Decisión de Juzgado Superior del Trabajo de Apure, de 16 de Mayo de 2006

Que durante que período la empresa PRIDE INTERNACIONAL C.A., estuvo a cargo del Taladro Perforación de Pozos Petroleros CORPOVEN 08.

Que durante que tiempo laboró para la empresa PRIDE INTERNACIONAL C.A., en el Taladro CORPOVEN-08, el ciudadano C.C., titular de la Cédula de Identidad N° 10.012.201.

Cualquier otro particular al cual haga referencia en el momento de practicar la Inspección Judicial, y que sean de interés en la decisión de la presente causa. En fecha 13 de febrero de 2001, el Tribunal de la causa se trasladó y constituyó en el sitio solicitado, por la parte promovente, pero no pudo llevar a cabo dicha inspección en virtud de que la obra para esa época ya había culminado y no existía ningún hecho u objeto que percibir a través de los sentidos, además de que la persona que fue interrogada declaró no tener conocimiento de los hechos puesto que tenía poco tiempo en la Empresa, por lo tanto esta alzada no tiene prueba que valorar. Así se decide.

Pruebas de la parte demandada

Con la contestación de la demanda.

No promovió pruebas.

En el lapso probatorio

- Promovió el valor y mérito de las constancias de reposo en original y copias marcadas “A” cursante a los folios del 74 al folio 79, a los fines de probar la suspensión real la cual fue a partir del 09 de marzo de 1998 hasta mayo del 2000. A estas pruebas este Juzgador no les da valor probatorio, ya que las mismas no fueron ratificadas mediante la prueba de testigos. Así se decide.

- Promovió el valor y merito de informe médico cursante a los folios del 9 al 12 donde se evidencia la evolución del paciente, y que padecía hernia discal antes de ingresar a la Empresa. Quien aquí Juzga, a esta prueba le da valor probatorio, en virtud de que fue ratificado mediante la prueba testimonial de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil en fecha siete (07) de junio del año 2001, cursante al folio doscientos cincuenta y cinco (255). Así se decide.

- Promovió el valor y mérito de informe médico consignado en copia simple marcado “B”, cursante al folio ochenta (80) de fecha 10-05-00, emitido por la Dra. L.Q., donde se evidencia el diagnostico final del actor el cual es Lumbalgia. A esta prueba este Juzgador no le da valor, la misma no fue ratificada mediante la prueba de testigo de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

- Promovió el valor del legajo de recibos de pago cursantes desde el folio 81 hasta el folio 191, donde se observa que el actor estuvo en reposo desde el 09 de marzo de 1998 hasta que egresó en mayo del 2000. y que no le fue diagnosticada una incapacidad absoluta y permanente para el mes de octubre de 1999. Quien aquí Juzga a esta prueba le da valor de conformidad con lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

- Promovió el valor y mérito de recibos de pago de utilidades marcados “D”, cursante a los folios del ciento ochenta y seis (186) al folio ciento noventa y uno (191). Este Juzgador a esta prueba le da valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 444 del Código de procedimiento Civil. Así se decide.

- Promovió el valor de confesión calificada contenida en el libelo referida a su fecha de ingreso en su representada. Quien aquí Juzga no la valora en virtud de que la misma forma parte de las pretensiones del actor. Así se decide.

- Promovió el valor de la incapacidad decretada al demandante de autos aceptada por el mismo, de un 85%, marcada “E”. Quien aquí Juzga le da valor probatorio a esta prueba, de conformidad con lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

- Promovió el valor y mérito del recibo de pago por parte de C.C. a su representada en el que se determina que recibió a su entera satisfacción la cantidad de (Bs. 7.789.273,76) por concepto de Incapacidad Legal como Contractual y con el salario normal y el salario básico de acuerdo a la Ley y a la Contratación Colectiva, y que además aceptó la incapacidad decretada. Este Juzgador le da valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, con ella se prueba el pago que recibió el ciudadano C.C.. Así se decide.

- Promovió a todo evento, el valor y mérito de la cláusula 69 particular 14 de la Convención Colectiva de la Industria Petrolera, en cuanto al pedimento referido a la continuidad laboral. La misma por formar parte del Ordenamiento Jurídico Venezolano en aplicación del principio IURA NOVIT CURIA se presume conocida por el Juez. Así se decide.

