Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 5 de Diciembre de 2005

PUNTO PREVIO AL MERITO DE LA SENTENCIA. Mediante escrito que riela al folio 113 al 116, producido por los abogados en ejercicio J.P.Q.M. y D.E.Q.S., inscritos en el inpreabogado bajo los números 8.345 y 92.895 respectivamente y titulares de las cédulas de identidad Nº 2.458.780 y 14.401.852 en su orden, procediendo en su condición de apoderados judiciales de la empresa mercantil “SERVICIOS INTEGRALES QUINTERO-NUÑEZ, COMPAÑÍA ANÓNIMA”, solicitaron la reposición de la causa con base a los siguientes argumentos:

1) Que en el presente juicio la parte demandante ejerció dos acciones, es decir, ha pretendido acumular en el mismo libelo dos pretensiones distintas: La primera, pretensión que es la del cumplimiento del contrato de transacción, contenido en documento publico autenticado por ante la Notaria Publica de Mérida, bajo el Nº 100, Tomo 19, de fecha 10 de abril de 2.001; y la segunda, la nulidad por ser contraria a la Ley De Propiedad Horizontal tanto en su procedimiento como en la decisión adoptada, con relacion al ACUERDO tomado en la fecha 24 de marzo de 2.002 por los demás copropietarios del inmueble que integran el Condominio del Edificio Residencias Ayacucho, pretensiones estas que según la parte demandada no pueden ser acumuladas en orden a la previsión legal contenida en el articulo 78 del Código de Procedimiento Civil, por tener distintos procedimientos, además porque según lo indican no procede la acumulación, de acuerdo a lo expresado en el articulo 81, numeral 3 del Código de Procedimiento Civil.

2) Que la pretensión del cumplimiento de la transacción, que fue homologada, se debe intentar por vía del procedimiento de ejecución de sentencia y que para el caso de la pretensión del ACUERDO de copropietarios del señalado edificio, tal acción debe intentarse por la vía del procedimiento breve, de acuerdo a lo exigido en el articulo 25 de la Ley De Propiedad Horizontal.

3) Que en orden a lo indicado son dos las pretensiones del demandante con procedimientos distintos, y que también el monto de la cuantía ha fijarse podría determinar la incompetencia de este Tribunal para administrar justicia en este juicio.

4) Que por tales razones piden la reposición de la causa al estado de su admisión, en donde se acuerde el seguimiento de las pretensiones intentadas en este juicio por ante los Tribunales competentes según la cuantía, la materia y los procedimientos establecidos en la ley.

5) Fundamentaron la solicitud en los artículos 206, 207, 211, y 212 del Código de Procedimiento Civil.

Por su parte los abogados A.C. P. y Y.A. Z. procediendo con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano GIOCONDO BUSO BONATO, en escrito de conclusiones que corre agregado del folio 132 al 142, con relación al punto previo planteado expresan lo siguiente:

1. Que los planteamientos relacionados con la reposición de la causa, después de transcribir el contenido de la solicitud, casi en su totalidad, señalan que la misma esta plagada de galimatías y pedimentos extemporáneos que coloca al Tribunal en la situación jurídica en de no tener materia sobre la cual decidir, o por gratia arguendi, negar el absurdo pedimento sobre la base de los razonamientos que allí se formulan.

2. Que todo lo atinente a la proposición de la competencia, los sujetos procesales (demandante y demandado), estimación de la demanda, la pretensión, su objeto y el petitum, es privativo única y exclusivamente del demandante proponerlo en su libelo y por ello no es potestativo del demandado imponerle al actor deberes que constriñan a esté su derecho a la concepción del libelo.

3. Que la ley procesal concede al demandado la oportunidad, que mediante la correspondientes defensas, unas veces, in limine como las cuestiones previas, u otras veces para que sean resueltas en la sentencia, oponibles siempre tempestivamente, so pena de caducidad, haga subsanar los defectos del libelo y se cumplan los presupuestos procesales tendentes al cumplimiento de la legitimidad del órgano, de los sujetos y de la demanda que son los requisitos fundamentales para la existencia y validez del proceso.

