Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 25 de Enero de 2010

Acta de entrevista tomada el 17 de noviembre de 2009 por la representación Fiscal al ciudadano CAICEDO B.D.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.491.687, SARGENTO SEGUNDO, adscrito al Destacamento de Fronteras No. 11… en ese momento el señor le dijo en presencia mía el señor le ofreció al Sub teniente Díaz Mujica la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES FUERTES para que lo dejara ir, le decía vamos a arreglar…PRIMERA PREGUNTA: Diga usted, tiene conocimiento si otra persona observó cuando el ciudadano Propietario del vehículo marca Ford…hace el ofrecimiento de dinero al Sub Teniente Díaz Mujica? CONTESTÓ: No, solamente estábamos el Sub Teniente Díaz Mujica y mí persona. SEGUNDA PREGUNTA: Diga usted cuales fueron las palabras exactas que le manifestó el ciudadano propietario del vehículo al momento en que le ofrece una gratificación a los fines que lo dejaran ir? CONTESTÓ: El dijo mi teniente vamos a arreglar, yo te doy CINCUENTA MIL y me dejas ir. CUARTA PREGUNTA: Diga usted cual es el procedimiento efectuado rutinariamente a los fines de hacer la revisión de un vehículo? CONTESTÓ: … en la vía colocamos conos y colocamos los pares y se colocan efectivos en bloque de cierre y el personal de requisa, las personas al ver el punto tienen que disminuir la velocidad, cosa que el propietario de la camioneta marca Ford, modelo pickup, color negra no hizo en el primer Punto de Control.

Declaración del ciudadano J.R., la cual este Tribunal no trascribe por cuanto guarda absoluta relación con el delito de ilícito cambiario archivado por la representación Fiscal.

Comunicación No. 2009-0578 de fecha 29 de noviembre de 2009 suscrita por el Coordinador de certificación y comunicaciones oficiales, DE CANTV MOLVILNET mediante la cual remite relación de llamadas entrantes y salientes de los móviles signados con el número (0426) 802.38.30 y (0426) 514.57.08, correspondientes al día 16 de Octubre 2009 pertenecientes al Sub teniente DIAZ MUJICA L.J. y Sargento Técnico de Segunda F.F.J. donde se deja constancia de las llamadas especificadas.

Comunicación No. CR1-DF-11-SIP-004554 de fecha 16 de noviembre de 2009 suscrita por el Comandante del Destacamento de Fronteras No. 11 Teniente Coronel H.A.H.D., mediante la cual remite listado de efectivos que se encontraban en el Punto de Control Móvil en el sector apartaderos el 16 de Octubre de 2009.

Experticia de seriales signada con el No. 1016 de fecha 09 de noviembre de 2009 suscrita por el Detective V.P., adscrito a la Brigada de vehículos Peracal de la Sub Delegación San A.d.C. donde dejan constancia de las características de la camioneta negra marca Ford Placas: A27AC8S….

(repetido en el No, 13) DECIMO QUINTO: Comunicación de CADIVI relacionada con el hecho de la retención de los dólares lo cual no está siendo imputado por la representación Fiscal.

Oficio relacionado con el hecho de la retención de los dólares, lo cual corresponde al delito archivado por la representación Fiscal.

Oficio relacionado con el hecho de la retención de los dólares lo cual no está siendo imputado por la representación Fiscal.

Presentación del ciudadano J.D.C. donde el juez de Control decidió lo siguiente: 1) Calificación de Flagrancia. 2) Procedimiento Ordinario. 3) Acordó la Privación Judicial Preventiva de Libertad.

CAPITULO II

DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

Siendo la 1:45 minutos de la tarde del día 18 de Enero de 2010, el ciudadano Juez declara en presencia de las partes, abierto el acto, dicta las normas a seguir durante la celebración de la audiencia, impone al imputado de sus derechos. Seguidamente le cede el derecho de palabra a la representación del Ministerio Público, quien expone oralmente los argumentos de hecho y de derecho por los cuales presenta el acto conclusivo de acusación contra el imputado JUAN D´ AVETA CHACON, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de Táriba, Municipio Cárdenas del estado Táchira, nacido en fecha 01 de Noviembre de 1961, de 48 años de edad, hijo de Doménico Antonio D´ Aveta (f) y D.C. (v), titular de la cédula de identidad Nº V-5.654.726, teléfonos: 0276-7710159 y 0414-3760487, de profesión u oficio comerciante, residenciado actualmente en Urbanización Mapiche, calle principal, C.R. N° 393, San A.d.T., Estado Táchira, a quien le atribuyen la presunta comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218,del Código Penal aclarando al Tribunal y a las partes que al imputar este delito se refiere al ordinal 3° del artículo 218 del Código Penal, omitido por error en el escrito acusatorio, e INDUCCIÓN SIN ÉXITO A LA CORRUPCIÓN, previsto y sancionado en el artículo 63, en concordancia con el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción, en perjuicio del Estado venezolano; igualmente expuso las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho imputado, hizo referencia a los fundamentos de la imputación y ofreció uno a uno los medios de prueba indicados en el escrito de acusación, señalando su pertinencia y necesidad. Igualmente solicita que la acusación y los medios de pruebas sean admitidos, y sea acordada la correspondiente orden de apertura a juicio oral y público; por último, señala el representante del Ministerio Público que su despacho Fiscal sin perjuicio de su eventual reapertura, DECRETÓ EL ARCHIVO FISCAL, para el acusado en la presunta comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, por considerar que no existían los elementos suficientes de la investigación, así que solicita la compulsa de la causa a fin de proseguir la pertinente averiguación.