- Promovió el valor y mérito de la planilla de liquidación contenida al folio 13 del presente expediente. Dicha prueba fue precedentemente valorada. Así se decide.

DE LOS INFORMES

En primera instancia

Las partes no presentaron informes

En segunda instancia.

La parte demandada en fecha dos (02) de agosto de 2002, presentó escrito de informes, en los cuales señala que la sentencia proferida por el Tribunal A-quo al declarar sin lugar la demanda debió condenar a la parte vencida totalmente al pago de las costas y no exonerarla del pago de las mismas.

En la oportunidad procesal, la apoderada judicial de la parte demandante presentó escrito de informes reproduciendo los mismos alegatos expuestos en el libelo de demanda, lo explanado en la contestación de la demanda, los hechos admitidos por la accionada, señala las pruebas que produce, así como las documentales incorporadas a la causa. Concluye que el Juez debe tomar en cuenta que se ha producido la figura jurídica de sustitución de patrono, que la empresa debe indemnizar al trabajador por Incapacidad Absoluta y Permanente de forma legal y contractual, y que debe revocar totalmente el fallo de Tribunal A quo.

MOTIVOS PARA DECIDIR

Para decidir la apelación planteada por la parte demandante, previamente debe esta alzada resolver en primer término la sustitución de patrono alegada por la parte actora, en segundo lugar la determinación del tipo de Incapacidad sufrida por el demandante, la enfermedad profesional y el régimen jurídico aplicable, al caso de autos y por verificar la legalidad en derecho de la pretensión de la parte actora, frente a la excepción o defensa de la demandada y en tal sentido se ha de advertir:

La sustitución de Patrono.

A la luz de la Ley Orgánica del Trabajo, existirá sustitución de patrono cuando se transmita la propiedad, la titularidad o la explotación de una empresa de una persona natural o jurídica a otra, por cualquier causa, y continúen realizándose las labores de la empresa, es decir, continúa la misma actividad económica o, al menos, la prosigue sin alteraciones esenciales. Así mismo cuando el nuevo patrono continúe en el ejercicio de la actividad anterior con el mismo personal e instalaciones materiales, independiente del cambio de titularidad de la empresa.

En este sentido es necesario señalar, que para que pueda considerarse que se ha perfeccionado la sustitución de patrono no basta que se haya traspasado la titularidad de la empresa, sino que es preciso que la misma sea notificada al trabajador o que éste la haya aceptado implícita o explícitamente., pero la falta de notificación de la sustitución de patrono al trabajador no surte efecto alguno en perjuicio de éste.

Al respecto es importante señalar el criterio sostenido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 223, de fecha 19 de septiembre de 2001, expediente N° 01-176 con ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz, que señala:

"De lo supra transcrito, se evidencia que según lo establece la doctrina mexicana, fuente de inspiración del Derecho Laboral Venezolano, pueden existir dos tipos de sustitución de patrono, las cuales a saber, como lo indica Mario de la Cueva, son, por una parte, la sustitución total, la cual se materializa cuando se trasmite la empresa misma, como unidad económica-jurídica y, por la otra, una parte de la propia empresa que, a su vez, constituya una unidad económica. Al adminicular el criterio expresado al caso en estudio, podemos determinar que lo que demostró el demandante es que existió una sustitución de patrono, criterio éste que la Sala comparte, pues, tal y como se evidencia de autos, el demandante, al ser trasladado a Venezuela, continuó prestando sus servicios en una sucursal de la empresa domiciliada en los Estados Unidos de Norteamérica, existiendo en tal sentido, la continuidad de la relación laboral."

Ahora bien de la planilla de liquidación cursante al folio trece (13) y marcado con la letra “C”, se evidencia el reconocimiento por parte de la accionada en la fecha de ingreso, del demandante a la empresa DRILLERS INC DE VENEZUELA C.A., la cual fue el 06-07-1995, y posteriormente en fecha 20-01-98 a la empresa MAERSK DRILLING VENEZUELA, de allí se evidencia el reconocimiento tácito en la sustitución de patrono, por lo que se concluye en que la fecha de inicio de la relación de trabajo del ciudadano C.E.C. con la demandada de autos fue, el 04 de noviembre de 1993 en la empresa PERFORACIONES WESTERN C.A. y posteriormente en PRIDE INTERNACIONAL C.A., además del hecho alegado por el demandante en el escrito libelar con relación al adelanto o anticipo cancelado por la empresa Pride Internacional por la cantidad de Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,00) hecho que no fue negado por la accionada en su debida oportunidad por lo tanto se tiene por admitido. Así se decide.

