Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 16 de Abril de 2007
| Fecha de Resolución | 16 de Abril de 2007 |
| Emisor | Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Edgar José Moya Millán |
| Procedimiento | Recurso De Nulidad Con Amparo Cautelar |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DE LA REGION CAPITAL
Mediante escrito presentado en fecha 23 de noviembre de 2005, por ante el Juzgado Superior Segundo en lo Contencioso Administrativo (Distribuidor), el ciudadano H.G.A., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 2.769, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad de comercio TRANSPORTE Y SERVICIOS DE CARGA HERSAN, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 16 de julio de 1993, bajo el N° 44 Tomo 47-A, en contra de la P.A. N° 946-04, de fecha 07 de diciembre de 2004, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS PLAZA Y Z.D.E.M..
En fecha 30 de noviembre de 2005, se le dio entrada al Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad. Se ordenó la notificación del Inspector del Trabajo de los Municipios Plaza y Z.d.E.M. a los fines de la remisión de los antecedentes administrativos del caso. Posteriormente, el día 08 de marzo de 2006, se admitió la presente causa y se ordenó la notificación del Fiscal General de la República y del Inspector del Trabajo de los Municipios Plaza y Zamora.
De conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, el 06 de junio de 2006 se ordenó librar el cartel de emplazamiento.
En fecha 29 de junio de 2006, compareció el abogado H.G., ya identificado, en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente y consignó la publicación del cartel. Asimismo se dio apertura al lapso probatorio el 26 de julio de 2006, siendo admitidas las pruebas promovidas por la parte accionante el día 25 de septiembre de 2006.
El 06 de diciembre de 2006, el abogado E.M.M., se avocó al conocimiento de la causa, en virtud de haber sido designado JUEZ PROVISORIO de este tribunal. De igual manera, se le concedió a las partes un lapso de diez (10) días de despacho para la reanudación de la causa.
DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE A LA SOLICITUD DE AMPARO INCOADA CONJUNTAMENTE CON RECURSO DE NULIDAD
Como punto previo, este Tribunal considera necesario referirse al procedimiento aplicable para la tramitación de la solicitud cautelar de amparo, interpuesta conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad.
Al respecto observa esta sentenciadora que en decisión de fecha 20 de marzo de 2001 (Caso: M.E.S.V.; Expediente No. 0904), la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia estableció, respecto del procedimiento a seguir en los casos de solicitudes de amparo incoadas conjuntamente con recurso contencioso administrativo de nulidad, el siguiente criterio que este Tribunal nuevamente comparte:
...a juicio de la Sala, al afirmarse el carácter accesorio e instrumental que tiene el amparo cautelar respecto de la pretensión principal debatida en juicio, se considera posible asumir la solicitud de amparo en idénticos términos que una medida cautelar, con la diferencia de que la primera alude exclusivamente a la violación de derechos y garantías de rango constitucional, circunstancia ésta que por su trascendencia, hace aún más apremiante el pronunciamiento sobre la procedencia de la medida solicitada.
En tal sentido, nada obsta a que en virtud del poder cautelar que tiene el juez contencioso-administrativo, le sea posible decretar una medida precautelativa a propósito de la violación de derechos y garantías constitucionales, vista la celeridad e inmediatez necesarias para atacar la trasgresión de un derecho de naturaleza constitucional.
Con tal objeto, y en tanto se sancione la nueva ley que regule lo relacionado con la interposición y tramitación de esta especial figura, la Sala Político-Administrativa estima necesaria la inaplicación del procedimiento previsto en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerar que el mismo es contrario a los principios que informan la institución del amparo, lo cual no es óbice para que la Ley continúe aplicándose en todo aquello que no resulte incongruente a la inmediatez y celeridad requerida en todo decreto de amparo. En su lugar, es preciso acordar una tramitación similar a la aplicada en los casos de otras medidas cautelares.
Se justifica, entonces, que una vez admitida la causa principal por la Sala, se emita al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la medida cautelar de amparo solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose así con el propósito constitucional antes acotado.
En ese sentido, es menester revisar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución del amparo en fuerza de la especialidad de los derechos presuntamente vulnerados. Dicho lo anterior, estima la Sala que debe analizarse en primer término, el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho constitucional alegado por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación.
Asimismo, debe el juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un verdadero perjuicio de los derechos constitucionales del accionante.
Por otra parte, considera esta Sala que la tramitación así seguida no reviste en modo alguno, violación del derecho a la defensa de la parte contra quien obra la medida, pues ésta podrá hacer la correspondiente oposición, una vez ejecutada la misma, siguiendo a tal efecto el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; procediendo entonces este M.T., previo el examen de los alegatos y pruebas correspondientes, a la revocación o confirmación de la medida acordada como consecuencia de la solicitud de amparo cautelar.
De igual modo, en el supuesto de declararse improcedente la medida de amparo constitucional así solicitada, cuenta la parte presuntamente agraviada con la posibilidad de recurrir a otras providencias cautelares dispuestas al efecto en nuestro ordenamiento jurídico.
En conclusión, propuesta la solicitud de amparo constitucional conjuntamente con una acción contencioso-administrativa de nulidad, pasará la Sala, una vez revisada la admisibilidad de la acción principal, a resolver de inmediato sobre la medida cautelar requerida; debiendo abrirse cuaderno separado en el caso de acordarse la misma, para la tramitación de la oposición respectiva...
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ALEGATOS DE LA PARTE QUERELLANTE
En primer lugar, la representación judicial de la parte querellante señala que la P.A. impugnada adolece de vicios que encuadran en los supuestos de nulidad absoluta, previstos en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, asimismo, es violatoria de los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entendiendo que el debido proceso y los aspectos que lo estructuran es aplicable a todo tipo de procedimiento administrativo o judicial, siendo la tutela judicial efectiva un derecho de todos los intervinientes en esos procesos. Asimismo, señala que en el presente caso se violentaron los derechos constitucionales de su representado al debido proceso, defensa y tutela judicial efectiva entre otros, y en consecuencia, el acto es nulo de nulidad absoluta, pues ella tenía derecho a ser notificada personalmente de los cargos que se le imputaban para así ejercer su derecho a la defensa.
Aduce la parte recurrente que en la presente causa existe el fummus bonis iuris, por cuanto le fueron violados a su mandante los derechos y garantías constitucionales, de igual manera alega que su representada se encuentra expuesta a la perdida de grandes cantidades de dinero, en caso que llegara a ejecutarse el acto administrativo impugnado, pues tendría que crear un cargo para el recurrente en virtud de que nunca fue trabajador de esa empresa , exponiéndose igualmente a que se le abran procedimientos de multas.
Con respecto al periculum in mora, señala la parte recurrente que el mismo se encuentra presente al someterse su representada a la amenaza de que los demandados, soliciten la apertura de un procedimiento sancionatorio o intenten un juicio de cobro de bolívares por los salarios caídos cuyo pago pretenden.
En virtud de los argumentos explanados, la parte querellante solicita con fundamento en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, se dicte medida cautelar innominada a los fines que se suspenda la ejecución del acto administrativo dictado por la Inspectoria del Trabajo de los Municipios Plaza y Z.d.E.M., contenido en la P.A. N° 946-04 de fecha 07 de diciembre de 2004, mediante la cual se ordenó a su representada el reenganche del ciudadano L.V.G., y el pago de los salarios caídos, hasta tanto se decida la presente demanda mediante sentencia definitiva, por cuanto de materializarse la ejecución decretada se causarían serios daños a su representada que serian irreparables.
DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA
Analizados los términos pasa este Tribunal a pronunciarse acerca de la procedencia de la solicitud de medida cautelar innominada formulada, lo cual hace en los términos siguientes: En tal sentido, se observa que el amparo conjunto constituye una medida cautelar que sólo requiere como fundamento un medio de prueba que constituye presunción grave de la violación o de la amenaza de violación, así como la consideración, por parte del Tribunal de que la suspensión de los efectos del acto recurrido resulta procedente como garantía del derecho constitucional violado mientras dure el juicio; es decir que la medida cautelar se revela como necesaria para evitar que el accionante, por el hecho de existir un acto administrativo, se vea impedido de alegar violación de derechos constitucionales. De ahí que la suspensión de sus efectos pretenda mantener sin ejecución el acto por la presunción grave de violación constitucional invocada en el amparo.
Al respecto es pertinente observar que el amparo ejercido en forma conjunta con el recurso de nulidad adquiere naturaleza cautelar, de allí que la decisión que adopte el Juez tiene una vigencia provisoria, sometida por ello a la decisión final del recurso de anulación; y su otorgamiento se fundamenta, debido a la celeridad requerida, sólo en presunciones, es decir, si existe en el expediente prueba que haga presumir la violación del derecho o garantía constitucional del accionante. Asimismo, cabe destacar que la instrumentalidad de las medidas preventivas típicas, como en el caso de autos, están dirigidas a sus efectos, no solo a un juicio cierto, sino a un juicio ya existente y sus efectos tienen vigencia hasta que se produzca la sentencia definitiva del juicio futuro. De igual forma, es de advertir por este Juzgador que para que se den estas medidas, la urgencia viene a ser la garantía de eficacia de estas medidas. La necesidad de un medio efectivo y rápido que intervenga en vanguardia una situación de hecho, es próvidamente suplida por las medidas cautelares. Esta es otorgada, visto el peligro en el retardo de la administración de justicia, originado ese retardo en aplicación del procedimiento del juicio principal, hasta llegar a la sentencia definitiva.Este carácter de urgencia de las medidas, presenta dos manifestaciones distintas, una, es la de simplicidad de las formas o trámites para lograr la rapidez en el tiempo y la superficialidad en el conocimiento previo de la materia de fondo, es decir, del derecho reclamado en sede principal, antes de proceder a la ejecución como tal. Por tanto, basta con que haya indicio fundado de peligro y de justicia en la pretensión del solicitante, para que el juez actúe recurrentemente.
Ahora bien, está en la potestad del Juez, apreciar la existencia o no de la presunción del derecho reclamado. Este juicio preliminar objetivo, que se hace en las medidas cautelares, no ahonda ni juzga sobre el fondo del problema. En el ámbito de las medidas cautelares el conocimiento se encuentra limitado a un juicio de probabilidades y de verosimilitud y su resultado vale no como declaración de certeza sino de hipótesis; esto, visto que el juez no puede invadir el fondo del asunto el cual será conocido en el juicio principal.Bajo estos parámetros, y sentado lo anterior previo análisis del asunto debatido, este Tribunal debe determinar si en el presente caso se cumplen con los requisitos para la procedencia del mandamiento cautelar de amparo, es decir si existen elementos que permitan presumir las violaciones constitucionales alegadas por la parte recurrente.
Para lo cual, resulta forzoso para este Juzgador verificar si existe, en primer lugar, el fumus boni iuris, ello con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales que se reclaman y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste que se determina por la sola constatación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación.
En el caso de autos, el ciudadano H.G.A., ya identificado en autos, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad de comercio TRANSPORTE Y SERVICIOS DE CARGA HERSAN, C.A., solicita se suspenda la ejecución del acto administrativo impugnado, pues de materializarse la ejecución decretada se causarían serios daños a su representada que serian irreparables.
Ahora bien, observa este Sentenciador que dicho petitorio se corresponde con el fondo de la pretensión principal del caso bajo análisis, por lo que este Tribunal, al emitir un pronunciamiento referente a la medida cautelar solicitada, estaría tocando el fondo del asunto debatido, lo cual le está vedado al Juez en la etapa cautelar, y así se decide.
DECISIÓN
Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por el ciudadano H.G.A., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 2.769, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad de comercio TRANSPORTE Y SERVICIOS DE CARGA HERSAN, C.A., en contra de la P.A. N° 946-04, de fecha 07 de diciembre de 2004, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS PLAZA Y Z.D.E.M..
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en la ciudad de Caracas, a los trece (13) días del mes de abril de dos mil siete (2007).- Año 196° de la Independencia y 148° de la Federación.-
JUEZ PROVISORIO
E.M.M..
LA SECRETARIA,
M.G.J..
En esta misma fecha, siendo las 3:20 p.m.; se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,
M.G.J..
Exp. 5083/EMM
