Decisión nº 3E-107-09 de Tribunal Tercero de Ejecución Los Teques de Miranda, de 5 de Febrero de 2010

Los Teques, viernes 5 de febrero de 2010

199º y 150º

CAUSA 3E107-09

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PENADO: R.E.V.U., cédula de identidad número V-19.764.432, fecha de nacimiento 29-5-1989, de 20 años de edad, residenciado en Los Teques, estado Miranda.

DEFENSA: L.C.R.M., Defensor Público Penal.

FISCAL: D.C.,/ Fiscal Décimo del Ministerio Público del estado Miranda.

PENA IMPUESTA: 6 años de prisión y pena accesoria de inhabilitación política, por su participación, como cómplice no necesario, en la comisión del delito de robo agravado, sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 84.3 del Código Penal.

En la competencia señalada en el artículo 479.1 del Código Orgánico Procesal Penal, seguidamente se decide el otorgamiento de la fórmula alterna de cumplimiento de pena de trabajo fuera del establecimiento, a favor del penado R.E.V.U., portador de la cédula de identidad número V-19.764.432.

En tal sentido, se observa:

Punto previo

Revisado el expediente, se advierte que la presente causa identificada nro. 3E107-09, ingresó a este Tribunal Tercero de Ejecución, sede Los Teques, en fecha 5 de noviembre de 2009, no obstante, el ciudadano R.E.V.U. fue sentenciado, en fecha 10 de agosto de 2009, siendo publicado el texto íntegro de la sentencia el 6 de octubre de 2009.

Es el caso que, al momento de dictarse la sentencia, 10 de agosto de 2009, se encontraba vigente el Código Orgánico Procesal Penal publicado en Gaceta Oficial nro. 5.894 Extraordinario, de fecha 26 de agosto de 2008, sucediéndole en el tiempo el Código Orgánico Procesal Penal reformado en fecha 4 de septiembre de 2009 (G.O. nro. 5.930 Extraordinario), reforma ésta que introdujo modificaciones en el artículo 500, que regula los requisitos para la procedencia del beneficio en estudio, específicamente en el numeral 2 que prevé la exigencia de clasificación de mínima seguridad del interno por una Junta de Clasificación y Tratamiento del establecimiento carcelario, asimismo, el numeral 3 de la mencionada norma señala que el equipo técnico que evalúa al interno debe estar integrado, además del trabajador social y el psicólogo, por dos nuevos profesionales, a saber, un criminólogo y un médico integral, requerimientos que no estaban contemplados en el texto adjetivo penal de fecha 26-8-2008.

Nos encontramos entonces ante lo que la doctrina denomina sucesión de leyes en el tiempo, donde se evidencia las limitaciones de orden temporal de la eficacia de la ley: la norma penal rige para el futuro una vez promulgadas (irretroactividad de la ley penal), fundamento este del principio de la legalidad de los delitos y de las penas, y no tiene efecto retroactivo, no se puede aplicar a hechos pasados, principio que sufre una importante excepción en el caso de que la nueva ley sea más favorable al delincuente (retroactividad de la ley penal más favorable), supuesto éste de la retroactividad de la ley más benigna que se complementa con la llamada ultractividad de la ley más favorable: “si una norma es más favorable al sindicado, debe aplicarse aún después de que haya cesado de regir, siempre que el hecho se hubiese cometido mientras dicha ley estaba en rigor.” (REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal. Colombia, Editorial Temis, 1990. Segunda reimpresión de la undécima edición. P. 60).

El artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es del siguiente tenor literal:

Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso …(omissis)...

Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea.

(Negrillas del Tribunal).

Estableció el Constituyente la garantía de no retroactividad de las leyes, que se resuelve en caso de dudas a favor del reo. Así se deduce de la interpretación literal de la norma antes copiada y de lo señalado en este sentido en la exposición de motivos del Texto Fundamental en comento: “Se consagra la garantía de no retroactividad de las leyes y de las disposiciones normativas y se amplía su alcance a fin de que en caso de dudas sobre su vigencia temporal, se aplique la norma que beneficie al reo”.

Igualmente, en desarrollo y aplicación de la norma constitucional antes citada, la Disposición Final Primera del Código Orgánico Procesal Penal (publicado en Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.930 de fecha 4-9-2009), dispone:

DISPOSICIONES FINALES.

