Sentencia nº 1455 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Julio de 2006

CON LUGAR la acción que por reclamación o cobro de pensión o jubilación, intentó la ciudadana C.E.R.D.T., contra la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), por no estar prescrita la acción. En consecuencia acuerda y ordena lo siguiente: a) la empresa Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) debe cancelar o pagar a la ciudadana C.E.R.D.T., a partir del 31 de enero de 1994, la correspondiente pensión de jubilación a razón de Bs. SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON UN CÉNTIMO (Bs. 67.890,01) más los incrementos que hayan percibido los jubilados por efecto de los decretos del Ejecutivo Nacional sobre materia de pensiones y jubilaciones; a partir de esta fecha, o sea, el 31 de enero de 1994. Igualmente acuerda el corretaje monetario o indemnización de las pensiones a pagar a partir del 31 de enero de 1994 que vence la primera pensión, hasta que conste en autos del cumplimiento efectivo de lo ordenado. A tal efecto se acuerda y ordena la experticia complementaria que formará parte de este fallo que será practicado por un solo experto para determinar lo siguiente: A) Hacerse el cálculo de los incrementos en las pensiones desde el 31/01/1994 hasta la consignación de la experticia a los autos; B) Calcular la indexación o corretaje monetario correspondiente tomando como pensión dejada de percibir desde el 31/01/1994, la reclamada que es de SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON UN CÉNTIMO (Bs. 67.890,01), calculados mes a mes cada pensión. Por ser distinto el corretaje de cada mesada tomando en cuenta como patrón los índices inflacionarios del Banco Central de Venezuela; C) Igualmente acuerda y ordena que la trabajadora C.E.R.D.T. debe devolver a la demandada (CANTV) la bonificación especial cobrada al momento de la terminación de la relación laboral e igualmente indexada o con su correspondiente corretaje monetario realizado mediante experticia complementaria realizada por el mismo y único experto. Tal devolución se hará mediante compensación entre lo dejado de percibir desde el 31/01/1994 hasta la ejecución efectiva del presente fallo. Con su correspondiente corretaje y mes a mes lo percibido como bonificación especial y su correspondiente corretaje que también determinará el experto. A objeto de evitar el enriquecimiento sin causa; D) Acuerda todos los demás beneficios del Plan “C” Plan de Jubilaciones anexo a la demanda.

SE REVOCA el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa en fecha 25/07/1997 donde declaró SIN LUGAR la acción intentada por la ciudadana C.E.R.D.T. (...)”.

Que la decisión del 5 de febrero de 2004, conculcó el derecho a la defensa y al debido proceso, en virtud de que ordenó realizar nueva experticia complementaria del fallo, “cuando la experticia contable presentada el once (11) de marzo de 2002, quedó definitivamente firme al ser presentada en forma oportuna y no ser impugnada por la parte demandada.

Fundamentó su pretensión en los “Artículos 1, 3, 10 (sic) de la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, y los artículos 27, 80, 86, 89, 91, 92, 94 y 257 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, y los Artículos 7, 12, 15, 20, 298 del Código de Procedimiento Civil”.

Solicitó asimismo, que “SE ORDENE EL CUMPLIMIENTO DE LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO DEL 11 DE MARZO DE 2002, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN FORZOSA POR ENCONTRARSE DEFINITIVAMENTE FIRME, Y ASÍ MISMO LA PENSIÓN O JUBILACIÓN EQUIVALENTE AL SALARIO QUE CORRESPONDA DE AÑO EN AÑO AL CARGO QUE ELLA DESEMPEÑABA AL MOMENTO DE SU JUBILACIÓN O LA PENSIÓN FIJADA AL MOMENTO DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO DEBIDAMENTE INDEXADA TODOS LOS AÑOS TAL COMO FUE INDICADA (SIC) LA SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME Y LA EXPERTICIA DEFINITIVAMENTE FIRME SE ACTUALICE HASTA LA DECISIÓN DE ESTE M.T..” (Subrayado y negrillas del escrito).

