Decisión nº 66 de Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 24 de Abril de 2007

Expediente: 10.710.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:

TRIBUNAL CUARTO DE JUICIO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO

DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

196° y 148°

SENTENCIA DEFINITIVA

Vistos

: Los antecedentes procesales.

Demandante: C.Z., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.- 5.177.887, domiciliado en esta Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.

Demandado: Sociedad Mercantil C.A. ELCA, inscrita ante la secretaria del Juzgado Primero de Primera Instancia e lo Civil y Mercantil del Estado Zulia, en fecha 15 de julio de 1.955, bajo el No. 112, paginas 329-332, Libro 40; posteriormente modificada por ante el registro Mercantil de la Circunscripción judicial del Estado Zulia, en fecha 02 de mayo de 1.989, bajo el No.21, tomo 11-A.

ANTECEDENTES PROCESALES

Ocurre por ante el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el abogado en ejercicio, J.B.T., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matrícula No. 34.979, en su condición de apoderado judicial del ciudadano C.Z., antes identificado, e interpuso pretensión por Accidente de Trabajo en contra la Sociedad Mercantil C.A. ELCA., identificadas ut supra; siendo admitida la misma mediante auto de fecha 07 de mayo de 1.996.

Cumplidas como han sido las formalidades legales en esta instancia, pasa este Tribunal a dictar su fallo, sintetizando previamente los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir los actos del proceso que constan en autos, por mandato expreso del artículo 243, ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil.

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PARTE ACTORA CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO LIBELAR

De la lectura realizada al libelo presentado por la apoderada judicial de la parte actora, ciudadano C.Z., identificado ut-supra, el Tribunal observa, que fundamentó su demanda en los alegatos, discriminados de la siguiente manera:

1. - Que en fecha 16 de abril de 1.979, ingreso a prestar los servicios en la firma mercantil C.A. ELCA.

2. - Que su último cargo fue el de Gerente de Comunicaciones.

3. - Que su último sueldo promedio mensual fue el de CIENTO DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 110.000,00), que comprende los siguientes conceptos laborales: salario básico, más bono.

4. - Que cumplía un horario comprendido de 08:00 a.m., a 12 p.m. y de 02:00 p.m., a 06:00 p.m., de lunes a viernes.

5. - Que en fecha 12 de enero de 1.995, culmino sus servicios para la empresa C.A., ELCA.

6. - Que durante el tiempo en que desempeño sus funciones en su condición de Gerentes de Servicios, tenia que trasladarse con frecuencia a la zona donde están ubicadas las repetidoras, zona esta que es de difícil acceso, cuyos 56 kilómetros de camino son rústicos se tenia que trasladar en Jeep.

7. - Que los continuos traslados durante toda la época en que duro dicho cargo, fue lesionándole la espalda, lo que le afectaba el coxis y la espalda, recibiendo frecuentes golpes por los saltos y violentos movimientos de la unidad de transporte, por ser estos accesos caminos rústicos.

8. - Transcurrido el tiempo se les presentaron eventuales dolores en la espalda.

9. - Que en fecha 09 de febrero de 1.994 se le presento un dolor en la espalda que no le permitía moverse.

10. - Que se le diagnostico hernia discal la cual debía ser operado.

11. - Que en fecha 11 de febrero de 1.994, fue sometido a una intervención Quirúrgica, cuyo costo fue cubierto por el Seguro Pan América C.A.

12. - Que estando en recuperación se le presento una infección post operatorio la cual debía ser tratada, ingresando nuevamente a la Policlínica Maracaibo, en fecha 20 de febrero de 1.994.

13. - Que decidió egresar de la Policlínica Maracaibo e ingresar al Hospital A.P., de los Seguros Sociales.

14. - Que la administración del Hospital A.P. le comino el hecho de que no podía ser atendido en eses hospital, por cuanto la empresa no había cancelado las cotizaciones correspondientes y se encontraba moroso en el. Seguro Social.

15. - Que en fecha 04 de marzo de 1.994, ingreso al Hospital Coromoto para ser atendido.

16. - Que en fecha 11 de agosto de 1.994 la empresa de seguros con quien se contrato para cubrir todo evento de esa índole había llegado a su límite máximo, causa por la cual no podía ser atendido económicamente para dicho tratamiento.

17. - Que se vio en la necesidad de solicitar a la empresa, prestamos para poder costearse el tratamiento y la rehabilitación así como el suministro de los medicamentos que necesitaba para el tratamiento.

18. - Que el mencionado tratamiento tuvo un costo de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES CON DIEZ CENTIMOS (Bs. 2.529.265,10).

19. - Que su patrimonio se ha mermado, por no encontrarse solvente la empresa con el Instituto de los Seguros Sociales

20. - Que en forma regular y continua le efectuaban las deducciones correspondientes de las cotizaciones al Seguro Social.

21. - Que tuvo que costearse su enfermedad, solicitando dinero en préstamos a la empresa demandada, para cubrir los gastos.

22. - Que, es obligatorio por parte de la empresa restituir las cantidades de dinero por los conceptos antes señalados y que arrojan la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES CON DIEZ CENTIMOS (Bs. 2.529.265,10).

    ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA CONTENIDOS EN EL ESCRITO DE CONTESTACION A LA DEMANDA

    Se observa en estudio a las actas que constan en el expediente, que luego de practicada la citación de la demandada, previo el cumplimiento de todas y cada una de las formalidades de Ley, la representación judicial de la empresa C.A. ELCA, en la oportunidad procesal para dar contestación a la demanda procedió a contestar el fondo de la demanda en los siguientes términos:

1. - Reconoce como cierto, el hecho de que el ciudadano C.Z., presto servicios para la demandada, desde el 16 de abril de 1.979.

2. - Negó el hecho de que se desempeñara finalmente como Gerente de Comunicaciones, por que en realidad su cargo era de Gerente de Comercializaciones.

3. - Que no es cierto que en el desempeño de sus labores tuviera que trasladarse con frecuencia a la zona donde están ubicadas las repetidoras instaladas por la empresa, porque su labor para nada requería e su presencia en las repetidoras de la empresa, pues su labor era eminentemente de comercialización en las oficinas de la empresa demandada.

4. - Rechaza el hecho de que la hernia discal que le fue diagnosticada al demandante, tenga relación alguna directa o indirecta con su prestación de servicios para la C.A. ELCA.

5. - Que es cierto, de que el demandante fue sometido el 11 de febrero de 1.994 a una intervención quirúrgica en la Policlínica Maracaibo y que el costo de esa intervención fue cubierta por una póliza de hospitalización, cirugía y maternidad de Seguros Pan América y que la póliza le era cubierta por la empresa C.A. ELCA.

6. - Que su representada al igual que numerosas empresas había suspendido sus pagos al instituto Venezolano de los Seguros Sociales, porque ese instituto no estaba prestando a los trabajadores asegurados, ninguno de los servicios de asistencia medica y hospitalaria a que esta obligado según la Ley.

7. - Que esa medida fue adoptada por gran cantidad de empresas para presionar la solución de la parálisis del Seguro Social; pero para no desproteger a sus trabajadores contrató con Seguros Pan América una Póliza Colectiva, que hizo posible que el demandante fuera debidamente intervenido y atendido en una Clínica Privada.

8. - Rechaza, el hecho de que el demandante además de la asistencia medico hospitalaria que recibió en virtud de la aludida póliza de colectiva, se hubiera sometido a algún tratamiento que tuviese un costo de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES CON DIEZ CENTIMOS (Bs. 2.529.265,10), porque los gastos derivados de la intervención quirúrgica de su hernia discal, fueron cubiertos por una póliza colectiva de Seguros Pan América.

9. - Que es falso el hecho de que el demandante con posterioridad a su intervención, hubiese realizado gastos de hospitalización y traslado del hospital coromoto, por la cantidad de Bs.1.823.316,00. Impugna y desconoce las facturas acompañadas por el actor e identificadas con las letras A1 a A5, por cuanto no emanaron de su representada.

10. - Que es falso de que el demandante haya realizado gastos médicos de laboratorio y de honorarios profesionales por Bs.23.875,00. Por tanto, desconoce e impugna las facturas acompañadas por el actor con las letras B1 a B10, ambas inclusive.

11. - Rechaza y contradice, que el demandante hubiese gastado en medicinas y materiales quirúrgicos y mucho menos que su representada esté obligada a cancelarle la cantidad de Bs.589.274,15 por tales conceptos, desconoce e impugna las facturas presentadas por el demandante con las letras C1 a C73, ambas inclusive, por cuanto no emanaron de su representada.

12. - Finalmente rechaza y contradice, que su representada deba al actor la cantidad de Bs.92.800,00 por concepto de honorarios profesionales y terapia post-operatoria y por tanto, desconoce e impugna las facturas acompañadas por la actora con la letra D1 y D2 por cuanto no emanaron de ningún causante suyo.

13. - Que la verdad de los hechos es que el día 23 de noviembre de 1.994, el ciudadano C.Z., celebró un convenio con su representada, recibiendo el pago doble de sus prestaciones Sociales, e inclusive se le dedujo de dicho pago la cantidad de Bs.19.200,00, por conceptos de gastos médicos no cubiertos por la póliza colectiva de HCM no cubierta por la empresa.

    La representación judicial de la demandada a todo evento, opuso sin que ello involucre reconocimiento alguno de derechos para el acto, la prescripción conforme a lo previsto en el articulo 61 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por considerar el hecho de haber transcurrido un (01) año desde la fecha en que se dio por extinguida la relación de trabajo 02/01/1.995, hasta la fecha de la citación sin que conste acto alguno de interrupción de dicha prescripción; y que en el supuesto negado de que la hernia discal, configurase una enfermedad profesional, opone igualmente la prescripción prevista en el articulo 62 de la misma Ley, por haber transcurrido más de dos (02) años, desde la fecha de contestación de dicha hernia 09//02/1.994 y hasta la fecha de la citación

    CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

    El proceso viene a erigirse como el instrumento de que se valen los justiciables para someter ante la jurisdicción la tutela de sus derechos e intereses, y el mismo se desarrolla sobre la base de ciertos principios que lo estructuran y lo convierten en el mecanismo idóneo a los fines señalados. Entre ellos encontramos el principio de igualdad de las partes en el proceso, siendo este uno de los garantes de una justicia accesible, idónea, equitativa y expedita.

    En materia de derecho social el legislador patrio, a lo largo del desarrollo de la justicia laboral, y a los fines de mitigar la desigualdad económica existente entre patrono y trabajador, ha sancionado un conjunto de normas contentivas de principios e instituciones que permiten un trato igualitario de las partes en el proceso y; dentro de las cuales encontramos, la presunción de laboralidad, prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, según la cual “se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba”.

    En función de la presunción indicada, se ha desarrollado en el foro judicial venezolano una vasta doctrina sobre “la inversión de la carga de la prueba en materia laboral”. Ahora bien, con relación a la carga de la prueba cuando el trabajador demanda indemnizaciones provenientes de un accidente de trabajo o enfermedad profesional de trabajo, la sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 20 de mayo de 2.000 en el caso J.F.T.Y. contra la sociedad mercantil HILADOS FLEXILÓN S.A., con ponencia del Magistrado Dr. O.M.D., dejó establecido, lo siguiente:

    Ahora bien, es importante señalar que, cuando el trabajador accidentado demanda las indemnizaciones previstas en las leyes especiales en materia del Derecho de Trabajo (la Ley Orgánica del Trabajo – Arts. 560 y siguientes – y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo – Art. 33 -), el sentenciador debe aplicar la carga de la prueba prevista en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento de trabajo, en su artículo 68, el cual ha sido interpretado por esta Sala de Casación Social en fecha 15 de marzo de 2.000…

    En este sentido, y como colorario de la presente motivación, se transcribe parte interesante de la sentencia pronunciada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del eximio Magistrado Dr. O.A.M.D., de fecha 15 de marzo de 2000, caso J.E. HENRÍQUEZ ESTRADA contra ADMINISTRADORA YURUARY C.A., contentiva de la doctrina judicial vigente en materia de Contestación de la demanda Laboral, la cual es del siguiente tenor:

    Ahora bien, se desprende de todo lo antes expuesto que el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, establece la forma y el momento en que debe ser contestada la demanda en el proceso laboral, y también, cuándo se invierte la carga de la prueba y cuáles de los hechos alegados por el actor se tendrán por admitidos.

    Es por lo expuesto en el párrafo anterior, que esta Sala de Casación Social debe esclarecer que la contestación de la demanda en materia laboral debe hacerse en forma clara y determinada, estableciendo cuáles de los hechos alegados por el actor se admiten y cuáles se rechazan, estando obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos.

    Lo antes precisado, tiene su asidero en la circunstancia de que según como el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral.

    Por lo tanto, el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.

    También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:

    1) Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

    2) Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.

    También debe esta Sala señalar con relación al mencionado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, en lo referente a cuándo se tendrán por admitidos los hechos alegados por la parte actora, que en estos casos, se deberá aplicar la llamada confesión ficta.

    Es decir, se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor.

    En otras palabras, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos.

    (Omissis) (El subrayado es de la jurisdicción)

    Del extracto de la sentencia precedentemente transcrita se puede extraer las siguientes consideraciones:

    1.- El demandado tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió con el trabajador, cuando en la contestación de la demanda haya admitido la prestación de un servicio personal y no la califique de naturaleza laboral, por ejemplo la califique de mercantil. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

    2.- El demandante tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió con el patrono, cuando el demandado en la contestación de la demanda haya negado la prestación de un servicio personal.

    3.- Cuando el demandado no niegue la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, pues es él quién tiene todas las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, vacaciones pagadas, utilidades, entre otros. Así mismo, tiene el demandado, la carga de la prueba de todos aquellos alegatos nuevos que le sirven de fundamento para rechazar la pretensión del actor.

    4.- Se tendrán como admitidos todos aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo de la demanda, que el demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los actos, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.

    5.- Se tendrán como admitidos aquellos hechos alegados por el demandante en su libelo, cuando el demandado no haya fundamentado el motivo de su rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.

    Sobre éste último punto, en innumerables fallos, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha insistido que es importante que los jueces analicen el motivo de la omisión de fundamentos en la contestación de la demanda, puesto que pueden tratarse de hechos negativos absolutos, es decir, aquellos que no implican a su vez ninguna afirmación opuesta, ya que son indeterminados en tiempo y espacio, siendo por lo tanto de difícil comprobación por quién niega, por lo que corresponde a la parte que los alegó, la carga de aportar las pruebas pertinentes a fin de demostrar la ocurrencia de tales hechos.

    De igual manera, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha insistido que aún cuando el demandado en el acto de la contestación de la demanda, no haya rechazado los alegatos expuestos por el actor en su libelo o que una vez realizado el rechazo no haya fundamentado el mismo, los jueces estarán en la obligación de analizar si los conceptos que integran la pretensión deducida son opuestos a condiciones distintas o exorbitantes a las legales, puesto que de ocurrir tal circunstancia, es evidente que debe declararse la improcedencia de lo reclamado.

    DEL OBJETO MATERIAL CONTOVERTIDO

    Sentado lo anterior, pasa de inmediato este sentenciador, al establecimiento de los hechos que rodearon la presente causa, y verificar su conformidad con la normativa contenida en los artículos 65 de la Ley Orgánica del Trabajo y 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo.

    Se desprende tanto del escrito libelar, como del documento de contestación a la demandada, que no existe controversia entre ellas, en cuanto a que existió una relación laboral entre la patronal la Sociedad Mercantil C.A. ELCA y el ciudadano C.Z.; así como tampoco, en cuanto al tiempo que duró la misma; y que el día 11 de febrero de 1.994, el demandante fue intervenido quirúrgicamente por cuanto se le diagnostico hernia discal. Así se establece.

    Queda por dilucidar, el cargo que ocupaba el trabajador si es el de Gerente de Comunicaciones, o era el de Gerente de Comercializaciones, como lo establece la demandada y si el hecho de que la hernia discal que le fue diagnosticada al demandante, tenga relación alguna directa o indirecta con la prestación de su servicios para la demandada, o por el contrario no es un accidente laboral como lo afirma la accionada; ahora bien en caso de quedar probado el accidente laboral, y de ser procedente se deberá establecer el monto de cada concepto procedente en derecho. Así se establece.-

    Visto lo anteriormente expuesto, mediante lo cual se fijaron los límites de la controversia, seguidamente pasa este Tribunal a determinar el mérito de las pruebas aportadas por ambas partes.

    PUNTO PREVIO

    DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

    En el decir de la Accionada en el presente caso, , opuso sin que ello involucre reconocimiento alguno de derechos para el acto, la prescripción conforme a lo previsto en el articulo 61 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por considerar el hecho de haber transcurrido un (01) año desde la fecha en que se dio por extinguida la relación de trabajo 02/01/1.995, hasta la fecha de la citación sin que conste acto alguno de interrupción de dicha prescripción; y que en el supuesto negado de que la hernia discal, configurase una enfermedad profesional, opone igualmente la prescripción prevista en el articulo 62 de la misma Ley, por haber transcurrido más de dos (02) años, desde la fecha de contestación de dicha hernia 09//02/1.994 y hasta la fecha de la citación

    Al respecto aprecia quien suscribe el presente fallo que en el caso bajo estudio se discute sobre la base de un accidente de trabajo, para que pueda señalarse que hay un accidente de trabajo, es por que hay una relación laboral, la cual en este caso tal como ha quedado establecido, es un hecho admitido, por lo que habiendo una relación laboral, lo procedente es considerar la prescripción de la acción así como su interrupción, bajo la óptica de la Ley Orgánica del Trabajo. En el caso bajo estudio, al tener lugar el accidente en la ya señalada fecha 09 de febrero de 1.994 a partir de esa fecha comenzó el termino de dos (02) años para interponer la pretensión laboral, de conformidad al contenido del ya señalado articulo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo, apreciándose al folio 17 de la pieza número 01 del expediente, que la demandada tempestivamente dentro del termino de dos (02) años posteriores al accidente. Ahora bien, se aprecia que la parte actora optó por interrumpir la prescripción en la forma señalada por el ordinal 1 del articulo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, esto es con la citación de la empresa accionada, para la cual tenía dos (02) meses después de vencido el lapso de prescripción, tales dos meses posteriores al señalado lapso, por lo que al darse por citada la empresa accionada, efectivamente, la prescripción de la acción quedó interrumpida por la citación de la empresa accionada, dentro de los dos meses siguientes al lapso de prescripción, en razón de lo cual, debe de declararse improcedente la defensa previa, opuesta en tal sentido. Así se decide.

    Declarada improcedente como ha quedado la defensa previa, opuesta por la parte accionada, debe esta juzgadora proceder al análisis de la pruebas promovidas por las partes

    DE LAS PRUEBAS DEL PROCESO

    En virtud de los principios de exhaustividad y de autosuficiencia del fallo, que tienen su fundamento en los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo dispuesto en el artículo 243 eiusdem, este Juzgador, pasa a examinar las pruebas del proceso.

    -La parte demandante acompaño con su escrito libelar las siguientes documentales:

    • Facturas signadas con las letras “A1” al “A5”, que comprenden los gastos de hospitalización y traslado del Hospital Coromoto, que arrojan la cantidad de Bs.1.823.316,00.

    • Factura signadas con las letras “B1” al “B10”, que comprenden los gastos médicos, laboratorios y honorarios profesionales. que arrojan la cantidad de Bs.23.875,00.