PRIMERA. Extraactividad. Este Código se aplicará desde su entrada en vigencia, aun para los procesos que se hallaren en curso y para los hechos punibles cometidos con anterioridad, siempre que sea más favorable al imputado o imputada, acusado o acusada.

En caso contrario, se aplicará el Código anterior.

Los actos y hechos cumplidos bajo la vigencia del Código anterior y sus efectos procesales no verificados todavía, se regirán por éste, a menos que el presente Código contenga disposiciones más favorables.

…Omissis…

Parágrafo Tercero: A los acusados o acusadas, a los penados sentenciados o penadas sentenciadas conforme a la ley anterior, les será aplicada ésta si es más favorable

(Subrayado del Tribunal)

En el presente caso, procediendo de conformidad con el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Disposición Final Primera, Parágrafo Tercero, del vigente Código Orgánico Procesal Penal, resulta más favorable al penado la aplicación del Código Orgánico Procesal Penal según Gaceta Oficial N° 5.894 Extraordinario de fecha 26-8-2008, vigente para la fecha en que fue condenado el encausado, por ser ésta más beneficiosa para el reo, toda vez que en el artículo reformado se incluyen exigencias respecto a la calificación de la conducta del penado y la integración del equipo técnico evaluador, lo cual antes no era requerido, aunado a que constan en autos, los requisitos exigidos en el artículo 500 según Gaceta Oficial N° 5.894.

Cónsono con lo antes expuesto y a tenor de lo establecido en el artículo 24 constitucional y Disposición Final Primera, Parágrafo Tercero, del vigente Código Orgánico Procesal Penal, se acuerda, por ser más favorable para el penado, la aplicación en la presente causa del Código Orgánico Procesal Penal según Gaceta Oficial N° 5.894 Extraordinario, de fecha 26-8-2008, ello a los fines del otorgamiento de la medida de destacamento de trabajo. ASÍ SE DECIDE.

I

De las actuaciones del expediente

El ciudadano R.E.V.U. fue aprehendido, por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en fecha 15 de junio de 2008, al encontrarlo incurso en hecho punible.

El Tribunal Sexto de Control de este Circuito Judicial Penal y sede, en fecha 17 de junio de 2008, decretó contra el encausado medida privativa de libertad, ello conforme al artículo 250 y 251 parágrafo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, por la comisión del delito de robo agravado, lesiones de mediana gravedad y porte ilícito de arma de fuego, previstos en el Código Penal.

El acto conclusivo Fiscal fue presentado en fecha 16 de julio de 2008.

En audiencia preliminar celebrada en fecha 30 de septiembre de 2008, el antes mencionado Tribunal Sexto de Control, admitió la acusación presentada, por la comisión del delito de robo agravado, sancionado en el artículo 458 del Código Penal y porte ilícito de arma de fuego, descrito en el artículo 277 eiusdem, y asimismo, se ordenó abrir el juicio oral y público.

El expediente fue recibido, en el Tribunal Primero de Juicio de este mismo Circuito Judicial y sede, en fecha 20 de octubre de 2008.

En fecha 13 de abril de 2009 se dio inicio el juicio oral, el cual concluyó en fecha 10 de agosto de 2009, oportunidad en la que el ciudadano R.E.V.U., identificado ut supra, fue condenado a cumplir la pena de 6 años de prisión y pena accesoria de inhabilitación política, por su participación, como cómplice no necesario, en la comisión del delito de robo agravado, sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 84.3 del Código Penal. El texto íntegro de la sentencia fue publicado en fecha 6 de octubre de 2009.

Mediante oficio nro. 1053-2009, de fecha 27 de octubre de 2009, el Tribunal de Juicio acordó la remisión del expediente al Tribunal de Ejecución.

En fecha 5 de noviembre de 2009, previa distribución realizada por la Oficina de Alguacilazgo, se recibe el expediente en este Tribunal Tercero de Ejecución.

En fecha 12 de noviembre de 2009 se practicó cómputo de la pena impuesta, precisándose que el día 15-12-2009, el penado cumplió la cuarta parte (1/4) de la pena, igualmente, se indicó que el 15-6-2010 cumpliría la tercera parte (1/3) de la pena, fecha ésta para optar a la medida de libertad anticipada de régimen abierto, y, en fecha 15-6-2012, al cumplir el penado las dos terceras (2/3) partes de la pena impuesta, sería procedente la libertad condicional, indicándose asimismo, que el sub iudice cumple la pena en fecha 15-6-2014.

