Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 15 de Octubre de 2013

JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.

203° y 154°

RECURRENTE (S): J.M.C.S., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V- 13.532.851

APODERADO (S) JUDICIAL (ES): A.C.B.A.. Inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nro. 36.977.

RECURRIDO: INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE LOS MUNICIPIOS J.F.R., S.M., REVENGA, TOVAR Y B.D.E.A..

APODERADO (S) JUDICIAL (ES): No tiene acreditado en autos.

Motivo: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad.

Asunto Nº DE01-G-2007-000085

Asunto antiguo: 8.655

Sentencia Interlocutoria con fuerza definitiva (Perención de la Instancia)

En fecha 25 de mayo de 2007, fue presentado ante la Secretaria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (Hoy Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua), escrito libelar contentivo del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, incoado por el ciudadano J.M.C.S., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V- 13.352.851, debidamente asistido de abogado, contra la P.A., dictada por el ciudadano Inspector Jefe del Trabajo de los municipios J.F.R., S.M., Revenga, Tovar y B.d.E.A., en fecha 17 de noviembre de 2006, signada bajo el Nro. 037-2006-01-00319. acordando su ingreso en los libros respectivos con las anotaciones correspondientes, quedando signado bajo el Nro DE01-G-2007-000085, Numeración Antigua: 8.655.

En fecha 04 de junio de 2007, este Juzgado Superior, mediante sentencia interlocutoria, declaro su Competencia para conocer del presente recurso de nulidad y por ende Admitir el mismo en cuanto ha lugar en derecho, ordenando las notificaciones correspondientes a las partes intervinientes.

En fecha 14 de Agosto de 2007, el ciudadano Alguacil de este Juzgado Superior, dejo constancia de haber remitido el oficio de notificación dirigido al ciudadano Procurador General de la Republica Bolivariana de Venezuela, mediante el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL).

En fecha 19 de septiembre de 2007, este Juzgado Superior, mediante auto dejo constancia de haber recibido el Aviso de recibo de Citaciones y Notificaciones Judiciales proveniente del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL), en el cual consta haber realizado la notificación dirigida al ciudadano Procurador General de la Republica.

En fecha 27 de septiembre de 2007, el ciudadano J.M.C.S., consigna poder “Apud Acta” a las ciudadanas abogados A.J.V. y A.C.B.A., inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 56.018 y 36.977 respectivamente.

En fecha 21 de noviembre de 2007, el ciudadano Alguacil de este Juzgado Superior, consigno las resultas de la notificación dirigida a la Compañía Venezolana de Cerámicas (VENCERAMICA).

En fecha 06 de diciembre de 2007, diligencio la ciudadana abogada, A.B., solicitándole a este Juzgado Superior, se pronunciara en cuanto a la ratificación de la admisión del presente recurso.

En fecha 18 de diciembre de 2007, este Juzgado Superior, mediante auto ratifico la admisión del presente Recurso de Nulidad. Ordenando las notificaciones correspondiente a las partes intervinientes.

En fecha 07 de enero de 2008, la ciudadana abogada A.B.A., consigno diligencia, mediante la cual solicita la entrega del cartel de notificación, a los fines de proceder a su publicación en la prensa.

En fecha 14 de enero de 2008, la ciudadana abogada A.B.A., mediante diligencia, consigno el ejemplar del diario “El nacional”, en el cual aparece publicado el cartel de notificación ordenado.

En fecha 14 de febrero de 2008, este Juzgado Superior, mediante auto, fijo el Tercer (3er.) día hábil siguiente al de la presente fecha, para que se diera comienzo a la primera etapa de la relación de la causa.

En fecha 19 de febrero de 2008, este Juzgado Superior mediante auto, dejo constancia del comienzo de la Primera etapa de la Relación del procedimiento, la cual consto de Diez (10) Días hábiles.

En fecha 04 de marzo de 2008, este Juzgado Superior mediante auto, dejo constancia de haber cometido un error involuntario, al fijar el acto para que comenzara la primera etapa de la relación de la causa sin haberse practicado todas las notificaciones correspondientes, por lo que ordeno, subsanar el error aludido y de esa misma manera dejar sin efecto los autos dictados en fechas 14 y 19 de febrero de 2008. Ordenando practicar las notificaciones con ocasión al auto de admision.