    • Facturas signadas con las letras “C1” al “C73”, que comprenden los gastos médicos y materiales quirúrgicos, que arrojan la cantidad de Bs. 589.274,15.

    • Facturas signadas con las letras “D1” y “D2”, que comprende los pagos de honorarios profesionales y terapia post operatorios, que arrojan la cantidad de Bs. 92.800,00.

    En relación a estas instrumentales, observa quien decide que la demandada impugno y desconoció en su escrito de contestación de la demanda, por cuanto no emanaron de su representada ni de ningún causante suyo, sino que se trata de facturas emanadas de terceros, que en nada comprometen a su representada. Esta jurisdicente atendiendo lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que las mismas no fueron ratificadas por sus otorgantes mediante la prueba testimonial, es por lo que en consecuencia el Tribunal las desecha en su justo valor probatorio. Así se decide.

    Estando en tiempo hábil para promover en el juicio la representación judicial del demandante promovió las siguientes pruebas:

    PRIMERO:

    INVOCO EL MERITO FAVORABLE

    Que arrojan las actas procesales de conformidad con los principios de la Unidad y Comunidad de las Pruebas. En relación a esta promoción, ha sido constante y reiterada nuestra jurisprudencia patria al establecer que este no es un medio de prueba sino una solicitud que el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad alegación de parte, razón por la cual al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración este Tribunal considera que es procedente, valorar tales alegaciones. Así Se Decide.

    SEGUNDO:

    PRUEBA DOCUMENTAL

    • Copia Certificada de la demanda debidamente registrada por ante la oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, constante de diez (10) folios útiles, a los efectos de evidenciar la interrupción de la prescripción, marcada con la letra “A”.

    Observa esta sentenciadora, del análisis de las actas, que dichos documentos se trata de una copia certificada de un documento público, la cual no fu atacado por su adversario bajo ninguna forma en derecho, razón por la cual esta sentenciadora aplicando el contenido del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, le otorga pleno valor probatorio. En todo caso serán analizadas conjuntamente con las demás probanzas a los efectos de elaboración de las pertinentes conclusiones. Así se decide.

    • Original de comunicación constante de un (01) folio útil de fecha 11/08/1.994, emanada de la empresa Seguros Pan Américan C.A., promueve esta documental con el objeto de evidenciar que su representado, sufrió una complicación post-operatoria a causa de la intervención quirúrgica. Marcada con la letra “B”.

    • Constante de un (01) folio útil comunicación dirigida a C.Z., por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en donde se le comunica que dice acuerdo a las cotizaciones de 13 años y 3 meses, siendo que para la fecha de la solicitud su mandante tenia 15 años 8 meses y 17 días de servicios para la empresa C.A., ELCA. Marcada con la letra “C”.

    • Originales de recibos de pagos constante de 12 folios útiles de fecha 30/01/1.994 al 30/12/1.994 ambos inclusive, donde se evidencia que la patronal retiraba del salario la cuota correspondiente al pago por concepto de Seguro Social, marcado con la letra “D1” a la “D12” ambos inclusive.

    • Acta Transaccional de fecha 23/11/1.994, constante de dos (02) folios útiles, en donde se evidencia las deducciones al pago de las prestaciones sociales y otros conceptos laborales, de los prestamos que su mandante se vio obligado a efectuar cuando sufrió la complicación post-operatoria, así como la deducción de los montos por gastos médicos no cubiertos por la póliza H.C.M., lo cual agregó marcada con la letra “E”.

    Observa esta sentenciadora, del análisis de las actas, que dichos documentos fueron consignados en original, los cuales no fueron atacados ni impugnados por la parte contraria en la oportunidad correspondiente, razón por la cual este sentenciador aplicando el contenido del artículo 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con el articulo 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, le otorga pleno valor probatorio. En todo caso serán analizadas conjuntamente con las demás probanzas a los efectos de elaboración de las pertinentes conclusiones. Así se decide.