A continuación, se impuso al imputado JUAN D´AVETA CHACÓN del contenido del precepto constitucional y legal contenido en los artículos 49 numerales 3 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el articulo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, así como también le impuso de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, explicándoselas claramente una a una, sus efectos y alcances, manifestando el imputado su deseo de declarar y al efecto expuso: “Se me imputa el cargo de Inducción a la Corrupción y Resistencia a la Autoridad, en ningún momento yo me opuse o resistí a la autoridad, porque el día 16 de octubre siendo la 1:00 a 1:20 minutos de la tarde había una cola en el primer punto de control en el paso Andino, delante de mí iba un autobús Bolivariano y cualquier cantidad de carros, había una acola larga, al llegar al punto de control un sargento me pidió la factura de la mercancía, el la leyó se fue hacia la parte de atrás y verifico los productos que llevaba en la camioneta y enseguida me entregó la factura y me dijo que siguiera adelante, en ese instante de que el sargento me dice que adelante otro funcionario que estaba al lado señala el cojín adonde estaba una pistola, pero el ya me había dado la factura y que siguiera adelante, en ningún momento acelere la marcha del vehículo porque estaba cargado con más de 800 kilos, el sargento vio la factura, seguí mi camino despacio porque iba cargado, y en el punto de apartadero había una alcabala, el Teniente de apellido Díaz me preguntó si estaba armado y le dije que si y le di la pistola, y se las entregué y les di los portes de armas, todo estaba legal, el agarro los portes y las pistolas el agarró una y la otra el sargento y se las metieron en la cintura, verificaron la mercancía y verificaron la plata que llevaba que les dije que era de un negocio, yo nunca me opuse al procedimiento todo o que llevaba era legal; el Teniente Díaz hizo unas llamadas , como a las 2 horas llegó un Coronel de apellido Estévez, y me preguntó si le había ofrecido dinero al Técnico y le dije que no, como a la media hora me tenían en el Convoy, y llegó un Teniente de apellido Chacón y un Guardia y llamaron a un señor que estaba en e restauran y a un motorizado y los pusieron como testigos luego de más de 2 horas de mi detención, me bajaron al Comando de la Guardia nacional de San Antonio como alas 7:00 de la noche y de ahí empezaron a contar la plata que yo les había dicho que tenia 150.000,00 mil dólares, como a las 12:00 a 1:00 de la madrugada fue que me leyeron unos derechos; me llevaron al Hospital y luego a la policía, pero nunca les ofrecí dinero ni me opuse a la detención, y ahí están de testigos las personas que señalaron en las actas, yo no tenía porque ofrecerles dinero, el dinero, el porte las armas y el dinero están totalmente legales, si yo hubiese querido devolverme ustedes saben bien que ahí están las 2 alcabalas la del Paso Andino y la de Apartaderos y se sabe que hay más de 6 partes para devolverse para Capacho y no lo hice porque todo lo que llevaba era legal e iba ala vista, es todo”. De conformidad a lo establecido en el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal el Juez sede a las partes el derecho de palabra a fin de que, de considerarlo conveniente formulen preguntas al imputado. A preguntas del Ministerio Público el declarante respondió: “Por esos hechos se me detuvo” A preguntas de la defensa el acusado respondió: “Yo llevaba 60 Bolívares”… “En el primer punto de control me dieron la factura, y me dieron paso, yo no me baje del carro”.

