Decisión nº 052-2010 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 4 de Mayo de 2010

Se inicia la presente causa mediante oficio Nº GTI-RCO-DJT-ARAJ-MCT-2005-005455 enviado por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), recibido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) Civil del Estado Lara el día 16 de junio de 2005 y distribuido a este tribunal el 20 de junio de 2005, mediante el cual se remitió recurso contencioso tributario interpuesto subsidiariamente al recurso jerárquico incoado el 30 de junio de 1998, por el ciudadano Carlos D´ Ariano, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.542.306, en su carácter de representante legal de la firma unipersonal Butty Boutique, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el N° 129, Tomo 1-B, en fecha 01 de febrero de 1994, ubicada en la carrera 17, esquina calle 42, N° 41-88, Barquisimeto, Estado Lara e inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° V-09542306-6, en contra de la Resolución N° SAT-GTI-RCO-600-000524 y planillas de liquidación desde la Nº 031063002249 hasta la 031063002267, todas de fecha 20 de febrero de 1998, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), recurso administrativo que fue declarado parcialmente con lugar mediante Resolución Nº GJT-DRAJ-A-2005-1177 de fecha 29 de abril de 2006, emitida por la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y que fue enviada sin que conste en autos su notificación.

El 07 de julio de 2005, se le dio entrada al recurso contencioso tributario subsidiario, ordenándose librar la notificación a la recurrente, notificación que fue consignada sin practicar en fecha 30 de noviembre de 2005, dejando constancia el alguacil de que la recurrente no existe en lugar referido para la práctica de la notificación.

El 07 de diciembre de 2005, se ordenó notificar a la recurrente mediante cartel, según lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Tributario, dejándose constancia en fecha 11 de enero de 2006, que el día 10 de enero de 2006 venció el lapso de diez (10) días de despacho previsto en el mencionado artículo.

El 22 de febrero de 2007, la Dra. M.L.P.G., se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenando la notificación de las partes así como de la Procuraduría General de la República, sobre la notificación del prenombrado abocamiento.

El 03 de julio de 2007, se consignó la notificación dirigida a la Procuraduría General de la República, debidamente firmada en fecha 18 de mayo de 2007 y en esa misma fecha, el alguacil consignó la notificación dirigida a la recurrente sin practicar, dejando constancia de que la contribuyente no existe en el lugar referido para la práctica de la notificación.

El 04 de octubre de 2007, la representación fiscal diligenció solicitando la declaratoria de perención y extinción de la instancia y el 22 de octubre de 2007, el tribunal dejó expresa constancia que una vez constara en autos la última de las notificaciones del abocamiento, se dictaría pronunciamiento con relación a la prenombrada diligencia.

El 01 de abril de 2008, se ordenó notificar a la recurrente, mediante cartel publicado según lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Tributario, dejándose constancia en fecha 17 de abril de 2008, que el día 16 de abril de 2008, venció el lapso de diez (10) días de despacho previsto en el precitado artículo.

El 15 de marzo de 2010, la jueza temporal se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenando notificar a las partes y a la Procuraduría General de la República sobre el abocamiento formulado.

El 18 de marzo de 2005, el alguacil consignó boleta de notificación de la contribuyente sin practicar, dejando constancia de que la contribuyente no existe en lugar referido para la práctica de la notificación, por lo que el 19 de marzo de 2005, se ordenó notificar a la recurrente mediante cartel de conformidad con lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Tributario, dejándose constancia en fecha 12 de abril de 2010 del vencimiento del lapso de diez (10) días de despacho, al que hace alusión el prenombrado artículo.

El 22 y 23 de marzo de 2010, se consignaron boletas de notificaciones de la Procuraduría General de la República y la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), debidamente firmadas y selladas el 17 y 18 de marzo de 2010 respectivamente.

II

Consideraciones para decidir

Notificadas las partes, este tribunal procede pronunciarse sobre la diligencia presentada el 4 de octubre de 2007, mediante la cual la representación fiscal solicita se declare la perención de la instancia y en este sentido, se realizan las siguientes consideraciones:

Los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en materia tributaria por remisión expresa del artículo 332 del Código Orgánico Tributario, establecen:

Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…

Artículo 269. La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos…., es apelable libremente

.

Por su parte, el artículo 265 del Código Orgánico Tributario dispone:

Artículo 265.- La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención.

Así pues, del análisis concatenado del artículo 265 del Código Orgánico Tributario y del encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se determina que ambas normas son idénticas. Por otro lado, es menester señalar que sobre la institución procesal de la perención, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 00126 de fecha 19 de febrero de 2004, ha señalado lo siguiente:

…es necesario destacar que la perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo para la culminación del procedimiento, en el sentido de que la declaratoria que a bien tenga proferir el operador de justicia, no produce cosa juzgada material, pudiéndose interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal.

Erígese entonces, el instituto procesal en referencia, como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que por la desidia de las partes los procesos se perpetúen en el tiempo y los órganos de administración de justicia se encuentren en la obligación de procurar la composición de causas en las cuales no existe ningún tipo de interés por parte de los sujetos procesales. De esta forma, el legislador adjetivo consagró la perención de la instancia, en los siguientes términos:

Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención. (...)”

De la norma transcrita supra, dimana con meridiana claridad, que el supuesto de procedencia de la figura procesal en análisis, está configurado por dos requisitos de carácter concurrentes, a saber: la inactividad de las partes y el transcurso de un año.

Obsérvese, pues, que el legislador procesal omitió en el dispositivo legal antes citado, el elemento volitivo de las partes, es decir, no se requiere para que opere la perención de la instancia, precisar si la inactividad de éstas responde a un elemento que les sea imputable. Por el contrario, con la sola verificación de los requisitos aludidos anteriormente procede de pleno derecho, bastando entonces un pronunciamiento mero declarativo dirigido a reconocer la terminación del proceso por esta vía.

Tampoco es necesario a los fines de aplicar la figura procesal in commento, que todas las partes se encuentren a derecho, toda vez que existe en nuestro ordenamiento jurídico procesal, la perención en fase de citación, la cual opera inclusive, en un período inferior a un año, específicamente en los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido con las obligaciones impuestas por la Ley a los fines de citar al demandado (artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil). En consecuencia, la obligación del juez contencioso tributario de notificar a la Administración de la existencia del recurso, establecida en el artículo 191 del Código Orgánico Tributario vigente para la fecha, no debe ser considerada un obstáculo para que opere la perención de la instancia, constituyéndose en carga procesal del recurrente, instar las notificaciones de Ley.

Bajo tales premisas, la Sala observa que en el caso de autos la sociedad mercantil Super Octanos, C.A., a través de su apoderado judicial, interpuso el presente recurso contencioso tributario, en fecha 29 de marzo de 2000. Por auto de fecha 04 de abril de 2000, el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario le dio entrada al recurso, ordenando la solicitud del expediente administrativo y la emisión de las boletas de notificación requeridas a los fines de imponer a la Contraloría y a la Procuraduría General de la República, así como al Fisco Nacional, del conocimiento de dicho recurso; no existiendo ningún tipo de acto de procedimiento sucesivo al anterior, sino hasta el día 06 de julio de 2001, fecha en la cual la representación fiscal solicitó se declarase la perención de la instancia, con lo cual queda en evidencia que en el caso bajo análisis, el período de inactividad de las partes superó sobradamente el lapso establecido en la norma anteriormente transcrita. Por tanto, debe esta Sala declarar sin lugar la presente apelación. Así se declara.

Finalmente, la Sala considera oportuno destacar que la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva consagrada en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es óbice para la aplicación de mecanismos procesales como la perención de la instancia, habida cuenta que si bien el proceso constituye materia de orden público, la obligación del Estado de facilitar el libre acceso a la justicia y dar oportuna respuesta a las causas que sean sometidas a su conocimiento, no le impone el deber de subrogarse en el interés procesal de las partes…

En sintonía con el criterio supra trascrito, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 01584, de fecha 26 de septiembre del 2007, Exp. Nº 2002-0684, señaló lo siguiente:

…En orden a lo anterior, debe esta M.I. realizar algunas consideraciones respecto a la institución de la perención de la instancia, la cual constituye un medio de terminación procesal que opera por la inactividad de las partes, en el sentido de que el pronunciamiento proferido por el operador de justicia que declare la perención no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pudiendo el accionante interponer nuevamente la demanda o recurso en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.

En sintonía con lo indicado, se ha dicho que el propósito de la perención es evitar que los procesos se perpetúen cuando resulte evidente que no existe interés de los sujetos procesales en la continuación de la causa…

… Asimismo, es preciso señalar que esta Sala en sentencias Nos. 02968 de fecha 20 de diciembre de 2006, caso Up-Line Publicidad, C.A.; 00291 del 15 de febrero de 2007, caso Iluminacion Total C.A. y 00714 del 16 de mayo de 2007, caso Inversiones Karlan C.A., siguiendo el criterio emanado de la Sala Constitucional en decisión N° 853 del 5 de mayo de 2006, y el cual una vez más se ratifica mediante el presente fallo, estableció lo siguiente:

El decreto de la perención, por el transcurso de más de un año sin actividad de las partes, ha sido considerado por esta Sala Constitucional como una sanción del legislador frente a la inactividad de las partes. Así en la sentencia N° 956/01 del 1 junio, se dejó sentado lo siguiente:

‘…También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención’.

Así las cosas, aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o/a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia.

Es necesario destacar, que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y que nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código Procedimiento Civil ...

.

Establecido lo anterior, conviene señalar que para el caso del recurso contencioso tributario interpuesto en forma subsidiaria, se requiere la notificación al recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio, de no ser posible esta notificación, se dejará constancia de esta circunstancia en el expediente y se fijará un cartel en la puerta del tribunal, dándose un término de diez (10) días de despacho, vencidos los cuales se entenderá que el recurrente está a derecho, lo cual ocurrió en el presente asunto el 10 de enero de 2006, por lo que se considera que la recurrente fue debidamente notificada de la entrada del recurso y se entiende que está a derecho, así como también lo está la Administración Tributaria Nacional, quien se considera a derecho por el hecho de haber remitido el recurso contencioso tributario subsidiario, amén de la diligencia presentada por la representación fiscal el 4 de octubre de 2007.

En consonancia con ello y como quiera que, conforme al criterio de la Sala Político Administrativa, lo que se requiere para que opere la perención, es que exista inactividad procesal, que la omisión se prolongue por más de un (1) año conforme lo señala el artículo 265 Código Orgánico Tributario y que la causa no se encuentre en estado de sentencia, este tribunal observa que tales condiciones se verifican en el caso sub lite, dado que la consignación en el expediente de la copia del cartel se realizó el 11 de enero de 2006, por lo cual es a partir del día siguiente, 12 de enero de 2006 cuando se comienza a contar el lapso de un (1) año, verificándose de acuerdo al cómputo realizado en este Despacho conforme a lo previsto en el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por remisión del artículo 332 del Código Orgánico Tributario, que desde el día 12 de enero de 2006 hasta el 03 de octubre de 2007, fecha anterior a la diligencia presentada por la representante de la República, transcurrió más de un (1) año, sin que las partes hubiesen realizado algún acto de procedimiento para dar impulso procesal al presente asunto, por lo que resulta forzoso para este Tribunal declarar la perención de la instancia, conforme a lo previsto en los artículos 269 y 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, aplicable por remisión del artículo 332 del Código Orgánico Tributario. Así se decide.

III

Decisión

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara consumada la perención y en consecuencia, extinguida la instancia en la presente causa.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes, así como a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la República, de conformidad con lo previsto en los artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 12 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, en concordancia con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 277 y el artículo 278, ambos del Código Orgánico Tributario.

Déjese copia certificada de la presente decisión, conforme con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil vigente.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

La jueza temporal,

Abg. Xioely A.G.T..

El secretario,

Abg. F.M..

En horas de despacho del día de hoy, 4 de mayo de 2010, siendo las diez y y veinticinco de la mañana (10:25 A.M.) se publicó la presente decisión.

El secretario,

Abg. F.M..