4. Que según el articulo 213 del Código de Procedimiento Civil, las nulidades solo pueden declararse a instancia de parte, quedaran subsanadas si la parte con la quien obre la falta no pidiere la nulidad en la oportunidad en la que se haga presente en los autos, por lo que resulta improcedente que la parte demandada exprese que el actor ha debido intentar la ejecución de la sentencia, lo cual es considerado como un criterio absurdo al pretender coartar la libertad del demandante para ser valer en otro juicio o juicios de que se trate, el efecto y consecuencia de lo convenido en un contrato.

5. Que la demandada no compareció al Tribunal a esgrimir sus defensas en la oportunidad de la contestación de la demanda, para pretender después hacer valer su argumento que el actor hizo una acumulación inepta de pretensiones, ya que ha debido comparecer al Tribunal a oponer una cuestión previa establecida en el ordinal 6 del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el ordinal 6º del articulo 340 eiudem.

6. Que la parte actora no ha acumulado en su libelo pretensiones que se excluyan entre si, ni que en razón de la materia no sea competente el Tribunal, ni pretensiones cuyo procedimiento sean incompatibles ya que el actor no ha accionado ninguna ejecución de sentencia y mal podría el Tribunal decidir sobre cuestiones no planteadas.

7. Que en el presente caso existen dos pedimentos del demandante que emanan de un mismo y único titulo, como es el de ser propietario de un local comercial, del inmueble adquirido bajo el régimen de la Ley de Propiedad Horizontal, pedimentos estos que guardan intima e indisoluble relacion entre si, toda vez que ante el cobro que se le hacia del condominio al demandante, con relacion a las cuotas del mismo, correspondientes al local de su propiedad, al percatarse de tal situación, la empresa administradora del edifico Residencias Ayacucho, denominada “SERVICIOS INTEGRALES QUINTERO-NUÑEZ, COMPAÑÍA ANÓNIMA”, acordó con el señor D.B.B., pero que como la empresa administradora participó al señor BUSO BONATO que los condominos habían celebrado un acuerdo que revocaba aquel convenio celebrado entre la empresa administradora y el ciudadano BUSO BONATO, hubo entonces la necesidad de que este último, en defensa de sus derechos e intereses intentara la presente demanda que se derivan de un mismo titulo y tiene su fundamento en la misma Ley de Propiedad Horizontal que para su tramite remite al procedimiento breve previsto en el Código de Procedimiento Civil, por lo tanto para el caso de que fueran calificados como dos pretensiones, son perfectamente acumulables en la demanda porque dependen de un mismo título y están íntimamente vinculados por los mismos sujetos (demandante y demandado) y tiene el mismo objeto que se tramita por un mismo procedimiento que es breve y conoce el mismo Tribunal competente por la materia y la cuantía.

8. Que la demandada además de desempeñar el cargo de administrador del condominio del inmueble “Residencias Ayacucho”, coincidentemente también es apoderado de la Junta de Condominio y que ha sido reiterado por la jurisprudencia nacional que el administrador es quien representa en juicio a la Asamblea de Propietarios y a la Junta de Condominio.

DECISIÓN EN CUANTO AL PUNTO PREVIO, CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE LA CAUSA: Revisados como han sido tanto los argumentos esgrimidos por la parte demandada con respecto a la solicitud de la reposición de la causa al estado de la admisión de la demanda, en donde se acuerde el seguimiento de las pretensiones intentadas en este juicio por ante los tribunales competentes según la cuantía, la materia y los procedimiento, todo de acuerdo con las leyes correspondientes por presuntamente haberse acumulado dos pretensiones distintas esto es el cumplimiento del contrato de transacción, contenido en documento público autenticado por ante la Notaria Pública Tercera de Mérida y la nulidad de un acuerdo adoptado por los co-propietarios del inmueble que integra el Condominio del Edificio Residencias Ayacucho; y de igual manera revisadas pormenorizadamente las alegaciones formuladas por la parte demandante que se opone a las referida reposición, el Tribunal observa que la competencia, los sujetos procesales, la pretensión, su objeto y su petitorio además de la estimación de la demandada es una potestad que corresponde al demandante y si no es contrario a derecho tal acción debe prosperar, teniendo en todo caso la parte accionada la oportunidad procesal para establecer las defensas que considere pertinentes, entre ellas la negación de parte o del todo de los demandados, la interposición de cuestiones previas o reconvención, pero lo que no puede la parte demandada es pretender nulidades extemporáneamente sin haber sido solicitadas en la primera oportunidad en que se haga presente en los autos, ya que si no lo hace tales nulidades quedan subsanadas tal como lo consagra el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil, además no observa el Tribunal que el libelo de la demanda contenga pretensiones que no puedan acumularse en el mismo libelo bien porque sean pretensiones que se estudian mutuamente o que sean contrarias entre sí, ni tampoco por razón de la materia que correspondiere el conocimiento de tales pretensiones a otro Tribunal; así como tampoco se ha podido constatar que existan procedimientos incompatibles entre si en el escrito libelar, tal como lo establece el artículo 78 del antes citado texto procesal; toda vez que si bien es cierto que existen dos pedimentos del accionante los mismo emanan de un único título como lo es el ser propietario del indicado local comercial, cuya propiedad fue adquirida bajo el sometimiento del régimen especial de la Ley de Propiedad H.y.q. tales pedimentos están procesalmente interconectados entre si, más aún, cuando muy bien lo advierte la parte demandante que la parte demandada además de desempeñar el cargo de administrador del Condominio del inmueble “Residencias Ayacucho”, coincidentemente también ostenta el cargo de apoderado de la Junta de Condominio y es precisamente que el administrador que representa en juicio a la Asamblea de Propietarios y a la Junta de Condominio, razones estas que llevan al Tribunal a concluir que no resulta procedente la reposición de la causa. Y así se decide.

Establece el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil: “Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento.”

Del artículo antes trascrito se desprenden, tres requisitos fundamentales para que opere la confesión ficta:

1. Que el demandado no haya contestado la demanda, esto es, la ausencia o extemporaneidad de la contestación.

2. Que la petición no sea contraria a derecho, es decir, la legalidad de la acción.

3. Que el demandado en el término probatorio no probara nada que le favorezca, vale decir, la omisión probatoria.

Al no darse oportuna respuesta a la acción incoada y no haber promovido prueba alguna la parte demandada, sólo corresponde al Tribunal constatar el literal “B” de lo arriba señalado, vale decir, que la acción interpuesta no sea contraria a derecho, ni que aparecieren desvirtuadas las pretensiones del accionante por ninguno de los elementos del proceso, en el presente caso, es preciso señalar y resaltar, que la referida pretensión se subsume al cumplimiento de contrato, del cual la parte demandante en su petitorio solicitó: a) El cumplimiento del contrato de transacción contenido en el documento público autenticado; b) Impugnó de nulidad por ser contrario a la Ley de Propiedad Horizontal el acuerdo tomado por lo demás propietarios del inmueble.

En nuestro derecho, la falta de contestación de la demanda, da lugar a la confesión ficta, esto es, la presunción de confesión que recae sobre los hechos narrados en la demanda, pero no sobre el derecho. Dicha confesión ficta, que por su naturaleza es una presunción iuris tantum, lo cual comporta una aceptación de los hechos expuestos en el libelo de la demanda, no se produce sino por la incomparecencia del demandado a la contestación de la demanda o su comparecencia tardía al mismo, vale decir extemporánea, pues las partes a derecho con su citación para dicho acto y su comparecencia al mismo funciona como la antigua personación o comparecencia, de tal modo que la realización de aquel acto, constituye la liberación del demandado de la carga de contestación, y su omisión o falta, produce la confesión ficta. El lapso de comparecencia tiene así el carácter de perentorio o preclusivo y agotado que sea, ya por la realización de la contestación o por su agotamiento por no haberse realizado aquélla, no podrá ya admitirse la alegación de hechos nuevos, ni la contestación de la demanda, ni la reconvención, ni las citas de terceros a la causa, tal y como lo establece el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil.