En fecha 24 de abril de 2008, la ciudadana abogada A.B.A., consigno diligencia mediante la cual manifiesta ratificar su interés en el tramite del presente juicio.

En fecha 30 de abril de 2008, el ciudadano Alguacil de este Juzgado Superior, dejo constancia de haber remitido el oficio de notificación dirigido al Ciudadano Procurador General de la Republica, mediante el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela.

En fecha 02 de junio de 2008, este Juzgado Superior mediante auto, dejo constancia de haber recibido el Aviso de Recibo de Citaciones y Notificaciones Judiciales, proveniente del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel), en el cual se evidencia la notificación realizada al Procurador General de la Republica.

En fecha 14 de Abril de 2009, la ciudadana abogada A.B., consigno diligencia mediante la cual le solicito a este Juzgado Superior, ordenara lo concerniente a la continuación del presente procedimiento.

En fecha 02 de Junio de 2009, el ciudadano Alguacil de este Juzgado Superior, consigno las resultas de la notificación dirigida a los ciudadanos Inspector del Estado Aragua y Fiscal Décimo del Estado Aragua.

I

DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

Mediante escrito recibido en fecha 25 de mayo de 2007, el apoderado judicial de la parte recurrente ya identificados, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad con base a los siguientes alegatos:

Que “Omissis…el ciudadano J.M.C.S., desempeñaba en dicha empresa el cargo de vaciador D, en el departamento de Vaciado, desde el día 03 de mayo de 2004, en donde se declaro Con Lugar la Solicitud de Calificación de Falta incoada contra la empresa COMPAÑÍA VENEZOLANA DE CERAMICA, C.A (VENCERAMICA)…”

Que “Omissis…La referida empresa inicia por la inspectoria del trabajo del Estado Aragua, procedimiento de solicitud de calificación de falta a fin de obtener la autorización previa necesaria para proceder a despedir al trabajador justificadamente. En virtud de que el mismo había incurrido en la falta de injuria o falta grave al respeto. Una vez concluido el lapso probatorio, la inspectoria del trabajo del estado Aragua, en fecha 17 de Noviembre de 2006, procedió a emitir su providencia, mediante la cual declaro Con Lugar dicha solicitud., argumentando que se evidencia de las actas que quedo demostrado que efectivamente el trabajador en la oportunidad que le fuera requerido manifestó no haber recibido la inducción previa y ordenada por Ley (…) …”

Fundamenta su Solicitud en la Ley Orgánica del Trabajo y en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos

Finalmente solicita que se declare la Nulidad en contra de la p.a. signada con el Nro. 037-2006-00319, dictada por la Inspectoria del Trabajo del Estado Aragua.

Por cuanto la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha 10 de diciembre de 2010, acordó el traslado de quien suscribe el presente auto, Dra. M.G.S., como Juez de este Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, del cual tomó posesión en fecha 17 de enero de 2011, con este carácter se aboca al conocimiento de la presente causa. Ahora bien Vistas como han sido las precedentes actuaciones, pasa este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a decidir y conocer sobre la presente causa.

II

DE LA COMPETENCIA

Ahora bien, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.447 de fecha dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil diez 2.010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial Nro. 39.451 del veintidós (22) días del mes de junio de ese mismo año, y el criterio actual con carácter vinculante fijado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nro. 955 del veintitrés (23) días del mes de Septiembre del año dos mil diez 2.010, en materia de Recursos Contencioso Administrativos de Nulidad ejercidos contra actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, conforme al cual la jurisdicción competente para conocer de tales pretensiones, es la jurisdicción laboral; debe esta Juzgadora reexaminar su competencia para conocer de la presente causa y, en tal sentido, considera procedente atender al principio contenido en los artículos 3 del Código de Procedimiento Civil y 12 del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, conforme al cual la jurisdicción y la competencia del órgano jurisdiccional se determina -mientras la ley no disponga expresamente lo contrario- por la situación fáctica y normativa existente para el momento de presentación de la demanda.

Así, el referido artículo 3 del Código de Procedimiento Civil establece:

Artículo 3.- La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa

.

Este principio general, cuyo origen proviene del derecho romano, se denomina perpetuatio jurisdictionis, y tradicionalmente la doctrina ha abarcado en él a la jurisdicción y a la competencia.

Sin embargo, cuando el asunto se refiera en particular a la competencia, el principio más apropiado es el de la llamada perpetuatio fori, conforme a lo expuesto por el Maestro L.L. (Ensayos Jurídicos: “Principios Fundamentales en la reforma del Código de Procedimiento Civil Venezolano”, Fundación R.G.. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1987); en el entendido que dicho principio se aplica a las circunstancias que constituyen los criterios atributivos sobre los cuales un tribunal puede conocer una causa, esto es la materia, el valor, el territorio, o el grado del tribunal. (Vid., entre otras, Sentencias Nros. 02176 y 00962 del 5 de octubre de 2006 y 5 de octubre de 2010, respectivamente, dictadas por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).

En ese orden, cabe citar el criterio jurisprudencial atributivo de competencia, aplicable ratione temporis al caso de autos, por ser éste el criterio vigente para el momento de la interposición del presente recurso de nulidad, emanado de la Sala Plena del M.T. de la República (Sentencia N° 9 del 2 de marzo de 2005, caso: Universidad Nacional Abierta), el cual dispuso lo siguiente:

Para finalizar, en razón de la inexistencia en el ordenamiento jurídico venezolano de un basamento normativo que permita predicar que la competencia para conocer de los recursos contencioso administrativos interpuestos contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, los cuales son actos administrativos, corresponderá a los tribunales de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de tales asuntos, en virtud de la aplicación del principio de la universalidad de su control por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

Ahora bien, dilucidada como ha sido la jurisdicción competente para conocer y decidir casos como el presente, es necesario determinar y declarar cuál es el tribunal contencioso administrativo competente para conocer del mismo.

A este respecto existen precedentes, como la sentencia número 1333, de fecha 25 de junio de 2002, proferida por la Sala Constitucional de este M.T., en la cual señaló:

‘(...) 2. No existe un tribunal contencioso-administrativo especialmente competente para dilucidar conflictos suscitados con ocasión del ejercicio de las competencias de las inspectorías del trabajo; por ello, toca a la jurisdicción ordinaria contencioso-administrativa ver de estos casos (ver: sentencias núms. 207/2001, 1318/2001 y 2695/2001). Siendo, pues, que a la accionante le resulta más accesible un Juzgado del Estado Bolívar, corresponde tramitar la acción de amparo incoada al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Contencioso-Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Así se decide’.

Conforme a la doctrina expuesta, en la que se considera el tribunal ‘que a la accionante le resulta más accesible’ esto es, en garantía del derecho de acceso a la justicia de los particulares, esta Sala Plena declara que, tratándose de un asunto acaecido fuera de la Región Capital, específicamente la p.a. emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de un trabajador de la recurrente, su conocimiento corresponde a un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo Regional. Esta determinación de competencia se hace en aras al acceso a la justicia y a la celeridad de la misma, evitando así, que la persona afectada deba trasladarse a grandes distancias del sitio donde se concretó el asunto, a fin de obtener la tutela judicial efectiva. Así las cosas, y en beneficio del justiciable, esta Sala Plena declara que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo competente es el de la Región Centro Norte del Estado Carabobo. Así se decide

.

Visto así, este Órgano Jurisdiccional como garante de los principios y valores constitucionales, y en atención a las premisas precedentemente expuestas en cuanto al principio de la perpetuatio fori, debe reafirmar su competencia para conocer y decidir la presente controversia, y así se decide.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Realizada precedentemente una breve síntesis conforme a la cual se ha venido desarrollando hasta la presente fecha el iter procedimental en el caso de autos, es menester para este Juzgado señalar que en todas las acciones, recursos y solicitudes que interpongan los particulares para activar al Órgano Jurisdiccional, existen actuaciones que necesaria y obligatoriamente deben ser instadas a solicitud de la parte interesada por ser éstas una carga procesal que les impone la propia legislación y ante las cuales el Tribunal que se trate, está impedido a actuar de oficio para dar impulso a la causa, en el entendido de que el incumplimiento de tales obligaciones por parte de los interesados acarreará consecuencias jurídicas negativas que operarán de pleno derecho y deberán ser advertidas y declaradas por el Órgano Jurisdiccional ante la actitud pasiva de aquél durante los lapsos previstos para la materialización de sus obligaciones durante la sustanciación del procedimiento.

En efecto, en el caso de marras de la revisión de las actas procesales se constata, que como ultima actuación procesal hecha por la parte demandante en el presente recurso para la prosecución del juicio. Ocurrió el día 14 de Abril de 2009, en la cual consigna diligencia donde le comunicaba a este Juzgado Superior, su interés en proseguir con el trámite del presente juicio, y para ello gestiono todo lo necesario con el Alguacil del tribunal, a los fines de realizar las notificaciones pendientes.

. Así las cosas, es menester para este Juzgado Superior traer a colación lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la Fijación de la audiencia y la admisión de pruebas. Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.

No obstante se evidencia, que en el caso como el de marras, la ultima actuación del tribunal, fue en fecha 02 de junio de 2009, en la cual el ciudadano Alguacil de este despacho, consigno las resultas de la notificación dirigida a los ciudadanos Inspector del Trabajo del Estado Aragua y Fiscal Décimo del Estado Aragua. Habiendo transcurrido así hasta la presente fecha, un lapso superior a cuatro (04) años de paralización de la causa.

En este orden de ideas, es importante resaltar que la institución jurídica de la perención no puede ser concebida como un obstáculo para los sujetos que mediante el ejercicio de su derecho subjetivo han puesto en marcha el aparato jurisdiccional, sino como un mecanismo de Ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales; por lo tanto, la perención de la instancia constituye una forma anómala de terminación del proceso, la cual debe ser decretada por el Tribunal que conozca de la causa, bien a instancia de parte o de oficio, entendiéndose igualmente que la declaratoria de la misma no produce cosa juzgada material, teniendo la parte afectada por su declaratoria el derecho de acudir nuevamente a los Órganos Jurisdiccionales competentes para plantear en los mismos términos el objeto de su pretensión.

En conclusión, para el caso que se examina, el último acto procedimental del Tribunal tendiente a la prosecución del juicio ocurrió el 02 de junio de 2009, en la cual el ciudadano Alguacil de este despacho, consigno las resultas de la notificación dirigida a los ciudadanos Inspector del Trabajo del Estado Aragua y Fiscal Décimo del Estado Aragua. y como ultima actuación procesal realizada por la parte querellante fue el día 14 de Abril de 2009, evidenciándose del mismo que transcurrió más de cuatro (04) años de paralización de la causa y constatada la falta de impulso de la acción incoada -no imputable a este Órgano Jurisdiccional- resulta forzoso para este Tribunal Superior, decretar la perención de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y así se decide.

IV

DECISIÓN

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO

Su COMPETENCIA para entrar a conocer y decidir en primera instancia el recurso contencioso administrativo de nulidad.

SEGUNDO

Declarar Consumada la Perención y Extinguida la Instancia en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por interpuesto por el ciudadano J.M.C.S., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V- 13.532.851, debidamente asistido por la abogada en ejercicio A.B.A., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nro. 39.977, contra la P.A., dictada en fecha 17 de Noviembre de 2006, por la Inspectoria del Trabajo de los Municipios J.F.R., S.M., Revenga, Tovar y B.d.E.A..

TERCERO

Notificar a la parte recurrente del contenido de la presente decisión.

Publíquese, regístrese, diaricese, notifíquese y déjese copia certificada.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua. En la ciudad de Maracay, a los Quince (15) días del mes de Octubre del año dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

LA JUEZA SUPERIOR TITULAR,

DRA. M.G.S..

EL SECRETARIO TEMP,

ABG. I.R..

En esta misma fecha, 15 de Octubre de 2013, siendo las 11:45 minutos meridiem, previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se publicó y registró la anterior decisión.

EL SECRETARIO, TEMP,

ABG. I.R.

Exp. Nº DE01-G-2007-000085

Numeración Antigua: 8.655

MGS/IR/gavs.