Al respecto la Cláusula 69 de la Convención Colectiva de la Industria Petrolera establece:

Toda persona jurídica de las contempladas en el Artículo 55 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo y en los artículos 4, 6, 7, 8, 9 y 11 del Reglamento de la derogada Ley del Trabajo, contratada para realizar las finalidades indicadas en dichos artículos, está obligada a pagar los mismos salarios y a dar los mismos beneficios legales y contractuales que la Compañía concede a sus propios trabajadores en la zona donde efectué las operaciones, de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo, su reglamentación vigente y la presente Convención...

Y el numeral 14 segundo aparte de la misma Convención señala:

...Asimismo, queda establecido que en estos casos, las personas jurídicas al producirse la terminación del respectivo contrato, cancelarán a los trabajadores las indemnizaciones y prestaciones sociales, tomando en consideración todo el tiempo de servicio que han acumulado y de acuerdo a lo expresamente dispuesto en el numeral 4 de la cláusula 9 de esta Convención. Las empresas reconocen y se obligan con la madurez de nómina y demás beneficios legales y contractuales, incluyendo la jubilación para todos los trabajadores absorbidos de contratistas a Operadoras o de Operadoras para contratistas...

En conclusión esta alzada, en base a las consideraciones anteriormente expuestas concluye en que en la presente causa hubo sustitución de patrono, por lo que la accionada de autos deberá cancelar al demandante los conceptos y beneficios que le correspondan desde el 04 de noviembre de 1993 hasta la fecha en que terminó la relación laboral, todo en virtud de que la demandada con la sola negativa no logró desvirtuar durante el debate procesal la sustitución de patrono alegada por el demandante en el escrito libelar. Así se decide.

Tipo de Incapacidad sufrida.

El demandante de autos, alega que motivado a fuertes dolores que sentía en la región lumbar, tuvo que ser suspendido de sus labores habituales de trabajo en fecha 11 de mayo de 1998, y los médicos que lo atendieron le diagnosticaron hernia discal, por lo que tuvo que permanecer en reposo y observación médica; hasta el 12 de mayo de 2000 fecha en que terminó la relación de trabajo, por Incapacidad Absoluta y Permanente.

De la revisión de las actas observa este Tribunal, que al folio catorce, marcada con la letra “D”, cursa constancia de fecha 01 de octubre de 1999, suscrita por la Dra. Z.C., Coordinadora de Servicios Médicos de la Empresa Maersk Drilling Venezuela, por medio de la cual le diagnostica al ciudadano C.C., Incapacidad Absoluta y Permanente, esta prueba fue ratificada mediante la prueba de testigos, y quien la suscribe reconoció su contenido y firma, es decir ratifica que la Incapacidad sufrida por el demandante fue Absoluta y permanente argumento que la accionada no logró derrumbar, ya que no aportó a los autos ningún elemento de convicción que permitiera presumir que la incapacidad sufrida por el actor había sido parcial y permanente.

Igualmente del legajo de recibos que cursantes a los folios ochenta y uno (81) al ciento noventa y uno (191) se evidencia el largo tiempo que el trabajador estuvo en reposo por accidente, cancelándole la empresa lo establecido en la Convención Colectiva Petrolera, y cumpliendo con las obligaciones que le imponía la misma normativa, es decir le suministró durante 52 semanas la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica requerida, con la finalidad de evadir el verdadero grado de la incapacidad sufrida por el actor. De la misma forma le canceló el salario desde marzo de 1998 hasta el año 2000, lo que constituye un indicio para esta alzada de que la incapacidad que se le determinó al actor, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de la hernia discal a nivel de la L3- L4 y L4- L5, fue Absoluta y permanente. Por lo que es forzoso para este Tribunal declarar que el ciudadano C.E.C. sufrió una incapacidad Absoluta y Permanente. Así se decide.