En fecha 19 de noviembre de 2009, se ordenó el trámite pertinente a objeto de emitir decisión respecto al otorgamiento de la fórmula de cumplimiento de pena de trabajo fuera del establecimiento.

II

Sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

El ciudadano R.E.V.U., fue condenado, por su participación, como cómplice no necesario, en la comisión del delito de robo agravado, sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 84.3 del Código Penal. En tal sentido, el artículo 458 es del siguiente tenor:

Artículo 458.- Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida, a mano armada o por varias personas, una de las cuales hubiere estado manifiestamente armada, o bien por varias personas ilegalmente uniformadas, usando hábito religioso o de otra manera disfrazadas, o si, en fin, se hubiere cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de prisión será por tiempo de diez a diecisiete años; sin perjuicio de aplicación a la persona o personas acusadas, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas.

Parágrafo único: Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos anteriores, no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena

Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al resolver sobre la admisibilidad del recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad ejercido conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, en contra de los “…parágrafos únicos de los artículos 374, 375, 406, 456, 457, 458, 459, parágrafo cuarto del artículo 460, 470 parte in fine, todos del Código Penal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.768 Extraordinario, de fecha 13 de abril de 2005, así como el último aparte de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas…”, en decisión dictada en fecha 21 de abril de 2008, en el expediente número 2008-0287, ponencia del Magistrado Doctor A.D.R., decidió:

Ahora bien, como quiera que el Código Orgánico Procesal Penal contiene disposiciones que regulan la materia objeto del presente recurso, y en atención a que esta norma adjetiva es ley superior y especial en relación al Código Penal sustantivo, y a la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, esta Sala, mientras procede al examen de los dispositivos cuestionados a la luz del texto constitucional, el bien común y la paz social, con fundamento en el artículo 19, párrafo nueve de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, SUSPENDE la aplicación de los parágrafos únicos de los artículos 374, 375, 406, 456, 457, 458, 459, parágrafo cuarto del artículo 460, 470 in fine, todos del Código Penal, así como el último aparte de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en el presente caso. Como consecuencia de ello, ORDENA se aplique en forma estricta la disposición contenida en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley,

1.- Se declara COMPETENTE para conocer del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada.

2.- ADMITE el recurso de nulidad por inconstitucionalidad incoado contra los “…parágrafos únicos de los artículos 374, 375, 406, 456, 457, 458, 459, parágrafo cuarto del artículo 460, 470 parte in fine, todos del Código Penal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.768 Extraordinario, de fecha 13 de abril de 2005, así como el último aparte de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas…”.

3.- SUSPENDE la aplicación de los parágrafos únicos de los artículos 374, 375, 406, 456, 457, 458, 459, parágrafo cuarto del artículo 460, 470 in fine, todos del Código Penal, así como el último aparte de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en el presente caso.

4.- ORDENA la aplicación en forma estricta de la disposición contenida en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal.

( subrayado de este Tribunal)

Este Tribunal, en observancia de la antes mencionada sentencia que, ORDENA la aplicación, en forma estricta, de la disposición contenida en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a decidir respecto a la procedencia de medida de cumplimiento de pena distinta a la privación de libertad, conforme al artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal.

III

Del cumplimiento de pena bajo medida de pre-libertad

El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el carácter predominante, de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, a las medidas de naturaleza reclusoria. Así expresamente se señala: “En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria.”

La Ley de Régimen Penitenciario dispone, por su parte, en el artículo 2, que la reinserción social del reo es el objetivo fundamental del período de cumplimiento de la pena, fin este que concibe el legislador a obtener en etapas sucesivas, progresivamente, procurando adoptarse al efecto formas cada vez más cercanas a la libertad. Así, el artículo 61 eiusdem, a la letra dice:

Artículo 61.- El principio de la progresividad de los sistemas y tratamientos establecidos en el artículo 7° de la presente ley, implica la adecuación de los mismos a los resultados en cada caso obtenidos y, siendo éstos favorables, se adoptarán medidas y fórmulas de cumplimiento de las penas más próximas a la libertad plena que el penado ha de alcanzar.

