Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Laboral Charallave de Miranda, de 29 de Enero de 2003

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

CHARALLAVE.-

PARTE ACTORA: C.J.R.A.

C.I. N° 10.892.772

APODERADOS JUDICIALES: J.L.A.B.

INPREABOGADO N° 42.267

THIANA BALZA MORA

INPREABOGADO N° 75.305

PARTE DEMANDADA: PANAMCO DE VENEZUELA C.A.

APODERADOS JUDICIALES: P.E. LEDEZMA, LEONDINA

D.F., A.J.

A.R., ENRIQUE

GRAFFE C., P.J.A.G.,

H.D.I., LOURDES

Y.Y.O., J.A.

PARRA, C.A. ACOSTA Y

OTROS.

INPREABOGADO Nros, 26.230, 35.497, 24.219,

53.795, 75.973, 73.254, 17.956, 9.396, 51.102,

20.860, 7.802, 44.180 y otros.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

EXP. No. 13.679-01

Se inicia el presente procedimiento en fecha 08-01-2001 en virtud de la demanda interpuesta por ante este Tribunal por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES por el abogado J.L.A.B., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 42.267, quién actúa como apoderado judicial del ciudadano C.J.R.A., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.892.772 y de este domicilio, manifestando que comenzó a prestar servicios para la empresa PANAMCO DE VENEZUELA, CA., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 2 de septiembre de l.996, bajo el N° 51, Tomo 462-Sgdo, en fecha 01-10-1.998 hasta el día 24-11-2000, teniendo un tiempo de servicios de 2 años, 1 mes y 23 días, devengando un salario diario de Bs. 50.000,00.

En fecha 10 de enero del 2001, el Tribunal admitió la demanda ordenándose el emplazamiento de la accionada para la contestación de la demanda como para acto conciliatorio, librándose las boletas correspondientes.

En fecha 15 de mayo del 2001, compareció el apoderado actor abogado J.L.A.B., y consignó copias certificadas del Poder que acredita su representación.

En fecha 21 de mayo del 2001, compareció el Alguacil del Tribunal y mediante diligencia consignó boleta de citación sin efecto de firma.

En fecha 30 de mayo del 2001, compareció el apoderado judicial de la parte actora y mediante diligencia solicitó la citación por carteles.

En fecha 4 de junio del 2001, el Tribunal mediante auto ordenó la citación de la accionada mediante carteles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo.

En fecha 21 de Septiembre del 2001, comparece el apoderado actor y solicita el abocamiento del Juez designado.

En fecha 6 de noviembre del 2001, el Tribunal dejó constancia de que en fecha 11-07-2001, el Dr. A.H.G. tomó cargo de este Juzgado como Juez Suplente Especial y se abocó al conocimiento de la presente causa.

En fecha 7 de noviembre del 2001, comparece el apoderado actor y mediante diligencia se dio por notificado del abocamiento del Juez y solicito se fije cartel de citación a la parte demandada.

En fecha 12 de noviembre del 2001, el Tribunal mediante auto ordenó la citación de la accionada mediante carteles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo.

En fecha 10 de diciembre del 2001, comparece el apoderado actor y mediante diligencia solicita la citación por carteles de conformidad con el artículo 52 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En fecha 13 de diciembre del 2001, el Tribunal mediante auto ordenó la citación de la accionada de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En fecha 18 de enero del 2002, compareció el alguacil del Tribunal y mediante diligencia dejó constancia de haberse traslado a la sede de la empresa y haber fijado cartel de citación.

En fecha 22 de enero del 2002, compareció el abogado C.A.A., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 44.l80, y consignó instrumento poder que le fuera otorgado por la demandada, asimismo consignó contestación a la demanda constante de 29 folios útiles.

En fecha 22 de enero del 2002, comparece el apoderado actor y sustituye poder al abogado D.S.H.A., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 36.308.

En fecha 24 de enero del 2002, el Tribunal declaró como no cumplido el acto conciliatorio.

En fecha 24 de enero del 2002, compareció el apoderado judicial de la parte actora y mediante diligencia consignó en 22 folios útiles escrito de Reforma de la demanda.

En fecha 25 de enero del 2002, el Tribunal mediante auto admitió dicha demanda fijando el tercer (3er.) día de despacho siguientes para la contestación de la misma.

En fecha 30 de enero del 2002, compareció el apoderado judicial de la demandada y consignó mediante diligencia escrito de contestación de la demanda en 33 folios útiles.

En fecha 5 de febrero del 2002, comparece la abogada J.A., inscrita en el inpreabogado bajo el N° 73.254 y consigna instrumento poder que le fuera otorgado por la demandada.

En fecha 5 de febrero del 2002, comparece la apoderada judicial de la demandada y mediante diligencia consigna en 5 folios útiles y 7 anexos escrito de promoción de pruebas.

En fecha 5 de febrero del 2002, comparece el apoderado actor y mediante diligencia consigna en 8 folios útiles y 6 anexos escrito de promoción de pruebas.

En fecha 6 de febrero del 2002, el Tribunal mediante auto dio por recibido el escrito de promoción de pruebas promovido por la parte demandada.

En fecha 6 de febrero del 2002, el Tribunal mediante auto dio por recibido el escrito de promoción de pruebas promovido por la actora.

En fecha 7 de febrero del 2002, el Tribunal mediante auto ordenó abrir una segunda pieza la cual contendrá todas y cada una de las actuaciones subsiguientes. Cumplido con lo ordenado en esa misma fecha.

En fecha 7 de febrero del 2002, el Tribunal mediante auto admitió el escrito de pruebas promovido por la parte demandada.

En fecha 7 de febrero del 2002, el Tribunal mediante auto admitió el escrito de pruebas promovido por la parte actora.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

.-Invocó el Mérito favorable en los autos.

.-Promovió documentales marcados “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” Y “G”.

.-Promovió la prueba de Exhibición de documentos.

.- Promovió las testimoniales de los ciudadanos FRENCIS RODRIGUEZ, T.R., R.C. Y V.P. (Comisionándose para la evacuación de la primera al Juzgado del municipio Autónomo T.L., con sede en Ocumare del Tuy y de los tres restantes al Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial Judicial del Estado Táchira.

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PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA

.-Ratificó Poder consignado en original en fecha 15-05-2002.

.-Ratificó en todo su valor probatorio los documentos consignados con el escrito libelar.

.-Ratificó |en todo su valor probatorio la copia certificada del poder de representación otorgado por el demandante C.J.R..

.-Ratificó con todo su valor probatorio todos los documentos consignados con el escrito de la demanda.

.-Reprodujo el mérito favorable de los autos.

.-Reprodujo el mérito favorable que favorece a su poderdante en el escrito de contestación al fondo de la demanda.

.-Promovió documentales marcados “A”, “B”, “D”, “E”, “F”.

.-Invocó y reprodujo el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

.-Invocó y reprodujo el artículo 94 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

.-Consignó en 26 folios útiles Jurisprudencia, en ponencia del Magistrado JUAN RAFAEL PERDOMO.

.-Promovió las testimoniales de los ciudadanos R.H., C.R.E., R.E., M.A., G.A.B.M., A.J.O.C., L.A.P., F.J.L.N., C.G.A.V., ISMALIA GUERRERO. (Comisionándose al Juzgado del Municipio Autónomo T.L., con sede en Ocumare del Tuy para la evacuación de dichos testigos.)

En fecha 13 de febrero del 2002, el Tribunal declaró como no cumplido el acto de exhibición.

En fecha 15 de febrero del 2002, compareció el apoderado actor y mediante diligencia impugnó y desconoció el anexó marcado “G” consignado por la demandada con el escrito de promoción de pruebas.

En fecha 20 de febrero del 2002, compareció el alguacil de este Tribunal y consignó copia del oficio N° 2.622-02 enviado al Juzgado de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira.

En fecha 22 de febrero del 2002, el Tribunal mediante auto fijó para el décimo quinto (10°) día de despacho siguientes para que tenga lugar el acto de informes de las partes.

En fecha 27 de febrero del 2002, el Tribunal dio por recibida las resultas de la comisión conferida al Juzgado del Municipio Lander de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

En fecha 26 de Marzo del 2002, el Tribunal mediante auto difiere el acto para que las partes presenten sus respectivos informes para el décimo (10°) día de despacho siguientes.

En fecha 15 de abril del 2002, compareció el apoderado judicial de la parte demandada y mediante diligencia solicitó al Tribunal difiera el acto para presentar los informes.

En fecha 16 de abril del 2002, El Tribunal mediante auto, difiere el acto para que las partes presenten sus respectivos informes para el décimo (10°) día de despacho siguientes.

En fecha 30 de abril del 2002, comparece el apoderado demandado y mediante diligencia solicita al Tribunal difiera el acto para presentar los informes.

En fecha 2 de mayo del 2002, el Tribunal mediante auto difiere el acto para que las partes presenten sus informes para el décimo (10°) día de despacho siguientes al de hoy.

En fecha 16 de mayo del 2002, el Tribunal mediante auto dio por recibida las resultas de la Comisión que le fuera concedida al Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

En fecha 21 de mayo del 2002, comparece el apoderado judicial de la parte demandada y mediante diligencia consigna escrito de informes en 16 folios útiles.

En fecha 23 de mayo del 2002, el Tribunal mediante auto abre un lapso de ocho (8) días de despacho siguientes para que la parte contraria presente las observaciones a los informes presentado por la demandada.

En fecha 17 de Julio del 2002, el Tribunal mediante auto fija el segundo (2do.) día de despacho siguientes para dictar sentencia en el presente procedimiento.

En fecha 19 de Julio del 2002, el Tribunal mediante auto, difiere el acto para dictar sentencia para dentro de los treinta (30) días de despacho siguientes.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR:

Con el objeto de emitir el presente fallo, pasa este Tribunal a realizar un examen de las actas procesales, con el objeto de determinar la validez, legalidad y legitimidad de los actos componentes del proceso, por cuanto su procesalidad, considerando las circunstancias de forma, lugar, modo y tiempo, en que deben realizarse, para que logren su destino normal que es norma jurídica individual, en que consiste la sentencia, siendo atribuido su valor para el mismo, e influyen en su eficacia para la creación, modificación o extinción como función propia del proceso. En esta forma, visto como ha sido el principio antes expuesto, se pasa a establecer lo siguiente: el presente procedimiento se refiere al cobro de prestaciones sociales y otros conceptos regido por las disposiciones contenidas en los artículos 31 y siguientes de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, así como por las normas adjetivas del Código de Procedimiento Civil en cuanto sean aplicables tal como ha sido señalado por el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la jurisprudencia dictada en la materia. Asimismo se encuentra en forma sustantiva regido por la Ley Orgánica del Trabajo Vigente y su Reglamento. Este sentenciador, asimismo deja expresada la siguiente manifestación: Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en referendo constituyente de fecha quince (15) de Diciembre del año 1999,emitirá su fallo atendiendo preferentemente a los principios Constitucionales contenidas en el Capítulo V, artículos 87,88,89,90,91,92, y artículo 257. Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

EXAMEN DE LA DEMANDA:

Del exámen practicado al libelo de la demanda se observa, el accionante expresó que prestó sus servicios como Chofer en la empresa PANAMCO DE VENEZUELA C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 51 ,Tomo 462-A-Sgdo , de fecha 02 de Septiembre de 1.996, domiciliada en la ciudad de Ocumare del Tuy, Municipio L.d.E.M., carretera Nacional Ocumare-Yare, iniciando su relación laboral en fecha 12 de Marzo de 1.997, devengando un salario Diario de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.50.000,00). Fue despedido sin causa justificada del cargo que venia desempeñando, concluyendo la prestación de sus servicios el día 24 de Noviembre del 2000, teniendo un tiempo de servicio de TRES (03) Años, Ocho (08) Meses y (12) días.-

RESUMEN DE LA PRETENSION RECLAMADA

1. Vacaciones vencidas y bonos vacacionales desde el 05-05-98 hasta el 24-11-00. Bs. 2.816.666,77

2. Utilidades de los ejercicios fracción 1998 fracción año 1999 y fracción del año 2000. Bs. 12.844.999,44

3. Antigüedad hasta el 21-11-00 Bs. 8.373.842,50

4. Preaviso artículo 104 de la Ley L.O.T. Bs. 1.500.000,oo

5. Indemnización sustitutiva preaviso art. 125 Bs. 4.077.777,60

6. Indemnización por despido injustificado art. 125 Bs. 6.116.666,oo

   Total Prestaciones Sociales: Bs. 35.729.952,31

   Razón por la cual demanda a dicha empresa, para que convenga en pagar o en su defecto sea condenada por el tribunal a pagar a su poderdante la cantidad Bs. TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y UN CENTIMOS (Bs. 35.729.952,31) por concepto de prestaciones sociales, utilidades, vacaciones vencidas y no pagadas, bonos vacacionales no pagados y otros conceptos derivados de la relación laboral más los intereses sobre las prestaciones sociales para lo cual solicito se nombre a un experto contable a fin de determinarlos según la tabla de intereses emitido por el Banco Central de Venezuela.

   DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA:

   Una vez cumplida todas las formalidades de la citación de la demandada, se fijó la oportunidad para la celebración del acto conciliatorio, no compareciendo ninguna de las partes, procediéndose en consecuencia a la contestación de la demanda, que una vez analizada por este sentenciador, con el objeto de fijar la distribución de la carga de la prueba, se dejan establecidos los siguientes aspectos: Tal como ha venido siendo señalado por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, en los últimos fallos dictados, la correcta interpretación del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, que determinan un justo medio entre las dos exigencias contrapuestas, por dicha norma y son : 1) La de imponer toda la carga de la prueba al actor en una sola razón a una negativa genérica del demandado, tal como es el caso del procedimiento ordinario actual y 2) La de imponer toda la carga de la prueba al demandado en una sola razón a la inclusión de afirmaciones de hecho en el libelo de la demanda. Por ello, debemos establecer primeramente que el principio general en materia de la carga probatoria establecida por el derecho adjetivo consagrado en las disposiciones del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil y los preceptos legales insertos en el artículos 1354 del Código Sustantivo, quedan establecido en forma especial en la materia del trabajo, bajo las disposiciones del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, y con el objeto de no incurrir en errónea interpretación de dicha norma, debemos aplicar para el presente caso lo establecido por la Sala Social en sentencia de fecha “ … 15 de Febrero del año 2000 en el caso J.E.H.E. contra Administradora Yuruary, C.A., con ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz esta Sala de Casación Social estableció que : … el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor “. Igualmente señala la sentencia de esta Sala en comento, que habrá inversión de la carga de la prueba o estará el actor eximido de probar sus alegatos en los siguientes casos:

   Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aún cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

   Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación Laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc…

   En otras palabra, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en las fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos

   .

   En este mismo sentido en sentencia de fecha 15 de marzo del año 2000 en el caso E.J.Z. contra el Banco de Venezuela con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, también se señalo lo siguiente: … Se le exige el patrono que al contestar la demanda y rechazarla, alegue los hechos ciertos por los cuales la rechaza y los pruebe…

   La contestación de la demanda genérica o vaga, u omisión de la misma, trae como consecuencia al patrono la confesión ficta. La finalidad de esta norma es de alguna manera simplificar el debate probatorio, dando por admitidos los hechos del demandante, que no hayan sido expresa y razonadamente contradichos por el patrono.

   Queda así correctamente interpretada la norma, de manera que se da cumplido a los principios constitucionales de la protección al trabajo…”

   Ahora bien, del análisis y exámen de la contestación de la demanda presentada en fecha 30-01-2002, tenemos que la demandada PANAMCO DE VENEZUELA, SA. Alegó lo siguiente:

   ADMITIO LOS SIGUIENTES HECHOS:

1. Que entre el ciudadano C.J.R. y PANAMCO DE VENEZUELA, SA, existió una relación de índole y naturaleza COMERCIAL o MERCANTIL.

2. Que dicho negocio mercantil se inicio durante principios del mes de mayo del 2000 hasta finales del mes de octubre del 2000.

3. Que el negocio existente entre dichos sujetos comerciales concluyó por mutuo dissenso, es decir por voluntad bilateral de ambos contratantes.

4. Que las actividades negociales residían en la compra y venta de bebidas refrescantes bajo régimen de concesión producidas por Panamco de Venezuela, SA.

   NEGO LOS SIGUIENTES HECHOS:

1. Que el demandante en cualquier tiempo y lugar haya sido trabajador dependiente de PANAMCO DE VENEZUELA, que el actor haya iniciado el 01 de octubre de 1998, relación laboral alguna con la demandada, que el día 24 de noviembre del 2000 el demandante haya sido despido injustificado.

2. Que el actor haya ingresado con el cargo de Conductor Vendedor.

3. Que el autor haya desempeñado su relación comercial con camiones propiedad de la empresa PANAMCO DE VENEZUELA, SA, negó la estimación del salario en Bs. 50.000,oo diarios.

4. Que haya obligado al actor usar uniforme con emblemas de la empresa

5. Que haya existido un tiempo de duración de la relación laboral en el negocio jurídico comercial sostenido entre las partes procesales.

6. Negó haber designado un supuesto supervisor a cada conductor vendedor.

7. Negó que su representada haya denominado al actor CONCESIONARIO INDEPENDIENTE.

8. Negó el calculo de prestaciones sociales y conceptos laborales reclamados en la demanda, negó que C.J.R., haya sido trabajador al servicio de Panamco de Venezuela, SA.

9. Négó todos y cada uno de los conceptos y derechos reclamados en forma individualizado.

   1. En definitiva negó que PANAMCO DE VENEZUELLA, SA, sea deudora del actor de crédito laboral alguno, por tanto es improcedente el reclamo de vacaciones vencidas y bonos vacacionales vencidos por el período de 05/05/98 hasta el 24711/2000 y/o cualquier otro distinto, y su estimación en Bs. 2.816.666,77, por tanto es improcedente el reclamo de utilidades fraccionadas para el año 1998, fracción año 1999 y fracción año 2000 y su estimación en Bs. 12.844.999,44, por tanto es improcedente el reclamo de antigüedad hasta el 24-11-00, y su estimación en Bs. 8.373.842,50, por tanto es improcedente el reclamo de preaviso, y su estimación en Bs. 1.500.000,oo, por tanto es improcedente el reclamo de indemnización sustitutiva de preaviso, y su estimación en Bs. 6.116.666,oo. Niego el concepto de prestaciones sociales. Negó que PANAMCO DE VENEZUELA, SA, puede ser condenada, a con sujeción a norma jurídica alguna a pagar la cantidad de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLIVARES CON 31/100 (Bs. 35.729.952,31).

   2. Niego que con fundamento en los artículo 65,104,108,125,133,146,174,219,223,224,434,666, y 667 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en los artículos 1394 y 1397 del Código Civil, además de las improcedentes e inaplicables citas doctrinarias y jurisprudenciales, mi representada PANAMCO DE VENEZUELA, pueda ser condenada a pagar a la accionante los conceptos y montos pretendidos en el libelo, ya identificados como utilidades, vacaciones vencidas y no pagadas, bonos vacacionales no pagados y otros no establecidos en el mismo. Niego que mi representada adeude intereses sobre las improcedentes prestaciones sociales alegadas en la demanda. Niego que se aplicable al caso de autos la indexación judicial. Niego que mi representada pueda ser condenada a pagar costas, costos y honorarios de abogados con ocasión del presente juicio. La razón de esta negativa descansa en la improcedencia del derecho alegado, pues la única vinculación existente entre las partes fue de naturaleza comercial y nunca laboral.

   INVOCÓ COMO DEFENSA DE FONDO LA FALTA DE CUALIDAD E INTERÉS ACTIVO Y PASIVO.

   Resalta de los hechos de la presente contestación que ante la inexistencia de la relación laboral alegada en la demanda, y su evidente carácter mercantil, para lo cual damos por reproducido enteramente lo expuesto en el capítulo III de este escrito de contestación de demanda, se hace procedente declarar como en efecto así lo solicitamos, la correspondiente defensa de falta de cualidad e interés tanto en el demandante como en el demandado para intentar y sostener este juicio.

   DEFENSAS SUBSIDIARIAS OPUESTAS AL FONDO

   En el supuesto negado y no aceptado de que la jurisdicción del primer grado considere como de naturaleza y esencia laboral la relación controvertida, sometida al amparo de la legislación del Trabajo, opongo la defensa subsidiaria siguientes:

   1. LA PRESCRIPCION DE LA ACCION: En efecto, hemos afirmado que la relación sostenida con el demandante de autos C.J.R.A., concluyó por mutuo dissenso el 30 de octubre de 2000, por tanto es de concluir que los negados derechos que pudieron corresponderle por el periodo de tiempo transcurrido del mes de julio de 2000 hasta el 30 de octubre de 2000 prescribieron irremediablemente por el transcurso del tiempo en la esfera del derecho del trabajo, pues no consta que la acción haya sido interrumpida conforme a las previsiones de la ley especial. En fuerza de lo anterior con fundamento al artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, opongo la prescripción de la acción de los supuestos derechos de los cuales se dice acreedor el demandante, por cuanto desde la fecha de conclusión de la relación (30 de octubre de 2000) hasta el presente transcurrió con largueza el termino de año (1) civil, y los dos meses adicionales previstos en el aparte a) del artículo 64, ejusdem, como supuesto de interruptivo de la prescripción. Así pedimos sea declarado.

   Al respecto este juzgador observa:

   Alega la empresa demandada la prescripción de la acción, que pudiere corresponderle al accionante, basado en el transcurso del lapso previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, al respecto este Juzgador observa:

   La prescripción, es una institución que se encuentra regida en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 1952,1956,1960,1967,1968,1970,1972,1973,1975 y 1976 del Código Civil los que expresan:

   ARTICULO 1.952:

   La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la Ley.

   De acuerdo con la definición señalada existen dos clases de prescripción, la adquisitiva y la extintiva o liberatoria, siendo esta última la aplicable al derecho del trabajo, podemos entonces señalar que de su texto se desprende que es un medio extintivo de las obligaciones, que constituyen una relación jurídica temporal para exigir un derecho, constituyendo como condición para que ello ocurra la esencia o inacción del acreedor durante el lapso fijado por la ley que invoca el interesado.

   En esta forma, se debe destacar el contenido de las normas del derecho común sobre la regulación de esta institución de evidente interés en el proceso así tenemos:

   ARTICULO 1.956:

   El Juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta.

   ARTICULO 1960:

   El estado por sus bienes patrimoniales, y todas las personas jurídicas están sujetas a la prescripción, como los particulares.

   ARTICULO 1.967:

   La prescripción se interrumpe natural o civilmente.

   ARTICULO 1968:

   Hay interrupción natural, cuando por cualquier causa deje de estar el poseedor en el goce de la cosa por más de un año.

   ARTICULO 1969:

   Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial aunque se haga ante un Juez incompetente de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquier otro acto que le constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial.

   Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez, a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso.

   ARTICULO 1970:

   Para interrumpir la prescripción, la demanda judicial pueda intentarse contra un tercero, a efecto de hacer declarar la existencia de derecho, aunque esté suspenso por un plazo o por una condición.

   ARTICULO 1972:

   La citación judicial se considerará como no hecha y no causará interrupción:

1. Si el acreedor desistiere de la demanda, o dejare extinguir la instancia, con arreglo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

2. Si el deudor demandado fuere absuelto en la demanda.

   ARTICULO 1973:

   La prescripción se interrumpe también civilmente, cuando el deudor o el poseedor reconocen el derecho de aquél contra quien había comenzado a correr.

   ARTICULO 1975:

   La prescripción se cuenta por días enteros y no por horas.

   ARTICULO 1976:

   La prescripción se consuma a fin del último día del término.

   Se ha dicho que la Perención es a la instancia lo que la prescripción es a la acción, la primera extingue aquella, la otra ésta. Se debe establecer que la prescripción constituye y genera la pérdida de un derecho por la inactividad de un lapso establecido por la Ley. En el caso que nos ocupa, hay que destacar que la norma vigente para la materia del derecho del Trabajo establece, en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo lo siguiente:

   ARTICULO 61:

   Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios.

   Debemos destacar que el lapso de prescripción se cuenta, no a partir de la fecha o momento en que nace el derecho, o desde que este se ha exigible, sino a partir de la terminación de la relación laboral, salvo lo establecido en las disposiciones de los artículos 62 y 65 ejusdem.

   Dicha norma, tiene su razón de ser al presumirse el hecho de que durante la vigencia de la relación de trabajo, el trabajador carece de libertad suficiente para intentar un reclamo administrativo o judicial contra su patrono.

   Pero por otra parte, debemos, hacer la siguiente consideración con respecto a la prescripción de las utilidades, ya que su tratamiento se encuentra establecido en las disposiciones del artículo 180 ejusdem, que expresa:

   ARTICULO 180:

   La cantidad que corresponde a cada trabajador, deberá pagársele dentro de los dos (2) meses inmediatamente siguientes al día del cierre del ejercicio de la empresa.

   Ahora bien, la sustentación de dicha norma, esta dada, por el hecho de que los beneficios de una empresa no pueden conocerse sino después del cierre de su ejercicio económico, por ello para conocer del monto o acreencia liquida a favor del trabajador, la ley concede el plazo de dos meses.

   En consecuencia ha dispuesto el legislador que la prescripción de la participación en las utilidades del último ejercicio, no corre sino a partir del vencimiento del plazo máximo que el artículo 180 establece para hacer exigible el pago de este derecho , o sea al término del segundo mes, posterior a la fecha del cierre del ejercicio económico de la empresa.

   Por cuanto las utilidades tienen incidencia en el cálculo de la antigüedad el lapso para la prescripción de este derecho debido a esta incidencia no puede comenzar a correr sino a partir de la fecha en que dicha participación se ha determinado o de que se venza los dos meses que ha fijado la ley.

   Continuando con el estudio de esta institución de la prescripción, nos encontramos que existe una forma o medio de interrumpir la prescripción, la cual está contenida en disposiciones del artículo 64 que establece:

   ARTICULO 64:

   La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe:

   1. Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes.

   2. Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras Entidades de carácter público.

   3. Por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del trabajo, para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la notificación del reclamado o de su representante antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes y,

   4. Por las otras causas señaladas en el Código Civil

      Son ellos los supuestos que el legislador ha previsto a los efectos de que mediante el ejercicio de la acción para reclamar un derecho con el fin de desvirtuar la presunción de inercia del acreedor, en la cual se funda la institución de la prescripción.

      Además se debe dejar establecido que también se aplican las causas de interrupción contenidas en los artículos 1969 y 1973 del Código Civil, antes citados.

      Ahora bien, de la revisión que ha hecho quien juzga, de las actas procesales, se evidencia lo siguiente: La fecha de terminación de la relación laboral es el 2 de noviembre del año 2000, fecha que no fue desvirtuada por la demandada durante el proceso, fue presentada la demanda con fecha ocho (8) de enero del año 2001, y se fijó el cartel de citación librado de acuerdo al artículo 52 de la Ley Orgánica del trabajo, con fecha 18 de enero del 2002, o sea que se realizó dicha fijación, que constituye la formalidad de la citación, dentro de los meses siguientes que establecen las normas contenidas en el artículo 64 ejusdem, letra “A” lo cual forzosamente nos lleva a desestimar por improcedente la defensa de la prescripción que opuso la parte demandada, Y ASI SE DECIDE.

   2. LA ILEGALIDAD DE LA APLICACIÓN DE CORRECCION MONETARIA.

      ..... tampoco pueden los jueces implementar la aplicación de la “Indexación” o corrección monetaria” atendiendo a la equidad, ya que la misma (Prevista en los artículos 12 y 13 del Código de Procedimiento Civil) es únicamente aplicable cuando la Ley Faculte al Juez para aplicarla y/o cuando las partes de común acuerdo se lo soliciten al Juez en las controversias que se refieran aplicar la equidad al caso de autos, ni las partes se lo han solicitado al Juez, razón por la cual la “indexación” o corrección monetaria” no lo puede ser en aplicación del Principio Equitativo...” .....”no se puede aplicar en el presente juicio a mi representada, en el supuesto negado de ser declarada con lugar la demanda que motiva este juicio, una sanción que no tiene base legal alguna, como lo es la pretendida “Indexación”.......”Tampoco pueden ser fuente de la indexación o corrección monetaria disposiciones generales y programáticas contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo o en cualquier otro cuerpo legislativo social...... De allí pues que es improcedente e ilegal tratar de obtener la condena por indexación en materia del trabajo.......”

      Por las razones antes expuestas, es improcedente e ilegal el petitorio de “Indexación”, contenido en el libelo de la demanda.....”

      IMPUGNACIÓN

      En su escrito de contestación a la demanda, la parte accionada impugnó la copia fotostática del poder presentado por los abogados actuantes supuestamente autenticado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Autónomo T.L., S.B. y la Democracia del Estado Miranda, anotado bajo Nro 6,tomo 6, de fecha 18 de diciembre del año 2000. Por ende impugnó la representación que pretenden deducir los abogados actuantes en el proceso del ciudadano: C.J.R.A..

      Asimismo impugnó por no emanar de su representada ni de persona alguna que la obligue, el documento cursante al folio seis (6) del expediente correspondiente a una supuesta liquidación y cálculo de prestaciones Sociales.

      Seguidamente analizada la contestación de la demanda, pasa este Juzgador a señalar que la carga de la prueba le corresponde a la parte demandada quien en una forma minuciosa y detallada, trae a los autos nuevos alegatos en que fundamenta su negativa en forma absoluta y total para negar la existencia de una relación laboral en este procedimiento, por lo que a título de lo ya dejado establecido en la parte que se transcribió de la Jurisprudencia que ha dictaminado la Sala Social del m.T. de la República, en tal forma se pasa al análisis de los puntos que dentro de la Contestación han sido establecidos como defensa de fondo y se refiere a la falta de cualidad e interés activo y pasivo del demandante y demandado para intentar o sostener este juicio, a los efectos de emitir su fallo, este sentenciador observa:

      Se discute en el presente procedimiento, la naturaleza de la relación que existió entre las partes para estudiar y decidir el caso, debemos hacer las siguientes consideraciones:

      La parte demandada ha expuesto como DEFENSA DE FONDO. DE LA FALTA DE CUALIDAD E INTERÉS ACTIVO Y PASIVO.

      Señala la parte demandada:

      Resalta de los hechos de la presente contestación que ante la inexistencia de la relación laboral alegada en la demanda, y su evidente carácter mercantil, para lo cual damos por reproducido enteramente lo expuesto en el capitulo III de este escrito de contestación de demanda, se hace procedente declarar como en efecto así lo solicitamos, la correspondiente defensa de falta de cualidad e interés tanto en el demandante como en el demandado para intentar y sostener este juicio.

      El maestro del procesalisimo científico en Venezuela, Dr. L.L. en su reconocida obra “Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad por falta de cualidad”, sentó las bases para comprender este Instituto del derecho en la ciencia procesal. Así afirmaba el maestro, que la cualidad en sentido lato indica titularidad de un derecho o existencia de una obligación , pero cuando ella era llevada a la estructura del proceso, la misma asumía varías particularidades. Nos interesa destacar a los fines de esta contestación, asimilar que la cualidad o legitimación a la causa y el interés procesal, ciertamente entrañan un juicio de relación lógica entre persona que afirma ser titular de un derecho hecho valer con la acción (rectius pretensión) y la persona que tiene ese deber obligacional frente al contrario; si existe esa relación, obviamente existirá el interés. En caso que después de recorrido el proceso, quede demostrado que el derecho afirmado por el actor era inexistente y no se encontraba vinculado el demandado por ningún deber de prestación frente al actor, lógicamente, el Juez debe dictar una sentencia de fondo que declare la improcedencia del derecho alegado. En el caso de especie, resulta que los demandantes afirman ser titulares de derechos laborales, siendo inexistente dicho carácter, se concluye que no había titularidad del derecho hecho valer en a pretensión correlativamente, que el demandado no tenía deber de prestación frente a los actores por tales exigencias.

      En fuerza de los razonamientos anteriores, al tener naturaleza comercial el negoció jurídico llevado a estrados, de conformidad con el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, opongo como defensa de fondo la falta de cualidad activa del ciudadano J.J.B.P., para intentar el presente juicio y la falta de cualidad pasiva de Panamco de Venezuela S.A., para sostenerlo, por no haber sido en ningún tiempo trabajador y patrono, respectivamente. Así pedimos sea declarado mediante la correspondiente sentencia que declare la realidad sobre la naturaleza jurídica de la relación sustancial debatida en el proceso, con todo s los efectos de ley

      Al respecto este Tribunal observa:

      En primer lugar expone el demandado la defensa perentoria de la falta de cualidad o interés tanto en el demandante como el demandado para intentar o sostener el juicio, en este sentido, primeramente debemos señalar cual es la finalidad perseguida por el legislador para establecer esta defensa al demandado y nos encontramos que la falta de cualidad, ha sido definida por el maestro A.R.R., en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo III, pag. 109 y 110.

      Las actitudes del demandado en contradicción a la demanda pueden resumirse así:

      Omissis: ...........Contradice la demanda alegando la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio, o por haber cosa juzgada, o caducidad de la acción establecida en la Ley, o por prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, o cuando sólo permite admitirla por determinadas causales que no sean alegadas en la demanda (Ordinales 9º, 10º y 11 del artículo 346 del C.P.C), cuando estas últimas no las hubiese propuesto como cuestiones previas.

      En este punto hubo una modificación importante en el nuevo Código. La falta de cualidad e interés, que bajo el código de 1916 eran excepciones de inadmisibilidad de la demanda que podían proponerse ya como de previo pronunciamiento (in limite litis) o junto con las de fondo o perentorias en la contestación de la demanda, cuando no las hubiere alegando el demandado para que se las resolviera por previo pronunciamiento junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación (Art. 361 C.P,C). La Exposición de Motivos del nuevo Código explica que: “siguiendo la línea central del proyecto de conseguir una pronta entrada en el mérito de la causa, se ha considerado que bien pueden la falta de cualidad y la falta de interés considerarse sólo como defensas de mérito, ya que por su índole misma, siempre que se discute sobre la titularidad de un derecho o de una obligación, allí está planteado realmente un problema de cualidad, y por otro lado, la falta de interés lleva siempre la negación de la acción, porque para proponer la demanda, el actor debe tener interés jurídico actual (Art. 16. C.P.C). Así, el efecto de la declaratoria con lugar de estas defensas será la desestimación de la demanda en su mérito mismo, evitándose así la incidencia que el sistema del Código de 1916 provocaban tales defensas, al ser opuestas como motivo de inadmisibilidad de la demanda para ser resueltas como de previo pronunciamiento.

      En cambio las antiguas excepciones de admisibilidad de la demanda, que ahora con las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 9ª, 10ª y 11º del Artículo 346 (supra: N.284), pueden proponerse también junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación, cuando no las hubiese propuesto como cuestiones previas conformes al Artículo 346 C.P.C.

      (Dice igualmente este autor: En su Obra, Tratado de Derecho

      Procesal Civil Venezolano

      Tomo II, Pag. 9, 10, 11 y 12)

      (SIC)...La legitimación es a cualidad necesaria de las partes. El Proceso no debe instaurarse indiferentemente entre cualesquiera sujetos, sino precisamente entre aquellos que se encuentran frente a la relación material o interés jurídico controvertido en la posición subjetiva de “Legitimo contradictores”, por afirmarse titulares activos y pasivos de dicha relación. La regla general en esta materia puede formularse así: “La persona que se afirma titular de un interés jurídico propio, tiene legitimación para hacerlo valer en juicio (legitimación activa) y la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés, en nombre propio, tiene a su vez legitimación para sostener el juicio (legitimación pasiva)”.

      No existe en nuestro derecho una regla positiva que defina la legitimación de las partes. En el derecho italiano se le deduce de la norma relativa a la sustitución procesal (Articulo 81 C.P.C. It.), según la cual: “Fuera de los casos expresamente previstos en la ley, nadie puede hacer valer en el proceso en nombre propio un derecho de otro”. El nuevo Código acogió este principio en el artículo 140 según el cual: “Fuera de los casos previstos por la ley, no se puede hacer valer en juicio, en nombre propio, un derecho ajeno”. Un ejemplo característico de esta situación es el de la acción oblicua prevista en el Artículo 1.278 del Código Civil. Según el cual: “Los acreedores pueden ejercer, para el cobro de lo que se les deba, los derechos y las acciones del deudos, excepto los derechos que son exclusivamente inherentes a la persona del deudor”. Otro caso es el de la renuncia de una herencia en perjuicio de los derechos de los acreedores, caso en el cual éstos pueden hacerse autorizar judicialmente para aceptar la herencia en nombre y lugar de su deudor (Art. 1.017 C.C.). Por tanto, por argumento a contrario, se deduce que para obrar o contradecir en juicio, es necesario qu3e las partes afirmen ser titulares activos y pasivos de la relación material controvertida y pidan al juez una decisión de mérito sobre la misma (Legitimatio ad causam).

      Si las partes son realmente titulares activos o pasivos de la relación, sólo puede saberse al final del proceso, en la sentencia de mérito, cuando se declara fundada la pretensión que se hace valer en la demanda.

      Por tanto, no hay que confundir la legitimación con la titularidad del derecho controvertido. La titularidad del derecho o interés jurídico controvertido, es una cuestión de mérito cuya existencia o inexistencia dará lugar, en la sentencia definitiva, a la declaratoria con lugar o sin lugar de la demanda; mientras que el defecto de legitimación da lugar a una sentencia de rechazo de la demanda por falta de legitimación, sin entrar el juez en la consideración del mérito de la causa”.

      Así, v. gr., cuando A diciéndose arrendatario del fundo X demanda a B, propietario del fundo Y, pidiéndole el reconocimiento de la servidumbre de paso sobre el fundo, en beneficio del fundo X, propiedad de C, es evidente que el demandante A, le falta legitimidad o cualidad activa, porque no se afirma titular del derecho cuyo reconocimiento solicita. Por el contrario, si A, diciéndole propietario del fundo X, detentado por B, demanda a éste en reivindicación del mencionado fundo, es evidente que no podrá B desconocer la legitimación o cualidad activa de A, porque éste se afirma titular del derecho de propiedad invocado sobre el fundo X, y por tanto, está legitimado para obrar en juicio respecto a tal derecho. Si el fundo pertenece realmente al demandante o no, es una cuestión de mérito que debe ser resuelta en la sentencia definitiva y no de legitimación para obrar en la causa en el sentido expuesto.

      En algunos sistemas, como el venezolano del código de 1916 que ha adoptado el régimen del derecho común, el defecto de legitimación, activa o pasiva, puede plantearse como excepción de inadmisibilidad de la demanda, bien como cuestión previa (in limine litis), o junto con las demás defensas perentorias o de fondo, para que sea resuelta en capítulo previo en la sentencia definitiva: pero aún en este último caso, declarado el defecto de legitimación, el Juez no entra a examinar el mérito de la causa y simplemente desecha la demanda y no le da entrada al juicio.

      Bajo el nuevo código la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio, sólo pueden proponerse por el demandado junto con las defensas invocadas en la contestación de la demanda, conforme al Art. 361 C.P.C. (infla: n. 291 d).

      Si bien la regla general de la legitimación es que la persona que se afirma titular de una relación o interés jurídico propio tiene legitimación activa y que la persona contra quien se afirma la existencia de esa relación o interés jurídico, en nombre propio, tiene legitimación pasiva (legitimación normal), hay casos excepcionales, que confirman la regla, en que están legitimados por la ley para obrar o contradecir, ciertas personas que no solamente no afirman ser titulares activos ni pasivos de la relación o interés jurídico controvertido, sino que no son en absoluto sujetos de dicha relación (legitimación Ex Lege), casos en los cuales se ve más claro aún que la legitimación es una cosa y la titularidad del derecho controvertido, otra. (Fin de la cita).

      Así tenemos, que en esta materia, ha señalado en forma reiterada y pacifica la jurisprudencia:

      SENTENCIA SALA SOCIAL CASO DISTRIBUIDORA POLAR, SA (DIPOSA)

      Magistrado JUAN RAFAEL PERDOMO

      De fecha 16 de Marzo del año 2000

      Omissis.......”Las normas sustantivas y adjetivas que regulan el Derecho del Trabajo son de eminente orden público y como consecuencia de ello su aplicación no puede ser relajada por la voluntad de los particulares, pues a juicio del legislador su consagración está dirigida a proteger la circunstancia contingente en la que s encuentra una persona, el trabajador, frente a otra, el patrono, vinculados por una relación de manifiesta desigualdad económica.

      Es así como los artículos 84 al 94 de la Constitución de 1961 derogada y los artículos 86 al 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen los principios primarios o rectores en esta materia del Trabajo, siendo que la nueva Constitución consagra, en particular, la obligación del Estado de garantizar la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos del trabajo y considera el trabajo como un hecho social, protegido por el Estado y regido por los principios de intangibilidad, progresividad, primacía de la realidad, irrenunciabilidad, indubio pro operario, entre otros.

      Además dispone el artículo 94 de la Constitución de 1999 que:

      La Ley determinará la responsabilidad que corresponda a la persona natural o jurídica en cuyo provecho se presta el servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de éstos. El Estado establecerá a través del órgano competente, la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en general, en caso de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral

      En cuanto a las normas de rango legal los artículos 3º, 10 y 15, disposiciones fundamentales de la Ley Orgánica del Trabajo, ratifican el carácter irrenunciable de las normas dictadas en protección de los trabajadores y la obligatoria sujeción de cualquier relación de prestación de servicios personales a las normas contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, cualquiera que fuere la forma que adopte, salvo las excepciones establecidas en el texto de la propia Ley.

      El reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, contiene los siguientes principios de indudable utilidad: el principio de la norma más favorable (o principio de favor) y el principio de la conservación de la condición laboral más favorable (art 8º del Reglamento de la L.O.T).

      También es necesario referir que la Ley es imperativa al expresar que en caso de conflicto de leyes, prevalecerán las normas del Trabajo, sustantivas o de procedimiento y si hubiere dudas en la aplicación de varias normas vigentes, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador en su integridad, en conformidad con lo estatuido en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo, norma ésta fundamental dentro de la especialidad del Derecho del Trabajo.” (Fin de la cita).

      Teniendo como norte de nuestros actos la verdad, que como jueces debemos procurar conocer en los límites de nuestro oficio, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal para dictar su fallo realiza los siguientes planteamientos:

      El límite de la controversia esta señalada al alegar la parte actora estar vinculada con la demandada por una relación laboral o de trabajo y la demandada negó la cualidad de trabajador del accionante, alegando la existencia de una relación mercantil entre ellos y mediante una firma personal que giraba bajo el nombre y responsabilidad del actor, hecho que fue admitido en la contestación de la demanda, traído a los autos como fundamento de sus alegatos para sustentar la existencia de una relación de carácter mercantil, estableciendo la carga de la prueba para ello como su responsabilidad probatoria, tal como ha sido dejado establecido, en la parte correspondiente al tema de la contestación en esta fase motiva de la sentencia.

      Así tenemos que expresar, sobre el hecho de que las partes en su relación, establecieron una serie de condiciones que sirvieron como base en la relación que se mantuvo, tales como: el establecimiento por parte de la demandada de una ruta demarcada en un área geográfica especifica que limitaba las operaciones de venta de bebidas y refrescos a los establecimientos que se encontraban ubicado en dicha área o ruta; a la utilización de los vehículos (Camiones) propiedad de la demandada para la realización de las actividades de distribución y venta de bebidas y refrescos, la custodia y mantenimiento de dichos camiones, los cuales están identificados con la marca y logo del producto que produce y vende la demandada, estuvo siempre por cuenta de ella; la utilización del uniforme, con identificación del producto de refresco producido por la demandada, por parte del accionante, durante el lapso que se dedica a la distribución y venta de productos, contando con la Supervisión de la empresa a las actividades que realizaba, estos entre otros casos.

      Por otra parte, debemos considerar un punto sumamente importante en los conflictos judiciales y con relación al aspecto del interés, se debe interpretar que este constituye el propósito de la demanda, debiendo entenderse como interés procesal, siendo activo para el actor, este surge cuando se verifica en concreto el incumplimiento del derecho que permite considerar que no se ha producido la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, el cual no podrá ser obtenido sin la intervención de la autoridad judicial.

      Así tenemos que el accionante en materia laboral, puede acudir ante la jurisdicción al ser o tener la cualidad o condición de trabajador, quien al ser parte de una relación jurídica se convierte en titular de un derecho, expresado bajo el hecho social trabajo como una expresión de la vida humana asociado a su subsistencia que representa en la colectividad, lo cual hace que el estado le otorgue y reconozca protección pertinente por ser su medio de vida y sustento.

      En tal forma, al ser titular de un derecho originado por contrato que pueda se o no un contrato de trabajo, adquiere cualidad, para actuar en juicio al ser parte interesada en poder defender sus derechos, por ello es indiscutible la existencia de cualidad o interés del demandante para actuar en este juicio, en consecuencia debe forzosamente este sentenciador desechar la defensa perentoria, contenida en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, opuesta por la parte demandada y entrar a considerar la contestación de la demanda que ha sido planteada por la demandada a fin de establecer la carga de la prueba, Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      SEGUNDA DEFENSA SUBSIDIARIAS OPUESTAS

      LA ILEGALIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA CORRECCION MONETARIA

      Continuando con el análisis y exámen de la contestación nos encontramos con la segunda defensa opuesta como subsidiaria al fondo y se refiere a la ilegalidad de la aplicación de la corrección monetaria, donde la demandada expuso: ciudadano Juez, la indexación solicitada en el libelo de la demanda es a todas luces improcedente, en primer lugar por no existir base legal para su aplicación en el caso de autos, y en segundo lugar, por cuanto mi representada no adeuda ninguna cantidad de dinero al demandante ni está en mora frente a él.

      En efecto, desde hace algún tiempo, los Tribunales, primero tímidamente, y luego en una forma arbitraria han comenzado a aplicar en sus sentencias de condena la llamada “indexación” o “corrección monetaria”, que consiste en aplicar el índice inflacionario o tasas inflacionarias actuales a las sumas de dinero que dichos Tribunales ordenan pagar a los perdidosos en juicio.

      Como no existe en Venezuela base legal ni norma jurídica expresa que permita la “indexación” o “corrección monetaria” en los casos de condena de cantidades de dinero derivadas de obligaciones distintas de los préstamos de dinero, los tribunales para “indexar” las condenas pecuniarias, se han dado a la tarea de buscar justificaciones de orden legal para su implementación. Muchas han sido las fórmulas utilizadas y entre ellas la más socorrida ha sido la norma contenida en el artículo 1737 del Código Civil, relacionado con el Mutuo o Préstamo de Consumo, “aplicando” dicha norma mediante procedimiento analógicos y/o de equidad.

      Como quiera que la base legal utilizada normalmente por los Tribunales para aplicar la “•indexación” o “corrección monetaria” es la mencionada norma contenida en el artículo 1737 del Código Civil, es necesario a los efectos de una mayor comprensión de los presente alegatos , realizar un breve análisis del dispositivo sustantivo, pues es obvio que cualquier basamento en este juicio para condenar a mi representada a la indexación en el supuesto negado de que la demanda que motiva este juicio fuese declarada con lugar, radica y/o está ubicado en la norma comentada. En efecto, el artículo 1737 del Código Civil, tiene el siguiente tenor: “....La obligación que resulta del préstamo de una cantidad de dinero es siempre la de restituir la cantidad numéricamente expresada en el contrato. En caso de aumento o disminución en el valor de la moneda antes de que esté vencido el término de pago, el deudor debe devolver la cantidad dada en préstamo y no está obligado a devolverla sino en las monedas que tenga curso legal al tiempo del pago...” (negrillas mías). De la transcripción antes realizada, se desprende claramente lo siguiente: a) La norma se refiere única y exclusivamente a los préstamos de cantidades de dinero; b) El deudor debe devolver la misma cantidad recibida en préstamo aún en caso de aumento o disminución en el valor de la moneda cuando la devolución es antes de que esté vencido el término para el cumplimiento de la obligación (Principio Nominalista); c) Por argumento a contrario cuando se encuentra vencido el término para el cumplimiento de la obligación y el deudor no la ha cancelado, ya el pago no consiste en la misma cantidad de dinero, si se ha producido una disminución en el valor de la moneda. En estos casos de disminución del valor de la moneda, el deudor tendrá que adecuar su pago a la realidad económica que exista para el momento del mismo. Esto es lo que los Tribunales han venido acordando en los casos de declaratoria con lugar de acciones de condena al pago de cantidades de dinero.

      Como podrá apreciar el Ciudadano Juez, la norma contenida en el artículo 1737 del Código Civil antes transcrita, es solamente para ser aplicada en el mutuo o préstamo de consumo; está limitada única y exclusivamente al caso concreto de préstamos de cantidades de dinero y no para otros casos, ni siquiera análogos y/o semejantes como veremos más adelante, puesto que la intención del legislador fue que tal disposición legal se aplicase a los solos efectos señalados en la misma. Aún más, solo en los casos de vencimiento del término de la obligación y cuando ha habido disminución en el valor de la moneda es que el deudor tendrá que adecuar su pago a la realidad económica existencia para dicho momento.

      No puede el intérprete trasladar el supuesto contenido en el artículo 1.737 del Código Civil (préstamo de cantidades de dinero) a otros casos totalmente distintos, como lo son aquéllos donde se demandan ante los tribunales de justicia obligaciones de diversa índole y naturaleza distinta, que es lo que sucede en el caso de autos. En efecto, en el presente juicio mi representada no es deudora de la parte actora por alguna obligación derivada de préstamos de cantidades de dinero, no fue señalada fecha de vencimiento de la inexistente obligación, ni mi representada se ha negado a pagar dicha inexistente obligación; en otras palabras, el caso de mí representada, no se subsume en la norma legal contenida en el artículo 1737 del Código Civil, por el contrario la supuesta, improcedente, eventual y negada condena que pretende el actor se le imponga a mí representada en el presente juicio, y sobre la cual se pide la condena de “indexación”, deriva de un supuesto total y absolutamente distinto del previsto en la norma contenida en el artículo 1737 del Código Civil. Fácil es apreciar que en el caso de autos la hipótesis es otra, lo planteado en este juicio es el cobro de unas supuestas cantidades de dinero que se han demandado a mi representada por unos supuestos e inexistentes conceptos derivados de un Contrato de Trabajo. No puede transplantarse el supuesto de hecho contemplado en el artículo 1737 del Código Civil al supuesto de hecho planteado en el presente juicio, ni siquiera por obra de la analogía o la semejanza. En efecto, no existe analogía alguna, ni semejanza que pueda permitir la aplicación del artículo 1737 del Código Civil a otros presupuestos completamente distintos, como es el de autos. En este orden de ideas, por una parte tenemos que el artículo 49, numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica como norma de rango constitucional y de amplio espectro, que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, falta o infracciones en leyes preexistentes. Ello quiere decir que tiene que existir en el elenco jurídico una Norma expresa para regular cada caso concreto en el acontecer diario de la comunidad. Cuando la Constitución señala que la persona no puede ser condenada a sufrir pena que no esté establecida por ley preexistente, lo que está diciendo es que los órganos encargados de la Administración de Justicia, no pueden aplicar sanciones al particular de ninguna índole que no esté previstas en la Ley, sean estas sanciones de orden penal o de orden civil. En segundo lugar y no obstante lo señalado anteriormente, el artículo 4º del Código Civil, siguiendo el mismo orden Constitucional, permite la aplicación de disposiciones semejantes, y/o la aplicación de la analogía, o la aplicación de los principios generales del derecho cuando no existe norma expresa para regular, interpretar o decidir una determinada controversia, pero tal atribución está limitada como la propia norma lo señala, al “sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador”. En otras palabras, el citado artículo artículo 4º del Código sustantivo permite la analogía pero en forma limitada y restrictiva. En el caso de autos, no se puede aplicar la analogía entre el supuesto contenido en el artículo 1.737 del Código Civil y el supuesto contenido en el presente juicio, puesto que tales supuestos contemplan circunstancias de hecho total y absolutamente distintas. Ya lo vimos anteriormente, en la norma citada (artículo 1.737 del Código Civil) el legislador quiso aplicar la “indexación” y/o “corrección monetaria” a los préstamos de dinero y dentro de los parámetros y condiciones establecidos en la norma, en cambio, en el caso de autos, la situación es diametralmente opuesta, solo se trata de una improcedente demanda destinada a que mi representada pague supuestos e inexistentes conceptos derivados de otra fuente extraña al préstamo de dinero. De allí pues que cuando no hay disposición expresa de la Ley para regular un caso concreto, el intérprete debe buscar: En primer lugar las disposiciones que regulan casos semejantes QUE NO ES EL CASO, ya que no hay semejanza alguna entre el préstamo de dinero y la supuesta obligación que pretende imponerse a mí representada derivada de supuestos conceptos presuntamente emanados de una relación laboral; en segundo lugar las materias análogas, QUE NO ES EL CASO, ya que la analogía consiste en la solución de problemas, materias o circunstancias no previstas expresamente en la Ley mediante la aplicación de circunstancias equivalentes, parecidas, similares, y/o SEMEJANTES, es decir, mediante la interpretación extensiva de PRECEPTOS QUE GUARDEN RELACION CON LA MATERIA que se trate de regular o dirimir. Como fácilmente apreciará el Ciudadano Juez tampoco existe analogía entre el supuesto de hecho contenido en el artículo 1737 del Código Civil y el supuesto de hecho contenido en el caso de autos; en tercero y último lugar los principios Generales del Derecho, que como es sabido, consisten fundamentalmente en la aplicación, de máximas, reglas o preceptos de raigambre jurídica para solucionar controversias o litigios. Por ejemplo un principio General del Derecho antiguo como sería “... donde la Ley no distingue, no debe distinguir el intérprete...” y/o “... donde no hay ambigüedad, no cabe interpretación..” conducen a la conclusión de que en ningún caso los presupuestos de hecho del artículo 1.737 del Código Civil, pueden ser aplicados, ensamblados, conectados y/o subsumidos en otros supuestos totalmente distintos, como lo son los del caso de autos. Como se podrá observar, en este caso son inaplicables los principios generales del derecho para la resolución de este asunto, puesto que, de los dos ejemplos propuestos anteriormente, la conclusión es totalmente opuesta. En definitiva, la analogía o semejanza que se pueda pretender realizar para la resolución de eventos distintos a los planteados expresamente en el artículo 1737 del Código Civil, es imposible, no solamente por los argumentos arriba citados, sino por cuanto para que sea aplicable la analogía es condición sine quanon que el supuesto de hecho de la norma cuya aplicación analógica se pretende, debe ser tan parecido o semejante desde el punto de vista jurídico con el supuesto de hecho no regulado, para que pueda afirmarse que existe la misma razón para atribuirle la misma consecuencia jurídica a ese otro supuesto de hecho no previsto en la Ley.

      Al respecto este sentenciador observa: Ha sido, reiterado, pacifica pública y constante nuestra jurisprudencia en cuanto a la figura de la indexación o corrección monetaria, dejando claro su procedencia, al ser tratado como una figura jurídica de eminente orden público en la materia del trabajo para ello, tenemos colación la decisión dictada con fecha 28 de noviembre de 1996, en el caso del expediente número 99-515, sentencia No. 12, dictada por la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en la cual se dejó expresado:

      Profundizando en el criterio sostenido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en fecha 28 de noviembre de 1996 y acogiendo el criterio expuesto por la doctrina patria, según el cual:

      ...La indexación tiene su base en la reparación total del daño y si por vía judicial se establece la responsabilidad del demandado, éste ha de satisfacer plenamente la deuda.

      En efecto, si bien el problema de la lentitud de la administración de justicia no debería recaer sobre el deudor, pues con mayor razón no debe pesar sobre el acreedor . Y este último es quien resulta perjudicado con esta nueva tendencia de la jurisprudencia. Excluir de la corrección monetaria los períodos de inactividad procesal imputables a la lenta administración de justicia, tales como las huelgas o el período de sentencia el cual puede durar años, resulta a todas luces incompatible con las ideas que inspiran la indexación; esta (sic) no es una sanción susceptible de ser excluida según las circunstancias, es simplemente un ajuste por inflación que debe tener lugar si la sentencia definitiva declara con lugar el pago de la deuda. Desde el punto de vista sustancial, el deudor está devolviendo la misma cantidad a la que estaba obligado inicialmente. (...).

      Es el caso que, reconocida la pertinencia de ordenar la indexación judicial de las cantidades reclamadas por el trabajador y acordadas en el fallo, considera la Sala que la misma debe calcularse desde la fecha de admisión de la demanda, pues es imputable al trabajador la tardanza en ejercer el derecho a reclamar por vía judicial.

      Por otra parte, reconociendo la sala que en muchas oportunidades el pronunciamiento de la sentencia se dilata por causas ajenas a la voluntad de las partes, inclusive por causas de fuerza mayor o por hechos fortuitos, se presenta la circunstancia que el patrono sigue teniendo en su patrimonio un dinero que le corresponde al trabajador, por lo que no es a este último al que le corresponde cargar con las consecuencias de la pérdida del valor de la moneda, según lo ya expuesto.

      Por tal razón establece esta sala que lo pertinente es que la indexación debe ser calculada desde la admisión de la demanda hasta la fecha de la ejecución de la sentencia, entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo y no el mero auto mediante el cual el tribunal decreta la ejecución de la sentencia, pues entre ambos momentos puede transcurrir un período considerable que redundaría en perjuicio del trabajador.

      Únicamente pueden ser excluidos del cálculo indexatorio los períodos en los cuales la causa se encuentra suspendida por acuerdo de ambas partes, pues en dicha suspensión si tiene responsabilidad el trabajador.

      A fin de asegurar lo anterior, una vez que la sentencia definitiva haya quedado firme y liquidado e indexado como sea el monto de la condena, el tribunal, a petición de la parte interesada, decretará la ejecución y fijará el lapso para el cumplimiento voluntario del fallo, en conformidad con lo establecido en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil.

      Si el ejecutado no cumple voluntariamente con la decisión, el tribunal ordenará la ejecución forzada, y a petición de parte, decretará medida ejecutiva de embargo sobre bienes determinados o librará el respectivo mandamiento de ejecución, para que sea practicada la medida sobre bienes del deudor, hasta por el doble del monto de la condena más las costas procesales por las cuales se siga ejecución, en conformidad con lo dispuesto en los artículo 526 y 527 ejusdem.

      Una vez cobrado el monto inicialmente ordenado por el tribunal, tendrá derecho el trabajador a solicitar que el tribunal de la ejecución, es decir aquél (sic) que fue el tribunal de la causa, calcule la pérdida de valor de la moneda durante el procedimiento de ejecución forzosa de lo decidido y ordene pagar la suma adicional que resulte, la cual asimismo será objeto de ejecución forzosa en caso de falta de cumplimiento voluntario, pues sólo así puede el proceso alcanzar su finalidad de garantizar una tutela jurídica efectiva.

      De igual manera se procederá en cualquier procedimiento de índole laboral, que implique el pago de cantidades de dinero, cada vez que el patrono no dé cumplimiento voluntario a la decisión judicial

      .

      El criterio expresado en este fallo halla su más alta fundamentación en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la exigibilidad inmediata de los créditos laborales y expresamente los considera deudas de valor” (SCS 6-2-01. Exp. No. 99-515, sentencia No. 12. El modo de calcular la indexación de las prestaciones laborales ordenado por la alzada coincide, como se puede apreciar, con el criterio de esta Sala.

      Asimismo tenemos que ha sido en forma reiterada y constante, el criterio jurisprudencial de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, en relación a la materia de la indexación monetaria, así vemos que en sentencia No. RC111, con ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO, en el juicio de L.A.Z.M., contra CADAFE expediente No. 01646, se expresó:

      Con respecto a la indexación monetaria, la Sala de Casación Civil de este m.t., en sentencia de fecha 17 de marzo de 1993 reiterada en innumerables oportunidades, declaró como materia relacionada con el orden público social la corrección monetaria en los juicios laborales que tengan por objeto la cancelación de las prestaciones sociales de los trabajadores, la cual podrá ordenarse de oficio a partir de la fecha de publicación de dicho fallo, criterio este que es acogido por esta Sala de Casación Social.

      Por otra parte, ha sido igualmente criterio de esa Sala Civil de este Tribunal Supremo, en cuanto a la oportunidad en que debe solicitarse la indexación judicial, el que en todas las causas donde se ventilen derechos disponibles y de interés privado, el ajuste por inflación ha de ser solicitado necesariamente por el actor en el libelo de demanda, no pudiendo ser solicitado en otra oportunidad mientras que en las causas donde se ventilan derechos no disponibles, irrenunciables o de orden público, como son las causas laborales y de familia, el sentenciador podrá acordarlo de oficio aún (sic) cuando no haya sido solicitado por el actor en su libelo de demanda.

      En esta forma, este sentenciador acogiéndose a lo que ha sido el criterio sobre la indexación monetaria de nuestro M.T. de la República, declara que en el presente procedimiento debe ser aplicada la corrección monetaria, Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      Con relación a la impugnación que plateara la demandada, a las copias fotostáticas del poder presentado por los abogados actuantes, este Juzgador declara que no tiene materia sobre la cual decidir al constar en autos las copias debidamente certificada del poder de los abogados actuantes, Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      Por otra parte, una vez examinada la forma en que se dio la contestación a la demanda, debe dejarse establecido la carga de la prueba en este procedimiento y así tenemos: La demandada expresa su asentimiento sobre unos hechos que no han sido establecidos por la parte demandante como pretensión por el accionante, cuando dice que entre la demandada y el accionante existió una relación de índole y naturaleza Comercial o Mercantil, lo cual no puede ser considerado como admisión de los hechos que se establecen en el libelo como pretensión, del accionante, Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      Continuando con el exámen de la contestación tenemos que la demandada realizó una negativa genérica y una negativa especifica, la cual pasa a ser analizada por este Juzgador, en la forma siguiente: Fueron negadas y fundamentadas debidamente todos y cada uno de los puntos y conceptos reclamados en el libelo, con lo cual trae a los autos elementos nuevos o diferentes a los expuestos por el accionante, lo cual a tenor de la interpretación que dársele al artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, tal como ha sido jurisprudencia reiterada, pacifica y constante de nuestra Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, la carga de la prueba en el presente procedimiento debe estar a cargo de la empresa demandada, Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      DE LAS PRUEBAS:

      Así tenemos, que una vez hecha la anterior acotación, pasa este Juzgador al examen de las pruebas aportadas por las partes en el proceso, ateniéndose a los principios de la verdad procesal y legalidad contenidas en las normas del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, y el principio de la comunidad de las pruebas y la exhaustividad, contenidas en el artículo 509 ejusdem, pasa a exámen y estudio y valoración de las pruebas aportadas por las partes en el proceso.

      En primer lugar, pasa este sentenciador al exámen y valoración de las pruebas de la parte actora:

      En base al principio que exige a los jueces, decidir con fundamento a lo alegado y probado en autos, y de acuerdo al principio de la exhaustividad, pasa este sentenciador al exámen de las pruebas promovidas y evacuados por la parte actora, quien haciendo uso del derecho que le otorga la ley presentó las pruebas que se analizan a continuación:

      Continuando con el análisis de las pruebas, tenemos que fue promovida como letra “A” la constancia de trabajo, emitida por la demandada, donde se establece la prestación de servicio como chofer avance del demandante dicha constancia se emitió en papel membrete de la demandada.

      Al respecto, este Juzgador observa: Dicha constancia fue impugnada, dentro del lapso legal, mediante diligencia manuscrita, con una especial característica de no haber tenido el abogado de la demandada el cuidado de hacer dicha diligencia en forma legible, ya que es inexcusable que no aprecie el abogado la necesidad de facilitarle al Juez, la revisión de las actas procesales de una manera fácil y cómoda, a fin de no perder la valoración de lo que se quiere plantear en el proceso. Sin embargo, la fundamentación que se pudo obtener de dicha diligencia a fin de respaldar la impugnación se realizó en forma simple, negando la facultad del administrador o firmante de dicha constancia, sin traer a los autos, mediante el procedimiento legal correspondiente a ello, como lo es la tacha, ya que se alega la

      Tacha de dicho documento, que fue ratificado e insistió en hacerlo valer la parte demandante, por lo que tocaría a quien lo tachó realizar la correspondiente formalización al Quinto día siguiente, como lo exigen las disposiciones contenidas en el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil que reza:

      ARTICULO 440:

      Cuando un instrumento público, o que se quiera hacer valer como tal, fuere tachado por vía principal, el demandante expondrá en su libelo los motivos en que funde la tacha, expresando pormenorizadamente los hechos que le sirvan de apoyo y que se proponga probar, y el demandado, en su contestación a la demanda, declarará si quiere o no hacer valer el instrumento, en caso afirmativo, expondrá los fundamentos y los hechos circunstanciados con que se proponga combatir la impugnación.

      Si presentado el instrumento en cualquier estado y grado de la causa, fuere tachado incidentalmente, el tachante, en el quinto día siguiente, presentará escrito formalizado la tacha, con explanación de los motivos y exposición de los hechos circunstanciados que quedan expresados, y el presentante del instrumento contestará en el quinto día siguiente, declarando asimismo expresamente si insiste o no en hacer valer el instrumento y los motivos y hechos circunstanciados con que se proponga combatir la tacha

      De manera que, la parte demandada que tachó dicha constancia no formalizó la misma, la cual por la forma en que se hizo, corresponde su consideración a la tacha por vía incidental, en este estado de las cosas debe necesariamente concluirse que desistió de dicha tacha incidental, y en consecuencia el documento denominado constancia de trabajo, adquiere valor probatorio al tenerse como reconocido por la parte contra quien se produjo y debe tenerse como cierto su valor dándosele a su contenido como una declaración de conocimiento emanada de la demandada, a la cual debe dársele plena fe y fuerza probatoria con efecto erga-omnes.

      A los efectos de entender más ampliamente, la naturaleza de la prueba por escrito, señalamos un párrafo de lo expresado por el Doctor J.E.C.R., en su obra Revista de Derecho Probatorio, No. 7, página 12,13,14.

      Omissis.... Los instrumentos que recogen manifestaciones de voluntad que se hacen constar por escrito para producir efectos jurídicos negociales (constitutivos y dispositivos), pueden emanar tanto de los particulares (partes o terceros con relación a un juicio), como del Estado (documentos oficiales). Por razones históricas que no son del caso exponer aquí, se eliminaron del Código Civil, y del Código de Procedimiento Civil, estos últimos documentos que también contienen manifestaciones de voluntad destinadas a producir efectos jurídicos (permitir el nacimiento de derechos o de relaciones jurídicas) aunque no por la vía del negocio jurídico; pero no por ello los instrumentos contentivos de esas declaraciones dejaron de ser prueba documental, ya que ellos debido a la autenticidad, tienen la misma fuerza probatoria que los negociales previstos en el Código Civil (Arts. 1360 y 1363) en cuanto gozan de la misma tarifa legal de plena prueba o plena fe. Este es el caso de los documentos oficiales, entre los que se distinguen los instrumentos administrativos strictu sensu (reproductores de actos administrativos) y los judiciales (autos, decretos, sentencias, etc).

      Hay manifestaciones que no persiguen un efecto jurídico inmediato, pero que tampoco constituyen simples declaraciones o manifestaciones de conocimiento (como lo son aquéllas donde se narra lo que se sabe sobre un hecho), sino que buscan un fín distinto al meramente informativo y con las cuales el declarante -por ejemplo- comete un hecho ilícito, como sería el escrito injuriante, difamatorio o insultante, o que de alguna manera perjudica a otro y puede dar lugar a una demanda por hecho ilícito, como sería el escrito injuriante, difamatorio o insultante, o que de alguna manera perjudica a otro y puede dar lugar a una demanda por hecho ilícito. El documento que recoge esas especiales declaraciones no reproduce convención alguna (Art. 1355 Código Civil) pero al asumir la forma de público o privado, obtiene los valores probatorio que se les asigna el Código Civil a esos instrumentos (Art. 1359, 1360 y 1363) por lo que a pesar de no contener manifestaciones negociales, estos documentos (debido a la especial declaración y al efecto que producen en el campo de las obligaciones) engrosan también el mundo de la prueba documental, tal como lo ha considerado el Código de Procedimiento Civil, cuando en el artículo 444 distingue en el delito de difamación, si este se hubiere cometido en documento público o en escrito, documentos reconocidos a su vez como públicos y privados en los Arts. 252 a 254 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Las manifestaciones de una parte que constituyen el “cuerpo de delito” del hecho ilícito, recogidas en bienes muebles de los caracteres señalados en este número, indirectamente son declaraciones que producen efectos jurídicos, y ellas deben caer dentro de la prueba documental, ya que no difieren en su estructura de la manifestación de voluntad que recibida en otro objeto mueble (instrumento), adquiere el especial y distinto valor probatorio ya anotado como característico de la prueba documental. No está demás recordar que el Código Civil nunca estructuró un sistema probatorio general, sino que por materias fue contemplando medios de prueba, y allí enfocó la prueba documental sólo alrededor de las convenciones entre partes (Art. 1355 ejusdem), pero no por ello otros escritos redactados por los particulares, cuyos contenidos permiten tipificar otras fuentes de las obligaciones distintas a la contractual, pueden ser erradicados de la prueba documental, como no lo fueron los documentos oficiales a pesar del silencio que sobre ellos guarda el Código Civil. Los testamentos, por ejemplo, no recogen convenciones de las partes; pero ellos son pruebas documentales y tienen los mismos valores probatorios de ese medio (son contentivos de manifestaciones de voluntad escritas que producen efectos jurídicos) ; e igual sucede con las partidas de Estado Civil.

      Nuestra posición es que toda declaración que no se limita a narrar o dar a conocer algo, sino que prevalece sobre lo narrativo e informativo la voluntad de modificar el estado de las cosas, las relaciones o las situaciones jurídicas (declaraciones de voluntad, de igual naturaleza como tal declaración que las contractuales contempladas en el art. 1355 Código Civil), contenida en un objeto, reproducible por la vía de la certificación, y/o anexable a los autos, en una prueba documental, que como decía H.D.P. (1971) según la naturaleza de la declaración inserta en el objeto, podrá ser negocial o simple, esta última si su fin no es una convención. A esas declaraciones, cuando su continente se hace auténtico, le otorga la ley el valor de plena fe (Arts. 1359,1360, y 1363 Código Civil) y su alcance probatorio sobre la realidad de lo declarado no sólo abarca a las partes, sino a los terceros.

      En tal forma, queda así establecida la forma en que este sentenciador le ha otorgado eficacia probatoria a dicha constancia de trabajo, Y ASI DECIDE.

      Con relación a la prueba marcada “B”, carnet de identificación, emitido por la demandada a nombre del accionante, este sentenciador observa que por cuanto dicho instrumento probatorio no fue objeto de impugnación o desconocimiento, adquiere todo su valor probatorio como tal de acuerdo con lo expresado en las disposiciones del artículo 1363 del Código Civil que reza:

      ARTICULO 1363:

      El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones, hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones.

      En consecuencia este Juzgador lo aprecia en el sentido de ser considerado un elemento que contribuye a la demostración de la existencia de una relación laboral entre la demandada y el accionante, Y ASÍ SE DEJA ESTABLECIDO.

      Con relación a las pruebas aportadas al procedimiento como pruebas marcada con la letra “D”, los cuales se refieren a planillas de liquidaciones de ventas diarias, durante algunos días del mes de septiembre del año 2000, tenemos que señalar que con dichas planillas se evidencia la actividad desarrollada por el accionante del control sobre los productos recibidos en forma diaria, que ejercía la demandada, en consecuencia al no haber sido impugnado, ni tachado por la demandada, adquiere fuerza probatoria, tal como lo establece la disposición del Código Civil antes transcrita y las contenidas en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, de manera que este sentenciador los aprecia en el sentido de constituir un medio de control de las ventas de productos que realizaba en forma diaria el accionante, Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      Con relación a las pruebas con el No. 4, aportadas al procedimiento como pruebas marcada con la Letra “E” referente a 5 folios útiles con sellos húmedos en originales, se le aplica el mismo tratamiento dado a los documentales consignados en el No. 3 marcado con la Letra “D”, que antecede. Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      Con relación a las pruebas aportadas al procedimiento como pruebas marcada con la Letra “F”, este tribunal no tiene materia sobre la cual decidir. Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO

      Continuado con el exámen de las pruebas de la parte actora, tenemos que promovió, la prueba testimonial de los ciudadanos: R.H., C.I. 6.176.607, C.R.E., C.I. No. 12.820.353; R.E., C.I. 11.556.779; M.A., C.I. 6.825.409; G.A.B.M., C.I. 5.973.382; A.J.O.C., C.I. 10.893.163, L.A.P., C.I. 12.304.754, F.J.L.N., C.I. 14.839.298, C.G.A.V., C.I. 5.401.121, e ISMALIA GUERRERO, C.I. 11.372.668, rindiendo declaraciones, solamente los testigos ciudadanos: . A.J.O.C., C.I. 10.893.163, e ISMALIA GUERRERO, C.I. 11.372.668.

      En tal virtud, pasa este sentenciador a la revisión y análisis de las declaraciones formuladas por los testigos, quienes una vez que fueron impuestos de los particulares de Ley, referente a los testigos, fueron debidamente juramentados, y en consecuencia al no haber sido inhabilitados por el Tribunal ni tachados por la contraparte, se procedió a la realización de los actos de sus deposiciones los cuales se pasan a su exámen y así tenemos: Con respecto al testigo A.J.O.C., este sentenciador observa: Del exámen a las declaraciones dadas, así como de las respuestas a las repreguntas formuladas, se evidencia que hay coherencia, no existiendo contradicción, en sus dichos guardando relación con las demás pruebas traídas al proceso, y con relación al punto discutido en el procedimiento, por lo cual, se puede deducir que no generan dudas dichas deposiciones, que son apreciadas por este Juzgador para declarar que de dichas declaraciones se obtienen elementos de consideración para establecer que las actividades desarrolladas por el accionante reúne las características típicas de una relación laboral, tales como la subordinación, la ajeneidad y la dependencia, que constituyan los elementos constitutivos de la relación de trabajo, que en este caso, han quedado establecido por el testigo cuando, señala que el accionante realizaba su labor de vendedor-chofer, con la obligación del uniforme que identifica a la empresa coca cola, debiendo realizar sus despachos solamente de productos fabricados por la demandada y dentro de una ruta indicada por la demandada, con la utilización de un vehículo (camión) de propiedad de la empresa, que dicha actividad de vendedor despachador dentro del horario fijado por la empresa con todos estos hechos quedan claramente demostrada por las declaraciones y las respuestas dadas a las repreguntas, en consecuencia este sentenciador declara que con las declaraciones del testigo A.J.O.C., se demuestra la existencia de una relación laboral, Y ASI SE DECIDE.

      En tal virtud, pasa este sentenciador a la revisión y análisis de las declaraciones formuladas por los testigos, quienes una vez que fueron impuestos de los particulares de Ley, referente a los testigos, fueron debidamente juramentados, y en consecuencia al no haber sido inhabilitados por el Tribunal ni tachados por la contraparte, se procedió a la realización de los actos de sus deposiciones los cuales se pasan a su exámen y así tenemos: Con respecto al testigo ISMALIA GUERRERO, este sentenciador observa: Del exámen a las declaraciones dadas, así como de las respuestas a las repreguntas formuladas, se evidencia que hay coherencia, no existiendo contradicción, en sus dichos guardando relación con las demás pruebas traídas al proceso, y con relación al punto discutido en el procedimiento, por lo cual, se puede deducir que no generan dudas dichas deposiciones, que son apreciadas por este Juzgador para declarar que de dichas declaraciones se obtienen elementos de consideración para establecer que las actividades desarrolladas por el accionante reúne las características típicas de una relación laboral, tales como la subordinación, la ajeneidad y la dependencia, que constituyan los elementos constitutivos de la relación de trabajo, que en este caso, han quedado establecido por el testigo cuando, señala que el accionante realizaba su labor de vendedor-chofer, con la obligación del uniforme que identifica a la empresa coca cola, debiendo realizar sus despachos solamente de productos fabricados por la demandada y dentro de una ruta indicada por la demandada, con la utilización de un vehículo (camión) de propiedad de la empresa, que dicha actividad de vendedor despachador dentro del horario fijado por la empresa con todos estos hechos quedan claramente demostrada por las declaraciones y las respuestas dadas a las repreguntas, en consecuencia este sentenciador declara que con las declaraciones del testigo ISMALIA GUERRERO, se demuestra la existencia de una relación laboral, Y ASI SE DECIDE.

      Por otra parte, en relación a las declaraciones rendidas por los testigos promovidos, ciudadanos L.A.P., F.J.L.N. y C.G.A.V., este juzgador observa que dichos ciudadanos mantienen por ante este mismo Tribunal Tercero de Primera Instancia del Trabajo, demanda en contra de la empresa demandada PANAMCO DE VENEZUELA, SA, los cuales cursan bajo los expedientes números: 13.681-01, 13.682-01, y 13.683-01, en consecuencia, este hecho no permite asegurar que dichos testigos puedan ser imparciales y objetivos, ya que tienen un interés manifiesto en las resultas del presente juicio, tal como lo tienen en su propios juicios ya mencionados, en tal forma este juzgador los desestima a los fines de dictar la presente Resolución Judicial a tenor de lo dispuesto en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, Y ASI SE DECIDE.

      PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

      Continuando con el exámen de las pruebas aportadas al proceso, pasa este sentenciador al análisis y valoraciones de las pruebas de la parte demandada y así tenemos: La parte demandada, para probar el fundamento de su defensa, promovió las siguientes pruebas documentales tenemos que como prueba marcada con la letra “A”, promovió en copia simple el asiento de Registro de Comercio, de la firma personal, constituida por el accionante por ante la Oficina del Registro Mercantil II, de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda.

      Con relación a la prueba marcada con la letra “B” referente a la autorización para contratar a nombre y cuenta de concesionario, un tercero contractual que recita por el autorizante C.J.R., los productos o mercancías comprados y de distribuirla entre sus clientes, debe señalarse que tal como ha quedado establecido en la parte que antecede en esta fase motiva del fallo, se declara que sobre dicho documento, no hay materia sobre la cual decidir, Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      Con relación a la prueba documental marcada con la letra “C”, referente a la comunicación girado a la demandada, donde se le autoriza cancelar las prestaciones e indemnizaciones sociales a los ayudantes del accionante, dicha comunicación, no fue impugnada, ni desconocida y a los efectos del fallo aquí dictado, declara este Sentenciador que dicho documento, apreciado en su contenido no influye en forma alguna a los efectos de la presente Resolución Judicial, Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      Con relación a la prueba documental marcada con la letra “D”, referente a la comunicación enviada a la demandada, donde se le autoriza la realización de una investigación de mercado en la ruta donde se desempeña el accionante, a los fines de mejorar las ventas, se puede apreciar que ello constituye una labor de supervisión a las actividades realizada por el demandante, la cual es una manera de ejercer un control y formalización del trabajo desarrollado por el actor, esta es una tarea normal que realizan los fabricantes de productos de consumo masivo, para lograr la expansión de sus mercados, en tal forma este juzgador considera que con dicha autorización se ejerce la función de control sobre las labores de los choferes vendedores, Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      La demandada, promovió como prueba marcada con la Letra “E”, correspondencia girada a ellos por el accionante, donde le solicitó apoyo para enterar al Fisco Nacional, el impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, dicha comunicación no fue impugnada, ni desconocida, por lo cual a tenor de los disposiciones del artículo 1363 del Código Civil, se debe considerar reconocido, sin embargo, del análisis al contenido del documento en cuestión se observa que se refiere a la solicitud de atender la preparación y el pago del impuesto a las ventas, lo cual en función al punto central debatido en este proceso, considera quien juzga que no modifica o influye esta situación que se planteó entre las partes en cuanto a la determinación hecha en este procedimiento de calificar las relaciones que sostuvieron las partes, como una relación laboral, Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      Con relación a las pruebas aportadas al procedimiento como pruebas marcada con la letra “F”, los cuales se refieren a planillas de liquidaciones de ventas diarias, durante algunos días del mes de septiembre del año 2000, tenemos que señalar que con dichas planillas se evidencia la actividad desarrollada por el accionante del control sobre los productos recibidos en forma diaria, que ejercía la demandada, en consecuencia al no haber sido impugnado, ni tachado por la demandada, adquiere fuerza probatoria, tal como lo establece la disposición del Código Civil antes transcrita y las contenidas en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, de manera que este sentenciador los aprecia en el sentido de constituir un medio de control de las ventas de productos que realizaba en forma diaria el accionante, Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      Con respecto a la prueba promovida como Letra “G” referida a una comunicación que el accionante le dirige a su ayudante ciudadano M.M., en el sentido de informarle de las normas establecidas por la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del trabajo, la cual no fue impugnada, ni desconocida, sobre la cual este Tribunal observa que del exámen al contenido de dicho documento no puede inferirse la influencia que tiene con relación a la determinación sobre la existencia de un contrato de trabajo en el previsto procedimiento, lo cual se ha dejado establecido en forma razonada en la parte motiva que antecede de esta Resolución Judicial, Y ASI SE DECIDE.

      En relación a la prueba de exhibición que fue acordada y la cual no se pudo llevar a cabo, siendo declarada desierto al no presentarse las partes, este sentenciador declara que no tiene materia sobre la cual decidir, Y ASI SE ESTABLECE.

      Continuando con el exámen de las pruebas aportada al proceso por la parte demandada, tenemos que promovió las testimoniales de los testigo ciudadano FRENCIS RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad V-10.829.950, con domicilio en el lugar del juicio, quien en la oportunidad fijada por el Juez comisionado para realizar el acto de la declaración, no se presentó por lo que fue declarado desierto y por consiguiente este sentenciador declara que no tiene materia sobre la cual decidir, Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      En relación a la prueba testimonial promovido en las personas de los ciudadanos T.R., R.C., y V.P., quienes están domiciliados fuera del lugar del juicio, tenemos que fue comisionado el juzgado de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, solamente rindieron declaración la testigos ciudadanos: T.R. y V.P., quienes una vez impuestos de los particulares de Ley que sobre testigos establecen las normas legales y debidamente juramentados, procedieron a rendir sus declaraciones las cuales una vez que fueron examinados por el sentenciador se deja establecido las siguientes consideraciones:

      Los testigos rindieron sus declaraciones sin ser repreguntados, considerándose que los mismos no resultan incoherentes, ni contradictorios, lo cual las hacen ser apreciadas, siendo rendidas en forma clara a los efectos de aportar las condiciones y la características operativas que se establecieron durante la vigencia de sus relaciones, con dichas informaciones se pueden inferir los modos y forma en que se producían las actividades desempeñadas por las partes en las actividades desarrolladas por las ventas de productos de bebidas refrescantes, sin embargo, tal como ha sido expuesto y razonado en esta fase motiva del fallo, se determinó la calificación de las actividades desarrolladas como de corte laboral, regido bajo las normas de la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en consecuencia queda así establecido lo referente al análisis y apreciación de los testigos y sus influencias en la decisión aquí adoptada, Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      DE LOS INFORMES:

      Una vez concluido el lapso probatorio, se fijó en fecha 20 de febrero del 2002, la oportunidad para que tenga lugar el acto de informes, siendo la parte demandada quien únicamente hizo uso de este derecho en el proceso, en tal forma del estudio y análisis del informe presentado por la parte demandada, pasa este sentenciador a hacer las siguientes consideraciones:

      En primer lugar la demandada hace una exposición sobre, la falta de cualidad e interés del actor y expone las razones que considera deben ser procedentes para ello, al respecto este sentenciador, en vista de que son los mismos argumentos y razonamientos señalada en la contestación de la demanda, declara que han sido debidamente tomados en cuenta al momento de las consideraciones planteadas en la litis contestación, que se hicieron en la primera fase de la parte motiva correspondiente a este fallo; en tal virtud este sentenciador le aplica el mismo tratamiento para la apreciación de estos alegatos esgrimidos en esta oportunidad de presentar informes. Asimismo expone la demandada sus alegatos de prescripción de la acción y plantea los argumentos para impugnar la procedencia de la indexación y basar su defensa alegando la forma en que se debe establecer la carga de la prueba, en tal forma debe expresar este sentenciador que han sido analizado todos y cada uno de los puntos donde se expusieron las consideraciones que contienen los informes las cuales serán precisadas en forma de resumen en el punto de las conclusiones que contendrá esta sentencia. Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      Por otra parte, debemos destacar que este acto de informes ha sido utilizado por la demandada para ratificar los argumentos expuestos en la contestación como alegato de defensa, al invocar la prescripción de la acción en este procedimiento, sobre lo cual este sentenciador dejó claramente establecidos las consideraciones para emitir la presente Resolución. Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      PUNTO ESPECIAL

      Debe hacer referencia quien juzga, a un aspecto de significación especial, que sirve a los efectos de apuntalar, aun más todos los fundamentos y razonamientos, así como los argumentaciones jurídicas en el sentido de dejar con mayor fuerza la afirmación sobre la existencia de un contrato de trabajo en este caso, por ello se transcribe parcialmente, sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 13 de noviembre del año 2001, con ponencia del Magistrado Doctor A.V.C., en el caso M. Cermeño y otros contra C.A. Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).

      Al oponerse la defensa perentoria de la prescripción si es desestimada no queda reconocido el derecho subjetivo objeto de la pretensión.

      En el juicio que por beneficio de jubilación siguen los ciudadanos… De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 ejusdem, se denuncia como infringido por la recurrida, el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo por falta de aplicación y los artículo 1952 del Código Civil y 61 de la Ley Orgánica del Trabajo por errónea interpretación.

      Sobre el particular alega el formalizante lo siguiente:

      Según la recurrida, la oposición de la defensa de prescripción por parte de la demandada, con fundamento en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, trajo como consecuencia el reconocimiento de la obligación.

      …Ahora bien, según lo expresado por la demandada al vuelto de la primera página del escrito de contestación de la demanda, lo cual podrá constatar esta Sala, cuando aquella opuso la defensa de prescripción de la acción, indicó que ello no implicaba que reconocía, en modo alguno, el derecho invocado por los demandantes de obtener una pensión de jubilación mensual, y seguidamente, rechazó pormenorizadamente, los hechos invocados en la demanda como fundamento de la pretensión, y adujo, además, otras defensas de fondo…

      …la mera oposición de la defensa de prescripción de la acción, no trae como consecuencia el reconocimiento de los hechos y el derecho invocados por el demandante como fundamento de su pretensión de que se le reconozca un determinado derecho subjetivo, máxime cuando, en el caso que nos ocupa, la demandada, al oponerla, manifestó expresamente que tal oposición no implicaba, de su parte, un reconocimiento del derecho cuyo reconocimiento pretendían los demandantes….

      .

      La Sala para decidir observa:

      El recurso de casación de fondo, también conocido por infracción de ley, se contrae a la infracción por la recurrida de las cuestiones que constituyen el fondo de la controversia, es decir, errores en el juzgamiento, los cuales en ciertos casos pueden versar sobre normas de derecho procesal falsamente interpretadas y aplicadas del mismo modo que las de derecho sustantivo, requiriéndose en todo caso para casar el fallo, que la infracción de fondo por la recurrida sea determinante de su dispositivo.

      Al respecto, el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil comprende todas las hipótesis de posible inobservancia de las normas de Derecho Positivo por parte del Juez, las cuales pueden ser clasificadas como: error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la Ley; aplicación falsa de una norma jurídica; aplicación de una norma que no esté vigente y negación de aplicación de una norma vigente.

      …En este orden de ideas, este Sentenciador trae a colación la sentencia dictada el 19 de octubre de 1994, por la Sala Civil de la Antigua Corte Suprema de Justicia, en la cual se lee:

      “…En sentencia de este Alto Tribunal de 4 de junio de 1968, (G.F. No. 60, 2, Etapa, Pág. 400), se sentó doctrina en cuanto a los efectos que produce la oposición de la prescripción por el demandado, en los siguientes términos: “La defensa de prescripción implica el reconocimiento del hecho que le sirve como causa al derecho pretendido”.

      Igualmente, en decisión del 2 de junio de 1971, (G.F. No. 72, 2 Etapa, Pág. 458), al determinar los efectos que produce la proposición de excepciones perentorias, se dijo:

      La excepción presupone por regla general, que el reo admite el hecho alegado por el actor, pero le oponen otro hecho nuevo que impide, modifica o extingue los efectos jurídicos de la situación admitida. Por tanto cuando el demandado opone la excepción del pago, está admitiendo la existencia de la obligación, pero la enerva alegando el hecho posterior de su pago

      .

      Se declara improcedente esta denuncia analizada… (Jurisprudencia de Casación de Ramírez & Garay, Tomo 132, págs. 344 a 345)..

      De la transcripción anterior se observa, que ciertamente y como lo señala el formalizante, la recurrida al declarar improcedente la defensa perentoria de prescripción de la acción, tergiversa el verdadero sentido o los efectos que produce la misma, lo cual trajo como consecuencia la infracción por falta de aplicación del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo y por vía subsidiaria esta última que consagra la regla general sobre la prescripción, y en donde se deriva el efecto de la oposición de esta defensa, en este sentido esta sala disiente del criterio de la recurrida con relación a que debe tenerse como cierta la obligación narrada en el libelo de la demanda constituida por el beneficio de jubilación mensual vitalicia, por cuanto al oponer el demandante la defensa perentoria de la prescripción y al desestimarse posteriormente, quedo reconocido el derecho subjetivo objeto de la pretensión. Pues bien, de la misma sentencia de fecha 19 de octubre de 1994 emanada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia la cual sirvió de fundamento a la recurrida, se infiere claramente que una vez declarada improcedente la defensa de prescripción de la acción, si el demandante no ha contestado con claridad en cuanto a que hechos de la pretensión son negados y los cuales son admitidos, entonces en esta situación, se tendrá como reconocido el derecho que se reclama, pero si por el contrario una vez alegada y desestimada la prescripción el demandante ha contestado bien conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánico de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, deberá el Juez pasar a conocer cada uno de los hechos que han resultado controvertidos en el proceso, según lo alegado en el libelo y en la contestación de la demanda, por lo que el formalizante esta en lo cierto al afirmar que cuando la defensa de prescripción es declarada improcedente, ello no produce, ningún efecto respecto de la existencia de la obligación que hace valer el actor como fundamento de su pretensión, pues esta situación acredita los hechos y derechos invocados en la demanda como fundamento de la misma, especialmente cuando dichos hechos han sido rechazados y se ha manifestado su no reconocimiento a ese derecho. Por lo demás y como bien lo dice el impugnante, lo que queda reconocido evidentemente es la relación de trabajo, puesto que lógicamente no se puede oponer la prescripción de la acción de un derecho que no existe, y por ende al oponerse la defensa perentoria en cuestión, el demandante evidentemente reconoció con este acto la relación de trabajo existente entre la empresa y sus trabajadores, lo cual, no es un hecho controvertido en el presente caso…(Fin de la cita).

      En esta forma, este sentenciador, aplica la tesis de la Sala Social, en el sentido de que al haberse alegado la prescripción en el presente caso se ha producido un reconocimiento de la existencia de la relación de trabajo entre el accionante y la empresa demandada, Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

      PUNTO ESPECIAL DE LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO

      En nuestro ordenamiento jurídico nos encontramos con la posibilidad de complementar un fallo por medio de la vía de experticia, tal como está previsto en la norma contenida en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil que expresa:

      ARTICULO 249:

      “En la sentencia en que se condene a pagar frutos, intereses o daños se determinará la cantidad de ellos, y si el Juez no pudiere estimarla según las pruebas, dispondrá que esta estimación la hagan peritos, con arreglo a lo establecido para el justiprecio de bienes en el Titulo sobre ejecuciones del presente Código. Lo mismo se hará cuando la sentencia ordene restitución de frutos o indemnización de cualquier especie, si no pudiere hacer el Juez la estimación o liquidación, con arreglo a lo que hayan justificado las partes en el pleito.

      Determinación en la condenatoria

      En todo caso de condenatoria según este artículo, se determinará en la sentencia de modo preciso, en qué consisten los perjuicios probados que deban estimarse y los diversos puntos que deban servir de base a los expertos.

      Experticia complementaria del fallo:

      En estos casos la experticia se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado; pero si alguna de las partes reclamare contra la decisión de los expertos, alegando que está fuera de los límites del fallo, oque es inaceptable la estimación por excesiva o por mínima, el tribunal oirá a los asociados que hubieren concurrido a dictar la sentencia en primera instancia, si tal hubiere sido el caso, y en su defecto, a otros dos peritos de su elección, para decidir sobre lo reclamado, con facultad de fijar definitivamente la estimación; y de lo determinado se admitirá apelación libremente.

      En tal forma, por cuanto está función de los expertos debe estar establecida en forma precisa su alcance y los elementos de base que han de emplearse para los cálculos que se le exige so pena de incumplir el ordinal 6º del artículo 243 ejusdem, cayendo así en el vicio de indeterminación objetiva, este Sentenciador, en vista de la necesidad de calcular los intereses sobre las prestaciones deja establecido que debe realizarse la experticia complementaria del fallo a los fines de dicho cálculo y para realizar la correspondiente corrección monetaria sobre los derechos determinados a pagar, Y ASI SE ESTABLECE.

      En tal forma se señalan los conceptos que deben ser pagados al accionante en base a los siguientes consideraciones:

      FECHA DE INGRESO: 01 de octubre de 1998

      FECHA DE EGRESO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2000

      SUELDO DIARIO AL 24-11-00 50.000,oo

      TIEMPO AL 24-11-00 2 AÑOS, 1 MESES, 23 DIAS

      MOTIVO: DESPIDO INJUSTIFICADO

      CONCEPTOS Y DERECHOS A PAGAR

1. Vacaciones vencidas y bonos vacacionales desde el 05-05-98 hasta el 24-11-00. Bs. 2.816.666,77

2. Utilidades de los ejercicios fracción 1998 fracción año 1999 y fracción del año 2000. Bs. 12.844.999,44

3. Antigüedad hasta el 21-11-00 Bs. 8.373.842,50

4. Preaviso artículo 104 de la Ley L.O.T. Bs. 1.500.000,oo

5. Indemnización sustitutiva preaviso art. 125 Bs. 4.077.777,60

6. Indemnización por despido injustificado art. 125 Bs. 6.116.666,oo

   Total Prestaciones Sociales: Bs. 35.729.952,31

   A los fines de la fundamentación legal para aplicar la indexación Monetaria a los montos que resulten de la experticia complementaria del fallo; se traen lo dicho por la jurisprudencia:

   INDEXACION

   Desde cuándo debe hacerse el cálculo de la “indexación” judicial en materia laboral.

   Por lo demás, el criterio de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, al respecto, es el siguiente:

   Profundizando en el criterio sostenido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en fecha 28 de noviembre de 1996 y acogiendo el criterio expuesto por la doctrina patria, según el cual:

   ...La indexación tiene su base en la reparación total del daño y si por vía judicial se establece la responsabilidad del demandado, éste ha de satisfacer plenamente la deuda.

   En efecto, si bien el problema de la lentitud de la administración de justicia no debería recaer sobre el deudor, pues con mayor razón no debe pesar sobre el acreedor . Y este último es quien resulta perjudicado con esta nueva tendencia de la jurisprudencia. Excluir de la corrección monetaria los períodos de inactividad procesal imputables a la lenta administración de justicia, tales como las huelgas o el período de sentencia el cual puede durar años, resulta a todas luces incompatible con las ideas que inspiran la indexación; esta (sic) no es una sanción susceptible de ser excluida según las circunstancias, es simplemente un ajuste por inflación que debe tener lugar si la sentencia definitiva declara con lugar el pago de la deuda. Desde el punto de vista sustancial, el deudor está devolviendo la misma cantidad a la que estaba obligado inicialmente. (...).

   Es el caso que, reconocida la pertinencia de ordenar la indexación judicial de las cantidades reclamadas por el trabajador y acordadas en el fallo, considera la Sala que la misma debe calcularse desde la fecha de admisión de la demanda, pues es imputable al trabajador la tardanza en ejercer el derecho a reclamar por vía judicial.

   Por otra parte, reconociendo la sala que en muchas oportunidades el pronunciamiento de la sentencia se dilata por causas ajenas a la voluntad de las partes, inclusive por causas de fuerza mayor o por hechos fortuitos, se presenta la circunstancia que el patrono sigue teniendo en su patrimonio un dinero que le corresponde al trabajador, por lo que no es a este último al que le corresponde cargar con las consecuencias de la pérdida del valor de la moneda, según lo ya expuesto.

   Por tal razón establece esta sala que lo pertinente es que la indexación debe ser calculada desde la admisión de la demanda hasta la fecha de la ejecución de la sentencia, entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo y no el mero auto mediante el cual el tribunal decreta la ejecución de la sentencia, pues entre ambos momentos puede transcurrir un período considerable que redundaría en perjuicio del trabajador.

   Únicamente pueden ser excluidos del cálculo indexatorio los períodos en los cuales la causa se encuentra suspendida por acuerdo de ambas partes, pues en dicha suspensión si tiene responsabilidad el trabajador.

   A fin de asegurar lo anterior, una vez que la sentencia definitiva haya quedado firme y liquidado e indexado como sea el monto de la condena, el tribunal, a petición de la parte interesada, decretará la ejecución y fijará el lapso para el cumplimiento voluntario del fallo, en conformidad con lo establecido en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil.

   Si el ejecutado no cumple voluntariamente con la decisión, el tribunal ordenará la ejecución forzada, y a petición de parte, decretará medida ejecutiva de embargo sobre bienes determinados o librará el respectivo mandamiento de ejecución, para que sea practicada la medida sobre bienes del deudor, hasta por el doble del monto de la condena más las costas procesales por las cuales se siga ejecución, en conformidad con lo dispuesto en los artículo 526 y 527 ejusdem.

   Una vez cobrado el monto inicialmente ordenado por el tribunal, tendrá derecho el trabajador a solicitar que el tribunal de la ejecución, es decir aquél (sic) que fue el tribunal de la causa, calcule la pérdida de valor de la moneda durante el procedimiento de ejecución forzosa de lo decidido y ordene pagar la suma adicional que resulte, la cual asimismo será objeto de ejecución forzosa en caso de falta de cumplimiento voluntario, pues sólo así puede el proceso alcanzar su finalidad de garantizar una tutela jurídica efectiva.

   De igual manera se procederá en cualquier procedimiento de índole laboral, que implique el pago de cantidades de dinero, cada vez que el patrono no dé cumplimiento voluntario a la decisión judicial

   .

   El criterio expresado en este fallo halla su más alta fundamentación en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la exigibilidad inmediata de los créditos laborales y expresamente los considera deudas de valor” (SCS 6-2-01. Exp. No. 99-515, sentencia NO. 12). El modo de calcular la indexación de las prestaciones laborales ordenado por la alzada coincide, como se puede apreciar, con el criterio de esta Sala.

   CONCLUSIONES FINALES

   Una vez realizadas todas las anteriores acotaciones y con basamento en las razones de hecho y de derecho que han sido suficientemente expuestos y razonadas para que sirvan de fundamento a la presente Resolución Judicial, este sentenciador debe concluir en que debe ser declarada CON LUGAR la demanda intentada que se sigue en este procedimiento, por cobro de prestaciones sociales, sobre la base en las siguientes consideraciones:

1. Vacaciones vencidas y bonos vacacionales desde el 05-05-98 hasta el 24-11-00. Bs. 2.816.666,77

2. Utilidades de los ejercicios fracción 1998 fracción año 1999 y fracción del año 2000. Bs. 12.844.999,44

3. Antigüedad hasta el 21-11-00 Bs. 8.373.842,50

4. Preaviso artículo 104 de la Ley L.O.T. Bs. 1.500.000,oo

5. Indemnización sustitutiva preaviso art. 125 Bs. 4.077.777,60

6. Indemnización por despido injustificado art. 125 Bs. 6.116.666,oo

   Total Prestaciones Sociales: Bs. 35.729.952,31

   DISPOSITIVA

   En base a todos los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos y en atención a los meritos que de ellos se desprenden este Tribunal TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, CON SEDE EN CHARALLAVE, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano C.J.R.A., venezolano, titular de la C.I. V- 10.892.772, en contra de la Sociedad Mercantil demandada PANAMCO DE VENEZUELA, SA, (antes EMBOTELLADORA COCA-COLA y HIT DE VENEZUELA, S.A.) sociedad anónima mercantil domiciliada en Caracas e inscrita originalmente con la denominación de EMBOTELLADORA COCA-COLA y HIT DE VENEZUELA, S.A., en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 02 de septiembre de 1996, bajo el Nro. 51, tomo 462-A Sgdo, y que cambiara su denominación a la actual según consta de documento inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 3 de junio de 1997, bajo el Nro. 59, Tomo 295-A, Sgdo., y en consecuencia le condena en pagar los siguientes conceptos: CON BASE EN LA SIGUIENTES CONSIDERACIONES QUE DEBERAN TOMARSE PARA TODOS LOS CALCULOS, A EFECTUARSE:

   FECHA DE INGRESO: 01 de octubre de 1998

   FECHA DE EGRESO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2000

   SUELDO DIARIO AL 24-11-00 50.000,oo

   TIEMPO AL 24-11-00 2 AÑOS, 1 MESES, 23 DIAS

   MOTIVO: DESPIDO INJUSTIFICADO

   CONCEPTOS Y DERECHOS A PAGAR

PRIMERO

1. Vacaciones vencidas y bonos vacacionales desde el 05-05-98 hasta el 24-11-00. Bs. 2.816.666,77

2. Utilidades de los ejercicios fracción 1998 fracción año 1999 y fracción del año 2000. Bs. 12.844.999,44

3. Antigüedad hasta el 21-11-00 Bs. 8.373.842,50

4. Preaviso artículo 104 de la Ley L.O.T. Bs. 1.500.000,oo

5. Indemnización sustitutiva preaviso art. 125 Bs. 4.077.777,60

6. Indemnización por despido injustificado art. 125 Bs. 6.116.666,oo

Total Prestaciones Sociales: Bs. 35.729.952,31

SEGUNDO

Se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo dictado, a los efectos de la determinación de la cuantía de los intereses por los diferentes conceptos ordenados a pagar, con cargo a la parte demandada y bajo los parámetros que han sido en forma precisa establecidos en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO

Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida.

CUARTO

Se ordena la realización de la corrección monetaria mediante experticia complementaria.

QUINTO

Por cuanto el presente fallo ha sido dictado fuera del lapso legal establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación de las partes.

Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. En Charallave a los veintinueve (29) días del mes de enero del año dos mil tres (2003) AÑOS: 191 y 143°

DR. A.H.G.

JUEZ TITULAR

ABG. H.C.U.

EL SECRETARIO

Nota: En esta misma fecha siendo las 10:30am, se dictó y publicó la anterior sentencia.

EL SECRETARIO

AHG/HCU/maritza /Exp. 13.679-01