Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito Los Teques de Miranda, de 21 de Febrero de 2011

En su forma original Documento Poder conferido por las ciudadanas C.A.B.S. y A.J.B.S., por ante la Notaría Pública Decima Octava del distrito Metropolitano de Caracas, en fecha 15 de junio de 2006, inserto bajo el N° 70, Tomo 46 de los Libros de Autenticaciones llevados por ante esa Notaría. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio; de dicho documento se evidencia la cualidad de los conferidos como representantes legales de la accionante. Y así se Decide.

Copia certificada de la Partida De Defunción del ciudadano C.B.V., expedida por la Primera Autoridad Civil del Distrito Plaza del Estado Miranda, según Acta Nº 50 de fecha 23 de abril de 1982. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio; de dicho documento se evidencia el fallecimiento del causante común. Y así se Decide.

Copia certificada de Partida De Matrimonio de los ciudadanos E.M.S. y C.B.V., expedida por el Juzgado del Distrito Plaza de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda de fecha 16 de mayo de 1973. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio; de dicho documento se evidencia la relación matrimonial de entre los causantes de las accionantes. Y así se Decide.

Copia certificada de la Partida De Defunción de la ciudadana B.O.G.D.B., expedida por la Prefectura del Municipio Libertador Jefatura Civil de la Parroquia la Pastora, Acta Nº 22 de fecha 06 de marzo de 1971. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio. Y así se Decide.

Copia certificada de la PARTIDA DE NACIMIENTO de la ciudadana M.G., expedida por Primera Autoridad Civil de la Parroquia la Pastora, Jefatura Civil de la Parroquia La Pastora, según Acta N° Nº 466 de fecha 1° de diciembre de 1934. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio; de dicho documento se evidencia la relación filial entre el causante común y la accionada. Y así se Decide.

Copia certificada de la Declaración De Herencia, y Planilla Sucesoral Nº 3932, expedida por el Ministerio de Hacienda-Administración Regional de Hacienda Región Capital Departamento de Sucesiones, en fecha 07 de junio de 1984, con motivo de la declaración sucesoral del de cujus C.B.V.. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio. Y así se Decide.

Copia certificada de documento Protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Plaza del Estado Miranda, anotado bajo el N° 04, Protocolo Primero, tomo 2° de fecha 19 de julio de 1990, contentivo de Compraventa realizada por el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA a las ciudadanas E.S.D.B., J.B., A.B., C.B. e I.B., en su carácter de Herederas Universales del ciudadano C.B.V.. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio; de dicho documento se evidencia la propiedad del bien inmueble que se pretende partir. Y así se Decide.

Copia certificada del documento de venta Protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Plaza de Estado M.G., anotado bajo el N° 19, Protocolo Primero, tomo 1° de fecha 14 de abril 1988, mediante el cual el Concejo Municipal del Distrito Plaza del Estado Miranda da en venta el terreno donde se encuentra construida la vivienda mencionada en el ítem anterior. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio; de dicho documento se evidencia la propiedad del bien inmueble que se pretende partir. Y así se Decide.

Copia certificada del documento de venta debidamente Protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Plaza del Estado Miranda en fecha 18 de junio de 1997, anotado bajo el N° 39, Protocolo 1°, tomo 30, contentivo de venta de derecho realizada por la ciudadana E.S. a la ciudadana C.B.S.. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio. Y así se Decide.

Copia certificada de Partida de Defunción de la ciudadana E.M.S.D.B., expedida por la Prefectura del Municipio S.M.d.E.A., en fecha 19 de agosto de 1998 según Acta Nº 117. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio. Y así se Decide.

Copia certificada de Documento de Cesión de Derecho realizada por la ciudadana J.B. a la ciudadana C.B.S., Protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Plaza del Estado Miranda de fecha 18 de junio de 1997, anotado bajo el N° 40, Tomo 30, Protocolo 1°. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio. Y así se Decide.

Copia certificada de la Partida De Nacimiento de la ciudadana C.A., expedida por la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Altagracia, en fecha 14 de noviembre de 1949 según Acta Nº 631. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio. Y así se Decide.

Copia certificada de la Partida De Nacimiento de la ciudadana A.J., expedida por la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Sucre en fecha 27 de septiembre de 1956, Acta Nº 2099. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio. Y así se Decide.