El alcance de la locución: “nada probare que le favorezca”, tanto la doctrina, como la jurisprudencia han sostenido al respecto, que es permitida la prueba que tienda a enervar o paralizar la acción intentada, hacer contraprueba de los hechos alegados por el actor, demostrar que ellos son contrarios a derecho. En cambio, no es permitida la prueba de aquellos alegatos hechos constitutivos de excepciones que han debido alegar en la contestación de la demanda. En el caso bajo análisis, observa el Tribunal que fijado el lapso para la contestación de la demanda, la cual tendría lugar el segundo día de despacho siguiente a aquél en que constara en autos la citación de la parte accionada tal y como consta del auto de admisión de la demanda que corre inserta al folio 55 de este expediente y no consta en autos que fuera contestada la demanda ni por la parte demandada ni por su defensor judicial, es por lo que indiscutiblemente incurrió en confesión ficta tal como lo establece el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual es procedente declarar que la Empresa Mercantil “SERVICIOS INTEGRALES Q.N. COMPAÑÍA ANÓNIMA”, parte demandada en el presente juicio, incurrió en confesión ficta, por lo tanto la presente demanda debe prosperar y así debe decidirse.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 29 de agosto de 2.003, con ponencia del Magistrado Dr. J.E.C.R., en el expediente número 03-0209, sentencia número 2428, sobre la procedencia de la confesión ficta expresó:

“Para la declaratoria de la procedencia de la confesión ficta, se requiere la verificación de los otros dos elementos como los son, que la petición no sea contraria a derecho y que el demandado en el término probatorio no probare nada que le favorezca.

Siguiendo este orden de ideas, el hecho relativo a que la petición no sea contraria a derecho tienen su fundamento en el entendido que, la acción propuesta no esté prohibida por ley, o no se encuentre tutelada o amparada o tutelada por la misma; por lo que, al verificar el juez tal situación, la circunstancia de considerar la veracidad de los hechos admitidos, pierde trascendencia al sobreponerse las circunstancias de derecho a las fácticas, ya que aunque resulten ciertos los hechos denunciados no existe un supuesto jurídico que los ampare y que genere una consecuencia jurídica requerida…

…En cambio, el supuesto negativo a si nada probare que le favorezca, hace referencia a que el demandado que no dio contestación a la demanda, podrá promover cuantas pruebas crea conveniente, siempre y cuando vayan dirigidas a hacer contraprueba a los hechos alegados por el actor. En tal sentido la jurisprudencia venezolana en forma reiterada, ha venido señalando en muchísimos fallos, que lo único que puede probar el demandado en ese “algo que lo favorezca”, es la inexistencia de los hechos alegados por el actor, la inexactitud de los hechos, pero ha indicado de esta forma, que no puede nunca el contumaz probar ni excepciones perentorias, ni hechos nuevos que no ha opuesto expresamente…” (Lo subrayado y destacado fue efectuado por el Tribunal)

La anterior decisión parcialmente transcrita emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para casos análogos, deben ser vinculantes para este Tribunal, ya que en sentencia de fecha 18 de junio de 2.003, la señalada Sala Constitucional, conociendo de un recurso de revisión, estableció el criterio de que el Juez incurre en una conducta indebida en el ejercicio de sus funciones cuando se niega a aceptar el precedente de la Sala Constitucional en el momento de decidir acerca de un caso similar, supuesto en el cual la inobservancia del precedente debe ser sancionada jurídicamente. En efecto, en la sentencia en mención la prenombrada Sala señaló:

“…omisis… La denuncia planteada lleva a esta Sala distinguir –omisis—que la fuerza obligatoria de un precedente judicial puede ser de dos tipos: jurídica (de iure) o de hecho (de facto). La primera…, corresponde a las decisiones que dicta esta Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios Constitucionales (artículo 335 eiusdem ; en relación con la segunda, se debe decir que al fuerza obligatoria fáctica de los precedentes judiciales la tienen asignadas las decisiones de las demás Salas de este Supremo Tribunal.

La distinción en uno u otro del precedente judicial, tiene efectos de predecibilidad desde una aproximación sistemática interna y una aproximación sistemática externa respecto al Derecho. Así el punto de vista interno es el que tiene el juez que aplica el derecho como órgano que es del sistema judicial, y en esta función no puede sustraerse a la fuerza obligatoria vinculante del precedente emanado de la Sala Constitucional. En este sentido, encuentra la Sala que el Juez incurre en conducta indebida en el ejercicio de su función si se negara aceptar el precedente de la Sala Constitucional en el momento de decidir acerca de un caso similar; supuesto en el cual, la inobservancia del precedente debe ser sancionada jurídicamente.

Desde el punto de vista externo, los procedentes judiciales forman parte de las fuentes del Derecho en los que se basa la Dogmática Jurídica para estudiar los articulados del derecho válido; y en este sentido, la fuerza obligatoria del precedente de facto sólo es directiva; significa ello, que en caso de ser inobservada el precedente es altamente probable que sea revocado en una instancia judicial superior. Tal es el efecto que prevé el artículo 178 de la novísima Ley orgánica Procesal del Trabajo al otorgarle la Sala de Casación Social el control de la legalidad de los fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo que aún cuando no fueran recurribles en Casación, violentan o amenazan violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.

…omisis…

La fuerza obligatoria del precedente de la Sala Constitucional radica en la atribución que tiene conferida la Sala como máximo intérprete de las normas y principios constitucionales, pero esta interpretación con fuerza obligatoria vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, se extiende al contenido y alcance de las normas de contenido legal para ajustarlas al texto constitucional, máxime cuando todavía prevalece en nuestro ordenamiento jurídico la legislación preconstitucional (…) En este sentido, encuentra la Sala que el Juez incurre en conducta indebida en el ejercicio de su función si se negara aceptar el precedente de la Sala Constitucional en el momento de decidir acerca de un caso similar; supuesto en el cual, la inobservancia del precedente debe ser sancionada jurídicamente. Así se declara. (Lo subrayado y destacado fue efectuado por este Tribunal.)

De tal manera que el Tribunal se encuentra obligado a aplicar para los casos análogos o similares la interpretación que hace la Sala Constitucional con respecto al contenido y alcance de las normas de contenido legal para ajustarlas al texto constitucional, como máximo intérprete de la Constitución Nacional y de nuestro ordenamiento jurídico.

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. La parte actora promovió las siguientes pruebas:

1. VALOR Y MERITO JURÍDICO DE LOS RECIBOS REMITIDOS (SIC) POR LA EMPRESA DEMANDADA, EN LOS QUE SE EVIDENCIA QUE AL SEÑOR GIOCONDO BUSO BONATO, HASTA MARZO DE 2.001 SE LE ESTABAN COBRANDO CONCEPTOS INDEBIDOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO QUE NO ESTABA OBLIGADO A PAGAR. Luego de examinar exhaustivamente el presente expediente, el Tribunal observa que los mencionados recibos de pago promovidos por la parte demandante y con los cuales quiere probar el cobro de conceptos indebidos hasta marzo de 2.001 al ciudadano GIOCONDO BUSO BONATO, no fueron consignados en este expediente, ya que sólo se observan en el cuaderno de la medida innominada los recibos de mayo, junio, julio del año 2.002 por una parte y por la otra en el expediente principal folios 40 al 52 recibos de abril al mes de diciembre de 2.001 y los meses enero, febrero, marzo y abril de 2.002 y a los folios 107, 108 y 109 recibos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2.002. Es de advertir que la circunstancia de que no conste en los autos los recibos de condominio antes y hasta el 2.001 en nada afecta la confesión ficta en que incurrió la parte demandada.

2. VALOR Y MERITO JURÍDICO DEL DOCUMENTO PÚBLICO QUE CONTIENE EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE SU REPRESENTADO Y LA EMPRESA DEMANDADA. El Tribunal observa que al folio 38 corre agregado documento público en copia fotostática simple, celebrado entre el ciudadano GIOCONDO BUSO BONATO y la sociedad mercantil “SERVICIOS INTEGRALES Q.N., COMPAÑÍA ANÓNIMA”, quien funge como administradora del condominio del edificio denominado Residencias Ayacucho. En el mencionado documento público se puede constatar en su numeral tercero lo siguiente: que las partes convinieron en que desde el mes de abril del año 2.001, el propietario queda exento del pago de los gastos ocasionados por el uso y mantenimiento de la puerta de entrada del edificio, incluyendo el intercomunicador, así como también queda exento del pago de la puerta que da acceso al estacionamiento de dicho edificio, igualmente queda exento del pago de la pintura interna del edificio y del pago por concepto de uso y mantenimiento del ascensor, debido a que el propietario no disfruta del uso de los referidos bienes. Por lo anteriormente expuesto es por lo que este Juzgado al mencionado documento público que obra en copia fotostática, se le tiene por fidedigno, por cuanto no fue impugnado por el adversario, tal como lo señala el artículo 429, primer aparte del Código de Procedimiento Civil.

3. VALOR Y MERITO JURÍDICO DE LOS RECIBOS REMITIDOS (SIC) POR LA EMPRESA DEMANDADA AL CIUDADANO GIOCONDO BUSO BONATO, EN LOS CUALES SE EVIDENCIA EL INCUMPLIMIENTO DE LO EXPRESAMENTE CONVENIDO POR LAS PARTES. El Tribunal observa que del folio 40 al 52 corren insertos en original trece (13) avisos de cobro de condominio del Edificio Residencias Ayacucho, entre los cuales se destaca al folio 52, el recibo correspondiente al pago del mes de abril del año 2.002, en el cual se puede evidenciar el cobro de los siguientes conceptos de pago: por mantenimiento ascensores TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SESENTA CÉNTIMOS (Bs. 3.569,60) y por mantenimiento portón garaje MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS (Bs. 1.784,80). Este Juzgado valora los trece (13) recibos de pago como documentos públicos de conformidad con el único aparte del artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal, por cuanto los mismos tienen fuerza ejecutiva.

4. VALOR Y MERITO JURÍDICO DE LOS RECIBOS REMITIDOS (SIC) POR LA EMPRESA DEMANDADA DESDE EL MES DE ABRIL DE 2002 VIOLANDO LO CONVENIDO POR LAS PARTES. El Tribunal observa que a los folios 3, 11 y 16 del cuaderno de medida y folios 120, 121 y 122 obran avisos de cobro de condominio del Edificio Residencias Ayacucho de los siguientes meses: mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2.002. Este Juzgado valora los mencionados avisos de cobro de condominio como documentos públicos de conformidad con el único aparte del artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal, por cuanto los mismos tienen fuerza ejecutiva.

5. VALOR Y MERITO JURÍDICO DEL DOCUMENTO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2002, QUE EVIDENCIA QUE LA EMPRESA ADMINISTRADORA “SERVICIOS INTEGRALES Q.N. C.A.” ENVIÓ COMUNICACIÓN A SU REPRESENTADO EN LA CUAL DECIDIERON COBRARLE LOS CONCEPTOS QUE HABÍAN SIDO EXCLUIDOS MEDIANTE CONVENIO. Al folio 53 obra agregado en original comunicación de la empresa “SERVICIOS INTEGRALES Q.N. C.A.”, en su condición de administradora de condominio del Edificio Residencias Ayacucho, dirigida al ciudadano GIOCONDO BUSO B., la cual expresa que por consecuencia de la comunicación de fecha 24 de marzo de 2.002 enviada a esa empresa por los propietarios del Edificio Residencias Ayacucho, a partir del mes de abril de ese año, los gastos mensuales de mantenimiento que le corresponden como propietario, serán aplicados a la alícuota correspondiente, según el documento de condominio. El Tribunal valora la mencionada comunicación remitida por SERVICIOS INTEGRALES Q.N., C.A. es un documento privado en donde efectivamente se evidencia por parte de la mencionada empresa, que conforma el departamento de condominio del cual se evidencia decidieron cobrarle los conceptos que habían sido excluidos mediante convenio al cual se ha hecho referencia con lo cual se intenta desnaturalizar el señalado convenio.

F.- VALOR Y MERITO jurídico PROBATORIO A LA COPIA CERTIFICADA DE LAS ACTUACIONES QUE CORREN INSERTAS EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 6.104 DE ESTE JUZGADO, INHERENTES A LA TRANSACCIÓN REALIZADA ENTRE LA SOCIEDAD MERCANTIL “SERVICIOS INTEGRALES Q.N. C.A.”, HOMOLOGADA EN FECHA 27/09/2201, QUEDANDO FIRME EN FECHA 05/10/2001: El Tribunal observa que del folio 98 al 106 corren agregadas copias fotostáticas certificadas en donde consta que la Empresa Servicios Integrales Q.N. C.A. quien es la administradora del condominio de Residencias Ayacucho, llegó a una transacción con el ciudadano GIOCONDO BUSO BONATO, mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública Tercera de Mérida de fecha 10 de abril de 2.001, inserto bajo el número 100, Tomo 19 del Libro de Autenticaciones la cual fue homologada por ante este Tribunal mediante decisión de fecha 27 de septiembre de 2.001, dando el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en el expediente que cursó por ante este Tribunal marcado con el número 06104. Tal documento autenticado contentivo de la transacción y que fue homologada por ante este Tribunal en el antes mencionado expediente, constituye un documento público, toda vez que la sentencia es un documento público judicial por excelencia y al cual se le otorga el valor de probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

G.- VALOR Y MERITO JURÍDICO PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS DENOMINADOS AVISOS DE COBRO, EMITIDOS POR LA DEMANDADA, CORRESPONDIENTES AL PAGO DE CONDOMINIO DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2002. El Tribunal observa que estos documentos fueron valorados en la letra “D” de este particular “SÉPTIMO”.

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA. El Tribunal observa que la parte demandada no promovió pruebas.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: Con lugar la acción judicial que por cumplimiento de contrato interpusiera el apoderado judicial del ciudadano GIOCONDO BUSO BONATO, en contra de SERVICIOS INTEGRALES Q.N.C.A. (SERINT,C.A.), de conformidad con el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, con respecto a la confesión ficta en que incurrió la parte demandada. SEGUNDO: Como consecuencia del anterior pronunciamiento se condena a la parte demandada al cumplimiento del contrato de transacción contenido en el documento público autenticado; y de igual manera se declara nulo por ser contrario a la Ley de Propiedad Horizontal el acuerdo tomado por los demás propietarios del inmueble. TERCERO: Se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida en el presente fallo, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: Por cuanto la decisión sale fuera del lapso legal se acuerda la notificación de las partes, para evitar la trasgresión de la norma constitucional que garantiza el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de las partes, previstos en el encabezamiento y numeral 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cumplir asimismo con la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. Líbrense las correspondientes boletas de notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, cinco de diciembre de dos mil cinco.

EL JUEZ TITULAR,

A.C.Z.

LA SECRETARIA TITULAR,

S.Q.Q.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las dos de la tarde y se libraron las correspondientes boletas de notificación a las partes y se le entregaron al Alguacil para que las haga efectivas conforme la Ley.

LA SCRIA.

S.Q.

ACZ/SQQ/dsf.-