Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 23 de Marzo de 2009

Por otro lado, ha quedado constatado en autos que la pretensión de la parte demandante se encuentra destinada: i) a que se le reconozca como legítima propietaria del cien por ciento (100%) del apartamento No. 172 del edificio Colibrí (identificado ab-initio); ii) y que se declare que la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada (en el juicio de cobro de bolívares seguido por INVERSIONES PALO Y MEDIO C.A. Vs. B.B.T.) sobre el referido inmueble, a su decir, lo fue sobre un bien que no es propiedad del demandado.

La representación judicial de la parte tercerista, en su libelo también señaló:

…En Fecha Diez Ocho (Sic.) de Julio del 2003 la empresa INVERSIONES PALO Y MEDIO, C. A , …INCOA Demanda por el PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN según lo previsto en el Artículo 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil contra el ciudadano BENNY BERLA TESTA…

(Omissis…)

De igual forma y para garantizar los Derechos pretendidos Solicita, de conformidad con el Artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, que el ciudadano Juez Decrete MEDIDA PRECAUTELATIVA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los Derechos de Propiedad de un Bien Inmueble que el Demandado B.B.T. posee en CO-PROPIEDAD, constituido por un Apartamento distinguido con el No. 172, Planta Tipo 17 ubicado en el Edificio Colibrí, perteneciente al CONJUNTO RESIDENCIAL DEL CENTRO, Avenida Bermúdez No. C-3, Lote C de la ciudad de Maracay del Estado Aragua….Indica el DEMANDANTE que dicho Bien le pertenece al Demandado…

(Omissis…)

La Medida Precautelativa de Prohibición de Enajenar y Gravar solicitada, fue ACORDADA el Tribunal de la Causa en fecha QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DEL 2003 POR OFICIO No. 1738, RECIBIDO POR LA APODERADA ACTORA EN LA MISMA FECHA.- dicho Oficio No.1738 de fecha 15-09-2003 fue RECIBIDO POR LA OFICINA SUBALTERNA DEL PRIMER CIRCUITO DE REGISTRO DEL DISTRITO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA EN FECHA DIEZ Y NUEVE (19) de SEPTIEMBRE del 2003…AUN CUANDO ESE CINCUENTA POR CIENTO (50%) YA NO PERTENECIA AL DEMANDADO EN VIRTUD DEL REGISTRO EFECTUADO CON FECHA ANTERIOR DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO Y PARTICION DE BIENES DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, EMANADA DEL TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DEL ESTADO ARAGUA, MEDIANTE LA CUAL B.B.T., EL DEMANDADO, HABIA CEDIDO A SU EXCONYUGE, CIUDADANA C.T.L., EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD QUE ANTERIORMENTE POSEIA SOBRE DICHO INMUEBLE.

(Omissis…)

Por las razones anteriormente expuestas es por lo que respetuosamente ocurrimos ante el señor Juez, de conformidad con lo previsto en los Artículos 26 y 49 de la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los Artículos 370, Ordinal 1° , 371, y 377 del Código de Procedimiento Civil a los f.d.D. como en efecto DEMANDAMOS FORMALMENTE a la empresa mercantil de este domicilio denominada INVERSIONES PALO Y MEDIO C.A,…

(Sic)

La defensa desplegada por la mencionada empresa INVERSIONES PALO Y MEDIO C.A. en el acto de contestación se centró en los siguientes elementos que se mencionan y analizan a continuación:

I Cuestionamiento de la decisión que disolvió el vínculo conyugal y del efecto frente a los terceros.

En el acto de contestación de la demanda, la representación judicial de la referida empresa adujo, mutatis mutandi, que la decisión que el 26 de abril de 2000 que declaró con lugar la conversión de la solicitud de separación de cuerpos y de bienes en divorcio contiene dos pronunciamientos: (i) el divorcio y; (ii) la liquidación de los bienes conyugales, manifestando que lo ajustado a derecho es tener como inexistente y dejar sin efecto el dispositivo que indica “Cúmplase y liquídese la comunidad conyugal según lo acordado entre los mencionados cónyuges en el referido escrito se separación de cuerpos y de bienes” (sic).