El Juez cede el derecho de palabra al defensor privado del imputado, abogado J.P.B., quien hizo su alegatos de defensa ratificando punto por punto el escrito consignado y señalando entre otras que el Ministerio Público acusa a su defendido por el delito de Resistencia a la Autoridad, de conformidad a lo establecido en el artículo 218 numeral 3 del Código Penal, fundamentado en los dichos de los funcionarios aprehensores y del Acta de investigación cabeza del proceso; no obstante, dice, que solo dos funcionarios que estaban en la primera Alcabala, uno de nombre J.C.R., quien señala con claridad en su entrevista que su cliente “no hizo caso a la señalización y se dio a la fuga” y el otro funcionario Sargento de nombre F.F. que mas o menos dice lo mismo que Rosales; adujo el defensor que en base a esto la acción desarrollada por su cliente no encuadra dentro de los supuestos del delito de Resistencia a la Autoridad, por lo que solicita el sobreseimiento de la causa para su representado; concluye este defensor su intervención aduciendo que en cuanto al otro delito, el de inducción sin éxito a la corrupción, que sobre el mismo tampoco existen elementos de convicción que sustenten el mismo ya que los testigos del procedimiento nunca señalan que su representado hubiese ofrecido gratificación alguna a los funcionarios actuantes, y según Jurisprudencia de la Sala Penal el solo dicho de los funcionarios actuantes constituyen solo un mero indicio, no vislumbrándose una sentencia condenatoria en la etapa de juicio. Por otra parte solicita que las armas, cédula de ciudadanía y la mercancía incautada a su representado le sean devueltas.

Una vez oídas las partes, el Juez en la audiencia expuso en forma razonada los fundamentos por los cuales consideraba el Tribunal que efectuando un control tanto formal como material de la acusación y a.u.p.u.l. elementos de convicción en los que la representación fiscal apoyó su acto conclusivo, y procedió a concluir que lo procedente en esta causa era decretar el sobreseimiento de la causa, procediendo a dictar el dispositivo el cual quedó plasmado en dicha acta levantada al efecto.

CAPITULO III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR:

La fase intermedia del procedimiento penal tiene por finalidades esenciales lograr la depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra, y permitir que el Juez ejerza el control de la acusación. Respecto a la última de dichas finalidades, cabe referir que según el conocido fallo vinculante de la Sala Constitucional del más alto Tribunal de la República, de fecha 25 de junio de 2005, se asentó que el control de la acusación se materializa conceptualmente en un control formal y en un control material. Es el caso, que el control material de la acusación implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación, en otras palabras, si dicho pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado, es decir, una alta probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia condenatoria; y en el caso de no evidenciarse este pronóstico de condena, el Juez de Control no deberá dictar el auto de apertura a juicio, ello a los fines de evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias.

La oportunidad procesal donde puede palparse con mayor claridad el mencionado control de la acusación, es la audiencia preliminar, ya que en ésta es donde se lleva a cabo el análisis de si existen motivos para admitir la acusación presentada por el Ministerio Público y la de la víctima, si fuere el caso. En este sentido, en esta audiencia se estudian los fundamentos (elementos de convicción) que tomó en cuenta el Fiscal del Ministerio Público para estimar que existen motivos para que se inicie un juicio oral y público contra el acusado, realizando el Juez el mencionado estudio pormenorizado de esos fundamentos, una vez que haya presenciado las exposiciones orales de las partes involucradas en el proceso penal. El examen por parte del Juez de Control de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan tal acto conclusivo, no implica que a través del mismo puedan dilucidarse cuestiones de fondo que ameriten un debate probatorio, de allí que no se entran a analizar las pruebas ofrecidas; sino que, por el contrario, dicho control tiende a evitar acusaciones infundadas, como lo sería, por ejemplo, aquella en la que se pretenda solicitar el enjuiciamiento de una persona y el acusador no aporte ninguna prueba, o que aporte pruebas, pero éstas evidente y claramente carezcan de la suficiente solidez para generar un pronóstico de condena en contra de aquélla; o aquella en la que se solicite el enjuiciamiento de un ciudadano por la comisión de una figura punible inexistente en nuestro ordenamiento jurídico-penal. Tales supuestos no ameritan un debate probatorio, y por ende el Juez podrá ejercer respecto a ellos, en la audiencia preliminar, su facultad de control a los fines de evitar la vulneración que una condena dictada en esos términos, podría ocasionarle a los principios de presunción de inocencia y de legalidad penal, cristalizándose y concretándose tal interdicción de la arbitrariedad en la potestad jurisdiccional de dictar el sobreseimiento de conformidad con el artículo 321 del Código Orgánico Procesal Penal.

Tal criterio es sostenido y reiterado como se señaló, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1303 de 20 de junio de 2005, que fue dictada con carácter vinculante y se ordenó su publicación en la Gaceta Oficial de la República, en donde se expresó, respecto de la función del juez de control durante al celebración de la audiencia preliminar, lo siguiente:

…Debe esta Sala señalar previamente, que la fase intermedia del procedimiento ordinario, es de obligatorio agotamiento en el marco del actual sistema procesal penal venezolano. Dicha fase se inicia mediante la interposición de la acusación por parte del Fiscal del Ministerio Público, a los fines de requerir la apertura de un juicio pleno.

En tal sentido, esta segunda etapa del procedimiento penal, tiene por finalidades esenciales lograr la depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra, y permitir que el Juez ejerza el control de la acusación. Esta última finalidad implica la realización de un análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, fungiendo esta fase procesal entonces como un filtro, a los fines de evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias.

Es el caso que el mencionado control comprende un aspecto formal y otro material o sustancial, es decir, existe un control formal y un control material de la acusación. En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación –los cuales tienden a lograr que la decisión judicial a dictar sea precisa-, a saber, identificación del o de los imputados, así como también que se haya delimitado y calificado el hecho punible imputado. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación, en otras palabras, si dicho pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado, es decir, una alta probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia condenatoria; y en el caso de no evidenciarse este pronóstico de condena, el Juez de Control no deberá dictar el auto de apertura a juicio, evitando de este modo lo que en doctrina se denomina la ‘pena del banquillo’.

Sobre la importancia de esta fase intermedia, ROXIN, haciendo referencia a la legislación procesal penal alemana, la cual es una importante fuente de inspiración del sistema procesal penal venezolano, enseña lo siguiente:

‘La importancia principal del procedimiento intermedio reside en su función de control negativa: discutiendo la admisibilidad y la necesidad de una persecución penal posterior por un juez independiente o por un tribunal colegiado en una sesión a puertas cerradas, se pretende proporcionar otra posibilidad de evitar el juicio oral, que siempre es discriminatorio para el afectado…

Por otra parte, la importancia del procedimiento intermedio reside en que, una vez comunicada la acusación, el imputado recibe nuevamente la posibilidad de influir en la apertura del procedimiento principal a través de requerimientos de pruebas y objeciones’. (ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Traducción de la 25ª edición alemana. Editores del Puerto. Buenos Aires, 2000, p. 347)

Esta fase intermedia comprende varias actuaciones, las cuales se pueden sistematizar en tres grupos fundamentales, dependiendo del momento procesal que les corresponda. Así, tenemos actuaciones previas a la audiencia preliminar, como lo son la acusación, y el ejercicio por parte del Fiscal, de la víctima –siempre que se haya querellado o haya presentado acusación particular propia- y del imputado, de las facultades que les otorga el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal. En segundo lugar, tenemos la audiencia preliminar, cuyo desenvolvimiento se encuentra regulado en el artículo 329 eiusdem; y por último, los actos posteriores a la audiencia preliminar, que son los distintos pronunciamientos que puede emitir el Juez de Control al finalizar dicha audiencia, con base en los artículos 330 y 331 de dicha ley adjetiva penal.

En lo que se refiere a la audiencia preliminar, debe destacarse que es en ésta donde se puede apreciar con mayor claridad la materialización del control de la acusación, ya que en la misma, es donde se lleva a cabo el análisis de si existen motivos para admitir la acusación presentada por el Ministerio Público y la de la víctima, si fuere el caso. En este sentido, en esta audiencia se estudian los fundamentos que tomó en cuenta el Fiscal del Ministerio Público para estimar que existen motivos para que se inicie un juicio oral y público contra el acusado, realizando el Juez el mencionado estudio, una vez que haya presenciado las exposiciones orales de las partes involucradas en el proceso penal.

Igualmente, se debe analizar en dicha audiencia, entre otras cosas, la pertinencia y necesidad de los medios de prueba que ofrecen las partes para que sean practicadas en la etapa del juicio oral y público, así como las excepciones opuestas por el defensor conforme a lo señalado en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal(...)

(…)es en la audiencia preliminar cuando el Juez de Control determina la viabilidad procesal de la acusación fiscal, de la cual dependerá la existencia o no del juicio oral. Es decir, durante la celebración de la audiencia preliminar se determina –a través del examen del material aportado por el Ministerio Público- el objeto del juicio y si es “probable” la participación del imputado en los hechos que se le atribuyen...”

Respecto a los pronunciamientos que el Juez de Control puede emitir al final de la audiencia preliminar, cabe señalar que el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal le confiere una amplia gama de potestades en este sentido, entre las cuales se encuentra la de pronunciarse sobre la admisión total o parcial de la acusación del Ministerio Público o del querellante y ordenar la apertura a juicio (numeral 2); así como también decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral (numeral 9), estableciéndose en el artículo 331 eiusdem la figura del auto de apertura a juicio, a los fines de canalizar ulteriormente tales pronunciamientos, entre otros aspectos...

El anterior criterio jurisprudencial, había sido expresado ya por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fallo N° 452 de 24 de marzo de 2004, en el cual se determinó:

...Por otra parte, con relación a lo decidido por el Juez de Juicio, en el presente caso, se observa que es en la audiencia preliminar cuando el juez de control determina la viabilidad procesal de la acusación fiscal, de la cual dependerá la existencia o no del juicio oral. Es decir, durante la celebración de la audiencia preliminar se determina –a través del examen del material aportado por el Ministerio Público- el objeto del juicio y si es “probable” la participación del imputado en los hechos que se le atribuyen; siendo así se estima que, tal como lo apreció el Juez de Juicio, en caso planteado se causó un perjuicio al imputado al no pronunciarse el Juez de Control sobre la acusación fiscal(…)”

Asimismo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 2811 de 7 de diciembre de 2004, determinó:

(...) La audiencia preliminar tiene como objetivo, entre otros, resolver si existen motivos para admitir la acusación presentada por el Ministerio Público y la de la víctima, si fuere el caso. Esa resolución es consecuencia del estudio de los fundamentos que tomó en cuenta el fiscal del Ministerio Público para estimar que existen motivos para que se inicie un juicio oral y público contra el acusado, y lo hace el juez una vez que presencie las exposiciones orales de las partes involucradas en el proceso penal.

Igualmente, se debe analizar en dicha audiencia, entre otros aspectos, la pertinencia y necesidad de los medios de prueba que ofrecen las partes para que sean practicadas en la etapa del juicio oral y público, así como las excepciones opuestas por el defensor conforme lo señalado en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal.

En fin, en esa audiencia se resuelven todos aquellos obstáculos que puedan existir antes de que se ordene, en caso de ser procedente, la apertura del juicio oral y público, por lo que se precisa que ante la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la decisión que admite la acusación, se debe incluir, además, la impugnación de todo lo resuelto en la audiencia preliminar (vid. sentencia N° 2562, del 24 de septiembre de 2003, caso: O.T.F.)(…)

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De igual manera la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 03 de agosto de 2006, Exp. 06-0739, expresó:

(…)Del contenido de las normas que fueron transcritas y de la jurisprudencia de esta Sala, se determina que, contrariamente a lo que suele afirmarse algunos tribunales penales, el Código Orgánico Procesal Penal no establece una prohibición absoluta, al juez de control, de que falle sobre cuestiones que son propias del fondo de la controversia. Lo que prohíbe la referida ley es que el juez de las fases preparatoria e intermedia juzguen sobre cuestiones de fondo que son propias y exclusivas del juicio oral. De allí que materias como la pertinencia, legalidad y necesidad de la prueba, las excepciones relativas a la extinción de la acción penal (prescripción de la acción, cosa juzgada), el sobreseimiento (atipicidad de los hechos que se investigan, concurrencia de una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad, la inexistencia del hecho objeto del proceso o la no atribuibilidad del mismo al imputado), son, indiscutible e inequívocamente, materias sustanciales o de fondo sobre las cuales el juez de control tiene plena competencia para la valoración y decisión.

Se concluye en consecuencia, que, contrariamente a lo que se juzgó en el acto jurisdiccional que se revisa, el Juez de Control actuó dentro de los límites de su competencia y con plena conformidad jurídica, cuando hizo valoración de cuestiones de fondo, esencial para la conclusión sobre la naturaleza penal de los hechos que fueron imputados y, por consiguiente, sobre la admisibilidad de la acusación, tal como se lo ordenan los cardinales 2 y 3 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara…

Por lo que antes fue expuesto, esta Sala Constitucional aprecia que la Sala de Casación Penal infringió los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de los ciudadanos F.C.P., C.S. y F.A.; asimismo, que el fallo que es el objeto de la presente revisión se apartó de la doctrina que esta Sala, de manera consistente, ha expresado en relación con la competencia material del Juez de Control, en los términos que contienen las decisiones de esta juzgadora que fueron transcritas ut supra, razones por las cuales estima que el referido acto jurisdiccional se encuentra subsumido en las hipótesis que esta Sala fijó en su sentencia número 93 de 6 de febrero de 2001, (caso: CORPOTURISMO), respecto de la revisión de sentencias definitivamente firmes que preceptúa el artículo 336.10 de la Constitución de la República…

De la Jurisprudencia pacífica y reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se desprende clara y expresamente la facultad que tiene el Juez en la fase intermedia para ejercer el control material de la acusación, implicando el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación, al revisar si dicho pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado, y en el caso de no evidenciarse este pronóstico de condena, el Juez de Control no deberá dictar el auto de apertura a juicio, ello a los fines de evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias. Ahora bien, habiendo escuchado en la oportunidad de la audiencia preliminar los alegatos formulados por las partes, y revisados como fueron los elementos de convicción aportados por la Representación Fiscal, este juzgador los examina a los fines de cumplir este Tribunal de control con su labor de “filtro” y de determinar con toda claridad y en forma razonada (motivación) si constituyen suficientes los elementos de convicción para presumir la existencia de los delitos endilgados y la responsabilidad del imputado de marras en la comisión de los mismos, determinando de esta manera la veracidad de un pronostico de una condena cierto, evitando de este modo lo que en doctrina se denomina la ‘pena del banquillo’.

DE LA RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

En cuanto al delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el numeral 3° del artículo 218 del Código Penal, expresa la Representación Fiscal en su escrito de acusación que: “En fecha 16 de Octubre de 2009, siendo aproximadamente 02:50 horas de la tarde, encontrándose el SUBTENIENTE DIAZ MUJICA L.J., adscrito al 211 Batallón de Infantería Cnel. A.R., del Ejército Bolivariano, cumpliendo instrucciones del Comando Superior, instalado en punto de control móvil conjunto Ejército y Guardia Nacional, en compañía de los efectivos CAICEDO B.D.A., titular de la cédula de identidad No. V-17.491.687, y S/2, adscrito al 211 batallón de Infantería Cnel. A.R., del Ejército Bolivariano y SM3. ARAUJO ZAMBRANO JUAN, titular de la cédula de identidad No. V-14.340.219 y S/1 YEPES IBARRA J.J., titular de la cédula de identidad No. 16.611.348, adscrito al Tercer Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras No. 11 del Comando Regional No. 01, con el propósito de realizar operativo de seguridad ciudadana recibió una llamada del Teléfono móvil No. 0426-8023830, perteneciente al SARGENTO TÉCNICO DE SEGUNDA F.F.J., quien comandaba el primer (sic) de Control móvil, conjuntamente con los efectivos S/2 R.J.C., informando que por ese punto se había desplazado en sentido Capacho-San Antonio un vehículo tipo camioneta de color negro, marca FORD, cargada de mercancía, cuyo conductor había violentado la marcha del vehículo en cuestión ante dicha circunstancia los integrantes del segundo punto de control adoptaron las medidas de seguridad pertinentes y se dispusieron a esperar el vehículo con las características proporcionadas en la llamada telefónica antes referida. Veinte (20) minutos después de haber recibido la llamada, se acercó al segundo punto de control móvil un vehículo con las características similares a las descritas anteriormente. En ese instante, ordenaron al conductor del vehículo que se estacionara al lado derecho de la vía para ser sometido a una inspección de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Inmediatamente el conductor fue identificado como JUAN D AVETA CHACÓN, titular de la cédula de identidad No- V.5654726, en virtud de que el ciudadano asumió una aptitud nerviosa y sospechosa. Seguidamente el SM/3. ARAUJO ZAMBRANO JUAN, titular de la cédula de identidad No. V-14.340.219 en compañía del TTE.J.C.S., titular de la cédula de identidad No. V-15.232.394, comandante del 3er Pelotón de la 1ra Compañía del Destacamento de Fronteras No. 11 del Comando Regional No. 1 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, quien llegó en apoyo al sitio donde se realizaba el procedimiento, ubicaron dos (2) ciudadanos identificados como J.O.M., de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad No. V-10.828.069, y P.A.V.C., de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad No. V-22.188.756, para que presenciara la Inspección del Vehículo…”; señalando en su acusación además, que esa representación Fiscal que los hechos realizados por el ciudadano JUAN D´AVETA CHACÓN cumplen y llenan los requisitos en el supuesto establecido en el artículo 218 del Código penal, en virtud que el mismo momentos en que se trasladaba a bordo de su vehículo marca Ford, Modelo F-150, color negro, por la zona conocida e identificada como Apartaderos, al avistar un punto de control ubicado específicamente frente a la estación de servicio con el nombre “Apartaderos” aceleró violentamente la marcha de su vehículo mientras que los funcionarios del punto de control, le hacían señas para que descendiera la velocidad, este hizo caso omiso a las señas y ordenes efectuadas a viva voz por dichos efectivos, pasando velozmente por dicho punto, en virtud de ello el Sargento Técnico de Segunda F.F.J. (ej) (cuya entrevista no ofrecida como elemento de convicción) efectuó llamada telefónica al SUBTENIENTE DIAZ MUJICA L.J. encargado del punto de control ubicado en el sector Apartaderos, en donde informó a todo su personal sobre lo sucedido, quienes tomaron las medidas de seguridad correspondientes, observando a los veinte minutos que se acercaba un vehículo con las mismas características a las indicadas en la llamada telefónica, por lo que procedieron a detener el vehículo.

Ahora bien, este Tribunal observa, que la Fiscalía en la audiencia preliminar señaló, que acusaba al imputado por el delito de resistencia a la autoridad previsto en el numeral 3° del artículo 218 del Código Penal, el cual establece que si la resistencia se hubiere hecho sin armas blancas, o de fuego, a agentes de la policía tan solo eludiendo un arresto que los propios agentes trataren de realizar por simples faltas en que hubiere incurrido el reo, la pena será solamente de uno (1) a tres (3) meses de arresto.

Con vista a la imputación de este delito, este juzgador procede ejerciendo un estricto control material de la acusación a revisar los dichos de los funcionarios entrevistados por ante el Despacho Fiscal y que participaron activamente en esta causa como lo son el Sargento Segundo J.C.R., el cual al ser entrevistado sencillamente expone que la camioneta en la cual viajaba el acusado, venía a exceso de velocidad y no se percató de la señalización en la alcabala y pasó por la misma haciendo caso omiso de las señalizaciones de la alcabala por lo que F.F. procedió a llamar al Sub Teniente Diaz para notificarle que la camioneta pasó por la alcabala a exceso de velocidad. Junto al dicho de este entrevistado, que fue uno de los dos únicos efectivos que presenciaron los hechos “personalmente”, está la declaración del Sargento Técnico de Segunda F.F. corriente al folio 2382, quien entre otras cosas y con respecto a la resistencia a la autoridad fue claro en señalarle al Fiscal que la camioneta del acusado pasó a alta velocidad evadiendo la señalización de los conos que estaban al principio, que él estaba de frente, que la camioneta pasó a alta velocidad y de lo único que se percató fue del color de la camioneta, del tipo de camioneta y que estaba llena de mercancía, que entonces llamó por teléfono al otro punto de control y habló con el Subteniente Diaz Mujica (Ej) y le informó que estuviese pendiente porque le había pasado una camioneta con las características anteriormente mencionadas, a alta velocidad y que hizo caso omiso a la voz de alto con los pitos y la señalización del punto de control. Del dicho de estos dos entrevistados se desprende que en ningún momento el acusado ofreció alguna resistencia, que utilizara alguna violencia o amenaza en contra de los funcionarios presentes en la alcabala del primer punto de control ni tampoco iba eludiendo un arresto que se le fuera a hacer por alguna simple falta ya que observa este Tribunal que la mercancía que llevaba en su camioneta estaba facturada, todo por lo cual concluye este tribunal de control que resulta cierta y ajustada a los hechos resultantes de la investigación la tesis de la defensa, cuando sostiene que los hechos investigados no encuadran dentro de los presupuestos fácticos previstos en la norma contenida en el numeral 3° del artículo 218 del Código Penal, procediendo como consecuencia de esta situación, la declaratoria por parte de este órgano de la administración de Justicia del sobreseimiento de la causa al quedar evidenciado que el hecho objeto del proceso no se realizó (la resistencia a la autoridad), de conformidad con lo dispuesto por el legislador en el numeral 1° del artículo 318 del Código Orgánico Procesal penal en concordancia con el numeral 3° del artículo 330 ejusdem.

DE LA INDUCCIÓN SIN ÉXITO A LA CORRUPCIÓN

En cuanto al delito de INDUCCIÓN SIN ÉXITO A LA CORRUPCIÓN, previsto y sancionado en el artículo 63, en concordancia con el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción, en perjuicio del estado venezolano, la Representación Fiscal ofrece como elementos de convicción para que sea admitida la acusación por tal delito, las actas policiales suscritas por los funcionarios que actuaron en el procedimiento: Sub Teniente L.J.D.M., quien al ser entrevistado por la Representación Fiscal manifestó: “…me ofreció la cantidad de cincuenta millones de bolívares a cambio de que lo dejara ir, eso en presencia del Sargento Caicedo; y cuando entrevista al Sargento Segundo D.A.C.B., manifiesta: “…él dijo mi Teniente vamos a arreglar, yo le doy cincuenta mil y me dejas ir”; ofreciendo a su vez, sus declaraciones como medios de prueba para demostrar la existencia y correspondiente responsabilidad del punible endilgado. Y en el elemento de convicción número TERCERO, observa este Tribunal, tal como lo alegara la defensa en la audiencia, se encuentra la entrevista tomada al testigo del procedimiento P.A.V.C., (esta entrevista se encuentra inserta al los folios 2362 y 2363) donde la representación fiscal le hace la pregunta DECIMA TERCERA: “Diga usted, logró observar o escuchar por parte de los funcionarios que gratificación económica para que cesarán en su actuación? Contestó: “No lo observé ni escuché nada.” También observa el Tribunal, tal como también lo manifestó en la audiencia, la defensa, que en el elemento de convicción número CUARTO, cuando entrevista al otro testigo del procedimiento J.O.M., (cuya entrevista se encuentra inserta al folio 2364) y a la pregunta DECIMA TERCERA: “Diga usted, logro observar o escuchar por parte de los funcionarios que actuaron en el procedimiento, si el ciudadano detenido trató de disuadirlos ofreciéndole una gratificación económica para que cesarán en su actuación? Contestó “NO”. Ahora bien, es criterio reiterado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia que el solo dicho de los funcionarios no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello, solo constituye un “indicio de culpabilidad”, conforme se estableció en sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No.225 de fecha 23-06-04. Respecto al testimonio de los funcionarios policiales aprehensores, la Sala de Casación Penal ha establecido que: “...Así se tiene que sólo acudieron al juicio oral y público los funcionarios policiales que practicaron la detención de los imputados y por ende la sentencia del tribunal de juicio, al condenar a los ciudadanos...se basó solamente en las declaraciones de dichos funcionarios en el acta policial por ellos levantada y en la experticia practicada a la substancia decomisada, lo cual atenta contra el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso...”; Sentencia Nº 483, del 24 de octubre de 2002. Asimismo, ha dicho: “...De allí entonces se observa, que se obtuvo como resultado una sentencia condenatoria en contra del acusado solamente con los dichos de los funcionarios, hecho que resulta contradictorio con la jurisprudencia reiterada establecida por esta Sala de Casación penal que expresa: “...el solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello, solo constituye un indicio de culpabilidad...”; Sentencia Nº 225, del 23 de junio de 2004.

En consecuencia, los elementos de convicción en los cuales ha pretendido fundamentar su acto conclusivo la Representación Fiscal, evidente y claramente carecen de la suficiencia y solidez para generar un pronóstico de condena en contra del imputado JUAN D´AVETA CHACÓN; y no existiendo ningún otro elemento de convicción que posean la fuerza y certeza de la declaración directa de dos de los funcionarios que participaron en el procedimiento policial, los cuales además no fueron concatenados entre si por el Ministerio Público, no habiendo coherencia entre sí y en consecuencia no evidenciándose una relación entre los elementos de convicción y los hechos narrados en el mismo acto conclusivo para establecer tal vinculación y ante la falta de certeza de lo dicho por los otros funcionarios que no observaron directamente los hechos, y finalmente ante la imposibilidad real de incorporar nuevos elementos a la investigación, por cuanto ya ha sido superada dicha fase, este tribunal ajustado a los referidos criterios jurisprudenciales ya citados y trascritos e incluso a la misma doctrina del Ministerio Público, considera que lo ajustado a derecho en este caso es decretar el sobreseimiento de la causa en lo que respecta al delito de inducción sin éxito a la corrupción, previsto y sancionado en el artículo 62 en concordancia con el 63 de la Ley Contra la Corrupción y así se decide, con fundamento legal establecido en el numeral 1° del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el 330 numeral 3° ejusdem

CAPITULO IV

DEL DISPOSITIVO:

Es por todo lo anteriormente expuesto, por lo que ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY RESUELVE:

NO ADMITE LA ACUSACIÓN presentada por el Ministerio Publico en contra JUAN D´ AVETA CHACON, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de Táriba, Municipio Cárdenas del estado Táchira, nacido en fecha 01 de Noviembre de 1961, de 48 años de edad, hijo de Domenico Antonio D´Aveta (f) y D.C. (v), titular de la cédula de identidad Nº V-5.654.726, teléfonos: 0276-7710159 y 0414-3760487, de profesión u oficio comerciante, residenciado actualmente en Urbanización Mapiche, calle principal, C.R. N° 393, San A.d.T., Estado Táchira, por la comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 3 del Código Penal, en perjuicio de la cosa pública, e INDUCCIÓN SIN ÉXITO A LA CORRUPCIÓN, previsto y sancionado en el artículo 63, en concordancia con el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción, en perjuicio del estado venezolano, de conformidad a lo establecido en el artículo 330 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal.

SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, al ciudadano JUAN D´ AVETA CHACON, a quien el Ministerio Público señaló como presunto responsable en la comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 3 del Código Penal, en perjuicio de la cosa pública, e INDUCCIÓN SIN ÉXITO A LA CORRUPCIÓN, previsto y sancionado en el artículo 63, en concordancia con el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción, en perjuicio del estado venezolano; de conformidad a lo establecido en el artículo 318, numerales 1° del Código Orgánico Procesal Penal y 330 numeral 3.

SE ORDENA EL CESE DE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA ALA PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD, dictada por este Tribunal en fecha 14 de enero de 2009, en contra del ciudadano JUAN D´ AVETA CHACON.

Se acuerda, conforme lo solicitado por el Ministerio Público la compulsa de la presente causa a la Fiscalía Octava del Ministerio Público, a propósito de que prosiga la investigación por el punible ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícito Cambiario.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes de la publicación del presente auto.

ABG. N.R.T.M.

JUEZ SEGUNDO DE CONTROL

LA SECRETARIA,