III

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO El abogado Tutankamen H.R., actuando con el carácter de Fiscal Segundo del Ministerio Público ante la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, consideró que la presente acción de amparo constitucional debe declararse sin lugar, en virtud de que la decisión del 5 de febrero de 2004, dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, “no quebranta los derechos constitucionales a los cuales ha hecho referencia la parte recurrente...”, ya que se encuentra ajustada a derecho, toda vez que la misma “repone la causa, al estado que el Juez que resulte competente para ejecutar la sentencia ordene la práctica de la experticia ordenada, y a su vez revoca los actos considerados írritos, ello con la finalidad de sanear el proceso. Situación esta que no lesiona derechos constitucionales de la peticionaria...” (...) “Por último, no escapa al Ministerio Público, que el presente caso se inició en el año 1995, fecha de la presentación de la demanda, habiendo transcurrido hasta la actualidad aproximadamente once (11) años, sin que hasta la presente fecha, se constate en autos que a la trabajadora se le hubiesen cancelado los conceptos adeudados producto de la relación laboral con la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV)...”.

IV

CONSIDERACIONES DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV)

El abogado A.J.L.B., actuando con el carácter de apoderado judicial de la CANTV, en el escrito consignado en la oportunidad fijada para que tuviera lugar la audiencia constitucional, consideró que la acción de amparo constitucional, debió declararse inadmisible de conformidad con lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en virtud de que la accionante en amparo, “disponía de los medios procesales ordinarios e idóneos para la protección de los supuestos derechos que...pretende hacer valer ...”.

V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR En el presente caso se admitió la acción de amparo constitucional intentada por el abogado J.G.O.P., actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana C.E.R.D.T..

De las actas del expediente y de las exposiciones de las respectivas representaciones de la parte accionante, tercero interviniente y del Ministerio Público, la Sala observa que la última actuación de la parte accionante se realizó el 30 de mayo de 2005; ocurriendo la admisión del amparo el 20 de octubre del mismo año. A partir de esa fecha no existe ninguna otra actuación de la parte accionante, por lo que transcurrieron más de seis (6) meses, entre dicha fecha y cuando se fijó la audiencia para el presente acto. En consecuencia la inactividad del accionante, sin que existiera ninguna diligencia de las partes, produce el abandono del trámite. Así se declara.

No obstante, de autos constata la Sala, que el Juzgado de Primera Instancia decretó una experticia complementaria del fallo, la cual debía realizarse conforme los parámetros señalados en dicho decreto.

Que tal experticia se llevó a cabo, tomando en cuenta una compensación que existía entre las partes, por lo que determinaron los montos.

Que dicha experticia y sus montos fue declarada firme al no existir recursos contra ella, y que la demandada apeló contra dicho auto extemporáneamente, es decir, el 2 de abril de 2002, motivo por el cual la alzada, sin tomar en cuenta la extemporaneidad, en auto del 18 de abril de 2002, cursante al folio 405 del Anexo 1 del expediente, decidió revocando la experticia complementaria y ordenando efectuar una nueva, en los siguientes términos:

“Vista la impugnación a la Experticia Complementaria del fallo realizada por al abogado J.P., en su carácter de apoderado de la demandada; y aún cuando es criterio aplicado por este Tribunal que el lapso establecido para la impugnación de las Experticias es de tres (3) días y dicha impugnación realizada es extemporánea, y a los fines de garantizar la defensa de las partes y por cuanto la demandada es un ente del Estado, se ordena notificar al Experto designado.... a los fines de hacer una aclaratoria sobre el cálculo realizado para la Bonificación Especial cobrada por la ciudadana C.R. al momento de la terminación laboral e igualmente indexada o con su correspondiente corretaje monetario tal como lo ordenó el fallo dictado por el Juzgado Superior Civil con competencia laboral en fecha 31-10-2000. En consecuencia se deja sin efecto el auto dictado en fecha 19 de marzo de 2002” (resaltado de esta Sala).

De allí, que la Sala, constató que la apelación fue extemporánea y que le suplieron defensas a la parte demandada, contrariando el principio de igualdad de las partes.

Ahora bien, atendiendo a la circunstancia de que la materia laboral es de orden público, y constatando de autos que los hechos denunciados por la parte actora representan graves violaciones al debido proceso que consagra el artículo 49 constitucional, de tal magnitud que atentan contra la estabilidad que debe imperar en los juicios, los considera atentatorios al orden público constitucional, y en virtud de ello, anula la decisión impugnada, así como todo lo actuado a partir del auto de ejecución del resultado de la experticia complementaria del 11 de marzo de 2002. Así se decide.

VI DECISIÓN Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1. SIN LUGAR la acción de amparo constitucional incoada por el abogado J.G.O.P., en su condición de apoderado judicial de la ciudadana C.E.R.D.T., contra la sentencia del 5 de febrero de 2004, dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa.

2. ANULA, por aplicación del orden público constitucional, el fallo referido anteriormente, así como todo lo actuado a partir del auto de ejecución del resultado de la experticia complementaria del 11 de marzo de 2002.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase copia de la presente decisión al Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Cúmplase lo ordenado. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 27 días del mes de julio de dos mil seis (2006). Años: 196 ° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

L.E.M.L.

El Vicepresidente-Ponente,

J.E.C.R.

Los Magistrados,

P.R.R.H.

F.C.L.

M.T.D.P.

Carmen Zuleta de Merchán

A.D.R.

El Secretario,

J.L.R.C.

04-2150

JECR/

...gistrado que suscribe disiente de la mayoría respecto del fallo que antecede por las siguientes razones:

En la sentencia de la que se discrepa, a pesar de que se comprobó el abandono del trámite por la parte actora, el cual se dedujo por su inactividad procesal mayor a los seis meses a que se refiere el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se declaró que:

…, atendiendo a la circunstancia de que la materia laboral es de orden público, y constatando de autos que los hechos denunciados por la parte actora representan graves violaciones al debido proceso que consagra el artículo 49 constitucional, de tal magnitud que atentan contra la estabilidad que debe imperar en los juicios, los considera atentatorios al orden público constitucional, y en virtud de ello, anula la decisión impugnada, así como todo lo actuado a partir del auto de ejecución del resultado de la experticia complementaria del 11 de marzo de 2002.

La decisión anterior contradice la hasta ahora consistente y pacífica jurisprudencia de esta Sala en relación con el abandono del trámite y el concepto de orden público en el marco de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a la luz de sus artículos 6.4 y 14.

En efecto, la mayoría ha debido tener en cuenta que ella misma declaró, en sentencia n° 982 de 06 de junio de 2001, caso J.V.A.C. –y en las incontables oportunidades en que ha ratificado aquella decisión-, que:

En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.

(…)

En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.

(Subrayado y destacado añadidos).

El único supuesto en que los artículos 6.4 y 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales disponen, como excepción, que no se aplique el efecto procesal que preceptúan (inadmisibilidad, desistimiento o abandono) es cuando “se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres”. Ahora bien, casi desde la entrada en vigencia de la Ley en cuestión, doctrina y jurisprudencia advirtieron la necesidad de dar una interpretación a esta norma en forma armónica con el artículo 14 eiusdem, el cual dispone que: “La acción de amparo, tanto en lo principal como en lo incidental y en todo lo que de ella derive, hasta la ejecución de la providencia respectiva, es de eminente orden público.” Resultaba evidente, entonces y ahora, que una interpretación amplia de la segunda norma haría inoperante la primera, en el sentido de que la excepción de aquélla sería, en realidad, la regla, si se comprendiese que en toda causa de amparo estuviera involucrado el orden público. Por ello, desde hace muchos años se ha entendido que:

Ahora bien, esta Sala considera necesario aclarar el sentido del concepto de ‘orden público’. En tal sentido, es necesario tomar en cuenta que si se considerare toda violación constitucional alegada por algún accionante como de orden público, esto implicaría la no existencia de normas de procedimiento del juicio de amparo como la relativa al lapso de caducidad (numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), la de desistimiento expreso de la acción de amparo (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), así como que en ningún caso se consideraría como terminado el procedimiento en caso de inasistencia del presunto agraviado en una acción de amparo constitucional, en los términos establecidos en la jurisprudencia de esta Sala (sentencia del 1º de febrero de 2000, caso: J.A.M.B.).

Así las cosas, la situación de orden público referida anteriormente es pues una situación de carácter estrictamente excepcional que permite obviar las normas de procedimiento relativas al proceso de amparo constitucional. Es así, como el concepto de orden público a que se refieren las normas que rigen el proceso de amparo constitucional para permitir la posibilidad de obviar las normas procedimentales de dicho proceso, es aún más limitado que el concepto de orden público que se encuentra implícito en cualquier derecho o garantía constitucional precisamente por el hecho de que estos derechos poseen un carácter constitucional.

Es pues, que el concepto de orden público, a los efectos de la excepción al cumplimiento de ciertas normas relacionadas con los procesos de amparo constitucional, se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes. Por ello en casos donde un presunto agraviado alega que un hecho, actuación, omisión o amenaza ocasionó una supuesta violación constitucional a su persona, sólo se consideraría de orden público, a manera de la excepción de las normas procedimentales de los juicios de amparo, cuando el Tribunal compruebe que, en forma evidente, y a consecuencia del hecho denunciado por los accionantes, se podría estar infringiendo, igualmente, derechos o garantías que afecten a una parte de la colectividad diferente a los accionantes o al interés general, o que aceptado el precedente resultaría una incitación al caos social, si es que otros jueces lo siguen.

Ahondando en lo anterior, es necesario considerar que a pesar de la existencia de elementos de orden público que pudiesen hacerse presentes en los términos anteriormente expuestos, es necesario ponderar la posible infracción al derecho a la defensa y al debido proceso del presunto o presuntos agraviantes, que precisamente se encuentra protegido por las normas de procedimiento establecidas para los juicios de amparo, en contraposición con las supuesta situación de orden público que se presuma pueda existir. Es decir, es necesario que el hecho denunciado ocasione una presunta violación de orden público de tal magnitud que permita, a pesar de que, por ejemplo, el accionante haya desistido, o que la acción haya caducado, conocer el fondo del asunto en detrimento del derecho debido proceso y la defensa que protege al presunto agraviante.

En este sentido, del escrito contentivo de la presente acción de amparo se observa que los derechos presuntamente violados sólo afectan la esfera particular de los derechos subjetivos de los accionantes, no revistiendo tales violaciones el carácter de orden público indicado por la norma, ni tampoco afectan las buenas costumbres.

(s.S.C. n° 2137 de 28.09.02, caso J.R.E.. Subrayado y destacado añadidos)

Con fundamento en las consideraciones anteriores, estima el disidente que el caso de autos no encuadraba en el supuesto de excepción del artículo de la Ley especial, norma que está en la base del razonamiento acerca del abandono del trámite por inactividad procesal, ya que, por una parte, la declaratoria general de que la materia laboral es de orden público como eximente de la aplicación de los efectos del abandono –el cual, si bien se declaró, no produjo efecto alguno por la invocación de ese orden- equivale a la declaratoria, igualmente general, del artículo 14 de la Ley de Amparo, que, como se vio, no es impedimento para la plena eficacia tanto del artículo 6.4 como del 25 eiusdem y, por la otra, aún graves violaciones al debido proceso pueden ser consentidas por el agraviado, en los términos de los artículo en referencia, a menos, que la situación trascienda de la esfera jurídica del quejoso, que no es el caso.

En todo caso, la mayoría fue también inconsistente con la doctrina reiterada de la Sala desde la perspectiva, incluso, de los casos en que considera aplicable la excepción a que se refieren los artículos 6.4 y 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales porque, a pesar de que declaró que había orden público y por ello resolvió el asunto, declaró primero el abandono del trámite, en lugar de abstenerse de hacerlo con fundamento, precisamente, en que comprobaba, en esta causa, la tantas veces aludida excepción.

En consecuencia, estima el salvante que la Sala, en el caso de autos, ha debido limitarse a la declaratoria de extinción de la instancia por abandono del trámite.

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

Fecha ut retro.

La Presidenta,

L.E.M.L.

El Vicepresidente,

J.E.C.R. Los Magistrados,

P.R.R.H.

Disidente

F.A.C.L.

M.T.D.P.

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

…/

…

A.D.J. DELGADO ROSALES

El Secretario,

J.L.R.C.

PRRH.sn.ar.

Exp. 04-2150