Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 25 de Junio de 2008

Promovió el Mérito favorable de los autos en todo y en cuanto le favorece.

Testimoniales: a) ciudadano Jersi Belandria, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-4.091.246, domiciliado en el Pasaje Yagual, Nº 9-73, entre calle 9 y 10, Puente Real, San C.E.T.. b) ciudadana R.M., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.032.153, domiciliada en Pasaje Yagual, Nº 9-73, entre calle 9 y 10, Puente Real, San C.E.T.. c) ciudadana c.S., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.671.795, domiciliada en Pasaje Yagual, entre calle 9 y 10, Puente Real, San C.E.T. y d) ciudadano C.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-23.165.162, domiciliado en pasaje yagual, entre calle 9 y 10, Nº 9-24, Puente Real, San C.E.T..

Solicitó sea agregado en autos el escrito de promoción de pruebas.

Por auto de fecha 12 de julio de 2007, el Tribunal admitió las pruebas presentadas por la parte demandante y se estableció día y hora para la evacuación de las testimoniales de los ciudadanos Jersi Belandria, R.M., C.S. y C.R.. (f. 24)

Por auto de fecha 17 de julio de 2007 (f.25) siendo la hora y oportunidad fijada por ese Despacho para la evacuación de la prueba testimonial del ciudadano Jersi Belandria, el cual no compareció y se declaró desierto el acto de evacuación del ciudadano supra citado.

Por auto de fecha 17 de julio de 2007 (f.26) siendo la hora y oportunidad fijada por ese Despacho para la evacuación de la prueba testimonial de la ciudadana R.M., la cual no compareció y se declaró desierto el acto de evacuación de la ciudadana supra citada.

Por auto de fecha 18 de julio de 2007 (f.27) siendo la hora y oportunidad fijada por ese Despacho para la evacuación de la prueba testimonial de la ciudadana C.S., la cual no compareció y se declaró desierto el acto de evacuación de la ciudadana supra citada.

Por auto de fecha 18 de julio de 2007 (f.28-29) siendo la hora y oportunidad fijada por ese Despacho para la evacuación de la prueba testimonial del ciudadano C.E.R.S., el cual compareció y brindó su testimonial.

Por escrito de fecha 19 de julio del 2007 (f.30-31) y anexos (f.32 al 46), la parte demandante consignó escrito de promoción de pruebas, en los términos siguientes:

Promovió el Mérito favorable de los autos en todo y en cuanto le favorece.

El documento de partición, en donde de mutuo y amistoso acuerdo los herederos del ciudadano M.E.H.P., adquirieron la propiedad del bien que heredaron del mismo, en las cuotas correspondientes y en donde se asigna la primera porción que establece: PRIMERA: Porción Del inmueble adjudicado a C.A.H.P., el cual representa el Treinta y uno como Treinta y Cuatro por ciento (31,34%), del área que comprende la totalidad del inmueble. Documento Registrado ante la oficina Subalterna de Registro Público, con fecha 21 de febrero de 1996, bajo el Nº 22, Tomo 20, Protocolo 1, correspondiente al Primer Trimestre, demostrando con el documento que es legítimo propietario del bien objeto del presente litigio, el cual anexó marcado con la letra “A”.

Ratificó como prueba la Boleta de Citación de fecha 09 de noviembre del año 2006, emitida por la Prefectura de la Parroquia San J.B., Municipio San Cristóbal, en donde el ciudadano P.C.c. a la señora E.M., para que compareciera ante esa Prefectura el día 21-11-2006, a las 3:00 P.M. a fin de que se impusiera de un asunto que le concierne, la misma riela en original en el folio 13, y aparece la firma estampada de la ciudadana demandada el día de hoy, como constancia de haber sido notificada de la misma, y la cual anexó marcada con la letra “B”.