En este sentido, se prevé la adecuación de los sistemas y tratamiento a los resultados obtenidos, y en caso de ser favorables, la adopción de fórmulas alternas de cumplimiento de pena distintas a la privación de libertad, a saber: el destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional. Es el principio de progresividad, igualmente contenido en el artículo 7 del texto comentado, según el cual los sistemas y tratamientos serán concebidos para su desarrollo gradualmente progresivo, encaminados a fomentar en el penado, el respeto a sí mismo, los conceptos de responsabilidad y convivencia sociales y la voluntad de vivir conforme a la ley.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 12 de junio de 2006, en el expediente número 05-2071, sobre el principio de progresividad, expresó:

“La rehabilitación del penado, consiste en un proceso mediante el cual el Estado le ofrece al individuo que resultó condenado a un tratamiento integral (médico, sicológico, siquiátrica, educativo, laboral y cultural), con el objeto de que, una vez que cumpla su pena, se adecue y cumpla con las normas (sociales y jurídicas) establecidas en la sociedad y evite cometer de nuevo un hecho punible. Pero ese tratamiento, debe ser progresivo, donde se le pueda ofrecer al condenado la posibilidad de acogerse a algunas medidas alternas de cumplimiento de pena.

… Omissis…

El principio de “progresividad” consiste, a juicio de esta Sala, en la posibilidad de que un penado se reinserte socialmente a través del cumplimiento de una serie de etapas que se le ofrece durante su condena, con el objeto de obtener un tratamiento que lo aproxime a la libertad plena. Para que ello pueda darse, los centros penitenciarios deben contar, en principio, “con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación”, como lo establece el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se trata, en consecuencia, de un supuesto “de que la resocialización del sentenciado no puede obtenerse mediante una acción uniforme sino a través de sucesivas etapas conforme evolucione el individuo” (vid. S.H., Emiro. “Penología.” Ediciones Jurídicas G.I., S.F.d.B., Colombia, 1998, página 120).

Dicho principio de “progresividad”, se encuentra previsto igualmente en la Ley de Régimen Penitenciario, que dispone, en su artículo 7, que los sistemas y tratamientos serán concebidos para su desarrollo gradualmente progresivo, encaminados a fomentar en el penado el respeto a si mismo, los conceptos de responsabilidad y convivencia sociales y la voluntad de vivir conforme a la ley.

La anterior norma tuvo como fundamento, al igual que casi todo el texto de la Ley de Régimen Penitenciario, lo señalado en la Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y Recomendaciones Relacionadas, aprobadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, reunido en Ginebra en 1955, texto que, en su artículo 60.2, establece el principio de “progresividad”, de la siguiente manera:

Es conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad. Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o en otra institución apropiada, o mediante una liberación condicional, bajo una vigilancia que no deberá ser confiada a la policía, sino que comprenderá una asistencia social eficaz.

De manera que, de acuerdo con lo señalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes que desarrollan el sistema penitenciario venezolano, toda reinserción social del penado debe ser progresiva, a través del cumplimiento de una serie de etapas que se le presentan al individuo para que se haga efectiva su retorno a la vida social.

Ahora bien, para la consumación de esas etapas, encontramos que la misma Ley de Régimen Penitenciario, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y Estudio, le ofrecen al penado la posibilidad de obtener una serie de formas alternativas de cumplimiento de penas con el objeto de que pueda reinsertarse socialmente.

Así pues, se precisa que el Código Orgánico Procesal Penal permite que la reinserción social pueda ser efectiva a través del trabajo fuera del establecimiento, el régimen abierto y la libertad condicional, una vez que el penado haya cumplido algunos requisitos para su obtención.”…

Ahora bien, en relación a las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, la mencionada Sala Constitucional del M.T., en sentencia dictada en fecha 14 de mayo de 2007, en el expediente 06-1186 (aclaratoria), ponencia del Magistrado Doctor J.E.C.R., señaló:

…“precisa esta Sala, que las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, constituyen verdaderas opciones de rehabilitación de las personas contra quienes pesa una sentencia condenatoria definitivamente firme, a la vez que constituyen paliativos del rigor que comporta el cumplimiento total de la pena, cuando éstas se encuentran privadas de su libertad.

Estas fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena -o al cumplimiento de la pena- previstas originariamente en la Ley de Régimen Penitenciario, son: el trabajo fuera del establecimiento o destacamento de trabajo, el destino a establecimiento abierto y la libertad condicional.

… Omissis…

Estas alternativas a la reclusión constituyen un importante componente del sistema penitenciario, que no anula ni criminaliza; por el contrario, podrían ser consideradas como el ejercicio del Derecho penal mínimo, si se toma en cuenta que procuran reducir los efectos nocivos que produce la privación de libertad. De allí la razón por la cual el constituyente de 1999, en su artículo 272 estableció dentro de los principios que sirven de base para el desarrollo del sistema penitenciario “las fórmulas alternativas de cumplimiento de penas no privativas de libertad”, las cuales “se aplicaran con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria”.

El otorgamiento de una de estas fórmulas de libertad anticipada, radica en la necesidad de lograr la reinserción social del penado, a fin de hacer de él una persona capaz de dirigir su propia vida, organizarse, tomar sus propias decisiones; en fin, a valorizarse como ser humano y a asumir y cumplir en forma consciente sus responsabilidades, específicamente la responsabilidad de cumplir el contrato de libertad que comporta la alternativa del cumplimiento de pena”

Como lo precisó la Sala Constitucional del M.T., las fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena, constituyen verdaderas opciones de rehabilitación de las personas contra quienes pesa una sentencia condenatoria definitivamente firme, siendo que tales medidas se adoptan procurando al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad, a través del cumplimiento de una serie de etapas.

Las medidas alternas de cumplimiento de pena de trabajo fuera del establecimiento, destino a establecimiento abierto y libertad condicional, se encuentran reguladas en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal – G.O. N° 5.894 Extraordinario, de fecha 26-8-2008-, norma cuyo tenor literal es el que sigue:

Artículo 500. Trabajo fuera del Establecimiento, Régimen Abierto y libertad condicional. El tribunal de ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento, a los penados que hayan cumplido, por lo menos, una cuarta parte de la pena impuesta.

El destino a establecimiento abierto podrá ser acordado por el tribunal de ejecución, cuando el penado hubiere cumplido, por lo menos, un tercio de la pena impuesta.

La libertad condicional, podrá ser acordada por el tribunal de ejecución, cuando el penado haya cumplido, por lo menos, las dos terceras partes de la pena impuesta.

Además, para cada uno de los casos anteriormente señalados, deben concurrir las circunstancias siguientes:

1. Que el penado no haya tenido en los últimos diez años, antecedentes por condenas a penas corporales por delitos de igual índole, anteriores a la fecha a la que se solicita el beneficio;

2. Que no haya cometido algún delito o falta sometidos a procedimiento jurisdiccional durante el cumplimiento de la pena;

3. Que exista un pronóstico favorable sobre el comportamiento futuro del penado, expedido por un equipo multidisciplinario encabezado, preferentemente por un psiquiatra forense o un médico psiquiatra, integrado por no menos de tres profesionales, quienes en forma conjunta suscribirán el informe. Estos funcionarios serán designados por el ministerio con competencia en la materia, así mismo, podrán incorporar asistentes dentro del equipo a estudiantes del último año de las carreras de derecho, psicología, trabajo social y criminología, o médicos cursantes de la especialización en psiquiatría, que a tal efecto puedan ser igualmente designados;

4. Que alguna medida alternativa al cumplimiento de la pena otorgada al penado no hubiese sido revocada por el Juez de ejecución con anterioridad.

Estas circunstancias se aplicarán única y exclusivamente a las fórmulas alternativas de cumplimiento de penas señaladas en este artículo.

Como lo precisó la Sala Constitucional del M.T., las fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena, constituyen verdaderas opciones de rehabilitación de las personas contra quienes pesa una sentencia condenatoria definitivamente firme, siendo que tales medidas se adoptan procurando al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad, a través del cumplimiento de una serie de etapas.

Las formas de cumplimiento de pena distintas a la privación de libertad previstas en la normativa procesal penal, artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal - G.O. N° 5.894 Extraordinario, de fecha 26-8-2008-, son: trabajo fuera del establecimiento, destino a establecimiento abierto y libertad condicional, siendo que la modalidad por la cual opta el penado, trabajo fuera del establecimiento o destacamento de trabajo, consiste en la salida del penado, del recinto carcelario, con la finalidad de trabajar, debiendo pernoctar en un área del establecimiento penitenciario.

IV

Del cumplimiento de los requisitos de ley

El artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal - G.O. N° 5.894 Extraordinario, de fecha 26-8-2008 -, a la letra dispone:

Artículo 500. Trabajo fuera del Establecimiento, Régimen Abierto y libertad condicional. El tribunal de ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento, a los penados que hayan cumplido, por lo menos, una cuarta parte de la pena impuesta.

El destino a establecimiento abierto podrá ser acordado por el tribunal de ejecución, cuando el penado hubiere cumplido, por lo menos, un tercio de la pena impuesta.

La libertad condicional, podrá ser acordada por el tribunal de ejecución, cuando el penado haya cumplido, por lo menos, las dos terceras partes de la pena impuesta.

Además, para cada uno de los casos anteriormente señalados, deben concurrir las circunstancias siguientes:

2. Que el penado no haya tenido en los últimos diez años, antecedentes por condenas a penas corporales por delitos de igual índole, anteriores a la fecha a la que se solicita el beneficio;

2. Que no haya cometido algún delito o falta sometidos a procedimiento jurisdiccional durante el cumplimiento de la pena;

3. Que exista un pronóstico favorable sobre el comportamiento futuro del penado, expedido por un equipo multidisciplinario encabezado, preferentemente por un psiquiatra forense o un médico psiquiatra, integrado por no menos de tres profesionales, quienes en forma conjunta suscribirán el informe. Estos funcionarios serán designados por el ministerio con competencia en la materia, así mismo, podrán incorporar asistentes dentro del equipo a estudiantes del último año de las carreras de derecho, psicología, trabajo social y criminología, o médicos cursantes de la especialización en psiquiatría, que a tal efecto puedan ser igualmente designados;

4. Que alguna medida alternativa al cumplimiento de la pena otorgada al penado no hubiese sido revocada por el Juez de ejecución con anterioridad.

Estas circunstancias se aplicarán única y exclusivamente a las fórmulas alternativas de cumplimiento de penas señaladas en este artículo.

Se especifican claramente en la norma transcrita, los requisitos exigidos para la procedencia de la medida de destacamento de trabajo, a saber: Que el penado haya cumplido una cuarta parte de su pena; que no haya tenido en los últimos diez años, antecedentes por condenas a penas corporales por delitos de igual índole, anteriores a la fecha a la que se solicita el beneficio; que no haya cometido algún delito o falta durante el cumplimiento de la pena; que exista un pronóstico de comportamiento favorable, emitido por un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y, que no le hubiese sido revocada alguna medida alternativa al cumplimiento de la pena.

Así las cosas, este Tribunal examina el cumplimiento de tales exigencias:

1. - Según cómputo de pena de fecha 12 de noviembre de 2009, se precisó que el penado opta al beneficio de trabajo fuera del establecimiento, a partir del día 15-12-2009, al haber cumplido la cuarta parte (1/4) de la pena que le fue impuesta (folios 68 al 71, pieza VI). ASÍ SE DECLARA.

2. - El penado R.E.V.U., registra el correspondiente antecedente penal derivado de la sentencia ejecutada en la presente causa, según lo comunica mediante oficio s/n, fechado 14 de diciembre de 2009, el ciudadano R.P.G., Jefe de la División de Antecedentes Penales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (folio 49, pieza VII). ASÍ SE DECLARA.

3. - Cursa en autos informe de conducta emanado en fecha 7-1-2010, por la Junta de Conducta del Internado Judicial de Los Teques, la cual refiere que el penado, durante su permanencia en el recinto, ha observado buena conducta (folio 52, pieza VII). ASÍ SE DECLARA.

   Igualmente, no consta al expediente que el penado haya cometido delito ni falta disciplinaria sometidas a procedimiento jurisdiccional, durante el cumplimiento de la pena, igualmente, no consta en autos que le hubiese sido revocada alguna medida alternativa al cumplimiento de la pena. ASÍ SE DECLARA.

4. - El encausado tiene oferta laboral cierta, según lo constató la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y sede, según se desprende de los folios 137 y 138 de la pieza VII.

   Igualmente, consta a los folios 18 al 21, pieza VII, que se dio cumplimiento, por este Tribunal, a la exigencia del artículo 506, primer aparte, del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECLARA.

5. - El Informe Técnico s/n, remitido mediante oficio número 4357-09, de fecha 21-12-2009, elaborado por el Centro de Evaluación y Diagnóstico de la Dirección de Reinserción Social del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, practicado al penado R.E.V.U., y que suscriben los profesionales Lic. YULY VELÁSQUEZ, Trabajador Social, Lic. JUAN CARLOS OLIVARES, Psicólogo y el Abogado P.R., concluye en forma favorable al otorgamiento de la medida, informe que señala, entre otras cosas, lo siguiente:

   …“PRONÓSTICO

   El equipo técnico evaluador considera que en la actualidad el interno cuenta con elementos que pueden favorecer su adecuado funcionamiento en un régimen de prueba. Se trata de un joven con capacidad de razonamiento, que puede seguir patrones normativos, con autocrítica, movilizado e intimidado por experiencia carcelaria, con habilidad para adecuarse a situaciones cambiantes, con apoyo familiar y un proyecto extramuros cónsono con su realidad, potencialidad y los valores sociales positivos.

   CONCLUSIONES

   Sobre la base del estudio Psicosocial realizado el Equipo Técnico emite opinión FAVORABLE al otorgamiento de la fórmula solicitada”

   En el presente caso, se considera que el penado es un ciudadano apto para obtener el beneficio de trabajo fuera del establecimiento, tomando en consideración, como lo señala el equipo técnico que lo evaluó, que: Se trata de un joven con capacidad de razonamiento, que puede seguir patrones normativos, con autocrítica, movilizado e intimidado por experiencia carcelaria, con habilidad para adecuarse a situaciones cambiantes, con apoyo familiar y un proyecto extramuros cónsono con su realidad, potencialidad y los valores sociales positivos, lo cual nos sitúa ante un caso con expectativas favorables al cumplimiento del régimen y que hacen procedente acordar la medida de libertad anticipada. ASÍ SE DECLARA.

   Así las cosas, evidencia quien suscribe llenos los extremos previstos en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, que hacen procedente el otorgamiento, a favor del penado, de la fórmula alternativa de cumplimiento de la pena de trabajo fuera del establecimiento –destacamento de trabajo-. ASÍ SE DECIDE.

   En consecuencia, procediendo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el artículo 479.1 eiusdem, se decide otorgar al penado R.E.V.U., la fórmula alternativa de cumplimiento de pena trabajo fuera del establecimiento. Y ASÍ SE DECIDE.

   Se imponen al penado las siguientes obligaciones:

1. Pernoctar, diariamente, en el área de destacamentarios del Internado Judicial de Los Teques, cumplir con la normativa interna y directrices que le sean impartidas,

2. No ausentarse del Centro de Pernocta sin autorización del Tribunal.

3. Cumplir con las obligaciones que le imponga el Tribunal así como el Delegado de Prueba que se le asigne,

4. Presentarse ante la sede de este Juzgado cada quince (15) días,

5. Mantener informado al Tribunal acerca de la dirección de sus parientes y cualquier cambio en los datos aportados al Tribunal,

6. No cometer delito,

7. Incorporarse, con carácter obligatorio, a la actividad laboral, debiendo consignar ante este Despacho, la respectiva constancia, por lo menos, cada tres (3) meses,

8. Realizar Trabajo Comunitario, por un mínimo de cincuenta horas (50) horas, lo cual deberá acreditar al Tribunal. Y ASÍ SE DECIDE.

   De conformidad con lo establecido en el artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal, el penado, en el acto de notificación de la presente decisión, se comprometerá a cumplir las obligaciones que aquí se acuerdan y recibirá una copia de la resolución. Igualmente, las condiciones aquí impuestas serán modificables de oficio o a petición del penado.

   Impóngase al penado, del artículo 511 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual, “Cualquiera de las medidas previstas en este Capítulo, se revocarán por incumplimiento de las obligaciones impuestas o por la admisión de una acusación contra el penado por la comisión de un nuevo delito.”

   DISPOSITIVA

   Este Tribunal Tercero en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Miranda con sede en Los Teques, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, procediendo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el artículo 479.1 eiusdem, otorga la fórmula alternativa de cumplimiento de pena trabajo fuera del establecimiento –destacamento de trabajo- al ciudadano R.E.V.U., venezolano, portador de la cédula de identidad número V-19.764.432, quien deberá cumplir las obligaciones señaladas en el texto de la presente decisión.

   Líbrese boleta de excarcelación y remítase, mediante oficio, al Internado Judicial de Los Teques.

   PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE Y OFÍCIESE LO CONDUCENTE. DÉJESE COPIA AUTORIZADA DE LA PRESENTE DECISIÓN. CÚMPLASE.

   EL JUEZ DE EJECUCIÓN nro. 3

   LIESKA D.F.D.

   EL SECRETARIO

   MARLENE RODRÍGUEZ

   Causa 3E107-09

   R.E.V.U.

   Régimen Abierto Acordado

   5-2-2010

   19/19.-