Copia certificada de la Partida De Nacimiento de la ciudadana I.L., expedida por la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San J.d.D.F., Acta N° 1768. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio. Y así se Decide.

Copia Certificada de Justificativo de Testigos promovida por la ciudadana E.S., evacuado por ante el Juzgado del Distrito Plaza de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 10 de junio de 1968. Por cuanto dicha documental no fue impugnada, este Juzgador la aprecia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con lo pautado por el Artículo 429 Código de Procedimiento Civil y le otorga pleno valor probatorio. Y así se Decide.

Estando dentro de la oportunidad procesal de Promoción de Pruebas, la representación judicial de la parte actora promovió las siguientes pruebas:

Reprodujo el mérito favorable de los autos, al respecto el Tribunal observa: La expresión que frecuentemente utilizan los abogados de “reproduzco el mérito favorable de los autos”, es un estereotipo que la costumbre ha mantenido como “forma” de señalarle y recordarle al Juzgador la existencia de pruebas aportadas a los autos con anterioridad al escrito de promoción de pruebas, las cuales han sido oportunamente incorporadas al proceso, tales como instrumentos fundamentales de la acción u otra forma permitida. Tal expresión no vulnera ningún derecho, por el contrario, el Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil sirva de advertencia para que todas las pruebas promovidas y, de la aspiración abstracta de que aquello que ésta en los autos antes de la oportunidad probatoria procedimental, le favorezca a sus pretensiones, es decir, que dicha fórmula no vulnera el Principio de Adquisición Procesal, ni lesiona el Principio de la Comunidad de las Pruebas, porque son expresiones que permiten a la parte que así expresa, de acordar, recordar y ratificar sus medios probatorios, con la aspiración que la intención contenida al promoverla le favorezca, sin menoscabo de la potestad del Juzgador de declarar que favorece a parte distinta al proceso. En consecuencia, conforme a la legislación vigente no constituye un medio probatorio válido, toda vez que el mismo opera sin necesidad de ser promovido. Y Así se Declara.

POSICIONES JURADAS.- A los fines de ser absueltas por la ciudadana I.L.B.S.. Por cuanto dicha prueba no se evacúo en la etapa procesal correspondiente, no tiene este Juzgador material probatorio alguno que a.Y.A.s.D.

INSPECCIÓN JUDICIAL.- Debidamente admitida, en fecha 26 de marzo de 2007 fue practicada conforme a lo establecido en la Ley la Inspección Promovida, la cual fue practicada en la Urbanización Los Naranjos, zona 04, casa N° B-23, Guarenas, Municipio Plaza del Estado Miranda, en el cual se dejó constancia de que dicho inmueble se encuentra habitado por la codemandada I.B.S.. Este tribunal, aun cuando dicha prueba fue evacuada conforme a los términos legales y ajustada a derecho, la misma no aporta elemento probatorio alguno a la controversia, ya que versa acerca de la ocupación y uso que del inmueble hace una de las codemandadas, más no con la partición de herencia de que trata el presente caso, por tanto quien la presente causa resuelve no le concede valor probatorio alguno. Y Así se Decide.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

Estando dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la representación judicial de la codemandada I.B., consignó Escrito de Pruebas, las cuales fueron admitidas en su oportunidad:

.- Promovió PRUEBA DE INFORME: A los fines de que se oficiare al Instituto Nacional de la Vivienda, Sede Guarenas, a los fines de que informase acerca de los particulares referidos por el promovente; consta a los folios 116 y 117 de la pieza I del presente expediente resultas de dicha prueba. Este Tribunal por cuanto la prueba fue promovida y evacuada conforme a derecho, además el informe rendido guarda relación con los hechos inherentes al presente proceso, por tanto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, se le concede valor probatorio. Y Así se decide.

La representación judicial de la codemandada J.B.G., promovió pruebas en la oportunidad procesal más sobre la admisión de las mismas este Juzgador se abstuvo de pronunciarse, en virtud cursa en autos Transacción debidamente Homologada. Por tanto no tiene material probatorio alguno este Juzgador que a.Y.A.s.d.