Ratificó como prueba el escrito original que riela al folio 14, firmado por la ciudadana E.M., de su puño y letra y con su número de cédula la cual es V-23.142.864, en donde ratificó lo relacionado con la notificación verbal que le hizo el día 30 de octubre del año 2005, señalándole que no podía continuar con el contrato de arrendamiento que de manera verbal habían acordado, estableciendo de mutuo acuerdo la desocupación del apartamento para el día 30 de enero del año 2006, de igual forma le notificó que debido a que no cumplió con la entrega del mismo en la fecha que habían establecido, y estando para ese momento finalizando el mes de marzo del año 2006 (29-03-2006), le ratificó la decisión ya conocida por ella y le informó que tomando la prórroga de seis (6) meses que establece la ley, debía entregar el apartamento el día 30 de abril del año 2006, en el mismo escrito le notificó que había que realizar unos arreglos al apartamento por los daños presentados y que afectan directamente a la arrendataria y que son conocidos por ella personalmente. La cual anexó marcada con la letra “C”.

La Inspección Ocular y Técnica, realizada al inmueble por el Cuerpo de Bomberos de san Cristóbal, el día 18 de julio de 2007, efectuado por el Cabo 2do (B) D.R.C. Cortès, inspector adscrito a la División de Seguridad, Prevención e Investigación de Siniestros del Cuerpo de Bomberos del Municipio San Cristóbal, en donde se determinó: Inmueble NO APTO PARA SU HABITABILIDAD, y lo declaró de ALTO RIESGO, debiendo ser desalojado de forma inmediata. Alegando que esta inspección ratifica lo alegado en la demanda y se demuestra el estado en que se encuentra el inmueble, por lo que se requiere la inmediata desocupación del mismo para evitar daños mayores y proceder a realizar las reparaciones necesarias.

Catorce (14) fotografías que demuestran el estado actual del apartamento y del inmueble en general.

Solicitó sea agregado el escrito de promoción de pruebas.

ADMISIÒN DE LAS PRUEBAS

Por auto de fecha 19 de julio de 2007, el Tribunal admitió y agregó las pruebas presentadas por la parte demandante. (f. 47)

En diligencia de fecha ocho (08) de agosto de 2007, el ciudadano C.A.H.P., asistido por la Abogada B.L., solicitó sentencia (f.48)

En diligencia de fecha ocho (18) de octubre de 2007, el ciudadano C.A.H.P., asistido por la Abogada en ejercicio A.A.Q., solicitó el desglose de los documentos originales y en su lugar se deje copia certificada de los mismos. (f.49)

Por auto de fecha 24 de octubre de 2007, el Tribunal acordó el desglose de los folios solicitados. (f. 50)

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA

El Tribunal deja constancia que no promovió pruebas.

VALORACION DE LAS PRUEBAS

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

1-. Merito Favorable de los autos: Cabe destacar que el mérito favorable de los autos, no es un medio de prueba válido de los estipulados por la legislación vigente, tal y como lo ha establecido nuestro máximo tribunal en sentencia del 30 de julio de 2002, dictada por la Sala Político-Administrativa, que señala: “Respecto al mérito favorable de los autos promovidos como prueba por los apoderados de la parte demandada, se observa que dicho mérito no es un medio de prueba válido de los estipulados por la legislación vigente, en consecuencia, no arroja mérito alguno al promoverse. Así se decide.” (Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, O.P.T., Tomo 7, Año 2002, página 567).

Acogiéndose al criterio jurisprudencial antes trascrito, este operador de justicia no le confiere ningún valor probatorio al mérito favorable de los autos, invocado por la parte demandante en su escrito de promoción de pruebas.

2-. A los folios 28 al 29 se encuentra acta de fecha 18 de julio de 2.007, la cual contiene testimonio del ciudadano C.E.R.S., quien se identificó con la cédula de identidad número 23.165.162, el cual declaró que conoce a la ciudadana E.M., la cual vive en condición de alquilada en la casa del señor C.H., y la misma se comporta mal tanto con los vecinos como con su familia, se embriagan y forman espectáculos, ocasionando problemas con los vecinos, de igual forma manifestó que la señora E.M. utiliza los servicios públicos de forma ilegal, la cual se encuentra guindada a los cables de alta presión, así mismo alegó que el inmueble se encuentra deteriorado, tiene todo en mal estado, presenta filtraciones en las paredes; este Tribunal en virtud de que solo fue evacuado un solo testigo, no le otorga plena prueba a la presente testimonial, no obstante por cuanto de dicha declaración lleva a la convicción de quien aquí decide, que de los hechos expuestos existe un conocimiento de los mismos. Razón por la cual este Tribunal le da el valor de indicio de conformidad con el Artículo 510 del Código de Procedimiento Civil.

3-. Documento de partición, producido con el libelo de demanda, inserto en copia fotostática simple del folio 10 al 12, y durante lapso probatorio, en original y se dejo copia fotostática certificada inserto del folio 32 al 34, este Tribunal le da el valor que se desprende del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.357 del Código Civil. De los mismos se desprende que el Ciudadano C.A.H.P., le fue adjudicada una porción del inmueble que representa el Treinta y uno coma Treinta y cuatro por ciento (31,34%) del área que comprende la totalidad del inmueble. Documento registrado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito San C.E.T., de fecha 21 de febrero de 1996, bajo el número 22, Tomo 20, Protocolo 1, correspondiente al Primer Trimestre.

4-. Boleta de Citación, producida con el libelo de demanda, inserta en original en el folio 13, y durante lapso probatorio, en copia fotostática simple inserta en el 35, cuya presunción de veracidad fue desvirtuada en su oportunidad por la contraparte, pero no a través de otro medio de prueba legal. En éste contexto conviene citar decisión de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 25/04/2003, sentencia N° 193-caso D.M.H. vs. D.A.S. y A.E.C., que señaló:

“En el derecho procesal moderno, corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos de la misma. Tiene apoyo esta tesis en el principio del contradictorio y se la denomina “carga subjetiva de la prueba”, independientemente de que esté expresamente distribuida por una norma o implícita en la estructura misma del proceso. Los límites de la controversia quedan planteados con el ejercicio de la pretensión que se hace valer en la demanda y con el ejercicio de la defensa o excepción que hace valer el demandado en la contestación. Como es lógico, ambos actos requieren la alegación de los hechos en que se fundamentan, y tales afirmaciones determinan el thema probandum y los respectivos sujetos gravados con la carga de probar los hechos en virtud de la correlación que debe existir entre la carga de la alegación y la carga de la prueba. Es allí la máxima latina tan socorrida en textos y en fallos: Onus probandi incumbit ei qui asserit (La carga de la prueba incumbe al que afirma). En síntesis, en el derecho moderno, ambas partes pueden probar. a: el actor, aquellos hechos que fundamentan su pretensión; b: el demandado, aquellos hechos que fundamentan su excepción o defensa; que es lo mismo que decir: las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho (Vid: Rengel Romberg Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987. Ed. Exlibris. Caracas 1991. Tomo III. p 277 y ss).

...Omissis...

Este Tribunal le da el valor a la Boleta de Citación, que corre en original en el folio 13, y en copia fotostática simple al folio 35, razón por la cual adquirieron efectos semejantes a los del instrumento público, en tal virtud, este sentenciador les confiere pleno valor probatorio, acogiéndose al criterio de nuestro máximo tribunal que señala:

" ...Para esta Corte los Documentos Administrativos, son aquellos documentos emanados de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias específicas, los cuales constituyen un género de la prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tiene el valor de una presunción respecto a su veracidad y legitimidad, en razón del principio de la ejecutividad y ejecutoriedad, que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario. Estos instrumentos están dotados de una presunción favorable a la veracidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones, que puede ser destruida por cualquier otro medio legal. En consecuencia, no es posible una asimilación total entre el documento público y administrativo, porque puede desvirtuarse su certeza por otra prueba pertinente e idónea, y no sólo a través de la tacha de falsedad. Igualmente es necesario recalcar que, de no ser destruida la presunción de veracidad, es procedente atribuir al documento administrativo alguno de los efectos plenos del documento público..." (Subrayado de este Tribunal; Sentencia de la Sala Político- Administrativa, del 08 de julio de 1998, O.P.T. N° 7, correspondiente al mes de julio de 1998, página 460 y siguientes).

