Decisión de Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de Carabobo, de 30 de Junio de 2009

Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias se considerarán válidamente constituidas cuando concurran accionistas que representen, por lo menos, el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, salvo los casos previstos en los artículos 274, 276 y 281 del Código de Comercio vigente. Las Asambleas serán presididas por cualquiera de los Directores Principales y de sus reuniones se levantará un acta con indicación del nombre de las personas asistentes, de las acciones representadas, de las deliberaciones y resoluciones pautadas, dicha Acta será firmada por los presentes.

Las Asambleas serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras, previa convocatoria por la prensa o por escrito a cada uno de los accionistas con cinco (5) días de anticipación, por lo menos, a la fecha fijada para realizarlas, que será durante los sesenta (60) días siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico de cada año, y las segundas, previa convocatoria en la misma forma indicada, cuando lo exijan los intereses de la compañía a juicio de la junta directiva o cuando lo solicite el comisario o un numero de accionistas que represente, por lo menos, la quinta parte del capital social. (subrayado del tribunal)

En la primera de dichas cláusulas contractuales, si establecen varias disposiciones que rigen la actividades de los representantes de la empresa: En primer lugar se dispone que el Presidente, el Vice-Presidente Ejecutivo y el Director Ejecutivo son los únicos que tienen atribuida la facultad de representar a la compañía actuando conjunta o separadamente, y celebrar con su sola firma, todo acto de administración o de disposición, por lo que se concluye que ellos son los únicos ADMINISTRADORES de la empresa, tal como lo dispone el artículo 242 del Código de Comercio; En segundo lugar se dispone en la cláusula SEPTIMA, que los DIRECTORES sólo tendrían las funciones que les asignare el PRESIDENTE de la empresa, y en tercer lugar dispone la norma que La ausencia temporal o absoluta del presidente sería suplida por el Vicepresidente y la de éste por el Director Ejecutivo, con las mismas facultades.

En la cláusula OCTAVA de los estatutos, antes copiada, solo se establece el quórum necesario para la validez de las deliberaciones y decisiones de las asambleas, el cual es de mayoría simple, esto es, 51% del capital accionario; y en la cláusula NOVENA se dispone claramente cuales son los tipos de Asamblea: Ordinaria y Extraordinaria; estableciendo a continuación el MODO de hacer las convocatorias y la OPORTUNIDAD para hacerlas, es decir, para las Asambleas Ordinarias, el MODO de convocar, es el siguiente: Por la prensa o por escrito a cada uno de los accionistas, y en cuanto a la OPORTUNIDAD para hacerlas: Con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea, la cual se debe llevar a cabo, señala la norma, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico de cada año; En cuanto a las Asambleas EXTRAORDINARIAS el MODO de convocar es el mismo, indica la norma, esto es, por la prensa o por escrito a cada uno de los accionistas, y en cuanto a la OPORTUNIDAD: Señala varios supuestos: A) cuando lo exijan los intereses de la compañía a juicio de la junta directiva; B) Cuando lo solicite el comisario o, C) Cuando lo solicite un numero de accionistas que represente, por lo menos, la quinta parte del capital social.

De modo pues que la norma solo establece condiciones de MODO y TIEMPO para hacer las convocatorias a Asambleas de accionistas, de las cuales es común el MODO de hacerlas, ya que en ambos casos se trata de convocatorias hechas por la prensa o por escrito; pero en cuanto a condiciones de TIEMPO difieren dependiendo de si se trata de una asamblea ordinaria o una extraordinaria, pues las primeras (Ordinarias) deben convocarse por lo menos cinco (5) días de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea, la cual se debe llevar a cabo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico de cada año; Mientras que las segundas (Extraordinarias) deben ser convocadas cuando lo exijan los intereses de la compañía a juicio de la junta directiva; o cuando lo solicite el comisario o, Cuando lo solicite un número de accionistas que represente, por lo menos, la quinta parte del capital social. Por lo que NO EXISTE DISPOSICION ALGUNA sobre la persona que debe efectuar la convocatoria.