Esta Superioridad observa, que cuando la separación de cuerpos y de bienes consta en la misma solicitud (en caso de existir entre ellos régimen patrimonial), dicha petición conjunta está autorizada por el legislador cuando aquella se presenta por ambos cónyuges (mutuo consentimiento), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Código Civil, el cual establece:

En todo caso de separación de cuerpos, cualquiera de los cónyuges podrá pedir la separación de bienes, pero, si aquélla fuere por mutuo consentimiento, la separación de bienes no producirá efectos contra terceros, sino después de tres meses de protocolizada la declaratoria en la Oficina Subalterna de Registro del domicilio conyugal.

De modo, que la norma antes transcrita faculta claramente a realizar de forma conjunta tanto la separación de cuerpos como de bienes cuando las mismas se efectúan con mutuo consentimiento entre los cónyuges, por lo que la expresión “cúmplase y liquídese la comunidad conyugal según lo acordado entre los mencionados cónyuges en el referido escrito se separación de cuerpos y de bienes” emitida en el fallo del 26 de abril de 2000 por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, estuvo apegada a la referida norma, no siendo susceptible de ser anulada ni siquiera de forma parcial, por lo menos a través del procedimiento planteado en el juicio principal de cobro y menos en la presente litis de tercería, máxime si se trata de un proceso distinto al de marras, y en el cual ya se produjo cosa juzgada, resultando improcedente la petición de la parte recurrente.

2. Oponibilidad de la separación de cuerpos.

Aduce la representación de INVERSIONES PALO Y MEDIO C.A. que “la separación de bienes” no le es oponible por cuanto no trascurrieron los tres (03) meses a que se contrae el artículo 190 del Código Civil para que pueda hacerse valer contra terceros, ya que el 15 de septiembre de 2003 fue decretada la medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el apartamento No. 172, planta 17, del edificio Colibrí, conjunto Residencial del Centro Avenida Bermúdez, Maracay, Estado Aragua, en tanto que el 17 de septiembre de ese mismo mes y año fue protocolizada la separación de bienes.

Motivado al cuestionamiento formulado por INVERSIONES PALO Y MEDIO C.A., se desplazó la carga probatoria de la parte tercerista, quien produjo copia certificada del documento de separación de cuerpos y de bienes protocolizado el 17 de septiembre de 2003 por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Girardot del Estado Aragua, la cual tiene el valor previsto en el artículo 1384 del Código Civil.

Del mencionado instrumento se desprende que la protocolización se realizó el 17 de septiembre de 2003, en tanto que la medida acordada por el A-quo (el 15-09-2003) fue recibida por la Oficina Inmobiliaria con posterioridad el 19 de septiembre de 2003.

De modo que, en el presente caso cuando fue recibida por la Oficina de Registro Inmobiliario la participación de la medida de prohibición de enajenar y gravar (19-09-2003), ya se encontraba protocolizada desde el 17-09-2003 la separación de cuerpos y de bienes que asignaba la propiedad del 50% del apartamento identificado Ab-initio a la ciudadana C.T.L..

Ha quedado precisado en autos que en la oportunidad de la contestación de la demanda, el ciudadano B.B.T., luego de darse por citado (el 14-06-2005) y otorgar poderes a los abogados P.G.N. y L.M.B., no concurrió a la misma por sí mismo ni por intermedio de letrado, ni promovió prueba alguna en la fase probatoria y a sabiendas de que había cedido a su excónyuge el inmueble sobre el cual recayó la medida, no participó de ello al Tribunal de la causa, en clara violación a los principios de lealtad y probidad en el proceso, ni ejerció defensa a su favor.

En cuanto a la co-demandada INVERSIONES PALO Y MEDIO C.A., se desprende de autos que esta sí dio contestación (el 13-07-2005) a la demanda de tercería, alegando la nulidad de la disposición de “cúmplase y liquídese la comunidad conyugal según lo acordado entre los mencionados cónyuges en el referido escrito se separación de cuerpos y de bienes” proferida en el fallo del 26 de abril de 2000 por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y adicionalmente, argumentando que los efectos de esa liquidación amistosa producirían efectos frente a terceros sólo después de los tres meses posteriores.

Ahora bien, en la sentencia del A-quo se constató que el demandado B.B., en el juicio principal de cobro de bolívares (vía intimatoria) que originó la presente tercería, fue intimado personalmente y, aún así, no formuló oposición al decreto intimatorio, lo que generó la inmediata firmeza de las cantidades denunciadas como insolutas por el accionante (INVERSIONES PALO Y MEDIO C.A.), hecho que no fue objetado por la representación de la parte recurrente al momento de cuestionar el fallo que hoy es objeto de recurso.