CAPITULO IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Planteados los términos como ha quedado la litis y debidamente analizado el acervo probatorio aportado por las partes, pasa este Sentenciador al estudio del caso subjudice, teniendo como paradigma ineludible el mandato Constitucional de Administrar Justicia, teniendo como norte que el Proceso constituye el instrumento fundamental para la consecución de la misma y debe impartirse conforme a lo alegado y probado en autos, cuyo análisis, interpretación y valoración se enmarca dentro de los parámetros del ordenamiento legal vigente y los conocimientos de hecho, comprendidos en la experiencia común, sin que ello cercene o menoscabe el derecho conferido por la Ley para la aplicación del Principio IURA NOVIT CURIA ni tampoco los Derechos y Garantías Constitucionales de las partes, todo ello en cumplimiento del deber Jurisdiccional. Asimismo, acoge y se ampara, quien la presente causa conoce, en los principios y valores consagrados en nuestra Carta Magna, en especial los preceptuados en sus Artículos 2, 26, 49 y 257, de los cuales deviene el compromiso del Estado a Impartir Justicia dentro del ámbito del derecho con miras a lograr la Justicia Social, garantizando de esta manera la P.S..

El Tribunal para decidir observa:

El presente caso tiene su origen en demanda que por Partición de Herencia hubiere incoado la representación judicial de las ciudadanas C.A.B.S. y A.J.B.S. en contra de las ciudadanas J.B.B.G. e I.L.B.S., solicitan la partición de un único bien, constituido por un inmueble, que mantienen en comunidad en virtud de ser hijas de su causante común C.B.V.; en el decurso del proceso las partes han sido coincidentes en aceptar la relación de comunidad que las unes, la identificación del bien partible, así como también la voluntad de partir, más por el contrario hicieron oposición en tiempo oportuno y han tenido divergencias en cuanto a las alícuotas, punto éste que quedó resuelto entre las accionantes y la comunera J.B.B.G. tal como se evidencia en Transacción celebrada entre las partes mencionadas en fecha 11 de enero de 2007 y debidamente Homologada por este Juzgado por auto de fecha 16 de enero de 2007, continuando en cuanto a la otra codemandada las discrepancias.

Valga igualmente a los fines de clarificar los términos en que quedó la controversia, dejar claramente sentado que la etapa cognoscitiva del proceso culminó con la presentación de los Informes de las partes, , iniciando al día siguiente el lapso para dictar sentencia, por lo cual las oposiciones y otros alegatos nuevos traídos a los autos con posterioridad a dicha etapa procesal resultan, procesalmente, total y absolutamente extemporáneas por tardías, careciendo los mismos de valor procesal alguno. Y Así se decide.

En cuanto a la solicitud de que se declare la Perención de la instancia, realizada por el Abogado A.O., en su carácter de apoderado de la parte demandada, en fecha 08 de febrero de 2010, al respecto este Tribunal resuelve:

La perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad de las partes dentro del proceso durante el lapso establecido por el legislador. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencias. Dicha institución tiene su sustento legal en el dispositivo contenido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, siendo su supuesto el no haber ejecutado las partes actos del proceso durante el periodo de tiempo establecido en la referida norma legal, igualmente el mismo antes artículo, considera como excepción para que opere la perención que la causa se encuentre en estado de sentencia, tal criterio ha sido sustentado en forma reiterada por la Jurisprudencia Patria, por tanto en atención a lo antes dicho y, visto que en el presente caso no hubo inactividad de las partes en la ejecución del juicio durante el lapso de tiempo preceptuado en el citado Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se declara que no opera la Perención de la causa, por tanto se declara improcedente la solicitud formulada por la representación judicial de la parte demandada. Y Así se Decide.

En cuanto al fondo de la controversia, valga realizar las siguientes precisiones:

Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de M.O., la partición puede definirse de la siguiente manera:

"Partición. El concepto genérico conocido es el de división o reparto en dos o más partes o entre dos o más partícipes. Más en especial en el mundo jurídico, la distribución o repartimiento de un patrimonio -singularmente la herencia o una masa social de bienes- entre varias personas con iguales o diversos derechos sobre el condominio a que se pone fin."

Entendiéndose la partición de bienes comunes, como el proceso de separación de éstos que tiene por finalidad otorgar a cada una de las personas, que tiene derechos sobre los bienes indivisos, la parte material o porción que realmente le corresponde.

El procedimiento de partición, por su naturaleza, es un juicio que se rige bajo la normativa jurídica contenida en el Capítulo II, Título V, Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil.

Al efecto el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, dispone que:

"Artículo 777.- La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes.

Si de los recaudos presentados, el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación."

Del artículo ut supra copiado se colige, que la demanda de partición o división de bienes comunes, se promoverá por la vía del juicio ordinario; sin embargo, el contenido del artículo que le prosigue, preceptúa:

"Artículo 778. En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes. (omissis)."

La norma en cuestión, indica que: a) Si al contestar la demanda de partición no existe oposición a ésta, o discusión sobre el carácter o la cuota que pretenden los interesados, y además la acción se sustenta en un instrumento fidedigno que demuestre que realmente hay una comunidad de bienes indivisos, el Juez convocará a las partes a los fines de que designen al partidor. En consecuencia, se aprecia que, por no haber oposición a la partición, no existe la necesidad de un procedimiento ordinario que permita la creación de un juicio cognoscitivo, el cual conduzca al Sentenciador a determinar la procedencia o improcedencia de la acción propuesta, en razón de que las partes están de acuerdo en realizar la división de los bienes objeto de partición, es decir, no hay contención entre las partes que deba ser resuelta por los órganos administradores de justicia; b) Si en el acto de contestación se realiza la oposición, esto quiere decir, que los interesados discuten, impugnan los términos de la partición, el procedimiento se sustanciará por los trámites del juicio ordinario, en cuaderno separado, sin impedir la división de aquellos bienes cuyo dominio no se discute, o se contradice, es decir, al haber discusión sobre el carácter o cuota de los interesados el procedimiento se sustanciará y decidirá por los trámites del juicio ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará las partes para el nombramiento del partidor.

En conclusión, cuando llegada la oportunidad procesal para hacer oposición y los interesados no la efectúan, se entiende que están de acuerdo con los términos en que se demandó la partición; en otras palabras, al no hacerse oposición no hay controversia, no hay impugnación sobre el carácter o cuota de los interesados, por lo que ante este supuesto el legislador le dio facultades al Juez para proferir un pronunciamiento de que es procedente la partición y ésta debe continuar, emplazando a las partes para que nombren partidor, en el término señalado en el artículo 778 de la ley adjetiva procesal, caso contrario habiendo divergencias entre los comuneros, en cuanto a alícuotas o el carácter y, realizada la oposición en tiempo oportuno debe el sentenciador resolver acerca de si hubiere lugar o no a la partición, para de seguidas ordenar el emplazamiento para el nombramiento del partidor a los fines de la distribución de los bienes.

Sobre el tema in comento, nuestro más alto Tribunal ha dispuesto:

(…) El procedimiento de partición se encuentra regulado en la Ley Adjetiva Civil, ex artículos 777 y siguientes; de su contenido se evidencia que en el juicio de partición pueden presentarse dos situaciones diferentes, a saber: 1) Que en el acto de la contestación de la demanda no se haga oposición, a los términos en que se planteó la partición en el correspondiente libelo. En este supuesto, no existe controversia y el juez declarará que ha lugar a la partición, en consecuencia ordenará a las partes nombrar el partidor; en estos casos no procede recurso alguno. 2) Que los interesados realicen oposición a la partición, la cual puede ser total o parcial, vale decir que recaiga sobre todo o algunos de los bienes comunes, en estos casos el proceso se sustanciará y decidirá siguiendo los trámites del juicio ordinario hasta que se dicte el fallo que embarace la partición, tal y como lo establece el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplazará a las partes para que procedan al nombramiento del partidor, como ya se indicó; contra las decisiones que se produzcan en esta segunda hipótesis, se conceden tanto el recurso subjetivo procesal de apelación como el extraordinario de casación.

Este ha sido el criterio sostenido en forma reiterada por este M.T., así se ha pronunciado la Sala en sentencia de fecha 2 de junio de 1999 en el juicio de A.C. y otro contra J.F.M.:

...El juicio de partición está conformado por dos fases o etapas: una, que se tramita por el procedimiento del juicio ordinario y, la otra, que es la partición propiamente dicha.

Aun cuando este proceso debe promoverse por los trámites del juicio ordinario, sin embargo, esta vía sólo se abre si hubiere oposición a la partición o se discutiera el carácter o la cuota de los interesados. En el caso de que se contradiga la demanda, el proceso continuará su curso hasta dictarse sentencia definitiva y en el supuesto de que ello no ocurriera comenzarán a practicarse las actuaciones necesarias para el nombramiento del partidor, fase esta en la que se ejecutarán las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes.

Así lo ha interpretado esta Corte en su reiterada doctrina, entre la que se cita la contenida en el fallo del 2 de octubre de 1997 (Antonio S.P. c/ C.G.C.), en la que se dejó sentado lo siguiente:

‘...En efecto, el procedimiento de partición se desarrolla en dos etapas claramente diferenciadas. Una que se tramita por la vía del juicio ordinario y que sólo se abre si en la oportunidad de contestar la demanda hubiere oposición a la partición o se discutiere el carácter o la cuota de los interesados; y la otra, que es la partición propiamente dicha, en la que se designa un partidor y se ejecutan las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes del caso...’. (Cursivas de la Sala).

El artículo 780 del Código de Procedimiento Civil (Sic) establece:

Artículo 780: ‘La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo condominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.

Si hubiere discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor’.

Esta disposición adjetiva determina que, en aquellos casos, como el de autos, en el que se discuta el carácter o la cuota de los interesados, deberá sustanciarse el proceso por los trámites del juicio ordinario, hasta dictarse la sentencia definitiva que embarace la partición.

Para el Dr. F.L.H., en su obra ‘Derecho de Sucesiones’:

‘...La sentencia definitiva que se dicte en el procedimiento de partición de herencia, es simplemente preparatoria de ésta: No efectúa división alguna, sino que se limita a decidir si la misma es o no procedente’...

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En el subjudice, se está en el segundo de los supuestos señalados supra, es decir que en el procedimiento de partición hubo oposición sobre algunos de los bienes objeto de élla: Ahora bien, sobre aquellos bienes contra los que no la hubo, al estar de acuerdo los herederos en relación a su división, procedía sólo emplazar a las partes para que se realizara el nombramiento del partidor, no era menester realizar ningún otro pronunciamiento al efecto, de acuerdo a la doctrina comentada.

(…)

De la transcripción realizada, advierte la Sala, que el Juez Superior en su decisión, ciertamente establece las cuotas en las que deben adjudicarse los bienes sobre los cuales no hubo oposición. En este orden de ideas, es oportuno destacar que al no existir oposición, tal supuesto puede equipararse a un convenir de los demandados, de manera que en este estado de cosas, la labor del juez, en esta fase del proceso denominada “contradictoria”, debe limitarse a emplazarlas para que designen al partidor, quien en definitiva, posee la potestad de realizar la división sobre los bienes de la partición y liquidación que no fueron objeto de oposición, fijando para ello las cuotas que corresponderán a cada heredero, dentro de la segunda etapa del procedimiento llamada “ejecutiva”.

Debe enfatizarse, el hecho de que no es al juez a quien corresponde pronunciarse sobre las proporciones en las que deban liquidarse los bienes integrantes del acervo hereditario, su función es la de decidir sobre la procedencia o no de la partición, pues, se repite, esa labor corresponde al partidor que al efecto y por mandato del sentenciador, deberán nombrar las partes. (…)”

(Confróntese Sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha once (11) de octubre de dos mil. Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ).

Así mismo tenemos que, la comunidad se define como el derecho singular que sobre un objeto determinado tienen atribuido varias personas. Por otra parte, la doctrina ha establecido la existencia de dos tipos de comunidad fundamentales y diferentes entre sí, que son la comunidad pro indivisa y la comunidad dividida. La primera de las nombradas, es aquella que permanece en estado de indivisión, y lo que existe es el derecho a la cuota que tiene cada uno de los comuneros que conforman la comunidad. En este tipo de comunidad existe una sola relación jurídica, que tiene como titular subjetivo activo a distintas personas.

En el caso que nos ocupa, nos encontramos en presencia de, una comunidad proindivisa entre las ciudadanas C.A.B.S., A.J.B.S., J.B.B.G. e I.L.B.S., ello en virtud de ser todas hijas del ciudadano C.B.V., a quien le fue adjudicado un bien inmueble por el antes Banco Obrero (Ahora Conavi) y posteriormente dado en venta en tal condición a sus herederas , por lo cual todas las antes mencionadas son propietarias del bien heredado de su causahabiente, ya que se encuentra fehacientemente probado en autos la relación filial; igualmente quedó plenamente establecido dentro del decurso del proceso que al fallecimiento del ciudadano C.B. lo suceden su cónyuge E.S. y su hija J.G.B., quienes posteriormente venden sus respectivas alícuotas o derechos sobre la masa hereditaria a la ciudadana C.A.B.S., documentos contentivos de la operación que tienen en el presente proceso pleno valor probatorio, tal como quedó establecido supra. Asimismo, quedó demostrado en autos la procedencia de la presente acción, con base al contenido del Artículo 768 del Código Civil, que establece:

Artículo 768.- A nadie puede obligarse a permanecer en comunidad y siempre puede cualquiera de los partícipes demandar la partición.