Los mismos sirven para demostrar que:

La Boleta de Citación de fecha nueve (09) de noviembre de 2006, la cual fue emanada de la Prefectura de la Parroquia San J.B., Municipio San C.E.T., fue firmada por la ciudadana E.M..

5-. Instrumento privado, producido con el libelo de demanda, inserto en original en el folio 14, y durante lapso probatorio, en copia fotostática simple inserta en el 36, cuya presunción de veracidad fue desvirtuada en su oportunidad por la contraparte, pero no a través de otro medio de prueba legal. En éste contexto conviene citar decisión de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 25/04/2003, sentencia N° 193-caso D.M.H. vs. D.A.S. y A.E.C., que señaló:

“En el derecho procesal moderno, corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos de la misma. Tiene apoyo esta tesis en el principio del contradictorio y se la denomina “carga subjetiva de la prueba”, independientemente de que esté expresamente distribuida por una norma o implícita en la estructura misma del proceso. Los límites de la controversia quedan planteados con el ejercicio de la pretensión que se hace valer en la demanda y con el ejercicio de la defensa o excepción que hace valer el demandado en la contestación. Como es lógico, ambos actos requieren la alegación de los hechos en que se fundamentan, y tales afirmaciones determinan el thema probandum y los respectivos sujetos gravados con la carga de probar los hechos en virtud de la correlación que debe existir entre la carga de la alegación y la carga de la prueba. Es allí la máxima latina tan socorrida en textos y en fallos: Onus probandi incumbit ei qui asserit (La carga de la prueba incumbe al que afirma). En síntesis, en el derecho moderno, ambas partes pueden probar. a: el actor, aquellos hechos que fundamentan su pretensión; b: el demandado, aquellos hechos que fundamentan su excepción o defensa; que es lo mismo que decir: las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho (Vid: Rengel Romberg Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987. Ed. Exlibris. Caracas 1991. Tomo III. p 277 y ss).

...Omissis...

Este Tribunal le da el valor al Instrumento privado, que corre en original en el folio 14, y en copia fotostática simple al folio 36, adquirió la fuerza probatoria del instrumento público conforme lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil Venezolano, en consecuencia el mismo hace fe que el día 30 de octubre del año 2005, el ciudadano C.A.H.P., le notificó verbalmente a la ciudadana E.M., que no podían continuar con el contrato de arrendamiento que tienen de manera verbal, por lo que establecieron de mutuo acuerdo que la hoy demandada le desocuparía el apartamento el día treinta (30) de enero del año 2006, y en vista que el día veintinueve (29) de marzo del año 2006, no cumplió con la entrega del mismo, le ratificó la necesidad de la entrega del inmueble debido a que necesita realizarle arreglos, ya que la misma se encuentra en malas condiciones y existe deuda pendiente de luz y agua elevada, y debido a que habían transcurrido cinco (5) meses desde la fecha en que acordaron la entrega del inmueble y la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece que la prórroga legal es de seis (6) meses, cumplió con informarle que la entrega del apartamento la debía realizar el día treinta (30) de abril del año 2006 y la misma fue firmada de conformidad por ambas partes.

6-. A los folios 37 al 39, corre copia certificada de la Inspección Ocular y Técnica N°.206-Seg-Bom-2007, expedida por el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, el día dieciocho (18) de julio de 2007, la cual por haber sido agregada en copia certificada conforme lo permite el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal le confiere el valor probatorio que señala el artículo 1.359 del Código Civil Venezolano, toda vez que el acto que contiene dicho documento fue autorizado por un funcionario público facultado para dar fe pública, conforme a lo establecido en el artículo 457 del Código Civil Venezolano y por tanto hace plena fe que estando presente el Cabo 2do. (B) D.R.C.C., Inspector adscrito a la Div. de Seguridad Prevención e Investigación de Siniestros del Cuerpo de Bomberos del Municipio San Cristóbal, en el inmueble ubicado en el Pasaje Yagual, entre calles 9 y 10, Barrio Puente Real, Parroquia San J.B., Municipio San C.d.E.T., detalló la existencia de construcción una mixta, de tres (3) niveles, compuesto en su estructura por: paredes de bloque de arcilla frisados y de láminas de zinc, pisos de cemento pulido y rustico, techos de loza nervada sobre vigas doble T y láminas de Zinc sobre cercas metálicas, puertas y ventanas de metal. Dividida internamente por: Primer Nivel: Área de estacionamiento, una habitación, un baño. Segundo Nivel: Dos (2) habitaciones, cocina, comedor, sala de estar, una (1) sala de baño. Tercer Nivel: Una sola área, el mismo es un rancho. De igual forma detalló que el mismo se encuentra construido en un área de 100 Mtrs. Cuadrados aproximadamente, de igual manera verificó que presenta deterioro progresivo en los techos (agrietamientos) al igual que filtraciones, verificó las paredes, las cuales se encuentran en el mismo estado, presentado riesgo de colapso de la estructura pudiendo ocasionar lesiones a las personas que allí habitan, por lo que el inspector actuante precedió a realizar un recorrido por el inmueble , detallo que el mismo presenta deterioro (pudrimiento) de las tuberías del Segundo Nivel, al igual que la improvisación de una letrina en el tercer Nivel produciendo todo esto, un foco de contaminación constante, lo que atenta contra la salud de las personas que residen el en inmueble. Por lo que la Div. determinó el inmueble NO APTO PARA SU HABITABILIDAD, y declaró el inmueble de ALTO RIESGO, debiendo ser desalojado de forma inmediata. En el mismo presentó secuencia fotográfica como sopor del estado en que se encuentra el inmueble.

7-. A los folios 40 al 46, corren fotografías las cuales bajo el sistema de la sana crítica conforme lo permite los artículos 12 y 507 del Código de Procedimiento Civil y por razones de lógica y experiencia común el Tribunal le confiere el valor probatorio, ya que se determinó que el inmueble al cual se le realizó la Inspección Ocular y Técnica N°.206-Seg-Bom-2007, expedida por el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, el día dieciocho (18) de julio de 2007, trata del mismo inmueble que se observa en las reproducciones fotográficas.

Valoradas como han sido las pruebas, pasa quien juzga a resolver el fondo de la controversia, tomando como base lo demostrado en el presente proceso, respecto a que en el artículo 34 literal “c” de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en concordancia con su Parágrafo Primero, establece que “…deberá concederse al arrendatario un plazo improrrogable de seis (6) meses para la entrega material del mismo, contados a partir de la notificación que se la haga de la sentencia definitivamente firme…” (Cursiva del Tribunal). De lo mismo se desprende que la ciudadana Arrendataria E.M., adeuda cinco (5) meses de alquiler a razón de Cien Mil Bolívares mensual (Bs.100.000,00), que equivalen a Cien Bolívares Fuertes (Bs.F.100,00), para un total de Quinientos Mil Bolívares (Bs.500.000,00) que equivalen a Quinientos Bolívares Fuertes (Bs.F.500,00), razón por la cual el artículo 40 ejusdem establece que “Si al vencimiento del término contractual el arrendatario estuviere incurso en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales, no tendrá derecho a gozar del beneficio de la prórroga legal”, con lo cual queda evidenciado que la demandada no tendrá derecho a gozar del beneficio de la prórroga legal que establece el Parágrafo Primero del Artículo 34 de la Ley en comento. Y así se decide

