Decisión nº 175 de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 12 de Diciembre de 2006

Es importante determinar en primer lugar que existe una Empresa demandada denominada “DISTRIBUIDORA LAS 7 PUERTAS C.A.”; y TRES (03) Empresas que aparecieron en el presente procedimiento, pretendiendo darse el Calificativo de “Terceras Coadyuvantes” denominadas Nueva Carpintería las siete puertas; Carpintería las siete Puertas Nacional S.R.L. y Mueblería y Carpintería las siete Puertas C.A.

ANALICEMOS SUS ACTAS CONSTITUTIVAS:

- ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA DEMANDADA SOCIEDAD MERCANTIL DISTRIBUIDORA LAS SIETE PUERTAS C.A.: Redactada por la abogada en ejercicio O.B., inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 19-03-2004; Presidente: S.A.B.L.; VICEPRESIDENTE: M.R.B.M.; Comisario: E.B.. OBJETO: El objeto principal de la Compañía será la compra y venta de artefactos electrodomésticos en general, al mayor y detal, compra, venta, importación y exportación de artículos para le hogar, artículos relacionados con la Mueblería, lencería, colchonería; su objeto será también la fabricación de madera de muebles, dormitorios, escaparates, y comedores, para su venta al mayor detal (subrayado del Tribunal).

- ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA NUEVA CARPÍNTERÍA LAS SIETE PUERTAS: Inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 06-09-1979, siendo su Director-Gerente G.B.H. y como Comisario a la ciudadana N.L. FUENMAYOR DE BOURGHOUL. OBJETO: Fabricación, Reparación, Restauración Consignación, Venta, Compra, Distribución, Representación, Transportación, Almacenaje, Importación y exportación de toda clase de muebles de madera. (subrayado del Tribunal).

- ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA CARPÍNTERÍA LAS SIETE PUERTAS NACIONAL S.R.L.: Redactada su Acta Constitutiva por la Abogada O.B., inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 07-09-1995; siendo su Presidente: S.B.K. y el Vicepresidente: F.H.B.K.; teniendo como objeto: todo lo relacionado con la compra venta, distribución, y comercialización de todo el ramo de la Carpintería, ya sena ventas al detal y al mayor. (subrayado del Tribunal).

- ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA MUEBLERÍA Y CARPÍNTERÍA LAS SIETE PUERTAS C.A.: Inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 18-02-1999; siendo su Presidente: S.B.K.; y el Vicepresidente: E.B.M.; y su objeto: Compra-venta, distribución, comercialización de todo el ramo de la mueblería, colchonería, carpintería electrodomésticos, ya sean estas al mayor o al detal. (subrayado del Tribunal).

En tal sentido, consagra el artículo 94 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Artículo 94. La ley determinará la responsabilidad que corresponda a la persona natural o jurídica en cuyo provecho se presta el servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de éstos. El Estado establecerá, a través del órgano competente, la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en general, en caso de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral.

Ahora bien, es bastante frecuente que los patronos traten de desvirtuar la aplicación de las normas laborales, que de hecho resulten más favorables al trabajador, mediante la celebración de contratos mercantiles, que entrañan la obligación a cargo de una de las partes de prestar un servicio a la otra a cambio de una remuneración. En estos casos, la realidad tiene primacía frente a las apariencias formales que puedan adoptar las partes mediante declaración de voluntad independientemente de que las mismas sean espontáneas o producto de la presión ejercida sobre una de ellas o de que sean emitidas en ausencia de dolo o de que envuelvan una intención fraudulenta. Se descarta la aplicación de las normas mercantiles y se aplican a la relación jurídica las normas laborales que le sean propias y más favorables al trabajador, siendo por lo tanto irrenunciables por propia la declaración constitucional.

Cabe igualmente señalar que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 25-10-2004, caso: CERÁMICA PIENMECA; estableció que:

“Conteste con el alcance de la posición argumental de la decisión impugnada, la Sala estima fundamental esbozar su criterio con relación a la noción de unidad económica, la cual desarrolló al tenor siguiente:

Como puede inferirse de las transcripciones jurisprudenciales que anteceden, el alcance del principio de unidad económica de la empresa refrenda no sólo el reconocimiento de la existencia de los grupos de empresa, sino el de la solidaridad pasiva que entre los integrantes de dicho grupo deviene en las obligaciones laborales contraídas con sus trabajadores.

En efecto, la noción de grupo de empresas "responde a una idea de integración hacia un fin específico de carácter económico en el que el denominador común es la dirección conjunta y una actividad concurrente, quiere decir, que todas tienden al mismo resultado final aunque con diferentes acciones" (Néstor de Buen, Grupos de empresas en el Derecho del Trabajo; Trabajo y Seguridad Social, Relaciones; U.C.A.B.; Pág. 113).

En concreto, el grupo de empresas en su composición se caracteriza por la sujeción a una administración o control común en el marco de un sistema de acciones integrados que persiguen en definitiva, materializar un objetivo común (el económico)." (Sentencia de la Sala de Casación Social Nº 242 del 10 de abril de 2003).

Igualmente, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia al referente ha asentado:

(...) la existencia de grupos empresariales o financieros es lícita, pero ante la utilización por parte del controlante de las diversas personas jurídicas (sociedades vinculadas) para diluir en ellas su responsabilidad o la del grupo, en sus relaciones con las terceras personas, han surgido normas en diversas leyes que persiguen la desestimación o allanamiento de la personalidad jurídica de dichas sociedades vinculadas, permitiendo al acreedor de una de dichas sociedades, accionar contra otra con la que carecía objetivamente de relación jurídica, para que le cumpla, sin que ésta pueda oponerle su falta de cualidad o de interés.

Se trata de dos o más sociedades que actúan como una unidad o grupo, aunque -en sus relaciones con los terceros- se presenten como sociedades separadas, debido a la personalidad jurídica que les es propia, diluyendo así el grupo, en alguno de sus miembros, la responsabilidad que como un todo le corresponde. De esta manera, cualquiera de los distintos componentes asume obligaciones respecto a otras personas (terceros), sin comprometer la unidad patrimonial si dicha obligación fuese incumplida.

En estos supuestos, si se exigiere responsabilidad al grupo y no únicamente a la persona jurídica (formalmente) obligada, la libertad de asociación consagrada en el artículo 52 constitucional, concretada en la existencia de las diversas personas jurídicas, no sufre ningún menoscabo, porque si el resultado dañoso para los terceros, proviene del abuso del derecho de asociarse, o de un fraude a la ley, instrumentado por las distintas sociedades, tal fin es ilícito; ello sin perjuicio de que se considere que en algunos casos surjan obligaciones indivisibles para el grupo, lo que es legalmente posible.

Las leyes que regulan los grupos económicos, financieros o empresariales evitan que las distintas compañías, con las personalidades jurídicas que les son propias, pero que conforman una unidad económica, o mantienen una unidad de dirección y que obran utilizando una o más personas jurídicas para su beneficio, evadan la responsabilidad grupal, ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por uno de sus componentes.

Con ello, se persigue legalmente evitar el abuso del derecho de asociarse, que produce una conducta ilícita, o impedir un fraude a la ley, o una simulación en perjuicio de terceros. Para evitar estas posibilidades, el ordenamiento jurídico ha señalado deberes y obligaciones solidarias a la actividad concertada entre personas jurídicas y para ello ha reconocido a los grupos, sean ellos económicos, financieros o empresariales, los cuales pueden obedecer en su constitución a diversos criterios que las mismas leyes recogen. Como unidades que son, existe la posibilidad de que ellos asuman también obligaciones indivisibles o equiparables a éstas, bien porque la ley así lo señale expresamente, o bien porque la ley –al reconocer la existencia del grupo y su responsabilidad como tal- acepta que se está frente a una unidad que, al obligarse, asume obligaciones que no pueden dividirse en partes, ya que corresponde a la unidad como un todo, por lo que tampoco puede ejecutarse en partes, si se exige a la unidad (grupo) la ejecución, así la exigencia sea a uno de sus componentes.

En consecuencia, al existir una obligación indivisible o equiparable, cada uno de los miembros del grupo contrae y está obligado por la totalidad (artículo 1254 del Código Civil) por lo que el pago y el cumplimiento efectuado por uno de los miembros del grupo libera a los otros. (...)

(...) La unidad patrimonial y la responsabilidad común se patentiza en la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 177, que también parte del concepto de grupo, para la determinación de los beneficios de una empresa. Como uno de los criterios para distinguir la realidad de un conjunto es la unidad económica, para verificarla no importa que esta unidad aparezca dividida en diferentes explotaciones con personerías jurídicas distintas. Es más, ni siquiera el que se lleven contabilidades separadas rompe la noción de unidad económica del referido artículo 177 de la Ley Orgánica del Trabajo (y del artículo 21 de su respectivo reglamento). Si para el cálculo de los beneficios a que tienen derecho los trabajadores, se toman en cuenta los beneficios del grupo, debe considerarse, una vez más, que todo su patrimonio es una unidad. Siendo esto así, el traslado de patrimonios de un elemento del grupo a otro es lícito, y a veces necesario, ya que la responsabilidad de uno de los miembros puede afectar al resto, y una empresa que marche mal, puede proyectar esa responsabilidad sobre otros componentes y hasta sobre el todo. Luego, el traslado de fondos de una sociedad a otra es lícito y común, ya que si se va a responder como un todo, lo justo y equitativo es que se trate que ese todo no falle, pues el evitar cualquier falta es también de la responsabilidad de los controlantes. (...)

(...) En opinión de esta Sala, la realidad de la existencia del grupo formado por una unidad económica, tomado en cuenta para establecer un criterio de determinación de beneficios, no queda confinada al cálculo de los mismos, a los fines de establecer el monto a distribuirse entre los trabajadores de cada una de las empresas, sino que tal realidad grupal, se aplica a la relación laboral de quienes contratan con los componentes del grupo, tal como se desprende del artículo 21 aludido. Ello es cónsone con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 89 constitucional: “En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias”.

La creación de una responsabilidad solidaria de todos los miembros de un grupo de empresas, para responder a los trabajadores, obliga a cualquiera de los componentes del conjunto que sea demandado al pago de las prestaciones del reclamante, así no sea el demandado el que realizó el contrato laboral con el accionante.

(Sentencia de la Sala Constitucional Nº 903 de fecha 14 de mayo de 2004).

Asimismo, y con relación a las implicaciones procesales del grupo económico, la referida decisión resaltó:

El reconocimiento por diversas leyes de los grupos económicos como sujetos de derechos, deberes y obligaciones, no encuentra en el Código de Procedimiento Civil, ni en otras leyes especiales adjetivas, una normativa procesal que les sea en concreto aplicable, y ello genera varias preguntas: 1) Quien acciona contra el grupo ¿tiene que demandar a todos sus miembros?; 2) De no ser necesario demandar a todos ¿a quién entre ellos debe demandar y citar?; 3) ¿Puede hacerse extensiva la ejecución de un fallo contra uno de los miembros que no fue demandado ni citado en el proceso principal?; 4) ¿Qué puede hacer la persona que fue incluida en el fallo como miembro del grupo y no lo es?; 5) ¿Puede el juez incluir en la sentencia a un componente del grupo que no fue demandado, pero que consta en autos su existencia, membresía y solvencia?.

A juicio de esta Sala, quien pretende obtener un fallo contra un grupo económico y obtener la ejecución contra cualquiera de sus componentes, haciéndole perder a éstos su condición de persona jurídica distinta (individualidad), debe alegar y probar la existencia del grupo, el incumplimiento de las obligaciones por uno de sus miembros, quien debido a su insolvencia o actitud perjudicial pretende burlar al demandante, a fin que la decisión abarque a todos los que lo componen. Sin embargo, tratándose de una unidad, no es necesario citar a todos los componentes, sino que –conforme el artículo 139 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía al caso- basta citar al señalado como controlante, que es quien tiene la dirección del resto del conjunto, sin perjuicio de que cualquiera de las partes, pida la intervención de otro de los componentes del grupo (ordinal 4º del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil), ya que a pesar que como miembro del conjunto se confunde con la parte principal, hasta que no se declare judicialmente la existencia del grupo, su situación se asimila a la de un tercero, a los efectos del artículo 370 de la ley adjetiva civil. (...)

(...) Cuando no se ha demandado al grupo económico como tal ¿puede condenarse a alguno de sus miembros, no demandado ni citado?. Conforme a los principios contenidos en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y que rige a los procesos dominados por el principio dispositivo, es necesario alegar la existencia del grupo, su conformación, e inexorablemente señalar cuál de sus componentes ha incumplido, motivo por el cual en la sentencia definitiva se levanta el velo de la personalidad jurídica al grupo y se determina la responsabilidad del otro u otros miembros que, teniendo una personalidad jurídica propia, no mantuvo o mantuvieron una relación jurídica con el demandante.

En estos casos, al sentenciarse al grupo, podría condenarse a sus miembros identificados en el fallo, que fueron mencionados en la demanda, así no fueran emplazados. Las pruebas sobre la existencia del grupo, su controlante, etcétera, permiten al juez condenar -si fuere el caso- a la unidad formada por todos los miembros y que quedó representada por el controlante.

El principio anterior, a juicio de esta Sala, sufre una excepción en materia de orden público, cuando la ley señala una obligación -o una actividad- que debe corresponder en conjunto al grupo. En la materia exclusiva donde esa obligación o actividad en conjunto existe, así la demanda no se incoe contra el grupo como tal, sino contra uno de sus componentes, debido a que por la ley todos los miembros tienen una responsabilidad o deben contribuir a resolver una situación, por lo que conocen de la demanda así no sea contra ellos, si de autos quedan identificados quiénes conforman al grupo y sus características, la sentencia podrá abarcar a los miembros de éste no mencionados en el libelo. No se trata exclusivamente de una cuestión de solidaridad entre los diversos miembros del grupo económico, como la denomina el artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo o el artículo 323 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y como fuese planteado por el fallo sometido a consulta, sino de una obligación indivisible que nace por la existencia de los grupos; y este criterio funciona exclusivamente en materia de orden público e interés social, donde es necesario proteger al débil o a la sociedad, en aras de una justicia eficaz, contraria a la multiplicidad de juicios, para dar cumplimiento a los artículos 2 y 26 constitucionales, y es en estas materias donde se puede dictar el fallo contra personas determinadas que surgen de autos como elementos del grupo, así no fueran mencionados en la demanda. Claro está que ello sólo podría suceder, si hay pruebas inequívocas del grupo, de sus componentes y del ente o sujeto controlante, con las modalidades que esta figura asume en cada caso.

En la fase de ejecución de sentencia, donde no hay un proceso de cognición, tal situación de extensión de la fase ejecutiva a quien no ha sido demandado como miembro del grupo, no podría ocurrir, ya que el principio (salvo excepciones) es que el fallo debe señalar contra quién obrará y, de omitir tal señalamiento, la sentencia no podría ejecutarse contra quien no fue condenado

. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 903 de fecha 14 de mayo de 2004).

Y concluye el fallo en estudio afirmando que para supuestos específicos de juicios del trabajo, operan las siguientes reglas:

(...) si en el curso de una causa donde está involucrado el orden público y el interés social, surge la certeza de que hay otros miembros del grupo formado por la unidad económica, diferentes a los demandados, la sentencia puede abarcar a estos, así no hayan sido mencionados como accionados, ni citados. Al fin y al cabo, como miembros de la unidad, conocen la obligación del grupo y uno de sus miembros ha defendido los derechos grupales en la causa. (...)

(...) Todo esto es diferente a la pretensión de ejecutar un fallo en materia laboral contra quien no ha sido parte en un juicio y a quien no se le menciona en el fallo que se pretende ejecutar, lo cual ha sido negado por la Sala (...) (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 903 de fecha 14 de mayo de 2004). (Subrayado actual de la Sala)

.

No escapa de nuestro conocimiento, el que sobre todo en el campo de las personas jurídicas, se trate de diluir la responsabilidad de las mismas, constituyendo diversas compañías de manera que unas enmascaran a las otras y hacen difícil a los trabajadores y a los futuros accionantes determinar a quién demandar. Se trata de un tipo de fraude que en principio nada tiene que ver con la existencia de los grupos o unidades económicas y su pluralidad de Empresas. En materia laboral, las personas jurídicas patronales utilizan prácticas tendentes a confundir al trabajador sobre quién es su verdadero Empleador, o como surgen-a veces hasta por azar-situaciones que enmascaran al verdadero patrón. Esto último puede ocurrir cuando el trabajador presta sus servicios en un fondo de comercio con un nombre comercial definido, recibe el pago y las instrucciones de una persona física, pero desconoce, ya que recibe información insuficiente-quién es el verdadero Empleador, que es por lo general una persona jurídica a quien el trabajador ignora.

En materia de interés social, como la laboral, el Juez tiene que interpretar las normas con mayor amplitud a favor del débil, en beneficio de quien tiene las dificultades, y sin apegarse a lo formal, debe determinar si quién comparece por haber sido citado y niega en toda forma su condición de demandado, realmente lo es o no, desbaratando la maniobra alusiva fundada en formalismos.

Así las cosas, y en sujeción a la doctrina Jurisprudencial acreditada supra, encuentra este Tribunal que, de la revisión del libelo de demanda y contestación se desprende y se evidencia que ocurre algo muy cercano a la situación analizada por la Sala Constitucional con respecto a Transporte Saet S.A.; pues las Sociedades Mercantiles Distribuidora las siete puertas C.A.; Nueva Carpintería las siete puertas; Carpintería las siete puertas Nacional S.R.L. y Mueblería y CARPÍNTERÍA LAS SIETE PUERTAS C:A., sus accionistas en algunas coinciden y en otras los accionistas tienen el mismo apellido “BOURGHOL” “extrañamente coincidente”; creándose esas Empresas, en las mismas instalaciones de las anteriores sociedades, o sea, que no es un problema de “DESAPARICIÓN NI DE DISOLUCIÓN”, sino más bien de FRAUDE. En efecto llama poderosamente la atención a quien juzga, que todos los accionistas de todas las sociedades tienen el mismo apellido, no muy común, pues son árabes, por lo que el presente asunto no le es ajeno a todas las personas jurídicas involucradas en este asunto.

En tal sentido, decimos que no existió sustitución patronal entre las Empresas antes mencionadas; lo que existe es un grupo de Empresas o Unidad Económica, pretendiendo desviarse de una manera ilícita cometiendo un fraude a la Ley, o una simulación en perjuicio de terceros; por lo que en el caso de marras no hay la menor duda que las Empresas Distribuidora las siete puertas C.A.; Nueva Carpintería las siete puertas; Carpintería las siete puertas Nacional C.A.; y Mueblería y Carpintería las siete puertas C.A.; deben responder conjunta y solidariamente con las obligaciones contractuales a favor del actor ciudadano F.Q.. Así se decide.

Opusieron las Empresas relacionadas con el presente procedimiento conjuntamente con la demandada el “valor de la cosa juzgada” al actor ciudadano F.Q. por considerar que todo lo relacionado con la relación laboral en el aspecto de su renuncia a las indemnizaciones legales, ya fue sustanciado y decidido por la Inspectoria del Trabajo del Estado Zulia, en su correspondiente Sala de Reclamos, a través de Actas debidamente homologadas por dicha Sala, las cuales cumplieron con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo.

El Tribunal para decidir observa:

La demandada y las Empresas aquí involucradas basan su alegato tomando en cuenta las transacciones laborales cursantes en autos, celebradas entre las partes; debidamente homologadas por ante la Inspectoría del Trabajo respectiva, en una de cuyas cláusulas se establece el acuerdo entre las partes de que nada se adeudan con respecto a la relación de trabajo que existió entre ambas durante las fechas allí indicadas en cada una de las transacciones laborales celebradas; reconociendo como parte integrante de esas transacciones las liquidaciones por conceptos de prestaciones sociales y la renuncia a ejercer cualquier tipo de acción judicial o administrativa referida a la misma causa.

Ahora bien, los artículos 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y 1395 del Código Civil establecen el efecto de cosa juzgada de la transacción laboral y la presunción legal, respectivamente, cuando dicen:

Artículo 3º. En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores.

PARÁGRAFO ÚNICO.- La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada

.

Artículo 1395 del Código Civil Venezolano Vigente

La presunción legal es la que una disposición especial de la Ley atribuye a ciertos actos o a ciertos hechos

Tales son:

1º Los actos que la Ley declara nulos sin atender más que a su cualidad, como hechos en fraude de sus disposiciones.

2º Los casos en que la Ley declara que la propiedad o la liberación resultan de algunas circunstancias determinadas.

3º La autoridad que da la Ley a la cosa juzgada.

La autoridad de la cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia. Es necesario que la cosa demandada sea la misma; que la nueva demanda esté fundada sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes, y que éstas vengan al juicio con el mismo carácter que en el anterior.

Ahora bien, si partimos que los hechos aquí establecidos encuadran en los supuestos de hecho de dichas normas, ya que fueron aplicados sobre las transacciones laborales efectivamente suscritas entre las mismas partes de la presente causa, según consta en autos, las cuales versaron entre otros conceptos, sobre las prestaciones sociales aquí demandadas de lo cual si bien es cierto que evidentemente se desprende la obligación de aplicar las consecuencias jurídicas establecidas en las normas in comento, es decir, darle los efectos jurídicos de cosa juzgada; no es menos cierto que, aplicando el principio de la realidad sobre las formas consagrado incluso constitucionalmente, observamos que todos los años durante toda la relación laboral sostenida por las partes, específicamente todos los meses de “Diciembre” se efectuó UNA PROCESIÓN DE TRANSACCIONES CONTENIDAS CON LA RENUNCIA DEL TRABAJADOR; quien luego de renunciar y firmar esas actas transaccionales, inmediatamente era reenganchado nuevamente por la demandada, y así estuvo durante toda la relación laboral, práctica desleal por parte de las Empresas pretendiendo así evadir el pago de las prestaciones sociales al trabajador al término de la relación laboral; razón por la que esta juzgadora con el fin de no avalar esta práctica desleal no puede otorgárle el carácter de cosa juzgada a esas transacciones laborales celebradas; aunado al hecho que ciertamente consagra nuestra carta magna que las transacciones laborales sólo se celebraràn al término de la relación laboral, cosa que no ocurrió en el presente caso; lo que sí hará es descontar los montos que recibió el trabajador en cada una de ellas y los tomará como adelantos de prestaciones sociales; razones que llevan a esta Juzgadora a declarar Improcedente la defensa de Cosa Juzgada opuesta por la parte demandada al actor. Así se decide.

Opusieron las Empresas involucradas en el presente procedimiento la defensa de Prescripción de la Acción al actor; aduciendo que en virtud de que el ciudadano actor F.Q. renunció a sus labores para la Carpintería las siete puertas Nacional S.R.L. el día 28 de agosto de 1997 y le fueron canceladas sus Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales y posteriormente volvió a prestar sus servicios el día 20-02-1998, es decir, más de cinco (05) meses entre un Contrato y otro, no habiendo Continuidad en la prestación del servicio, así como tampoco hubo prestación de servicio desde el 29-08-1997 hasta el 19-02-1998, alegando que no hay duda que la acción se encuentra evidentemente prescrita entre esos lapsos; así fue oponiendo la demandada la prescripción en virtud de la terminación de la relación laboral año por año.

El Tribunal para decidir observa:

Ante todo debemos verificar en qué consiste la Continuidad Laboral, y sobre todo no olvidar el famoso principio denominado y consagrado tanto en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo como en nuestra Carta Magna: “Primacía de la realidad de los hechos, frente a la forma o apariencia de los actos derivados de la relación jurídico laboral”.

Sostiene al efecto, PLÁ RODRIGUEZ, que el principio de la primacía de la realidad “significa” que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos (PLA RODRIGUEZ, AMERICO). Los principios del derecho del trabajo, ediciones de Palma, 3° edición, Buenos Aires, Argentina, 1998).

En cuanto al alcance de este procedimiento, La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 818 de fecha 07-05-2001, estableció lo siguiente: “hay que advertir que el rango constitucional de los derechos laborales así como el orden público del trabajo contenido en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que: …En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias”. Consagra lo que en doctrina se denomina el contrato realidad, principio éste también contemplado en la legislación sustantiva y que consiste en que el Juez no debe atenerse a la declaración formal de las partes acerca de la naturaleza laboral o no de su relación jurídica, sino que debe indagar en los hechos la verdadera naturaleza jurídica de la relación. En consecuencia, cada vez que el Juez verifique en la realidad la existencia de una prestación personal de servicio y que ésta sea subordinada, debe declarar la existencia de la relación de trabajo, independientemente de la apariencia o simulación formal que las partes pueden haberle dado a dicha relación.”

Visto de esta manera, al analizar las Actas transaccionales,-que ya se ha dicho-observamos como el actor “renunciaba” a las labores en el mes de Diciembre y era reenganchado nuevamente a escasos 4 o 5 meses por la Empresa para así evitar la Continuidad Laboral, no sabemos bajo qué figura de Contratación Legal lo hacía; por lo que esta Juzgadora aplicando el principio de primacía de la realidad sostiene y declara que en la presente relación laboral hubo continuidad en la misma, pues todas las Empresas involucradas han sido consideradas como GRUPO, en consecuencia hubo continuidad laboral y en consecuencia, no está prescrita la presente acción, tomando en cuenta que la fecha de terminación lo fue el día 09-01-2005. No podemos olvidar igualmente que quedó demostrado que la Empresa demandada otorgaba Vacaciones Colectivas a los trabajadores; en el caso del actor, una vez que se vencían las Vacaciones, esperaba que transcurrieran más de treinta (30) días para reintegrarlo a sus labores y así pretender romper con la Continuidad Laboral, celebrando en “PROCESIÓN” sendas Actas Transaccionales; burlando así una continuidad de 33 años de servicios y que esta Juzgadora no puede pasar por alto, toda vez que ha sido un ciudadano que dedicó más de la mitad de su vida a prestar sus servicios como Carpintero en ese Grupo de Empresas, que hasta un dedo perdió en el desempeño de su labor; razón por la que sólo se tomará el dinero recibido por el actor como adelanto de sus prestaciones sociales; pasando de seguidas esta Juzgadora a efectuar los cálculos correspondientes:

TRABAJADOR DEMANDANTE: F.Q..

FECHA DE INGRESO: 12-01-1971

FECHA DE EGRESO: 09-01-2005

MOTIVO DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: DESPIDO INJUSTIFICADO

ÚLTIMO SALARIO BÁSICO: Bs. 8.571,33

ÚLTIMO SALARIO INTEGRAL: Bs. 11.217,58

CARGO DESEMPEÑADO: CARPINTERO.

TIEMPO DE SERVICIOS: 33 AÑOS.

1. - ANTIGÜEDAD AL 18-06-1997: En razón que la relación laboral se inició bajo el régimen consagrado en la Ley del Trabajo de 1983, lo procedente en el caso de autos, es en primer lugar, hacer un corte de cuentas hasta la fecha de entrada en vigencia de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, para calcular la Indemnización de Antigüedad, de conformidad con el literal a) de su artículo 666, desde el día 12-01-1997 hasta el 18 de junio de 1997, es decir, por un período de 26 años, 6 meses, 6 días, que multiplicados por los 30 días por cada año se traducen en 780 días que a su vez, multiplicados por el salario normal devengado en el mes anterior (Bs. 2.425,50), arroja la cantidad de Bs. 1.891.890. Así se decide.

2. - Por Compensación por Transferencia: En atención a los 26 años, 6 meses, 6 días de labores para el 19 de Junio de 1997, y con un salario devengado para el 31 de Diciembre de 1996 de Bs. 72.765,oo mensuales y temporal (10 años), le corresponden 300 días en base a un salario diario de Bs. 2.425,50, lo que hace un total de Bs. 727.650,oo. Así se decide.

3. - Prestación de Antigüedad: Artículo parágrafo 1°, literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo: Por el período comprendido entre el 20 de junio de 1997 hasta el 09-01-2005; es decir, 8 años, 6 meses, 11 días.

   La Indemnización por Antigüedad, debe ser calculada de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón de cinco (05) días de salario por cada mes a partir del tercer mes de trabajo ininterrumpido y dos días de salario adicionales por cada año después del primer año de servicios o fracción superior a seis meses.

   Para el cálculo de este concepto debe tomarse en cuenta la alícuota de utilidades (15 días anuales entre 12 = 1,25 días mensual), además de la alícuota por bono vacacional de conformidad con el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo, según la siguiente discriminación:

   1. 19-06-1997 al 31-12-1997: De acuerdo con la disposición contenida en el artículo 665 de la Ley Orgánica del Trabajo, por tener el actor más de seis meses de labores a la fecha de entrada en vigencia de la reforma del régimen, tiene derecho en el primer año a una prestación de antigüedad equivalente a sesenta (60) días de salario, esto, concatenado con el parágrafo quinto del artículo 108 ejusdem.

