Sentencia nº 00306 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 10 de Marzo de 2011
| Fecha de Resolución | 10 de Marzo de 2011 |
| Emisor | Sala Político Administrativa |
| Ponente | Evelyn Margarita Marrero Ortiz |
| Procedimiento | Consulta de jurisdicción |
MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ EXP. Nº 2011-0104
Mediante oficio Nº SME11-PC-11-000002 del 12 de enero de 2011, el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo remitió a esta Sala el expediente contentivo de la solicitud por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano J.A.G.E., titular de la cédula de identidad Nº 11.751.743, actuando en su o nombre, contra la sociedad mercantil TRANSPORTE Y SERVICIO CHÁVEZ Y CONTRERAS, C.A., sin identificación en autos.
La remisión se efectuó a los fines de que esta Sala se pronuncie acerca de la consulta planteada, de conformidad con lo previsto en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que el aludido Tribunal declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial respecto a la Administración Pública para conocer la solicitud interpuesta.
El 8 de febrero de 2011 se dio cuenta en Sala y, por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz a los fines de pronunciarse sobre la consulta de jurisdicción.
En fecha 23 de febrero de 2011 se eligió la actual Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y quedó conformada esta Sala Político-Administrativa de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Y.J.G.; y los Magistrados L.I. Zerpa y E.G.R. y la Magistrada T.O.Z..
Para decidir, la Sala observa:
I
En fecha 20 de diciembre de 2010 el ciudadano J.A.G.E., antes identificado, actuando en su nombre, introdujo ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo de Puerto Cabello, una solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, por haber sido despedido el 15 de diciembre de 2010.
Señala que comenzó a prestar servicios en la sociedad mercantil Transporte y Servicio Chávez y Contreras, C.A. el 1° de febrero de ese mismo año, y que para el momento de su despido ejercía el cargo de “conductor de gandola”, devengando un salario semanal de Ochocientos Cincuenta Bolívares (Bs. 850,00).
Alega haber sido despedido injustificadamente en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Mediante sentencia del 21 de diciembre de 2010 el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a quien correspondió el conocimiento del asunto previa distribución, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial respecto a la Administración Pública para conocer el caso de autos, en los siguientes términos:
…En el presente caso, el accionante aduce que el salario devengado era de: OCHOCIENTOS CINCUENTA SEMANAL (Bs.850,oo), lo que equivale a TRES Mil CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 3.400,00) mensuales, para el momento de la finalización del vínculo laboral, no superando el monto de los tres salarios mínimos a los que hace referencia el Decreto de inamovilidad (…) razón por la cual se infiere que para el momento del despido alegado por éste, se encontraba investido de la inamovilidad laboral establecida en el artículo 2 del (…) decreto Nº 7.154 (…) en consecuencia la tramitación del presente procedimiento está expresamente atribuido a la Autoridad Administrativa concretamente a la Inspectoría del Trabajo, por lo tanto este Tribunal carece de jurisdicción para conocer y decidir el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos…
.
En consecuencia, el referido Juzgado ordenó la remisión del expediente a la Sala Político-Administrativa de este Alto Tribunal, a los fines de la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil.
II MOTIVACIÓN PARA DECIDIR De conformidad con lo establecido en el numeral 20 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 de fecha 16 de junio de 2010; el numeral 20 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.991 Extraordinario del 29 de julio de 2010; y los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la consulta del fallo dictado el 21 de diciembre de 2010 por el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante el cual declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial respecto de la Administración Pública. A tal efecto, la Sala observa:
En el caso de autos, el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano J.A.G.E., por encontrarse presuntamente amparado por la inamovilidad laboral especial decretada por el Ejecutivo Nacional.
Ahora bien, debe señalarse que el artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo consagra, entre otros aspectos, la facultad que tiene el trabajador despedido de poder acudir ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo, si considera que el despido del cual ha sido objeto no está fundamentado en algunas de las causas justificadas establecidas en la Ley para que el Juez de Juicio lo califique; y, en caso de constatar que el despido se produjo sin causa legal que lo hiciere procedente, ordene su reenganche y pago de salarios caídos.
Sin embargo, en la Ley Orgánica del Trabajo se establecen situaciones en las cuales la calificación previa del despido le corresponde a las Inspectorías del Trabajo, en virtud de la inamovilidad laboral que podrían disfrutar en un momento determinado ciertos trabajadores, entre los cuales figuran: a) la mujer en estado de gravidez; b) los trabajadores que gocen de fuero sindical; c) los trabajadores que tengan suspendida su relación laboral; y d) los que estén discutiendo convenciones colectivas.
A estos supuestos de inamovilidad que requieren la previa calificación de despido por el respectivo órgano administrativo, se agrega el caso de la inamovilidad laboral cuando ésta es decretada por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la Ley le confieren.