Con relación a la sanción establecida en el ordinal 1° del Parágrafo Segundo del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del trabajo esta alzada observa lo siguiente:

En el presente caso, de la revisión exhaustiva de las actas procesales se evidencia, que no esta debidamente probada la relación de causalidad existente entre las labores desempeñadas por el trabajador reclamante y los padecimientos o la enfermedad profesional que señala padecer, en los informes médicos cursante al expedientes en los folios 10,11,12,14, 80 y 192 se señala que el trabajador reclamante padecía una hernia discal a nivel de la L3- L4 y L4- L5, por lo que estuvo en reposo largo tiempo, fue intervenido quirúrgicamente diagnosticándole Incapacidad Absoluta y Permanente; pero, en modo alguno conducen a demostrar que la enfermedad sea de origen profesional o que haya sido contraída a razón de las actividades realizadas por el actor dentro de la empresa demandada. Así se decide.

Al respecto para decidir sobre este punto este Juzgado previamente señala:

Ha sido criterio reiterado de nuestro máximo Tribunal y acogido plenamente por esta alzada que en materia de enfermedad profesional o accidente laboral, el demandante no sólo debe demostrar que la enfermedad y el trabajo prestado, vale decir que deba traer a los autos todas las pruebas para demostrar que la enfermedad que padece se haya producido con ocasión a la labor que desempeñaba dentro de la empresa, sino, que frente a una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, el patrono responde objetiva o subjetivamente y cuando se pretende la responsabilidad objetiva que se establece conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, dentro de ella puede incluirse el daño moral y la responsabilidad subjetiva que es la que procede conforme al derecho común y a la normativa establecida en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la parte actora debe necesariamente demostrar el hecho ilícito, la culpa, la relación de causalidad y que el patrono a sabiendas de que existía una condición insegura, no la corrigió oportunamente y consecuencia de ello, se produjo la enfermedad profesional.

En este sentido la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 17 de mayo de 2005, con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero.

(...) Pues bien, la doctrina ha señalado que la cuestión de la relación de causalidad adquiere fundamental importancia en el ámbito que nos ocupa, en el cual, obviando disquisiciones filosóficas a cerca de los alcances que se deben atribuir a la conducta humana, es preciso determinar cuándo y en que condiciones el patrono debe responder ante la lesión de que es víctima su empleado. La relación de causalidad, es pues una cuestión de orden físico material, más que jurídico, se trata de saber si un daño es consecuencia de un hecho anterior y para su estudio es necesario definir los conceptos de causa, concausa y condición.

En este orden de ideas, la causa, es el origen, antecedente o fundamento de algo que ocurre, es el hecho que ocasiona algo, una cosa o acontecimiento que puede producir uno o más efectos; la concausa, es aquello que actuando conjuntamente con una determinada causa, contribuye a calificar el efecto, es un efecto, es un estado o circunstancia independiente que actúa con la causa, que puede ser preexistente, concomitante o sobreviviente

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Del régimen jurídico aplicable

Respecto al régimen jurídico aplicable al presente asunto se observa: La parte actora reclama los conceptos de prestaciones sociales y demás beneficios de carácter laboral en base a la Convención Colectiva Petrolera durante la vigencia de la relación de trabajo. Por su parte la empresa demandada arguye lo siguiente; Que el ciudadano C.E.C., sufrió una Incapacidad Parcial y Permanente y no Absoluta y Permanente como pretende hacer creer el actor.

Ahora bien, la parte actora en el libelo de la demanda señala que prestaba servicios en la empresa MAERSK DRILLING VENEZUELA S.A., como OBRERO DE TALADRO en los diferentes taladros petroleros ubicados en las poblaciones de Guafitas y La Victoria en el estado Apure. La empresa admite el cargo desempeñado y señalado por el actor en el libelo de la demanda al admitir en el escrito de contestación, que el demandante fungía en su representada en el cargo de obrero, asignado al CPV 08 de lo cual se concluye en que el régimen jurídico aplicable para la resolución del presente conflicto es la Convención Colectiva Petrolera que establece lo siguiente:

CLÁUSULA 3- TRABAJADORES CUBIERTO:

"Están cubiertos por esta Convención todos los trabajadores de la empresa comprendidos en las denominadas Nómina Diaria y Nómina Mensual Menor; no así aquellos que realmente desempeñen los puestos o trabajos contemplados en los artículos 42, 45, 47, 50 y 510 de la Ley Orgánica del Trabajo, que pertenecen a la categoría conocida en la Industria Petrolera como NÓMINA MAYOR, quienes serán exceptuados de la aplicación de la presente convención. No obstante esta excepción, los trabajadores de la Nómina Mayor no serán afectados en los derechos sindicales que les consagran la Ley Orgánica del Trabajo y sus Reglamentos...”.

El ciudadano C.E.C. era trabajador “Nomina Menor Mensual” en contra posición a la categoría denominada Nomina Mayor Mensual, que prestaba servicios en la empresa MAERSK DRILLING VENEZUELA S.A., por lo cual se encuentra sometido a la Convención Colectiva Petrolera, ya que cumple con la condición objetiva indispensable para que sea beneficiario de los beneficios consagrados en la misma de acuerdo a lo establecido en las cláusula 3 y 69 las cuales señalan:

CLÁUSULA 3- TRABAJADORES CUBIERTO:

"Están cubiertos por esta Convención todos los trabajadores de la empresa comprendidos en las denominadas Nómina Diaria y Nómina Mensual Menor…”

CLÁUSULA 69- CONTRATISTAS:

Toda persona Jurídica de las contempladas en el artículo 55 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo y en los artículos 4, 6, 7, 8, 9 y 11 del Reglamento de la derogada Ley del Trabajo, contratada por la Empresa para realizar las finalidades indicadas en dicho artículos, está obligada a pagar los mismos salarios y a dar los mismos beneficios legales y contractuales que la empresa concede a sus propios trabajadores en la zona donde efectúe las operaciones,…

(…)

Los trabajadores de la Nomina Mensual Menor utilizados por las mencionadas personas jurídicas en la realización de obras o servicios inherentes o conexos con la Industria Petrolera, gozarán de todos los beneficios estipulados en esta cláusula y de los que conceda la Empresa contratante a sus propios trabajadores, siempre que les sean aplicables.

Una vez admitida la relación de trabajo, que comenzó el día 04-11-1993 y terminó el 30-04- 2000, por Incapacidad Total y Permanente; y que el último salario básico fue la cantidad de Diez Mil Setenta y Un Bolívares con Un Céntimo (Bs.10.071, 01). Se procederá a calcular los conceptos reclamados que le corresponden al ex - Trabajador, con base en la Convención Colectiva Petrolera.

De 04-11-93 al 12-05-00 = 06 años, 06 meses y 08 días

Cláusula Nº 9, Régimen de Indemnizaciones:

Numeral 1.

1. Preaviso legal:

   Art. 104, literal d= 60 días (02 meses, después de 05 años)

   60 días x 19.953,57= 1.197.214,20

2. Antigüedad legal:

   30 días x año ó fracción superior a 06 meses= 30 días x 07 años=210 días

   210 días x 33.996,21= 7.139.204,10

3. Antigüedad Adicional:

   15 días x año ó fracción superior a 06 meses= 15 días x 07 años=105 días

   105 días x 33.996,21= 3.569.602,05

4. Antigüedad Contractual:

   15 días x año ó fracción superior a 06 meses= 15 días x 07 años=105 días

   105 días x 33.996,21= 3.569.602,05

   Total cláusula Nº 9 Bs. 15.475.622,40

   Menos anticipos:

   Preaviso, cláusula 9, literales a (598.607,14)

   Días de antigüedad, cláusula 9, literales b (2.039.772,79)

   Cláusula 9, literales c y d (2.039.772,79)

   Abono empresa Pride Internacional C.A (500.000,00)

   Total anticipo Bs. 5.178.152,72

   Total adeudado (15.475.622,40- 5.178.152,72) = Bs. 10.297.469,68

   CLAUSULA N° 29, LITERAL A; ENFERMEDADES.

   Incapacidad Absoluta y Permanente.

   Numeral 1.

1. Preaviso legal:

   Art. 104, literal d= 60 días (02 meses, después de 05 años)

   60 días x 19.953,57= 1.197.214,20

2. Antigüedad legal:

   30 días x año ó fracción superior a 06 meses= 30 días x 07 años=210 días

   210 días x 33.996,21= 7.139.204,10

3. Antigüedad Adicional:

   15 días x año ó fracción superior a 06 meses= 15 días x 07 años=105 días

   105 días x 33.996,21= 3.569.602,05

4. Antigüedad Contractual:

   15 días x año ó fracción superior a 06 meses= 15 días x 07 años=105 días

   105 días x 33.996,21= 3.569.602,05

   Total cláusula Nº 9 Bs. 15.475.622,40

   TOTAL PRESTACIONES SOCIALES.......................................Bs. 25.773.092,08

   En cuanto a la apelación de la parte demandada sobre el punto que el Tribunal A-quo erró, ya que no debió exonerar de las costas a la parte demandante, por cuanto la misma resultó totalmente vencida.

   Al respecto este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

   La jurisprudencia venezolana ha sido muy variada en cuanto a la posibilidad de condenar en costas al trabajador perdidoso. Aun cuando la Ley no establece una exención de costas al trabajador, algunas decisiones, fundamentándose en la naturaleza gratuita del juicio laboral y en la debilidad económica del trabajador, han eximido a éstos de costas aun en casos en que han perdido totalmente el juicio. Otras decisiones, ateniéndose a una aplicación estricta de las disposiciones legales vigentes, han condenado en costas al trabajador perdidoso. El artículo 64 de Ley Orgánica Procesal del trabajo soluciona el tema de las costas, estableciendo expresamente la excepción de que las mismas no proceden contra los trabajadores que devenguen menos de tres salarios mínimos.

   Se observa en el presente caso, que al resolver este Tribunal la apelación interpuesta por la parte demandante sobre el fondo de la controversia, resultando parcialmente con lugar la demanda y siendo las costas una consecuencia del vencimiento total, no procede en este caso la condenatoria en costas alegada. Así se decide.

   DECISIÓN

   Por las razones antes expuestas este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial de Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Parcialmente Con Lugar la apelación intentada por la Apoderada judicial de la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito, del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en Guasdualito de fecha 25 de marzo de 2002. SEGUNDO: Sin lugar la apelación interpuesta por la apoderada judicial de la parte demandada; TERCERO: Se revoca el fallo apelado; CUARTO: Parcialmente Con Lugar la demanda interpuesta por el ciudadano C.E.C. LÓPEZ, en contra de la Empresa MAERSK DRÍLLING VENEZUELA S.A., a la cual se condena a cancelarle al actor las siguientes cantidades: Cláusula N° 9 Preaviso Legal UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 1.197.214,20); Antigüedad Legal SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON DÍEZ CÉNTIMOS (Bs. 7.139.204,10); Antigüedad Adicional TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS BOLÍVARES CON CINCO CÉNTIMOS (Bs. 3.569.602,05); Antigüedad Contractual TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS BOLÍVARES CON CINCO CÉNTIMOS (Bs. 3.569.602,05); Total Cláusula N° 9 QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 15.475.622,40); Menos anticipos de CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 5.178.152,72); Total adeudado por la Cláusula N° 9 DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 10.297.469,68); Cláusula N° 29 Literal A, Antigüedad Legal SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON DÍEZ CÉNTIMOS (Bs. 7.139.204,10); Antigüedad Adicional TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS BOLÍVARES CON CINCO CÉNTIMOS (Bs. 3.569.602,05); Antigüedad Contractual TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS BOLÍVARES CON CINCO CÉNTIMOS (Bs. 3.569.602,05); Total Cláusula N° 29 Literal QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 15.475.622,40); Para un Total de prestaciones sociales de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 25.773.092,08). Se ordena realizar una experticia complementaria del fallo, mediante un solo experto nombrado por el Tribunal, a los fines de efectuar:

   1. La corrección monetaria de las sumas debidas desde la fecha de admisión hasta la ejecución de sentencia, la cual deberá tomar en consideración los indicadores oficiales del Banco Central de Venezuela, para obtener por consiguiente el valor real y actual de la obligación que la demandada tiene pendiente con el actor, a fin de que dichos indicadores se compute a la hora de ordenar la ejecución del fallo. Exclúyase de la corrección monetaria los lapsos de vacaciones judiciales transcurridos a partir de la fecha de admisión del escrito libelar.

   2. La determinación de los intereses generados por la prestación de antigüedad, tanto del régimen viejo como del régimen nuevo, tomando en cuenta la tasa del 3% anual causados antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con respecto a lo intereses generados con posterioridad a la vigencia del texto constitucional de conformidad con los parámetros del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

No hay condenatoria en costas.

Publíquese. Regístrese. Notifíquese a las partes. Déjese copia certificada en este Tribunal.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, el dieciséis (16) de mayo 2006. Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

El Juez,

Francisco R. Velázquez Estévez

La Secretaria

M.A.C.

En la misma fecha se publicó y registró el presente fallo, se libraron las correspondientes boletas siendo las tres (3:00) horas de la tarde.

La Secretaria,

M.A.C.

Exp. Nº 1992-TS-0040 -05