Decisión de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte de Carabobo, de 23 de Mayo de 2016
| Fecha de Resolución | 23 de Mayo de 2016 |
| Emisor | Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte |
| Ponente | Luis Enrique Abello Garcia |
| Procedimiento | Recurso De Nulidad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, 23 de Mayo de 2016
Años: 206° de Independencia y 157° de la Federación
Expediente Nro. 6201
Parte demandante: C.O.
Parte demandante: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO V.D.E.C.
Objeto del Procedimiento: Recurso de nulidad
- I -
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
El presente procedimiento se inicia por el abogado J.Á.M.L., inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 62.202, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano C.O., titular de la cedula de identidad Nro 5.240. 489, a los fines de interponer recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Alcaldía del Municipio V.d.E.C..
En fecha 12 de Febrero de 1997, se le dio entrada y se anoto en los libros respectivos.
En fecha 20 de Febrero de 1997, se dictó auto mediante ele cual se ordenó solicitar los antecedentes administrativos, se libró las respectivas notificaciones, las cuales en fecha 31 de marzo de 1997, el ciudadano F.V., en su condición de Alguacil de Este Tribunal, dejó constancia en el Libro de conocimiento de la recepción de los oficios dirigidos al Síndico Procurador Municipal del Municipio V.d.E.C. y al Alcalde del Municipio V.d.E.C..
En fecha 18 de abril de 1997, se recibió y agrego a los autos oficio Nro. 0439-97 de fecha 17 de abril de 1997, emanado del Alcalde del Municipio V.d.E.C., mediante el cual remiten copia certificada del expediente administrativo.
En fecha 27 de mayo de 1997, se dicto auto mediante el cual se admitió la demanda de nulidad, y se ordenó la notificación de los ciudadanos Fiscal General de la República, Síndico Procurador Municipal del Municipio V.d.E.C. y al Alcalde del Municipio V.d.E.C.
En fecha 17 de junio de 1997, el ciudadano F.V., en su condición de Alguacil de Este Tribunal, dejó constancia en el Libro de conocimiento de la recepción de los oficios dirigidos al Síndico Procurador Municipal del Municipio V.d.E.C., Fiscal General de la República y al Alcalde del Municipio V.d.E.C..
En fecha 04 de julio de 1997, comparece la ciudadana M.G.D.V., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 55.359, actuando en su condición de apoderada judicial del Municipio V.d.E.C., quien presentó escrito de contestación.
En fecha 07 de julio de 1997, se dicto auto mediante el cual se fijó el quinto (5to.) día de despacho para el comienzo de la primera etapa de la relación.
En fecha 16 de julio de 1997, se dictó auto mediante el cual se deja constancia del inició de la primera etapa de la relación, se ordenó suspender el acto y se fijó el décimo quinto (15to.) día siguiente para su continuidad.
En fecha 01 de agosto de 1997, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia de terminó de la primera etapa de la relación, se ordenó suspender el acto y se fijo las 11:00 de la mañana del día de despacho siguiente para que las partes presente informes.
En fecha 05 de agosto de 1997, se fijó la segunda etapa de la relación, se suspende el acto y se ordeno fijar el vigésimo (20mo.) día de despacho siguiente para la continuación. Y en fecha 15 de octubre de 1997, se dejó constancia del terminó de la segunda etapa de la relación y se fijó treinta (30) días continuos para sentenciar.
En fecha 09 de enero de 1998, se dicto auto mediante el cual se difirió la publicación de la sentencia para treinta (30) continuos siguientes a ese auto.
En fecha 17 de enero de 2014, se recibió y se agregó a los autos el Oficio Nro. F15NNCAT-230-2013, de fecha 11 de Diciembre de 2013, emanando del Fiscal Décimo Quinto del Ministerio Público a Nivel nacional, mediante el cual solicita sea declarada extinguida la acción por perdida sobrevenida del interés procesal.
En fecha 17 de mayo de 2016, el ciudadano L.E.A.G., en la condición de Juez Provisorio, designado por la Comisión Judicial en reunión de fecha 20 de mayo del 2015, y con juramento ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2015, se abocó al conocimiento de la presente causa.
-I-
CONSIDERASIONES PARA DECIDIR
Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal Superior advierte que el presente caso se circunscribe por el abogado J.Á.M.L., inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 62.202, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano C.O., titular de la cedula de identidad Nro 5.240. 489, quien interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Alcaldía del Municipio V.d.E.C..
Ahora bien, constata este Juzgado que desde el 17 de enero de 2014, fecha en la cual se recibió y se agregó a los autos el Oficio Nro. F15NNCAT-230-2013, de fecha 11 de Diciembre de 2013, emanando del Fiscal Décimo Quinto del Ministerio Público a Nivel nacional, mediante el cual solicita sea declarada extinguida la acción por perdida sobrevenida del interés procesal, y desde esa fecha no ha existido actividad efectuada por la parte demandante tendiente a activar el presente procedimiento, razón por la cual, conduce a esta Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal
En vista de lo anterior, debe reiterarse el criterio sentado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 5 de abril de 2006, mediante fallo número 2006-878, caso: “Distribuidores Fabrica de Papel Maracay Vs. Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)”, con fundamento al sostenido criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 956 de fecha 1° de junio de 2001, y que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: “C.V. y otros”:
…según la cual la actitud pasiva de la actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos.
Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “…Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garantes de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él el que sufre un daño…”.
En conexión a lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, mediante decisiones números 1.337, 1.144 y 929, de fechas 24 de septiembre de 2009, 5 de agosto de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que:
…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (omissis)’.
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
‘En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico meta derecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (...omissis)’.
Por otra parte, la Sala Constitucional de este M.T. en el fallo Nro. 416 del 28 de abril de 2009, caso: C.V. y otros dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben
‘…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’)
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de juni o de 2001, caso: ‘Fran Valero González y M.P.M. de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia
.
Ahora bien, tal como se destacó con anterioridad, de las actas que conforman el presente expediente se verifica la total inactividad de la parte accionante del 30 de noviembre de 1998, es decir, más de diez (10) años sin que haya realizado actuación alguna para impulsar o darle continuidad al presente proceso, lo que permite a este Juzgador, en principio, declarar la pérdida del interés.
En efecto, es menester indicar, que el interés no sólo es esencial para la interposición de demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos se puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes.
En consecuencia, este Juzgador considera conveniente notificar a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. Así se declara.
El Juez,
Abg. L.E.A.G..
La Secretaria,
Abg. Donahis V.P.M..
Exp. Nro. 6.201. En la misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión y se libro cartel de notificación, dando cumplimiento a lo ordenado.
La Secretaria,
Abg. Donahis V.P.M..
LEAG/Dvpm/Ir