Respecto al último de los supuestos antes señalados, esta Sala observa que para la fecha en la que fue despedido el accionante, esto es, el 15 de diciembre de 2010, se encontraba vigente el Decreto Presidencial Nº 7.154 de fecha 23 de diciembre de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.334 de esa misma fecha, mediante el cual se prorrogó desde el 1° de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores del sector privado y del sector público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo.
En el Decreto mencionado se estableció lo siguiente:
Artículo 2°. Los trabajadores amparados por la prórroga de la inamovilidad laboral especial no podrán ser despedidos, desmejorados, ni trasladados, sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo. El incumplimiento de esta norma dará derecho al trabajador a solicitar el reenganche y pago de salarios caídos correspondiente. Ello no excluye la posibilidad de convenios o acuerdos entre patronos, por una parte, y trabajadores, por la otra, para lograr la reducción de personal, mediante el procedimiento de negociación colectiva voluntaria establecido en el ordenamiento jurídico vigente.
(…)
Artículo 4°. Quedan exceptuados de la aplicación de la prórroga de la inamovilidad laboral especial prevista en este Decreto, los trabajadores que ejerzan cargos de dirección, quienes tengan menos de tres (3) meses al servicio de un patrono, quienes desempeñen cargos de confianza, los trabajadores temporeros, eventuales y ocasionales; quienes devenguen para la fecha del presente decreto un salario básico mensual superior a tres (3) salarios mínimos mensuales y los funcionarios del sector público quienes conservarán la estabilidad prevista en la normativa legal que los rige…
. (Resaltado de la Sala).
De las normas antes transcritas, se advierte la imposibilidad de despedir a un trabajador amparado por la inamovilidad laboral especial, a menos que existiere una causa justificada debidamente comprobada por el Inspector del Trabajo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo. Asimismo, se señala en cuáles supuestos se exceptúa la aplicación de la referida prórroga de inamovilidad laboral especial.
Ahora bien, en el caso bajo examen, el accionante alega que para el momento de su despido devengaba un salario semanal de Ochocientos Cincuenta Bolívares (Bs. 850,00), lo cual equivale a Tres Mil Cuatrocientos Bolívares (Bs. 3.400,00) mensuales, cantidad ésta inferior a la establecida en el Decreto de Inamovilidad Laboral Especial, pues para la fecha del despido, esto es, el 15 de diciembre de 2010, se encontraba vigente el Decreto Presidencial Nº 7.409 de fecha 4 de mayo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.417 del día 5 del mismo mes y año, mediante el cual el Ejecutivo Nacional estableció en cuanto al salario mínimo lo siguiente:
Artículo 1°. Se fija aumento del veinticinco por ciento (25%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para las trabajadoras y trabajadores que presten servicios en los sectores públicos y privados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de este Decreto, pagando la cantidad UN MIL SESENTA CUATRO BOLIVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs.1.064,25) mensuales, esto es, TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 35,48) diarios por jornada diurna, a partir del 1° de marzo de 2010, el cual representa un aumento del diez por ciento (10%), y el quince por ciento (15%) restante se incrementará el 1° de mayo del año en curso, quedando, a partir de esta fecha, en la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS BOLÍVARES CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 1.223,89) mensuales, esto es, CUARENTA BOLIVARES CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 40,79) diarios por jornada diurna
. (Destacado del texto).
Asimismo, se observa que el ciudadano J.A.G.E. comenzó a prestar sus servicios en la referida empresa el 1° de febrero de 2010, y que para el momento de su despido, el 15 de diciembre de 2010, tenía acumulado más de tres (3) meses de antigüedad y, además, se desempeñaba como “chofer de gandola”, sin que de los autos se desprenda que en el desempeño de su actividad tuviese atribuidas funciones de dirección o confianza.
Por tales razones, considera la Sala que el ciudadano J.A.G.E., para el momento de su despido, se encontraba presuntamente amparado por la inamovilidad laboral prevista en el Decreto Presidencial Nº 7.154 del 23 de diciembre de 2009, en razón de lo cual debe la Sala declarar que corresponde a la Administración Pública por órgano de la Inspectoría del Trabajo el conocimiento del asunto, con lo cual se concluye que, el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer y decidir el caso de autos. Así se declara.
III DECISIÓN Sobre la base de los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos incoada por el ciudadano J.A.G.E., antes identificado, contra la sociedad mercantil TRANSPORTE Y SERVICIO CHÁVEZ Y CONTRERAS, C.A.
En consecuencia, se confirma la decisión objeto de consulta de fecha 21 de diciembre de 2010, mediante la cual el Tribunal remitente declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial respecto a los órganos de la Administración Pública.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (09) días del mes de marzo del año dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Presidenta - Ponente
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
Y.J.G.
Los Magistrados,
L.I. ZERPA
E.G.R.
T.O.Z.
La Secretaria,
S.Y.G.
En diez (10) de marzo del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00306.
La Secretaria,
S.Y.G.
