Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 7 de Agosto de 2013
| Fecha de Resolución | 7 de Agosto de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Margarita Garcia |
| Procedimiento | Amparo Constitucional |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Años 203° y 154°
PARTE RECURRENTE: C.R.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.089.692.
APODERADO (S) JUDICIAL (ES) DE LA RECURRENTE: SUMNER J.B.M., Abogado en libre ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 22.203
PARTE RECURRIDA: CUERPO DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO DEL ESTADO ARGUA
APODERADO (S) JUDICIAL (ES) DE LA PARTE RECURRIDA: Abogados HECIRA N.D.D., A.C.D., H.E.M.B., C.M.T.M. y OTROS, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 1.740, 54.483, 54.486 y 40.516, respectivamente.
Motivo: A.C. CON RECURSO DE NULIDAD.
ASUNTO DE01-G-1997-000004
ANTIGUO 4611
Sentencia Interlocutoria.
I
En fecha 27 de Mayo de 1997, fue recibido por ante el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO ARAGUA, el presente escrito presentado por el ciudadano: Abogado SUMNER J.B.M., en su carácter de apoderado Judicial del ciudadano: C.R.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.089.692, contra EL CUERPO DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO DEL ESTADO ARAGUA.
Por auto de fecha 02 de Junio de 1997, ese JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO ARAGUA, mediante auto ordenó darle entrada y su registro, se ordenaron las notificaciones de ley. En cuanto al recurso de Nulidad en forma conjunta se ordeno su tramitación una vez sustanciada y decidida la solicitud de amparo.
En fechas 14 y 28 de Julio de 1997, comparece el ciudadano alguacil de ese Despacho Judicial y deja constancia de haber cumplidos con las Notificaciones libradas
En fecha 30 de Julio de 1997 comparece el ciudadano Pedro Pablo Vera Lozada, en su condición de Comandante General del Cuerpo se Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, asistido de abogado y consigna escrito de Contestación a la solicitud de amparo.
En fecha 30 de Julio de 1997, ese Tribunal Superior mediante auto fija fecha para que tenga lugar la audiencia Constitucional.
En fecha 04 de agosto de 1997, mediante acta se dejo constancia de lo ocurrido en la audiencia Constitucional.
En fecha 04 de agosto de 1997, fue presentado escrito por parte del Fiscal Décimo del Ministerio Público en lo Contencioso Administrativo.
En fecha 05 de Agosto de 1997, mediante sentencia se declaró con lugar la acción de a.C., en consecuencia se ordenó la suspensión de los efectos del acto Administrativo, y se ordenaron las notificaciones respectivas.
En fecha 01 de Junio de 1998, mediante auto razonado, ese Juzgado Superior admitió cuanto ha lugar en derecho el presente recurso de Nulidad y ordenó las notificaciones respectivas.
En fecha 16 de junio de 1998, ese tribunal mediante auto ordena agregar a los autos ejemplar del diario el siglo, en el cual aparece publicado el cartel de Notificación librado
En fechas 17 y 18 de Junio de 1998, comparece el ciudadano Alguacil de ese Despacho y deja constancia de haber practicado las notificaciones ordenadas.
En fecha 30 de Junio de 1998, mediante auto se ordenó abrir cuaderno separado a los fines qu corran inserto las antecedentes administrativos, relacionados con el caso..
En fecha 27 de julio de 1998, mediante auto se abrió el lapso para que las partes promovieran sus pruebas.
En fecha 03 de Agosto de 1998, la parte actora consigna escrito de pruebas, siendo agregados a los autos en fecha 03 de Agosto de1998.
En fecha 02 de Agosto de 1998, comparece el apoderado Judicial del ente recurrido y consigna escrito de pruebas, siendo agregados a los autos en la misma fecha.
En fecha 13 de agosto de 1998, mediante auto fueron admitidas las pruebas consignadas por ambas partes.
En fecha 05 de Noviembre de 1998, la parte querellada consigna escrito de Informes, siendo agregados a los autos en esa misma fecha.
En fecha 09 de Noviembre de 1998, la parte querellante consigna escrito de Informes, siendo agregados a los autos en esa misma fecha.
En fecha 09 de Noviembre de 1998, mediante auto se da comienzo a la Segunda (2da) etapa de la Relación, aperturandose un lapso de Veinte (20) días de despacho de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
En fecha 26 de enero de 1999, mediante auto se difirió la sentencia para dentro de Treinta (30) días de despaho de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 10 de Diciembre de 2008, el Abg. D.E.Z., en su carácter de Juez Provisorio del Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo del Estado Aragua, se avoca al conocimiento de la presente causa y dio un lapso de treinta (30) días de despacho para que las partes manifiesten su interés en que se decida la presente causa y ordenó notificar a la parte recurrente.
Por cuanto la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha 10 de diciembre de 2010, acordó el traslado de quien suscribe el presente auto, Dra. M.G.S., como Juez de este Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, del cual tomó posesión en fecha 17 de enero de 2011, con este carácter se aboca al conocimiento de la presente causa
Verificado el estudio de las actas procesales que anteceden, corresponde a este Juzgado Superior hacer las siguientes consideraciones:
II
DE LA COMPETENCIA:
En virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial N° 39.451 del 22 de junio del presente año, debe este Juzgado Superior reexaminar su competencia para conocer de la presente causa, dado que el referido texto normativo contiene disposiciones expresas al respecto (cfr., artículo 25).
En tal sentido, considera procedente reiterar, como lo ha hecho en anteriores oportunidades, la aplicación del principio contenido en los artículos 3 del Código de Procedimiento Civil y 12 del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, conforme al cual la jurisdicción y la competencia del órgano jurisdiccional se determina -mientras la ley no disponga expresamente lo contrario- por la situación fáctica y normativa existente para el momento de presentación de la demanda.
En efecto, el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil establece:
Artículo 3.- La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa
.
Este principio general, cuyo origen proviene del derecho romano, se denomina perpetuatio jurisdictionis, y tradicionalmente la doctrina ha abarcado en él a la jurisdicción y a la competencia.
Sin embargo, cuando el asunto se refiera en particular a la competencia, el principio más apropiado es el de la llamada perpetuatio fori, conforme a lo expuesto por el Maestro L.L. (Ensayos Jurídicos: “Principios Fundamentales en la reforma del Código de Procedimiento Civil Venezolano”, Fundación R.G.. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1987); en el entendido que dicho principio se aplica a las circunstancias que constituyen los criterios atributivos sobre los cuales un tribunal puede conocer una causa, esto es la materia, el valor, el territorio, o el grado del tribunal. (Vid., entre otras, Sentencias Nros. 02176 y 00962 del 5 de octubre de 2006 y 5 de octubre de 2010, respectivamente, dictadas por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
En ese orden, el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece:
Artículo 93. Corresponderá a los tribunales competentes en materia contencioso administrativo funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, en particular las siguientes:
1. Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública.
(…omissis…)
.
De la misma forma el artículo 98 eiusdem establece:
Artículo 98. Al recibir la querella, bien sea en su primera oportunidad si se encuentra ajustada a la ley, o bien después de haber sido reformulada, el tribunal competente la admitirá dentro de los tres días de despacho siguientes, si no estuviese incursa en algunas de las causales previstas para su inadmisión en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
(…omissis…)
.
Al respecto, la vigente Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 25 numeral 3º, prevé:
Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
(…omissis…)
6. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley
.
Visto así, en observancia a lo dispuesto en los artículos 26, 257 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Juzgadora en su carácter de garante de los principios y valores constitucionales, entiende que al no haber establecido la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa disposición expresa que afecte la competencia de las causas que actualmente conoce, en aplicación de las premisas expuestas y conforme al principio de la perpetuatio fori, reafirma su competencia para conocer y decidir la presente controversia, y así se decide.
III
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Se observa que desde el día nueve (09) de Noviembre de 1998, oportunidad en que la ciudadana Abogada E.B.M., con carácter acreditado en autos se hizo presente en esa fecha por última vez en el presente expediente, han transcurrido quince (15) años, sin que conste en el expediente judicial actuación alguna de su parte tendiente a impulsar el presente juicio. Y desde la oportunidad en que la presente causa entró en estado de sentencia para decidir el presente asunto, trascurrieron los quince (15) años, señalados anteriormente, sin que conste en autos que durante todo ese tiempo, se realizara alguna actuación procesal de la parte demandante como impulso del juicio principal, lo cual evidencia una absoluta inactividad procesal durante el período que se señaló. Ante esa situación, se hace imprescindible requerir a la parte recurrente que manifieste su interés en la continuación del proceso.
Es de destacar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado el criterio conforme al cual resulta improcedente declarar la perención de la instancia en las causas en las cuales se ha dicho “Vistos”; no obstante, ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado.
Asimismo, ha sostenido la aludida Sala que “…el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal -ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva-, pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos”. (Vid., Sentencia de la Sala Constitucional N° 1.153 del 8 de junio de 2006. En igual sentido, el fallo Nº 00302 del 21 de abril de 2010, dictado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
De lo anterior se concluye, que este Tribunal Superior no puede presumir la pérdida del interés procesal -ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos.
Concretamente, la M.I.C. por decisión de fecha 9 de 2007, con ponencia del MAGISTRADO: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, señaló:
Respecto a procesos en los cuales sólo resta la producción de la norma individualizada en que se resuelve el fallo judicial y en donde las partes no han solicitado al tribunal correspondiente que se pronuncie sobre el conflicto planteado o sobre la decisión de instancia que le corresponde revisar, la Sala se ha cuestionado sobre el efectivo interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, toda vez que la inactividad y la apatía han sido las constantes a lo largo del tiempo transcurrido entre el nacimiento de la obligación del Poder Judicial en decidir y el momento presente. Tal inacción –ha entendido la Sala– no sería más que una renuncia a la justicia oportuna, desvirtuable sólo a través de su actuación en el expediente, ya sea de manera espontánea o como consecuencia de la notificación a que está obligado el juez efectuar antes de declarar, como lo tiene decidido este Alto Tribunal, extinguida la acción.
Ello así, como quiera que han transcurrido casi tres años desde que se dijo «vistos» en la presente causa, sin que la demandante haya efectuado pedimento alguno, en obsequio del derecho a la tutela judicial efectiva, se ordena notificar a los apoderados judiciales de la parte actora, bien en su domicilio procesal o por cartel en caso de no haberlo indicado -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia- a objeto de que en un lapso de treinta (30) días continuos a partir de su notificación ratifique su interés en que se decida el presente proceso. En caso de que la accionante no haga constar en el expediente su interés en el mismo, esta Sala considerará extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal (cf. Sent. n° 1017/2001 de 12 de junio, caso: Asociación Bancaria Nacional). De no producirse respuesta de la parte recurrente dentro del plazo fijado, la Sala considerará extinguida de pleno derecho la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, sin que ello comprometa la responsabilidad de las partes, supuesto para el cual se ordena el archivo del expediente, habilitándose al Juzgado de Sustanciación para que proceda al archivo. Así se decide (…)”.
Por tanto, de conformidad con el precedente jurisprudencial antes referido y siendo que ha transcurrido un largo período desde la oportunidad en que la parte actora actuó por última vez en este juicio y, asimismo, desde la oportunidad que la presente causa entró en estado de decisión, esta Sentenciadora ordena notificar a la parte recurrente, para que informe en un plazo máximo de quince (15) días continuos, contados a partir de que conste en autos su debida notificación, su interés en culminar este proceso a través de un fallo sobre el mérito del asunto, en acatamiento al criterio de la Sala Constitucional antes referido.
Transcurrido dicho lapso sin que la parte informe sobre su deseo de continuar la presente causa, este Tribunal Superior declarará extinguida de pleno derecho la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal. (Vid. TSJ/SPA. Sentencias Nros. 00740 y 01402 de fechas 19 de junio y 6 de noviembre de 2008, respectivamente).
Respecto a la forma como ha de practicarse dicha notificación, la Sala Constitucional en su decisión N° 4294 de fecha 12 de diciembre de 2005, indicó que la notificación del actor debía efectuarse “en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o por no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal”.
De esta manera, esta Juzgadora estima necesario ordenar la notificación de la parte recurrente en su domicilio procesal, de conformidad con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, para que manifieste su interés en que se decida el mérito de la causa, y así se establece.
IV
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ordena NOTIFICAR al ciudadano C.R.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.089.692, y/o en la persona de cualesquiera de sus apoderado Judiciales: E.B.M., E.B.M., M.B.M. y SUMNER BIEL MORALES, en su domicilio procesal, para que dentro de un lapso de Quince (15) días continuos, contados a partir de la fecha en que se verifique la notificación ordenada, manifieste su interés en que se decida el mérito de la causa. En consecuencia, transcurrido dicho lapso sin que la parte actora manifieste su interés, este Juzgado Superior declarará extinguido de pleno derecho por pérdida sobrevenida del interés procesal, el recurso contencioso administrativo de querella funcionarial, contra EL CUERPO DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO DEL ESTADO ARAGUA.
Publíquese, regístrese, diarícese, déjese copia certificada y Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua, a los SIETE (07) días del mes de AGOSTO del año DOS MIL TRECE (2013) Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR ESTADAL.,
DRA. M.G.S.
LA SECRETARIA TEMP
ABG. A.G.
En esta misma fecha, 07 de AGOSTO de 2013, se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA TEMP
ABG.A.G.
ASUNTO DE01-G-1997-000004
ANTIGUO 4611
MGS/cejor