Igualmente, al momento de incoarse la presente tercería, se observa que el co-demandado B.B.T., esta vez, no pudo ser citado de forma personal, siendo que sí se había logrado intimar personalmente en el juicio de cobro de bolívares que originó esta litis, constituyendo a posteriori su representación judicial (folio 83), pero sin proceder a contestar la demanda de marras, hechos naturalmente atípicos.

Saltan a la vista las sutilezas y extrañas actuaciones desplegadas por los apoderados judiciales tanto de la sociedad mercantil INVERSIONES PALO Y MEDIO C.A. como del ciudadano B.B., las cuales en su conjunto, constituyen indicios de mala fe y violación a los principios de probidad y lealtad procesal previstos en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil al llevarse a cabo actos o conductas tendentes a que el decreto intimatorio acordado por el Juzgado de la causa quedase firme y que sobre el inmueble (50% de éste) recayera primero medida de prohibición de enajenar y gravar y posteriormente embargo ejecutivo, siendo que el bien pertenecía íntegramente a la ciudadana C.L. (tercerista), quien por cierto no fue tampoco llamada o citada para ese proceso.

El artículo 17 del Código de Procedimiento Civil establece:

El Juez deberá tomar de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesales, o cualquier acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes.

Igualmente, el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil dispone:

“Las partes, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar en el proceso con lealtad y probidad. En tal virtud, deberán:

1 ° Exponer los hechos de acuerdo a la verdad;

2. No interponer pretensiones ni alegar defensas, ni promover incidentes, cuando tengan conciencia de su manifiesta falta de fundamentos;

3. No promover pruebas, ni realizar, ni hacer realizar, actos inútiles o innecesarios a la defensa del derecho que sostengan.

   Parágrafo Único: Las partes y los terceros que actúen en el proceso con temeridad o mala fe son responsables por los daños y perjuicios que causaren.

   Se presume, salvo prueba en contrario, que la parte o el tercero han actuado en el proceso con temeridad o mala fe cuando:

1. Deduzcan en el proceso pretensiones o defensas, principales o incidentales, manifiestamente infundadas

2. Maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales a la causa;

3. Obstaculicen de una manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso.

   En este sentido, respecto del fraude y el dolo procesal la Sala Constitucional del nuestro M.T. señaló:

   El fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero. Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o por el concierto de dos o más sujetos procesales, caso en que surge la colusión; y pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones jurídicas (como ocurre en el proceso no contencioso), y mediante la apariencia procedimental lograr un efecto determinado; o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre justicia correctamente.

   (…Omissis…)

   Se está ante una actividad procesal real, que se patentiza, pero cuyos fines no son la resolución leal de una litis, sino perjudicar a uno de los litigantes o a los terceros (incluso ajenos a cualquier proceso)…

   (…Omissis…)

   Cuando el dolo procesal estricto es detectado, por aplicación del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, el remedio es la nulidad de los actos dolosos, declaración que puede plantearse en el proceso donde aquél ocurre, o cuya declaración se logra por la vía de la invalidación, si fuere el caso, como lo prevén los ordinales 1° y 2° del artículo 328 eiusdem.

   (Sent. No. 0910, de fecha 04 de agosto de 2000)

   De ahí, que siendo evidenciado el concierto en que incurrieron los aquí co-demandados, generando el dolo procesal en la causa que motivo la tercería y en esta litis inclusive, estuvo con miras a afectar el derecho de un tercero ajeno al juicio como resultó ser la ciudadana C.T.L., resulta forzoso declarar la inexistencia de la medida preventiva y ejecutiva decretada en el juicio de cobro de bolívares incoado por INVERSIONES PALO Y MEDIO C.A. contra B.B.T. sobre el cincuenta por ciento (50%) de un inmueble, identificado Ab-initio, que ya había sido cedido con anterioridad (el 26-04-2000) protocolizada el 17-09-2003, habiéndose pretendido defraudar la nuda propiedad de la ciudadana C.L..

   Igualmente, por efecto de la declaratoria de la existencia del dolo procesal y de los artificios empleados en la causa de cobro de bolívares, como en la de marras, la defensa de la parte co-demandada (INVERSIONES PALO Y MEDIO C.A.) respecto de que los efectos de la liquidación amistosa de los bienes de la comunidad conyugal sólo producirían efectos frente a terceros después de los tres meses posteriores a la fecha de su registro, que fue denunciada como parte del artificio procesal, no ha de ser considerada, en beneficio de quien ha coadyuvado en la violación de los principios de lealtad y probidad. Y así se decide.

   La representación de INVERSIONES PALO Y MEDIO C.A,. en un intento de socavar la pretensión de la parte tercerista, adujo un supuesto fraude entre B.B.T. y C.L., cuestión que fue planteada en los informes ante esta Alzada por primera vez, y no en el acto de contestación de la demanda, oportunidad en la que debió denunciarse toda vez que todos los hechos que cuestionaban el procedimiento de intimación fueron planteados en el propio libelo y debieron ser rechazados en forma defensiva conforme al artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, ya que es en el acto de la litis contestatio donde el demandado debe expresar con claridad si contradice en todo o en parte la acción.

   De manera que, desde el mismo instante en que fue interpuesta la demanda de tercería y contestada ésta, la parte accionada conocía los hechos constitutivos de la pretensión, por lo cual se desplazaba a ella la carga probatoria de los hechos impeditivos, modificativos o extintivos de la pretensión principal, por lo que causa extrañeza que se plantee ante esta Superioridad por primera vez esa defensa, que por cierto, no se sustenta en ningún elemento probatorio y es contraria a la lógica que pueda pensarse que un cónyuge como B.B.T., se haya unido a su otro excónyuge C.L. para defraudarse ambos en el patrimonio, permitiendo que quede firme una demanda. por lo tanto se desestima la referida alegación de la representación de INVERSIONES PALO Y MEDIO C.A.

   De ahí que, habiendo sido evidenciado la falta de probidad y lealtad procesal de los co-demandados, deberá declararse inexistente tanto la medida precautelativa de prohibición de enajenar y gravar decretada el 15-09-2003 y cualquier otra medida sucedánea, que haya recaído sobre el inmueble con motivo del proceso principal ante referido. Igualmente, se declara como única y exclusiva propietaria del inmueble constituido por un apartamento distinguido con el Nº 172, planta Nº 17 del Edificio Colibrí, ubicado en el Conjunto Residencial El centro, Avenida Bermúdez N° C-3, lote C, Maracay, Estado Aragua.

   En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional conforme al principio de Reformatio In Peius considera forzosa la confirmatoria del fallo proferido en fecha 06 de marzo de 2007 por el Juzgado Tercero en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, debiendo condenar en costas a la parte recurrente por haber resultado vencida en la presente recurso de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.

   IV

   DE LA DECISION

   Por las razones precedentes, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta la siguiente sentencia:

Se CONFIRMA, con base en una motivación distinta, la sentencia de fecha 06 de marzo de 2007 dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró CON LUGAR la demanda de tercería presentada por la ciudadana C.T.L. en contra de la Sociedad Mercantil INVERSIONES PALO Y MEDIO C.A., y el ciudadano B.B., en cuyo dispositivo se estableció:

PRIMERO: CON LUGAR la demanda de TERCERÍA presentada por la ciudadana C.T.L., en contra de la sociedad mercantil INVERSIONES PALO Y MEDIO, C. A. y el ciudadano B.B.T.;

SEGUNDO: como consecuencia del pronunciamiento que antecede, se declara a la ciudadana C.L. legítima propietaria de la totalidad del inmueble ubicado en el edificio Colibrí, distinguido con el Nº 172, ubicado en la planta 17, Conjunto Residencial del Centro, Avenida Bermúdez, Maracay, Estado Aragua;

TERCERO: por el resguardo del orden público y con fundamento en los artículos 11, 17 y 587 del Código de Procedimiento Civil, se declaran inexistentes las medidas preventiva y ejecutiva decretadas con motivo del juicio que por cobro de bolívares sigue INVERSIONES PALO Y MEDIO, C. A. contra el ciudadano B.B., sobre el cincuenta por ciento (50%) de un inmueble que corresponde en propiedad a la ciudadana C.L..

Se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial de la co-demandada en tercería INVERSIONES PALO Y MEDIO C.A., produciéndose la respectiva condenatoria en costas respecto del recurso de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil;

Publíquese, regístrese y notifíquese la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en la Ciudad Capital, a los Veintitrés (23) días del mes de Marzo de dos mil nueve (2009).

EL JUEZ,

Dr. A.C.E.

LA SECRETARIA,

Abg. A.M.V.

En esta misma fecha, previo el enuncio de Ley se publicó y registró la anterior decisión siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.)

LA SECRETARIA,

Abg. A.M.V.

ACE/AMV/ralven/ivanrod

Exp. Nº 9807

DEF