Ahora bien en cuanto a los daños y perjuicios este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la indemnización de los daños y perjuicios exigida por el demandante: quien Juzga aprecia, que la parte demandante se refiere al daño causado al inmueble debido a las filtraciones de agua y falta de mantenimiento de las tuberías sufrido por el incumplimiento de la arrendataria; a esta razón se observa, que por cuanto no se ha establecido de manera categórica cual es la extensión de tales daños. Es notorio, que los daños y perjuicios deben ser especificados e identificados de manera minuciosa, no bastando el simple hecho de afirmar que una determinada conducta produce un daño o limitándose a hacer la estimación de los mismos; de modo que, es necesario identificar los daños junto con la causa que los produce, con la finalidad de que el demandado centre indudablemente su defensa.

En este sentido cuando hacemos referencia a daños y perjuicios sufridos a causa de filtraciones de agua y falta de mantenimiento de las tuberías, producto del incumplimiento de la demandada, el artículo 1586 del Código Civil Venezolano, establece: “El arrendador está obligado a entregar la cosa en buen estado y hechas las reparaciones necesarias. Durante el tiempo del contrato debe hacer todas las reparaciones que la cosa necesite, excepto las pequeñas reparaciones que, según el uso, son de cargo de los arrendatarios” (Cursiva y negrita del Tribunal). De igual forma en el caso que nos concierne, la parte actora logró probar únicamente el hecho perjudicial, a saber, la ocupación del inmueble y el deterioro que presenta, no acreditando el presupuesto para considerar la existencia de las reparaciones que deberán hacerse al inmueble por los daños y perjuicios ocasionados. En efecto, la demanda en lo que concierne a este pedimento debe ser declarada sin lugar. Y así se decide.

Así las cosas, la ciudadana demandada, solo se limitó a plantear una serie de defensas las cuales no demostró, dado que el lapso probatorio no promovió prueba alguna, lo cual era su carga, no desplegando efectivamente su defensa, en tal sentido las reglas sobre la carga de la prueba se encuentran establecidas en los artículos 1354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil. Los cuales establecen lo siguiente: Artículo 1354 del Código Civil Venezolano: “Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de que ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extensión de su obligación”. (Negritas y cursivas del Tribunal) de igual forma el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil establece “Las partes tiene la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación”.La carga de la prueba, según los principios generales del derecho no es una obligación que éste administrador de justicia, impone a capricho a las partes, esa obligación se tiene según la posición del litigante en la litis, es decir, al demandante le toca la prueba de los hechos que alega, según el aforismo por el cual “incumbi probatio qui dicit, no qui negat” por lo que corresponde probar a quien afirma la existencia de un hecho, no a quien lo niega, de igual forma al demandado le toca la prueba de los hechos en que basa su excepción, en virtud de otro aforismo “reus in excipiendo fit actor” al tornarse el demandado en actor de la excepción. Este principio se armoniza con el primero y en consecuencia, sólo cuando el demandado alega hechos nuevos le corresponde la prueba correspondiente.

En este sentido, quien aquí decide, ante el hecho de que la parte demandada no cumplió con la carga probatoria que le correspondía tal como indican los artículos 1354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, ya analizados en esta sentencia, le es forzoso dar la razón a la parte que activó el órgano jurisdiccional, quién logró demostrar la obligación demandada. Y así se decide.

A lo anteriormente expuesto y de conformidad con la norma prevista en los artículos 12 y 254 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, la presente acción debe ser declarada con lugar. Y así se decide.

Ahora bien en cuanto al pedimento de aplicabilidad del método indexatorio de la moneda de la suma adeudada por el demandado, el Tribunal acuerda la misma por no ser contraria a derecho. ASÌ SE DECLARA.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira administrando e impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA: