Decisión nº PJ0182007000195 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Ciudad Bolivar de Bolivar (Extensión Ciudad Bolivar), de 20 de Marzo de 2007

Rechazo de la estimación de la demanda:

Así tenemos que en el acto de la contestación de la demanda, el demandado impugnó la estimación de la misma por exagerada. En razón de ello pasa esta Juzgadora a resolver el asunto planteado en los términos siguientes:

Ha sostenido de manera reiterada nuestro más alto Tribunal Supremo de Justicia:

Que al estimar el actor el valor de la acción y el demandado la contradice por considerarla exagerada o demasiada reducida deberá probar el demandado su alegación, porque si bien, tácitamente admite el derecho del actor para estimar la demanda, agrega un elemento absolutamente nuevo al considerar exagerada o demasiada reducida la cuantía

.-

Ahora bien, al rechazar el demandado la cuantía, por considerarla exagerada, es éste quien debe asumir la carga procesal de probar su estimación con fundamento al principio doctrinario que la prueba incumbe a quien alega un hecho nuevo, en tal sentido esta sentenciadora observa que la parte demandada no produjo prueba alguna referidas a demostrar lo exagerado que considera la estimación hecha por la parte actora.-

En razón de ello la cuantía definitiva del juicio es la estimada por el actor en el libelo de la demanda. Y ASÍ SE DECIDE.-

De igual manera opuso como defensa de fondo la falta de cualidad e interés del actor para sostener el presente juicio:

El demandado fundamenta la misma en los siguientes argumentos:

“Que el actor no legitimado interpuso la presente demanda alegando que supuestamente la CAJA DE AHORROS DE LOS FUNCIONARIOS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL DEL ESTADO BOLIVAR, incumplió en el pago del cincuenta por ciento (50%) del cuarenta por ciento (40%) de los Honorarios Profesionales acordados mediante el convenio de servicios y honorarios profesionales que nos ocupa en la presente causa…”

“Que el actor no legitimado señala en su escrito libelar que al elaborar el convenio de servicios y honorarios profesionales se incluyo como parte del mismo a la profesional del derecho TIBISAY MEDINA…, pero que al momento de suscribir el convenio en la notaria pública esta nunca lo hizo…”

“Que su cliente contrató al profesional de derecho J.A.S.O. para que la representara en un juicio por cobro de bolívares contra la Gobernación del Estado Bolívar, pero igualmente contrató a la abogada E.T.M.M. con el mismo fin y que, por tal motivo, la cantidad que debía pagar en concepto de anticipo de honorarios profesionales debía distribuirse en proporciones iguales por cuyo motivo el demandante habría recibo en su totalidad el pago al que tenía derecho no estando legitimado para reclamar el saldo del anticipo. Por todo lo anteriores que opone la falta de cualidad del demandante.

Al respecto es importante señalar que el Tribunal Supremo de Justicia ha señalado en reiteradas oportunidades que la cualidad o legitimación ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, esta supeditada a la aptitud que tome el actor en relación a la titularidad del derecho. Si la parte actora se afirma titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no entonces carece de cualidad activa.-

Incluso la legitimación pasiva está sometida a la afirmación del actor por que es éste quien debe señalar que efectivamente el demandado es aquel contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho.-

El Juez, para constatar la legitimación de las partes no revisa la efectiva titularidad del derecho porque esto es materia de fondo del litigio, simplemente observa si el demandante se afirma como titular del derecho para que se de la legitimación activa, y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación o cualidad pasiva.-

Aplicando al caso que nos ocupa, la doctrina asumida por el Más Alto Tribunal del País, tenemos que el demandante señala en el libelo de la demanda “que fue contratado por la CAJA DE AHORROS DE LOS FUNCIONARIOS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL DEL ESTADO BOLIVAR, para prestar sus servicios profesionales como Abogado de la Republica y demandar por vía judicial , el cobro de cantidades de dinero que le adeuda la Gobernación del Estado Bolívar a su contratante, por concepto de retenciones de ahorros a socios, aporte patronal, retenciones por prestamos a socios y otros, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 1.997, 1998, 1.999, 2.000, 2001 y 2.002…”, “…Que la Caja de Ahorros se obligó a pagarle la suma de ciento SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ONCE BOLÍVARES (BS. 165.836.011,00) de los cuales debía anticiparle la cantidad de SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO BOLÍVARES (BS. 66.334.404,00) habiendo recibido sólo una fracción de tal cantidad: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS BOLÍVARES (BS. 33.167.202,OO) quedando a deberle una cantidad igual...” (Legitimación activa), independientemente de que su pretensión sea desechada y con tal carácter demanda, es lógico deducir que el mismo si tiene cualidad e interés para sostener el juicio. En razón de ello, esta Juzgadora declara IMPROCEDENTE la falta de cualidad opuesta por la parte demandada. Y ASÍ SE RESUELVE.-

No obstante a lo decidido anteriormente, pasa éste Tribunal a resolver el fondo de la causa en los siguientes términos:

MERITO DE LA CONTROVERSIA

El abogado A.S.O. demanda el cobro de unos honorarios profesionales que dice le adeuda la Caja de Ahorros de los Funcionarios, Obreros y Empleados del Ejecutivo Regional del Estado Bolívar.

Siguiendo este mismo orden el demandante señala que fue contratado por el ente corporativo accionado para instaurar un juicio contra la Gobernación del Estado Bolívar con el fin de procurar el cobro de unas cantidades de dinero que debe o debía dicho ente por concepto de retenciones de ahorro a socios, aporte patronal, retenciones por préstamos a socios y otros durante los años 1997 al 2002, consecutivamente.

Señala el demandante que la Caja de Ahorros se obligó a pagarle la suma de ciento SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ONCE BOLÍVARES (BS. 165.836.011,00) de los cuales debía anticiparle la cantidad de SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO BOLÍVARES (BS. 66.334.404,00) habiendo recibido sólo una fracción de tal cantidad: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS BOLÍVARES (BS. 33.167.202,OO) quedando a deberle una cantidad igual.

De igual manera aduce el demandante que cumpliendo con lo pactado introdujo la demanda contra la Gobernación del Estado Bolívar, pero que posteriormente la demandada sin su consentimiento otorgó poder a otro abogado, revocó el suyo propio y solicitó la devolución de la demanda y sus anexos.

Para decidir el Tribunal observa:

En el caso que nos ocupa, se está en presencia de una pretensión de cobro de honorarios profesionales judiciales cuya fuente es netamente convencional ya que los honorarios fueron pactados en un contrato con antelación al inicio del juicio en el cual el actor debía prestar el concurso de su saber profesional.

El Reglamento de la Ley de Abogados en su artículo 23 preveía que las cuestiones que se susciten entre el abogado y su cliente sobre el derecho a cobrar honorarios judiciales o extrajudiciales se resolverían por la vía del juicio ordinario; sin embargo, al quedar derogado dicho dispositivo por decisión de la extinta Corte Suprema de Justicia y por cuanto esta juzgadora por notoriedad judicial conoce que la causa iniciada contra la Gobernación del Estado Bolívar por la CAJA DE AHORROS DE LOS FUNCIONARIOS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL DEL ESTADO BOLÍVAR terminó por solicitud a este juzgado de la devolución tanto del escrito del libelo de la demanda como de sus correspondientes anexos por el ciudadano J.M. en su carácter de abogado de dicha ente corporativo tal y como se desprende de los folios 154 y 155 respectivamente, es a todas luces evidente que la demanda incoada por el abogado A.S.O. debió sustanciarse por los cauces del procedimiento breve, pero si bien es cierto esto, también es cierto que aún en el caso que la causa debiera tramitarse por el procedimiento breve, al haberse llevado a cabo por el procedimiento ordinario, mediante la presencia y consentimiento de las partes, en modo alguno se viola la garantía del derecho a la defensa de ellas, por el contrario, se garantiza con holgura. Y ASÍ SE RESUELVE.-

Ahora bien, sin entrar a considerar lo referente a si la causa debió tramitarse por el procedimiento breve o el ordinario, se considera oportuno resaltar lo establecido por la Sala de Casación Civil en el sentido que no hay violación de normas adjetivas de orden público cuando una causa que deba sustanciarse por los trámites del juicio breve lo sea por el procedimiento ordinario. Y ASÍ SE ESTABLECE.-

Ahora bien, el demandante pretende que por cuanto sólo él rubricó el documento autenticado por ante la Notaría Pública Segunda de Ciudad Bolívar entonces la relación negocial se perfeccionó respecto de él y la demandada con exclusión de la otra profesional del derecho E.T.M..

Así las cosas, de la lectura de la copia simple producida junto con el libelo, no impugnada en la contestación, deja claro que la intención que trasluce de la redacción del mencionado contrato es que la CAJA DE AHORROS DE LOS FUNCIONARIOS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL DEL ESTADO BOLÍVAR entendió obligarse frente al hoy demandante y la abogada E.T.M. en conjunto y que el monto allí pactado comprendería los honorarios de ambos profesionales.

Es de puntualizar que, la ausencia de rúbrica de la abogada E.T.M. en el documento autenticado no significa que respecto de ella no se halla perfeccionado la relación jurídica ya que de acuerdo con el artículo 1355 del Código Civil el referido instrumento es sólo un medio de prueba de las convenciones de las partes. Entonces, esta sentenciadora debe concluir que si la demandada suscribió un documento autenticado por medio del cual asumía la obligación de pagar una cantidad fija por concepto de honorarios profesionales a dos abogados, uno de los cuales suscribió el documento escrito que recoge las estipulaciones del convenio y el otro no, es porque la cantidad allí fijada debía distribuirse a partes iguales a falta de estipulación expresa que regulara el monto que debía percibir cada abogado.

El que la otra abogada mencionada en el documento no lo haya firmado puede explicarse por dos razones: La primera, que la abogada no firmante no es parte del contrato, es decir, que no quiso asumir la defensa de la Caja de Ahorros en cuyo caso del monto fijado en el documento notariado debe reducirse la cuota parte que representaba los honorarios de la abogada en cuestión. La segunda, que a pesar de la falta de firma, la abogada sí es parte del contrato de servicios profesionales lo que se explica, insiste este tribunal, porque el documento notariado no es el contrato mismo, sino un medio de prueba, en virtud de lo cual el no firmante igual puede probar que es parte del contrato valiéndose de otros medios de prueba, por ejemplo, el instrumento poder otorgado para el mismo juicio señalado en el documento autenticado que reproduce las estipulaciones del contrato de servicios profesionales. En este caso, igualmente el abogado demandante tiene derecho a la cuota parte de los honorarios fijados en el contrato, pero no puede pretender el pago de la totalidad del monto.

De lo que se lleva dicho se concluye que la parte actora no puede conformarse con alegar en su favor que sólo él firmó el contrato autenticado para de ahí pretender cobrar la totalidad del anticipo pactado, pues, en criterio de quien sentencia, debió alegar y probar que las estipulaciones del contrato de prestación de servicios profesionales fueron modificadas para atribuir a él exclusivamente la cantidad fijada por concepto de honorarios.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

PRUEBAS LA PARTE ACTORA:

Es de observar que, en el lapso de promoción de pruebas hizo valer las siguientes:

Contrato de servicios profesionales autenticado en la Notaría Pública Segunda de Ciudad Bolívar cuya existencia y contenido fue admitido por la parte demandada, la cual consignó el instrumento original, por cuya razón esta juzgadora no lo analiza por estimar que las estipulaciones del referido convenio son ciertas por no haber sido controvertidas. Y ASÍ SE DECIDE.-

Documento que contiene la renuncia del demandante al contrato que lo vinculaba a la demandada como asesor jurídico. Este instrumento no es analizado por esta juzgadora por estimar que no guarda relación con el tema litigioso, cual es, si la demandada debe pagar al accionante el monto íntegro del anticipado pactado en el contrato de servicios. Y ASÍ SE ESTABLECE.-

Poder otorgado por la demandada al abogado actor para que en forma conjunta o separada accionara en contra de la Gobernación del Estado. Este instrumento nada aporta a la resolución del litigio desde luego que una cosa es el mandato judicial para que el abogado representara en juicio a la accionada y otra distinta el contrato de servicios profesionales en que se fijó el monto de los honorarios por el encargo a que se contrae el mandato. La circunstancia de que el poder lo facultara para actuar conjunta o separadamente no significa per se que los honorarios pactados en el contrato le correspondieran en su totalidad al demandante. Y ASÍ SE RESUELVE.-

Revocatoria del poder que hiciera la accionada al abogado demandante. Ningún valor tiene dicha revocatoria habida cuenta que el mandato judicial es esencialmente revocable y tal característica nada aporta a la solución del presente litigio. Y ASÍ SE DECLARA.-

Constancia de entrega de un telegrama que prueba que el accionante gestionó amistosamente el cobro de sus honorarios. La gestión de cobro nada aporta a la solución de esta controversia y es, en tal sentido, una prueba impertinente ya que dicha gestión no prueba que la Caja de Ahorros haya consentido en pagar el total de los honorarios fijados en el contrato de servicios profesionales al actor. Y ASÍ SE EXPRESAMENTE SE DECIDE.-

Prueba de informes a la Sala de Casación Civil la cual esta juzgadora considera manifiestamente impertinente habida cuenta que el tema litigioso se centra en dilucidar si el demandante tiene derecho a cobrar la totalidad de los honorarios pactados en el convenio de prestación de servicios profesionales autenticado en la Notaría Pública Segunda de Ciudad Bolívar. El hecho que se quiere traer a los autos a través de los informes, cual es que el actor no conoció la intención de las autoridades de la Caja de Ahorro de suspender el juicio en contra de la Gobernación del Estado Bolívar, ninguna influencia tiene en este juicio en vista que el derecho a cobrar el anticipo de honorarios no fue condicionado a la pendencia efectiva del juicio ya que esto no fue alegado por las partes. Y ASÍ SE DECIDE.-

En cuanto a la exhibición del telegrama en poder de la demandada ya se estableció que dicho instrumento no es pertinente en vista que lo discutido en esta causa es si el abogado actor puede reclamar el adelanto pactado en el convenio de servicios profesionales, importando poco si gestionó amigablemente el cobro de tales adelantos ya que esa gestión extrajudicial no es requisito previo que exija la ley para incoar judicialmente su reclamación, situación distinta si el demandado fuera un ente público investido de las prerrogativas consagradas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual prevé un antejuicio administrativo de obligatorio agotamiento previo a la instauración de demandas judiciales contra tales entes. Y ASÍ SE ESTABLECE.-

La inspección judicial es igualmente impertinente en vista que con ese medio de pruebas se trató de traer al proceso el mismo hecho que fue objeto de los informes solicitados a la Sala de Casación Civil: que el demandante no tuvo conocimiento de la decisión del consejo de administración de suspender el juicio contra la Gobernación del Estado. Y ASÍ SE RESUELVE.-

La prueba de posiciones juradas no llegó a evacuarse.

En cuanto a los testigos Y.A.V. Y A.J.G., esta juzgadora observa que previamente ha quedado establecido que las estipulaciones del convenio de servicios profesionales reproducidas en el documento autenticado en la Notaría Pública Segunda de Ciudad Bolívar evidencian que la intención clara y manifiesta de la Caja de Ahorros de los Funcionarios, Obreros y Empleados del Ejecutivo Regional del Estado Bolívar fue la de contratar a dos abogados para que la representaran en un litigio que entablaría contra el Ejecutivo Regional obligándose a pagar una cantidad determinada por el patrocinio que prestaran los profesionales A.S.O. Y E.T.M. y que dicha cantidad obviamente debía ser prorrateada a partes iguales entre ambos profesionales.

También ha quedado establecido que la falta de firma de la abogada E.T.M. no autoriza a pensar que ella no fue parte del contrato ya que el documento autenticado no es el contrato, sino un medio de prueba de él (artículo 1355 CC) y, por tanto, la juez no puede derivar de ese sólo documento una consecuencia distinta a la que se desprende de su contenido, cual es que la demandada asumió la obligación de pagar a ambos profesionales una suma determinada globalmente correspondiendo a cada abogado una acción para el cobro de la cuota parte de sus honorarios; si el demandante en verdad tiene derecho a cobrar el monto establecido en el contrato debió traer a los autos el documento que demostrara que la demandada consintió en modificar el pacto original excluyendo a la otra abogada y obligándose a pagar al actor la suma íntegra en que fueron cuantificados los honorarios.

Consecuencia de que el demandante no apoye su pretensión en un documento que pruebe la modificación del convenio original atribuyéndole de modo indubitable el derecho de percibir el monto total de los honorarios prefijados es que se vea privado de valerse de la prueba de testigos para probar su pretensión por la prohibición que establece el artículo 1387 del Código Civil el cual reza:

No es admisible la prueba de testigos…tampoco es admisible para probar lo contrario de una convención contenida en instrumentos públicos o privados o lo que la modifique…aunque se trate en ellos de un valor menor de dos mil bolívares…

De modo, pues, que el análisis de los testigos deviene en una actividad inoficiosa en virtud de que constando en el documento autenticado que sirve de prueba del contrato de honorarios que la demandada se obligó a pagar por concepto de honorarios una suma determinada a dos abogados no puede ahora uno de ellos pretender cobrar dicho monto íntegramente.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:

En virtud del principio de comunidad de la prueba esta juzgadora pasa a a.a.l.p. promovidas por la demandada:

En cuanto a la supuesta confesión esgrimida por el accionado la cual se habría producido en el escrito de demanda huelga decir que ha sido pacifica la jurisprudencia de nuestro M.T. al enseñar que los argumentos vertidos en el libelo y la contestación no pueden ser considerados como declaraciones confesorias. Y ASÍ SE DECLARA.-

En relación al instrumento poder autenticado otorgado a los abogados A.S.O. Y E.T.M. para que representara a la demandada en el juicio por cobro de bolívares que le adeuda la Gobernación del Estado Bolívar por concepto de retenciones de ahorros, préstamos, aporte patronal, retenciones por préstamos a socios y otros conceptos correspondientes a los años 1997 al 2002, es decir, para el mismo litigio al que hace referencia el contrato de servicios profesionales lo que refuerza la tesis de que la obligación asumida por la Caja de Ahorros opera frente a ambos abogados y que debe presumirse que cada abogado tiene derecho a una cuota parte del monto establecido en el convenio. Y ASÍ SE ESTABLECE.-

En cuanto al contrato de prestación de servicios profesionales como asesor jurídico esta sentenciadora considera que se trata de una prueba ajena al tema litigioso y, por ese motivo, impertinente. En efecto, la presente controversia se centra en determinar si el demandante tiene derecho a cobrar el anticipo pactado en el contrato de servicios profesionales para el específico juicio que debía entablarse contra el Ejecutivo Regional. Y ASÍ SE DECLARA.-

Por igual motivo se desestima, por impertinente, la carta de renuncia del actor al cargo de asesor jurídico. Y ASÍ SE RESUELVE.-

Por igual motivo se desecha, por impertinente, la copia certificada del acta de reunión del consejo de administración promovida para acreditar que el demandante conoció la decisión de dicho consejo de suspender el juicio seguido contra el Ejecutivo Regional. Y ASÍ SE DECIDE.-

Son igualmente impertinentes las testimoniales de los ciudadanos L.R., E.G. Y LYL PANTOJA ya que el objeto que con sus declaraciones se pretendía traer al proceso es el mismo al que se contrae la copia certificada del acta de reunión del consejo de administración, hecho que es irrelevante para la decisión de la presente causa por ser ajeno al tema litigioso. Además, ya se dijo que los testigos L.R. Y E.G. no son admisibles para probar una modificación del contrato de servicios producido junto con el libelo por la parte demandante y traído en original por la accionada. Y ASÍ SE RESUELVE.-

En cuanto a la carta de aceptación de la abogada E.T.M. y la consiguiente ratificación que por vía testimonial hiciera la predicha profesional del derecho se observa que la referida carta de aceptación es un documento privado emanado de un tercero cuya fecha (fecha cierta) se cuenta desde su incorporación al juicio conforme lo dispone el artículo 1369 Código Civil cuyo valor es el preconizado en el artículo 1363 eiusdem, esto es, la carta de aceptación, prueba a partir de la fecha de su incorporación al juicio que la abogada E.T.M. sí formó parte de la relación material aquí discutida. Y ASÍ SE EXPRESAMENTE SE DECIDE.-

Ahora bien, el análisis de las pruebas ofrecidas por la parte demandada deja en igual situación al demandado. Existe un hecho plenamente comprobado en el expediente, cual es que la parte accionada contrató con el actor sus servicios como abogado para que la patrocinara en un juicio que preveía entablar contra el Estado Bolívar, por órgano de la Gobernación, y mediante documento notariado el 25 de junio de 2002 se comprometió a pagar a dos abogados una suma determinada la cual debía prorratearse entre ambos litigantes; dicho en otras palabras, el monto pactado por concepto de honorarios correspondía a partes iguales a cada abogado y si uno de ellos desistió del contrato el otro no puede pretender el pago del todo, a menos que compruebe, a falta de estipulación en ese sentido en el contrato, que una modificación posterior le atribuyó tal derecho.

El demandante admitió haber recibido el equivalente al cincuenta por ciento del anticipo convenido en el contrato en virtud de lo cual esta sentenciadora debe concluir que no tiene derecho a cobrar la otra mitad, como pretende, ya que siendo la cantidad dineraria pactada en el contrato de servicios cosa común de los acreedores del contrato (los abogados) resulta que la parte de cada uno de ellos se presume igual por disponerlo así el artículo 760 del Código Civil lo que es igual a decir que cada uno tiene derecho a la mitad del monto señalado en la cláusula 4°. Y ASÍ SE DECIDE.

DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

SIN LUGAR la demanda por CUMPLIMENTO DE CONTRATO DE HONORARIOS PROFESIONALES interpuesta por A.S.O. en contra de la CAJA DE AHORROS DE LOS FUNCIONARIOS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL DEL ESTADO BOLIVAR.

En razón de la declaratoria SIN LUGAR de la presente demanda el demandante no tiene derecho a cobrar la suma de TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS BOLÍVARES (Bs. 33.167.202,00) que corresponden al 50% del 40% de honorarios profesionales pactados mediante el convenio de servicios y honorarios profesionales, por haber percibido la cuota de anticipo que le correspondía según el contrato por propia admisión que hiciera en el libelo.

No hay condena en costas por no haber lugar a ellas en esta clase de procedimientos.

Por cuanto ésta Sentencia ha sido dictada después de vencida el lapso legal, se ordena la Notificación de las partes. Librense boletas.-

Dada, firmada, y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y DEL T.D.P.C. DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, en Ciudad Bolívar, a los 20 días del mes de Marzo de dos mil siete. AÑOS: 196º de la Independencia y 148º de la Federación.-

La Juez.

Dra. H.F.G.. La Secretaria Temporal,

S.M..-

Publicada en el día de su fecha, previo anuncio de Ley, a la una quince minutos de la tarde (1:15 pm) Conste.-

La Secretaria Temporal,

S.M..-