Sin embargo, es válido el pacto de que se deba permanecer en comunidad por un tiempo determinado, no mayor de cinco años.

La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común, aun antes del tiempo convenido.

Por otro lado consta en autos que, por medio de sus respectivos apoderados judiciales, debidamente acreditados en autos, las accionantes ciudadanas C.A.B.S. y A.J.B.S. y, la codemandada J.B.B.G., celebraron Transacción en fecha 11 de enero de 2007 en el cual acordaron las alícuotas sobre el bien común siguientes: la ciudadana C.A.B.S. le correspondería 45,90%; la ciudadana J.B.B.G. 23,50% y, la ciudadana A.J.B.S. 15,30%; la transacción celebrada entre las partes fue debidamente homologada en fecha 16 de enero de 2007 y, contra la misma no fue ejercido recurso legal alguno, en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, lo dispuesto entre las partes tiene fuerza de Cosa Juzgada. Asimismo revisadas las actas del proceso, tenemos que la antes mencionada transacción, no lesiona en forma alguna los derechos que legalmente le corresponden a la coheredera I.L.B.S.. Y Así se Declara.

Igualmente, quedo debidamente demostrado que se encuentra sustentada en documento público que acreditó la existencia de la comunidad ordinaria entre las partes, por tanto, con vista a los conceptos antes dichos, las normas legales que rigen la materia y de una revisión minuciosa de las actas que conforman el presente proceso, indefectiblemente quien la presente causa resuelve que la partición y liquidación de los bienes comunes es Procedente Conforme a Derecho, por tanto debe ser declarada Con Lugar en el dispositivo de la presente Sentencia; igualmente expresamente se declara que dicha Partición y Adjudicación debe hacerse debe hacerse conforme a las reglas comunes dispuestas en el Libro Tercero del Código Civil, determinando de seguidas la forma en que debe hacerse la misma, visto lo acordado por las partes en la transacción dicha: PRIMERO: La alícuota que corresponde a cada uno de los comuneros sobre el bien común, sería la siguiente: la ciudadana C.A.B.S. le correspondería 45,90%; la ciudadana J.B.B.G. 23,50%; la ciudadana A.J.B.S. 15,30% y, por ende el restante 15,30% le correspondería a la ciudadana I.L.B.S.; SEGUNDO: El único bien partible se encuentra constituido por: Parcela de Terreno y la casa sobre ella construida, con todas sus anexidades, pertenencias e instalaciones, distinguida con el número y letra B-23 de la Zona 4, ubicada en la Urbanización Los Naranjos, Municipio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda; la parcela de terreno tiene una superficie de DOSCIENTOS SEIS METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS (206,55 Mts2), adquirida al Concejo Municipal del Distrito Plaza del Estado Miranda, según se evidencia de documento Protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Plaza del Estado Miranda, bajo el número 19, Protocolo I, Tomo 1 de fecha 14 de abril de 1988; la vivienda fue adquirida según consta de documento Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Plaza del Estado Miranda anotado bajo el numero 4, folio 16 al 20, Protocolo I, Tomo 2, tercer trimestre, en fecha 19 de julio de 1990; cuyos linderos y medidas particulares son los siguientes: NORTE: Con vereda que es su frente, en 9,00 Mts, SUR: Con casa B-15, en 9,00 Mts; ESTE: Con casa B-22, en 22,95 Mts; y OESTE: Con casa B-24, en 22,95 Mts; cuyas demás especificaciones se encuentra suficientemente identificadas en autos. Y ASÍ SE DECLARA.

En consecuencia, se emplaza a las partes para el acto de nombramiento de Partidor, el cual tendrá lugar a las Once de la mañana (11:00 am.), del décimo día de despacho siguiente, a la constancia en autos de haberse practicado la última notificación de la de las partes; el nombramiento del Partido deberá realizarse conforme a los parámetros establecidos en el Artículo 778 del Código de Procedimiento Civil. Y así se resuelve.

CAPITULO V

Con fundamento a las razones anteriormente expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, con sede en Los Teques, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 y 243 del Código Civil, declara: