Decisión nº 263-2006 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Merida (Extensión Mérida), de 25 de Septiembre de 2006
| Fecha de Resolución | 25 de Septiembre de 2006 |
| Emisor | Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo |
| Ponente | Mariana Josefina Aponte Quintero |
| Procedimiento | Nulidad De Providencia Administrativa |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y
Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida
Mérida, veinticinco de septiembre de dos mil seis
196º y 147º
ASUNTO: LP21-N-2006-000001
PARTE ACTORA: R.A.C.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.426.350, domiciliado en la ciudad de M.E.M..
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: O.E.P.A., inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 17.719
MOTIVO: NULIDAD DE LA HOMOLOGACION IMPARTIDA POR LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA CONTRA LA DECISION DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2005
Mediante libelo de demanda interpuesto por el ciudadano R.A.C.P., anteriormente identificado, a través del abogado en ejercicio O.E.P.A., en su carácter de apoderado judicial del mismo, presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Coordinación del Trabajo del Estado Mérida en fecha 21 de septiembre de 2006, en el cual procede a demandar la NULIDAD DE LA HOMOLOGACION IMPARTIDA POR LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2005
Consta agregada al expediente en los folios 14 al 19, copia fotostática del acta contentiva de la Transacción laboral de fecha 23 de septiembre de 2005, entre el ciudadano R.A.C.P. en su carácter de trabajador de la empresa DESARROLLOS RECREACIONALES 2000 C.A. en la persona de C.L.J. en su condición de Presidente Ejecutivo de la Compañía, en la misma las partes manifiestan que “…a objeto de terminar la reclamación mediante recíprocas concesiones, y sin perjuicio de las defensas y excepciones expuestas precedentemente por la EMPRESA, ésta conviene en cancelar a EL TRABAJADOR, la cantidad de Bs. 18.412.635,23, mediante cheque, cuya copia se acompaña, para satisfacer la naturaleza y quantum de los derechos económicos discutidos y plasmados en este documento…”
Alega la parte accionante,
”… que la Homologación impartida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida en fecha 20 de Octubre de 2005, relacionada con el ACTA TRANSACCIONAL celebrada por las partes, la misma está viciada de Nulidad Absoluta por ser violatoria del requisito establecido en el numeral segundo del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al no estar terminada la relación laboral entre las partes para le fecha en el cual fue otorgada e igualmente, no llenar los requisitos exigidos por el Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del Reglamento de dicha Ley, al no especificar en forma clara e indubitable, cuales eran los beneficios laborales y Prestaciones Sociales que había recibido el trabajador…”
Indicado lo anterior, es preciso señalar el criterio jurisprudencial establecido en un principio por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde se determinó que la jurisdicción competente para conocer de los juicios de nulidad de los actos administrativos que emanen de las Inspectorías del Trabajo, es la jurisdicción Contencioso-administrativa, así se desprende de sentencia de A.C. dictada en fecha 13 de febrero de 2003: “En esa oportunidad (sentencia N° 1318/2001), la Sala estableció, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, que es la jurisdicción contencioso- administrativa la competente para el conocimiento de los juicios de nulidad, …”
El criterio que se sentó en dicho fallo, ha sido reiterado posteriormente por dicha Sala Constitucional, con fundamento en la norma constitucional y, según el criterio orgánico, toda actuación proveniente de los órganos de la Administración Pública se encuentra sujeta al control de la jurisdicción contencioso-administrativa. Por ello y como las Inspectorias del Trabajo son órganos administrativos dependientes – aunque desconcentrados de la Administración Pública Nacional, debe reiterarse en esta oportunidad que es la jurisdicción contencioso-administrativa la competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo. Así pues, en Sentencia Nº 2.877 de fecha 10 de diciembre del 2.004, la sala Constitucional, expresamente señala que los juicios de nulidad contra las providencias de los Inspectores del Trabajo se tramitan en Primera instancia ante las Cortes de lo Contencioso-Administrativo y en Segunda Instancia, ante la Sala Político Administrativa del T.S.J.
Por su parte, la Sala Plena, de nuestro m.T., mediante sentencia de fecha 02 de marzo del año 2.005, con ponencia del Magistrado Rafael Arístides Rengifo Camacaro, resolvió el conflicto declarando que la competencia para resolver los juicios de nulidad contra las providencias de los Inspectores del Trabajo, corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, pues no existe una norma legal expresa que atribuya dicha competencia a los Tribunales del Trabajo. A tal efecto se transcribe parte de dicha sentencia:
Expuesto lo anterior, resulta necesario señalar que, en un primer momento, la Sala Político Administrativa emitió un pronunciamiento reconociendo tal naturaleza y considera competentes a los tribunales laborales (ver: sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 10 de enero de 1980, Caso: M.E.d.A. y Préstamo); posteriormente, y con la reforma que se hace de la Ley Orgánica del Trabajo el 01 de mayo de 1991, la Sala Político Administrativa mantiene su criterio anterior y explana en sentencia número 1482, de fecha 9 de abril de 1992 (Caso: Corporación Bamundi), bajo la ponencia del Dr. R.J.D.C., que los Juzgados del Trabajo adquieren el carácter de tribunales especiales de lo contencioso administrativo en materia laboral, cuando conocen de demandas de nulidad, con excepción de los casos contemplados en los artículos 425, 465 y 519 de la Ley Orgánica mencionada, los cuales son atribuidos exclusivamente a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. Este criterio fue acogido por la Sala de Casación Civil, en fecha 02 de mayo de 1994. Así pues, siguiendo el camino de la jurisprudencia ya establecida, la Sala de Casación Social hace suyo el mencionado criterio y luego en fallo proferido por la Sala Constitucional de número 1318, de fecha 02 de agosto de 2001, con la ponencia del Dr. A.J.G.G., se estableció un nuevo criterio que remitió la competencia para conocer de los recursos interpuestos contra las providencias administrativas que dictan las Inspectorías del Trabajo a la jurisdicción contencioso administrativa. Criterio que luego fue adoptado por las mencionadas Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
Ahora bien, tal como lo refiere la jurisprudencia anterior de la Sala Constitucional, ni la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 27 de noviembre de 1990 –vigente para la época del caso “Corporación Bamundi, C.A.”- ni la actual Ley Orgánica del Trabajo de fecha 19 de junio de 1997, establecen que corresponda a la jurisdicción laboral el conocimiento de los recursos contra las decisiones de las Inspectorías del Trabajo y, frente al principio de legalidad de la competencia, parecen insuficientes las razones fundadas en los principios de preeminencia de las normas laborales y unidad de la jurisdicción en materia laboral consagradas en la Ley Orgánica del Trabajo. Al no estar de forma explícita en una norma expresa en este sentido, no puede pretender aplicarse una excepción al principio general de la universalidad del control por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa de los actos administrativos que se establece en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De allí, que al ser las providencias emanadas de las Inspectorías del trabajo, actos administrativos, una tesis que pretenda que el control judicial de tales actos corresponde a órganos que no forman parte de la jurisdicción contencioso administrativa “ordinaria”, sino de tribunales de la jurisdicción laboral (que en esos procesos actuarían como contencioso administrativos especiales), debe necesariamente apoyarse en una norma jurídica que expresamente establezca tal excepción al principio general, y en modo alguno cabe derivarse la misma de una norma que no existe en el presente caso.
Por tanto debe concluir esta Sala Plena que, ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos contenciosos administrativos competentes. Así se declara
Para finalizar, en razón de la inexistencia en el ordenamiento jurídico venezolano de un basamento normativo que permita predicar que la competencia para conocer de los recursos contencioso administrativos interpuestos contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, los cuales son actos administrativos, corresponderá a los tribunales de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de tales asuntos, en virtud de la aplicación del principio de la universalidad de su control por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
Ahora bien, dilucidada como ha sido la jurisdicción competente para conocer y decidir casos como el presente, es necesario determinar y declarar cuál es el tribunal contencioso administrativo competente para conocer del mismo.
A este respecto existen precedentes, como la sentencia número 1333, de fecha 25 de junio de 2002, proferida por la Sala Constitucional de este M.T., en la cual señaló:
(...) 2. No existe un tribunal contencioso-administrativo especialmente competente para dilucidar conflictos suscitados con ocasión del ejercicio de las competencias de las inspectorías del trabajo; por ello, toca a la jurisdicción ordinaria contencioso-administrativa ver de estos casos (ver: sentencias núms. 207/2001, 1318/2001 y 2695/2001). Siendo, pues, que a la accionante le resulta más accesible un Juzgado del Estado Bolívar, corresponde tramitar la acción de amparo incoada al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Contencioso-Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Así se decide.
Conforme a la doctrina expuesta, en la que se considera el tribunal “...que a la accionante le resulta más accesible”, esto es, en garantía del derecho de acceso a la justicia de los particulares, esta Sala Plena declara que, tratándose de un asunto acaecido fuera de la Región Capital, específicamente la providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de un trabajador de la recurrente, su conocimiento corresponde a un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo Regional. Esta determinación de competencia se hace en aras al acceso a la justicia y a la celeridad de la misma, evitando así, que la persona afectada deba trasladarse a grandes distancias del sitio donde se concretó el asunto, a fin de obtener la tutela judicial efectiva. Así las cosas, y en beneficio del justiciable, esta Sala Plena declara que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo competente es el de la Región Centro Norte del Estado Carabobo. Así se decide…”
A mayor abundancia, es bueno señalar que finalmente la Sala Político Administrativa acoge este criterio, haciendo unánime el criterio sustentado en un principio por la Sala Constitucional, así en sentencia de fecha 27 de septiembre del 2.005, con ponencia del Magistrado LEVIS IGNACIO ZERPA, en expediente Nº 2004-1279, M.G.A.C., contra la sociedad mercantil GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A. establece:
Determinada la competencia de esta Sala para resolver el conflicto suscitado, se observa que en el caso de autos ha sido interpuesto un recurso de nulidad contra el Acta de fecha 9 de abril de 2003, contentiva de la transacción celebrada entre la sociedad mercantil General Motors Venezolana, C.A., y el hoy accionante, levantada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Los Guayos, C.A., Miranda y Montalbán del Estado Carabobo; e igualmente, se solicitó una indemnización por incapacidad, daño moral, así como el pago de la indemnización laboral a que alude el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo
.
Ahora bien, atendiendo al criterio sostenido actualmente por este M.T., que establece que la competencia para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos emanados de la Inspectoría del Trabajo corresponden en primera instancia a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo Regionales y, en segunda instancia, a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y por cuanto en el caso de autos fue interpuesto un recurso de nulidad contra el Acta contentiva de la transacción celebrada entre el accionante y la empresa General Motors Venezolana, C.A., así como la homologación de ésta, ambas levantadas por la Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo, esta Sala concluye que el competente para conocer del recurso de nulidad es el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte. Así se decide.
Finalmente, en lo que respecta a la solicitud de indemnización laboral, advierte la Sala que tal pretensión corresponde ser dilucidada a los tribunales laborales competentes. Así también se declara.”
Así pues, a la luz de la citadas doctrinas jurisprudencial, este Tribunal se acoge a dicho criterio, aunado una vez más que en fecha 09 de agosto de 2006, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia declaró la Incompetencia en razón de la materia a los Tribunales laborales, en el procedimiento de nulidad de acto administrativo seguido por la sociedad mercantil PROMOCIONES 181818 C.A. y en vista del carácter vinculante de las decisiones proferidas por la Sala respectiva de conformidad con lo establecido en el articulo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y por cuanto la presente acción recae sobre la NULIDAD DEL ACTA DE HOMOLOGACION DE LA TRANSACCIONAL LABORAL IMPARTIDA POR LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2005, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA se considera incompetente por la materia, y declina la competencia para conocer del presente asunto en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región los Andes con sede en la ciudad de Barinas Estado Barinas. Así se decide.
DISPOSITIVO
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación ,Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
Su incompetencia por razón de la materia para conocer de la reclamación de la NULIDAD DE LA HOMOLOGACION DE LA TRANSACCION LABORAL IMPARTIDA POR LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2005; por lo que DECLINA la competencia para conocer de la presente acción en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, con sede en la ciudad de Barinas Estado Barinas, el cual es el competente para conocer de dicha reclamación.
Se ordena remitir original del presente expediente al nombrado Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, una vez transcurrido el lapso para ejercer lo pertinente.
Cópiese, publíquese y regístrese la presente sentencia.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en Mérida a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil seis (2.006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
LA JUEZA,
M.J.A.Q.
LA SECRETARIA,
EGLI M.D.D.
En la misma fecha se publicó la presente decisión y se expidió la copia para su archivo.
SRIA.