En efecto, la norma contractual no indica quien es la persona autorizada, por los estatutos para CONVOCAR, esto es, para hacer la convocatoria, sino simplemente señala que debe convocarse a una asamblea extraordinaria cuando a juicio de la junta directiva ello sea necesario, o cuando lo soliciten el comisario o los accionistas que representen, cuando menos, el 20% del capital social. De modo pues que la norma estatutaria copiada NO DISPONE ABSOLUTAMENTE NADA sobre la o las personas autorizadas, según los estatutos, para convocar Asambleas de Accionistas.

En el lapso probatorio la demandante ratificó el valor probatorio de los documentos promovidos con el libelo, los cuales ya han sido valorados con anterioridad; promovió prueba de informes a los fines de demostrar “que, violando flagrantemente la ORDEN impartida por este Juzgado a su cargo, a través de medida cautelar decretada, de que se SUSPENDIERAN LOS EFECTOS de la Asamblea de Accionistas cuya nulidad demandamos y que, en consecuencia, las irritas designaciones de funcionarios de la empresa, no surtieran efectos..” nada de lo cual guarda relación con el fondo del asunto controvertido, sino con la incidencia de medidas cautelares, por lo que dichas probanzas y sus resultas nada aportan a los hechos controvertidos y así se declara.

Invocó igualmente la CONFESION FICTA en que habría incurrido la co-demandada PUSAN MOTORS C.A., a lo cual se observa que ciertamente dicha empresa no compareció a dar contestación a la demanda incoada en su contra; Sin embargo dicha confesión solamente perjudica a PUSAN MOTORS C.A. y no a los restantes litigantes, por considerárseles litigantes distintos, y en consecuencia, dicha confesión ficta nada prueba ni nada aporta a los hechos controvertidos, y así se declara.

PRUEBAS DE LA DEMANDADA LOS CODEMANDADOS T.C.M. Y M.M.S.D.C.:

Con la contestación no promovió pruebas. En el lapso probatorio ratificó sus argumentos formulados en la contestación a la demanda, e invocó el valor probatorio de los documentos promovidos por la actora, los cuales ya fueron analizados con anterioridad.

PARA DECIDIR EL TRIBUNAL OBSERVA:

PUNTO PREVIO - SOLICITUD DE NULIDAD Y REPOSICION

En primer lugar debe esta Juzgadora resolver el punto relativo a la solicitud de nulidad y reposición de la causa formulada por la actora, para lo cual se observa que el fundamento de la nulidad y reposición solicitada, es el siguiente:

…nos encontramos que en este juicio ante la inminente presencia de un litisconsorcio pasivo necesario, que evidencia un estado de sujeción jurídica en forma inquebrantable que vincula entre si a diversas personas por unos mismos intereses jurídicos. Esa unidad inquebrantable puede ser implícita en la Ley o interpuesta en forma expresa: y está implícita por la Ley en este caso, porque no es posible concebir la cualidad fraccionada en cada persona integrante del grupo, sino unitariamente en todos, como es el caso de la sucesión que me ocupa, donde la cualidad de comuneros corresponde a todos los copartícipes. Ahora bien, es menester reiterar lo siguiente: De todas las actas procesales y de los recaudos anexos, queda evidenciado que la Sucesión de T.C.H. está integrada por siete (07) coherederos, que vienen a ser: La viuda y sus seis (06) hijos, de los cuales dos (2) son menores de edad. No consta a lo largo del proceso que la unidad inquebrantable que conforma la sucesión y que los vincula entre sí por los mismos intereses jurídicos, hayan sido citados a este proceso, por lo que se está violando el debido proceso y cercenándoseles el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.

Es decir, los accionados afirman que en el caso de autos existe un litis consorcio pasivo necesario, por tratarse de una sucesión, porque no es posible concebir la cualidad fraccionada en cada persona integrante del grupo, sino unitariamente en todos, pues la cualidad de comuneros corresponde a todos los co-partícipes frente, a lo cual se observa que ciertamente en los casos en los cuales se discuten derechos sucesorales, deben formar parte del contradictorio, todos los integrantes de la sucesión, pero en el caso de autos, no se están discutiendo derechos sucesorales, es decir, el objeto de la pretensión no recae sobre bienes tangibles o intangibles de la sucesión, es decir, no se cuestiona la propiedad de algún bien común que pertenezca en propiedad a todos los integrantes de una sucesión, sino que el objeto de la pretensión en la presente causa lo es exclusivamente la NULIDAD de una asamblea de

accionistas de una empresa, cuyos efectos de la declaratoria o no de nulidad de dicha asamblea, en nada afectará a los comuneros, ni su proporción accionaria, ni la propiedad de las acciones, ni los derechos derivados de las mismas, ya que, se repite, lo único que se decidirá en este proceso, es si la asamblea de accionistas cuestionada, incurrió o no en violación de normas legales o estatutarias que conlleven a la declaratoria de nulidad de la misma; De ello se sigue que los efectos de la cosa juzgada que recaiga en este proceso, solo alcanzarán a la empresa misma, desde luego que cambiará o permanecerá la administración designada, y a las personas naturales que participaron en dicha asamblea, esto es, a los ciudadanos M.M.S.D.C. y T.M.C.M., púes son estas personas quienes en todo caso realizaron las actuaciones que eventualmente serían declaradas nulas y quienes, en ultima instancia, deban responder de las costas procesales. Lo que en definitiva determina la existencia o no de un litis consorcio necesario, son los efectos de la cosa juzgada que debe recaer en el proceso, si en un determinado juicio la sentencia DEBE alcanzar a determinado numero de personas por encontrarse indisolublemente ligadas a las resultas del juicio, entonces estaremos en presencia de un litis consorcio necesario. Tal es el caso por ejemplo de los juicios relativos a la propiedad de bienes pertenecientes ala comunidad conyugal, pues en esos casos, la adquisición o pérdida de la propiedad afectará a ambos cónyuges aun cuando el bien aparezca escriturado a nombre de uno solo de ellos, por esa razón, necesariamente existe litis consorcio necesario, se repite, por los alcances de la sentencia a dictarse. En la presente causa, se trata de la nulidad de la asamblea de accionistas de una empresa, cuyos efectos de dicha nulidad o validez de la asamblea, en nada afectarán a los herederos de un accionista fallecido, pues, se repite, no se discute ni la propiedad de las acciones que pertenecían a dicho ciudadano, ni la proporción accionaria de ellos quedará aumentada o disminuida como consecuencia de la sentencia recaída, por lo tanto, es evidente que los efectos de la decisión no alcanzarán a esos restantes herederos mencionados por los co-demandados T.C.M. Y M.M.D.C., y si en todo caso esos restantes herederos deseaban incorporarse al proceso para coadyuvar a alguna de las parte a vencer en el proceso, pudieron perfectamente hacerlo por la vía de la intervención voluntaria adhesiva o adherente.

Por ultimo se observa que si lo que los demandados cuestionan es la falta de cualidad para sostener el proceso, debieron plantearlo formalmente mediante la correspondiente excepción de fondo de falta de cualidad, tal como lo dispone el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, para que el tribunal, como punto previo en la presente sentencia, resolviera si era o no procedente el alegato de falta de cualidad, pero como quiera que no fue planteada la correspondiente excepción de fondo, no podría esta juzgadora resolver sobre una falta de cualidad no opuesta oportunamente por los co-demandados, pues tal como reiteradamente lo ha decidido el Tribunal Supremo de Justicia, ello constituye una excepción de fondo que solo puede ser resuelta por el Juez previo el correspondiente alegato de la parte demandada, formulado preclusivamente en la contestación de la demanda.

En sentencia interlocutoria dictada el 09 de febrero de 2009 en la presente causa, ya esta Juzgadora había anticipado a las partes, que lo planteado por la demandada era un asunto relativo a la FALTA DE CUALIDAD y que debía plantearse como excepción o defensa de fondo en la oportunidad de la contestación al fondo de la demanda, y que si no se planteaba de esta manera, le estaba vedado al juzgador pronunciarse sobre la cualidad de las partes, a lo cual incluso se citó una reciente sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se expresó:

…es oportuno reiterar, que al no tratarse el presente caso de ninguno de los supuestos de excepción en los que el legislador le impone a los jueces de instancia la obligación de integrar debidamente el litis consorcio pasivo necesario, entre otros, el procedimiento de ejecución de hipoteca y el de partición y liquidación de herencia, la declaratoria de falta de cualidad constituye una cuestión de fondo cuya procedencia da lugar a la desestimación de la demanda, sin que pueda pronunciarse sobre el particular durante la sustanciación del juicio, -sin que pueda ser examinada tal circunstancia en la sustanciación del juicio-, al menos, que se trate de los casos en los que excepcionalmente, la ley lo permite …omissis…

De existir un litisconsorcio necesario, del cual forma parte incluso como demandante, de acuerdo al Tribunal de alzada, el propio demandado, ello fundamentaría la declaratoria de falta de cualidad, previa interposición de la correspondiente excepción en el acto de contestación a la demanda, lo cual no es el caso, y nunca a una especie de ‘integración del contradictorio’ para lo cual tiene facultades el Juez italiano, pero no el nuestro, quien debe atenerse a los términos de la demanda y de la contestación….

Queda claro, pues, que la falta de cualidad e interés para accionar o para sostener el juicio debe ser alegada por las partes y decidida por el sentenciador en la sentencia definitiva.

(Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 25 de enero de 2008, Exp. Nro. AA20-C-2005-000831, caso: ARRENDADORA SOFITASA C.A, ARRENDAMIENTO FINANCIERO contra M.C.B.)

Como se observa, la única manera en que el Juez puede analizar la cualidad de las partes, es cuando en forma expresa se alega la falta de cualidad como excepción o defensa de fondo en la oportunidad de la contestación de la demanda, lo cual no sucedió en el caso de autos. En consecuencia, considera quien Juzga que no es procedente la reposición de la causa solicitada por la parte demandada, al estado en que se cite a los restantes herederos del ciudadano T.C.H. y así se decide.

En cuanto a las facultades del ciudadano T.M.C.M. para convocar Asambleas de Accionistas de PUSAN MOTORS C.A. se observa que al analizar los estatutos sociales de la empresa, se consideró establecido que el Presidente, el Vice-Presidente Ejecutivo y el Director Ejecutivo son los únicos que tienen atribuida la facultad de representar a la compañía actuando conjunta o separadamente, y celebrar con su sola firma, todo acto de administración o de disposición, por lo que ellos son los únicos ADMINISTRADORES de la empresa; Igualmente se consideró establecido al analizar los estatutos sociales, que los DIRECTORES como el co-demandado T.C.M. solo tendrían las funciones que les asignare el PRESIDENTE de la empresa, y en tercer lugar dispone la norma que La ausencia temporal o absoluta del presidente sería suplida por el Vicepresidente y la de éste por el Director Ejecutivo; Por su parte se consideró establecido que en la cláusula NOVENA se dispone claramente cuales son los tipos de Asamblea: Ordinaria y Extraordinaria; estableciendo a continuación el MODO de hacer las convocatorias y la OPORTUNIDAD para hacerlas, es decir, para las Asambleas Ordinarias, el MODO de convocar, es el siguiente: Por la prensa o por escrito a cada uno de los accionistas, y en cuanto a la OPORTUNIDAD para hacerlas: Con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea, la cual se debe llevar a cabo, señala la norma, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico de cada año; En cuanto a las Asambleas EXTRAORDINARIAS el MODO de convocar es el mismo, indica la norma, esto es, por la prensa o por escrito a cada uno de los accionistas; y que por lo tanto, NO EXISTE DISPOSICION ALGUNA en los estatutos sociales, que determine o indique quien es la persona o personas autorizadas que debe efectuar la convocatoria a una asamblea de accionistas. La norma que se comenta solo permite que las asambleas extraordinarias sean convocadas cuando lo solicite la Junta Directiva, el Comisario o los accionistas que representen el 20 del capital social, es decir, cuando estas personas se lo soliciten a la persona autorizada por la ley o los estatutos, para que sean estas personas, debidamente autorizadas, quienes convoquen a la asamblea.

En ausencia de tal determinación contractual, rige lo dispuesto por el artículo 277 del Código de Comercio, el cual SI contiene una norma que determina quienes son los autorizados legalmente (en ausencia de disposición estatutaria) para convocar asambleas de accionistas.

Establece la norma legal: “La asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, debe ser convocada por los administradores, por la prensa, en periódicos de circulación con cinco días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión”. …. (subrayado del tribunal)

De modo pues que nuestra legislación comercial contiene una norma legal expresa que determina quienes son las personas facultadas por la Ley para CONVOCAR Asambleas de Accionistas, y estos son los ADMINISTRADORES, solo cuando los Estatutos disponen otra cosa, se aplicará lo dispuesto en los Estatutos, pero en el caso de autos –se repite- como quiera que los estatutos nada disponen sobre la persona autorizadas para convocar, se debe aplicar lo dispuesto en el trascrito artículo 277 del Código de Comercio, y en consecuencia, las UNICAS personas autorizadas legalmente para convocar Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de accionistas en la empresa PUSAN MOTORS C.A., son los ADMINISTRADORES de la empresa, esto es, el PRESIDENTE (cuyo cargo se encuentra vacante por el fallecimiento del ciudadano T.C.H.), el VICE-PRESIDENTE, quien suple al Presidente esto es el ciudadano M.C.H., o el DIRECTOR EJECUTIVO A.F.B..

El co-demandado T.M.C.M. efectuó la convocatoria, atribuyéndose la condición de Presidente, la cual no ostenta, posteriormente en la contestación el co-demandado alegó estar facultado para convocar, por ser el propietario del 30 del capital social, lo cual tampoco es procedente, pues la cláusula NOVENA de los Estatutos lo único que permite es que los accionistas propietarios de por lo menos el 20 del capital social le SOLICITEN a la persona facultada legalmente, que convoque a una Asamblea, pero no están facultados los accionistas, sea cual sea su porcentaje accionario, a CONVOCAR asambleas de accionistas.

Por lo tanto, efectivamente el ciudadano T.M.C.M. al convocar la Asamblea de Accionistas, incurrió en violación de las cláusulas SEPTIMA y NOVENA de los Estatutos Sociales, y del artículo 277 del Código de Comercio, lo cual determina que la CONVOCATORIA por él efectuada, en contravención al ordenamiento jurídico, es NULA, y así se declara.

El tercer punto controvertido en esta causa es si en la asamblea cuya nulidad es objeto del proceso, se encontraba presente o representado por lo menos el 51% del capital social, es decir, si hubo quorum para deliberar y decidir. La parte demandada negó que la demandante sea comunera del 70% del capital accionario de la empresa, pues afirma que M.C.M. esto es, la demandante, es comunera en una séptima parte sobre el 50% de las acciones declaradas como propiedad de T.C.H. por lo que mal puede haber falta de consentimiento pues en esa asamblea estuvo representado el capital accionario suficiente para considerarse validamente constituida. En tal sentido se observa que no puede ser resuelta en la presente causa, la PARTICION de las acciones que pertenecían a T.C.H., ni puede esta Juzgadora determinar cual porcentaje accionario corresponderá a cada uno de los comuneros. Una vez hecha la partición de los bienes comunes, lo que si es cierto es que las 700 acciones que pertenecían en vida al ciudadano T.C.H., pertenecen EN COMUNIDAD tanto a su viuda M.M.D.C., como a sus restantes herederos, y no constando en autos que se haya efectuado la partición de los bienes comunes, dichas acciones CONTINUAN SIENDO PROPIEDAD COMUN de todos los herederos, es decir, TODAS las 700 acciones, son propiedad COMUN de todos los herederos, de la cónyuge superstite M.M.D.C. y de sus hijos: M.A.C.M. (demandante), T.C.M. (co-demandado) y los otros cuatro hijos; por lo tanto, todas esas SETECIENTAS (700) ACCIONES son propiedad COMUN DE VARIAS PERSONAS hasta tanto se produzca la partición y adjudicación de los bienes comunes.

El Artículo 299 del Código de Comercio dispone que “si una acción nominativa se hace propiedad de varias personas, la compañía no está obligada a inscribir ni a reconocer sino a una sola, que los propietarios deben designar como único dueño.” En el caso de autos, no consta en autos que los propietarios, es decir, los herederos de T.C.H., incluida su viuda, hayan designado a alguno de ellos como “único dueño” de las 700 acciones, ni que se haya designado a alguno de ellos como representante o mandatario de los restantes co-propietarios, por lo que, ciertamente, al no encontrarse ni presentes ni representados todos los CO-PROPIETARIOS de las 700 acciones que pertenecían a T.C.H., solo se encontraba validamente representado en la asamblea cuya nulidad se demandó. El 30 del paquete accionario, que pertenece al co-demandado T.M.C.M.. Al no encontrarse representado ni presente el 51 del capital accionario de la empresa, en la asamblea cuya nulidad se demandó, tal como lo exige la cláusula OCTAVA de los Estatutos Sociales, ciertamente no había quorum para deliberar y decidir en la Asamblea celebrada el 25 de agosto de 2007 cuya nulidad se demanda, y así se declara.

Con respecto a si la ciudadana M.M.D.C. se atribuyó un mandato falso o la falsa condición de representante de los demás co-propietarios de las acciones, se observa que la parte demandada alegó en la contestación que correspondía a la demandante probar que la co-demandada M.M.S.D.C. no tenía la condición de accionista ni de mandataria de los demás co-propietarios, lo cual no es cierto. La demandante alegó en el libelo dos hechos negativos determinados, a saber, que M.M.S.D.C. no es accionista DE PUSAN MOTOR`S C.A. y que M.M.S.D.C. no tiene facultad para representar a los demás comuneros en el ejercicio de los derechos inherentes a la propiedad común de las acciones, ante estos dos hechos negativos, tenía la demandada la carga de alegar y probar los respectivos hechos ciertos y afirmativos, esto es, que M.M.S.d.C., si era accionista de la empresa PUSAN MOTOR`S C.A. y que si tenía otorgada carta poder o mandato de los demás comuneros. Estos hechos ni los alegaron ni los probaron los co-demandados, por lo que la parte demandada no cumplió con la carga probatoria que le estaba atribuída de probar que SI tenía mandato o carta poder de los demás copropietarios de las acciones, y que si era accionista de PUSAN MOTORS C.A., por lo que tales hechos se deben tener como establecidos, es decir, se considera demostrado que M.M.S.D.C. ni tenía mandato ni carta poder de los demás copropietarios de las acciones, ni era para la fecha de la asamblea cuya nulidad se demanda, accionista de PUSAN MOTORS C.A., porque, adicionalmente, la única manera de probar la condición de accionista de una empresa, es a través del TRASPASO en el libro de accionistas de la empresa, nada de lo cual fue probado por la co-demandada M.M.S.D.C., ya que, como lo ha sostenido la Casación Venezolana: “en el reparto de la carga de la prueba, el alegato de un hecho negativo y la contradicción pura y simple de ese hecho negativo, pone en la cabeza del demandado la carga de demostrar el hecho invocado” (Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, del 16-1-2009, caso: C.P.B. contra M.A.P.O.) en consecuencia, al quedar establecido que la ciudadana M.M.S.D.C. ni tenía mandato ni carta poder de los demás copropietarios de las acciones en el momento en que se celebró la asamblea cuya nulidad se demanda; ni era para esa fecha accionista de PUSAN MOTORS C.A. lo que hace procedente el alegato de que dicha ciudadana se atribuyó una condición que no tenía y que además se atribuyó un mandato falso, todo lo cual constituye un nuevo elemento que determina la nulidad de la Asamblea de accionistas de PUSAN MOTORS C.A. de fecha 25 de agosto de 2007.

El quinto punto controvertido esta relacionado con el alegato de la actora de que al no encontrarse representadas las personas comuneras en el 70% del capital social de la empresa, hubo ausencia de consentimiento. Al decidir el punto TERCERO se determinó que al no encontrarse ni presentes ni representados todos los CO-PROPIETARIOS de las 700 acciones que pertenecían a T.C.H., solo se encontraba validamente representado en la asamblea cuya nulidad se demandó, El 30 del paquete accionario, que pertenece al co-demandado T.M.C.M., por lo tanto, ciertamente no hubo consentimiento por parte de los co-propietarios de las restantes 700 acciones que conforman el capital de la empresa, lo que determina que no hubo manifestación valida de la voluntad de estos co-propietarios, en la Asamblea de Accionistas cuya nulidad se demanda, lo cual determina que ciertamente hubo ausencia absoluta de consentimiento, por lo menos en lo que respecta a la demandante M.A.C.M., co-propietaria, junto con los restantes comuneros mencionados, de las 700 acciones que conforman el 70 % del paquete acccionario de PUSAN MOTORS C.A, y así se declara.

Al haberse determinado que ciertamente la convocatoria formulada por T.C.M. es NULA, que no hubo quorum valido para constituir y deliberar en la asamblea de fecha 25 de agosto de 2007, que hubo además ausencia de consentimiento y que la co-demandada M.M.S.D.C. no tenía mandato ni carta poder de los demás co-propietarios de las acciones, se cometieron varias violaciones a normas legales y estatutarias, concretamente a los artículos 277 y 299 del Código de

Comercio, y a las disposiciones estatutarias SEPTIMA, OCTAVA Y NOVENA todo lo cual inficiona de NULIDAD a la Asamblea Ordinaria de

Accionistas de la empresa PUSAN MOTORS C.A. presuntamente celebrada el 25 de agosto de 2007 e inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 28 de noviembre de 2007, bajo el Nº 09, Tomo 88-A, lo cual hace PROCEDENTE la demanda incoada y asi se declara.

En consecuencia, al declararse NULA, como en efecto se declarará en el dispositivo del fallo, la Asamblea de Accionistas de PUSAN MOTORS C.A. inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 28 de noviembre de 2007, bajo el Nº 09, Tomo 88-A, en la cual se designó nueva junta directiva, dicha nulidad conlleva a la vigencia y efectividad de la JUNTA DIRECTIVA que se encontraba vigente antes de la Asamblea cuya nulidad se declara, esto es, la Junta Directiva designada mediante Asamblea de Accionistas registrada en el Registro Mercantil Primero citado el 30 de noviembre de 2006, bajo el Nº 72, Tomo 111-A, y conformada por: T.C.H. (fallecido) como PRESIDENTE; M.C.H. como VICE-PRESIDENTE; A.F.F.B. como DIRECTOR EJECUTIVO, y los ciudadanos: T.M.C.M., M.M.D.C., F.M.D.C.M. y M.C.M.D.F. como DIRECTORES, siendo M.C.F. la GERENTE GENERAL, y así se declara.

En merito de las consideraciones de hecho y de derecho antes explanadas, este Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

CON LUGAR la demanda de NULIDAD de Asamblea incoada por la ciudadana M.A.C.M. contra PUSAN MOTORS C.A., T.C.M., y M.M.D.C., todos identificados en autos.

Se declara NULA y sin ningún efecto, la Asamblea de accionistas de la empresa PUSAN MOTORS C.A. el 25 de agosto de 2007 e inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 28 de noviembre de 2007, bajo el Nº 09, Tomo 88-A.

Se declara que no tiene T.C.M. la cualidad de Presidente ni la de Vice-Presidente de Pusán Motors, C.A. y tampoco tiene M.M.S.D.C. de la cualidad de Vice-Presidente que le fue atribuida por dicha supuesta Asamblea.

Se condena a los co-demandados T.C.M. y M.M.S.D.C. a no ejecutar ni llevar a efecto actos de administración ni de disposición sobre el patrimonio social de PUSÁN MOTORS, C.A. e igualmente se le se prohíbe que perciban o dispongan de fondos provenientes de los negocios de PUSÁN MOTORS, C.A. salvo los que sean determinados como utilidades o dividendos, por una asamblea de accionistas validamente constituida.

Se condena en costas a los co-demandados por haber resultado vencidos en el proceso.

Publíquese y déjese copia.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Valencia a los dieciocho (30) días del mes de junio del año dos mil nueve (2.009). Años: 199° de la Independencia y 149° de la Federación.

LA JUEZA PROVISORIA,

Abog. L.R.S.

LA SECRETARIA,

Abog. M.M.P.

En la misma fecha se publicó la anterior decisión siendo las 3:00 de la tarde.-

La Secretaria,

Abog. M.d.R.M.