir Cuaderno Separado para tramitar dicha incidencia, asignándole el número AF44-X-2014-00004.
En este sentido, se procede a dictar sentencia interlocutoria en base a las consideraciones siguientes:
I
ALEGATOS DE LA SOLICITANTE
En el escrito presentado, la representación judicial de la recurrente, solicitó la suspensión del acto administrativo, y expuso lo siguiente:
En el caso de nuestra representada, se satisfacen ambos elementos exigidos por el artículo 263 del COT antes citado para la procedencia de la medida de suspensión de efectos de los actos administrativos impugnados, vistos los abundantes argumentos legales que sustentan la pretensión de mi representada, de la cual se desprende la legitimidad de su actuar; y por cuanto la eventual ejecución de la Resolución durante el curso de ese procedimiento causaría un perjuicio financiero irreparable a mi representada, ya que de ejecutarse dicho acto se le privaría a ésta de una parte sustancial de los activos líquidos y disponibles de mi representada y que, por las diversas razones de índole estructural que actualmente atraviesa la economía venezolana que son de todos conocidos, las utilidades netas de mi representada de los últimos ejercicios han mermado sustancialmente, por lo cual se le ha reducido su disponibilidad de caja y, en consecuencia, de ejecutarse la Resolución en esta oportunidad se le imposibilitaría hacer frente a sus obligaciones (laborales, proveedores, impositivas, etc), y continuar con sus operaciones comerciales causándole perjuicios irreparables por la definitiva, no solo a mi representada sino también a sus trabajadores y la colectividad en general. A los fines de evidenciar estos elementos, solicitamos a este Tribunal se sirva revisar la copia del Estado Financiero de mi representada al día 31 de noviembre de 2012, el cual se anexa a la presente marcado como Anexo ´J´ del cual se denota claramente lo antes señalado
.
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Planteadas la suspensión de efectos del acto recurrido y la argumentación, a su favor, antes expuestas, este Tribunal observa:
El artículo 263 del Código Orgánico Tributario 2001, dispone que:
La interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado, sin embargo, a instancia de parte, el Tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido, en el caso que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho. Contra la decisión que acuerde o niegue la suspensión total o parcial de los efectos del acto, procederá recurso de apelación, el cual será oído en el solo efecto devolutivo
La suspensión parcial de los efectos del acto recurrido no impide a la Administración Tributaria exigir el pago de la porción no suspendida ni objetada
De la disposición antes transcrita, se observa, por una parte que la suspensión de los efectos del acto recurrido en materia tributaria, no ocurre en forma automática con la interposición del recurso contencioso tributario (como sucedía con los Códigos Orgánicos Tributarios de 1982, 1992 y 1994) sino que, por el contrario, debe considerarse como una medida cautelar que el Órgano Jurisdiccional puede decretar a instancia de parte. Por otra parte se evidencia, para la procedencia de la medida cautelar de suspensión de efectos, el cumplimiento de ciertas exigencias, que conforme con el texto de la norma se refieren a “… que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho…”
De este modo, la interpretación literal del texto transcrito supra, permite afirmar, en principio, la posibilidad de que los requisitos para decretar la medida cautelar en materia tributaría no sean concurrentes; ese era el criterio sostenido hasta la fecha por este Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario. Sin embargo, vista la interpretación hecha por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 00607de fecha 3 de junio de 2004, Caso: Deportes El Marquez, C.A, conforme a la cual estableció lo siguiente:
Conforme a todo lo expuesto, esta Sala debe realizar una interpretación correctiva de la norma sobre la base de los razonamientos expresados y, en tal sentido, entender en la referida disposición legal que para que el juez contencioso tributario pueda decretar la suspensión de los efectos del acto administrativo, deben siempre satisfacerse, de forma concurrente, los dos requisitos antes señalados, vale decir, periculum in damni y fumus boni iuris; ello con la finalidad de llevar al convencimiento del juzgador la necesidad de que la medida deba decretarse, para garantizar y prevenir el eventual daño grave, el cual pudiera causarse con la ejecución inmediata del acto administrativo tributario…
De acuerdo al precitado criterio, ratificado en decisiones posteriores por el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros, por los fallos Nos. 00737 del 30 de junio de 2004, Caso: M.B.V., S.A., y 01023 del 11 de agosto de 2004, Caso: Agencias Generales Conaven, C.A., y otras, según el cual las exigencias enunciadas en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, no deben examinarse de manera aislada, sino en forma conjunta, porque las exigencias de una sola de ellas no es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal, cual es la suspensión de los efectos del acto impugnado; además de la concurrencia de ambos requisitos, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación y, adicionalmente, resulte presumible que la pretensión procesal principal resultara favorable, todo vinculado a la adecuada ponderación del interés público involucrado, este Tribunal observa:
En lo tocante al fumus boni iuris, para la adopción de cualquier medida se exige, por regla general, que el solicitante acredite el derecho en base al cual funda su pretensión, pues la medida cautelar podrá adoptarse cuando “aparezca como jurídicamente aceptable la posición del solicitante”, cuando la situación jurídica cautelable se presente “como probable, como una probabilidad cualificada”, cuando en definitiva el Tribunal aprecie que el derecho en el cual se funda la pretensión objeto del proceso principal es verosímil y por tanto la Resolución final del mismo será previsiblemente favorable al actor.
En base a lo anteriormente expuesto, el Tribunal observa que las apoderadas de la recurrente al proponer la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, esgrime argumentos, que esta Juzgadora aprecia como pertinentes y suficientes sus alegatos del fumus boni iuris, al tratar de demostrar la existencia de un alto grado de probabilidad de que la sentencia definitiva a dictarse oportunamente reconozca el derecho en que funda su recurso; motivo por el cual, se estima, que cumple el requisito del buen derecho.
A.e.p.i. damni, que no es otro que la existencia de un peligro de daño jurídico derivado del retardo en el ejercicio de aquellas funciones constitucionalmente encomendadas a los órganos jurisdiccionales; este requisito tiene dos elementos: el retraso y el daño marginal producido por esa demora, interrelacionados ambos de forma tal que no pueden imaginarse uno sin otro, la demora viene referida a la duración del proceso; la marginalidad del daño factible de producirse se relaciona con la efectividad de la sentencia en el proceso principal.
Respecto a este requisito, la jurisprudencia también se ha postulado sobre la carga probatoria del solicitante, es decir, recae en el recurrente el onuns probandi de los daños irreparables o de difícil reparación.
En tal sentido, de los autos de la pieza principal, se aprecian a los folios ciento noventa y cinco (95) al ciento cuatro (104) ambos inclusive, copia simple del informe del Contador Público Lic David Gutiérrez, CPC No. 78.581, contentivo de la situación de la empresa DISTRIBUIDORA GRIS Y BRONCE al 31 de noviembre de 2012, el cual, a criterio de esta Juzgadora, no logra demostrar, fehacientemente, el estado financiero actual de ésta.
Por tanto, al no constar en autos elementos que permitan concluir, objetivamente, sobre el cumplimiento relativo al periculum in damni, resulta improcedente la medida de suspensión de efectos solicitada, pues su cumplimiento, debe ser concurrente con el fumus boni iuris, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia del M.T., acogida por este Órgano Jurisdiccional. Así se decide.
III
DECISIÓN
En virtud de las razones precedentemente expuestas y por cuanto no quedó demostrada la concurrencia de los dos supuestos consagrados en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, este Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, DECRETA IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE EFECTOS de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA GRIS Y BRONCE, C.A., en contra de la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2012-0072, de fecha 14 de febrero de 2013, emanada de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, la cual declaró INADMISIBLE el Recurso Jerárquico ejercido por la empresa recurrente DISTRIBUIDORA GRIS Y BRONCE, C.A., por disconformidad con la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº SNAT/INTI/GRTI/RCA/DSA/2012-000024, de fecha 13 de febrero de 2012, emitido por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital
De conformidad con lo previsto en el Parágrafo Segundo del artículo 263 del Código Orgánico Tributario, la presente decisión no prejuzga el fondo de la controversia.
Notifíquese a los ciudadanos Procurador General de la República, al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a la recurrente.
De la presente decisión se oirá apelación en un solo efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 278 eiusdem, a partir de la consignación en autos de la última de las notificaciones ordenadas.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los treinta y un (31) días del mes de enero del 2014. Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZ,
M.I. CAÑIZALEZ L. LA SECRETARIA SUPLENTE,
L.Y.P.R.
La anterior decisión se publicó en su fecha a la 9:05 a.m.
LA SECRETARIA SUPLENTE,
Asunto No. AF44-U-2014-000004.- L.Y.P.R.
Asunto Principal No. AP41-U-2013-000491.-