      De conformidad con lo establecido en autos el salario devengado por el actor para e período comprendido entre el 19-06-1997 al 31-12-1997 era de Bs. 873.180,oo anuales; que dividido entre 12 meses resulta la cantidad de Bs. 72.765,oo mensuales. El salario para calcular este período comprende: salario básico mensual + la alícuota mensual de utilidades (15 / 12 = 1,25) + alícuota mensual del bono vacacional acumulado para esa oportunidad (7 + 6= 13/12 = 1,08); entonces se tiene: Bs. 72.765, oo + 3.031,87 + 2.619,54 = Bs. 78.416,41/30 = Bs. 2.613,88 diarios como salario integral. Este salario integral multiplicado por cinco (05) días, arroja la cantidad de Bs. 13.069,40, cantidad ésta que debe abonarse en los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre pasa una sumatoria de Bs. 78.416,40, por éste período.

   2. 1998: Para el período comprendido entre el 01-01-1998 al 31-12-1998 el salario devengado por el actor era de Bs. 873.180,oo anuales, que dividido entre 12 meses resulta la cantidad de Bs. 72.765,oo mensuales. El salario para calcular este período comprende: salario básico mensual + la alícuota mensual de Utilidades (15 / 12 = 1,25) + alícuota mensual del bono vacacional acumulado para esa oportunidad (7 + 7 = 14 / 12 = 1,16), entonces se tiene: Bs. 72.765,oo + 2.813,58 = Bs. 78.610,45 / 30 = 2.620,34 diarios como salario integral. Este salario integral diario multiplicado por cinco (05) días arroja la cantidad de Bs. 13.101,70, cantidad ésta que debe abonarse en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, para una sumatoria de Bs. 157.220,40. Así se decide.

   3. 1999: Para el período comprendido entre el 01-01-1999 al 31-12-1999 el salario devengado por el actor era de Bs. 2.057.040, oo anuales, que dividido entre 12 meses resulta la cantidad de Bs. 171.420, oo mensuales. El salario para calcular éste periodo comprende: salario básico mensual + alícuota mensual de utilidades (15 / 12 = 1,25) + alícuota mensual de bono vacacional acumulado para esa oportunidad (7 + 8 = 15 / 12 = 1,25), entonces se tiene: Bs. 171.420,oo + 7.142,50 + 7.142,50 = Bs. 185.705,oo / 30 = 6.190,16 diarios como salario integral. Este salario integral diario multiplicado por cinco (05) días, arroja la cantidad de Bs. 30.950,83, cantidad ésta que debe abonarse en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, para una sumatoria de Bs. 371.409,99. Adicionalmente deben concedérsele dos (02) días que multiplicados por Bs. 7.142,50 se traducen en Bs. 14.285,oo, para un total de Bs. 385.694,99, por éste período.

   3. 2000: Para el período comprendido entre el 01-01-2000 al 31-12-2000 el salario devengado por el actor era de Bs. 2.057.040, oo anuales que dividido entre 12 meses resulta la cantidad de Bs. 171.420, oo mensuales. El salario para calcular este período comprende: salario básico mensual + alícuota mensual del bono vacacional acumulado para esa oportunidad (7 + 9 = 16 / 12 = 1,33), entonces se tiene: Bs. 171.420, oo + 7.142,50 + 7.599,62 = Bs. 186.162,12 / 30 = 6.205,40 diarios como salario integral. Este salario integral diario multiplicado por cinco (05) días arroja la cantidad de Bs. 31.027,oo, cantidad ésta que debe abonarse en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, para una sumatoria de Bs. 372.324,oo. Adicionalmente deben concedérsele seis (4 + 2 = 6) días adicionales que multiplicados por 6.205,40 se traducen en Bs. 37.232,40, para un total de Bs. 409.556,40 por éste período.

   4. 2001: Para el período comprendido entre el 01-01-2001 al 31-12-2001 el salario devengado por el actor era de Bs. 2.365.560, oo anuales, que dividido entre 12 meses resulta la cantidad de Bs. 197.130, oo mensuales. El salario para calcular este periodo comprende: salario básico mensual + la alícuota mensual de utilidades (15 / 12= 1,25) + alícuota mensual del bono vacacional acumulado para esa oportunidad (7 + 10 = 17 / 12 = 1,41); entonces se tiene: Bs. 197.130,oo + 8.213,75 + 9.265,11 = 241.608,86 / 30 = 7.153.62 diarios como salario integral. Este salario integral diario multiplicado por cinco (05) días arroja la cantidad de Bs. 35.768,14, cantidad ésta que debe abonarse en los meses de Enero, febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, para una sumatoria de Bs. 429.217,71. Adicionalmente y de conformidad con el primer aparte del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo deben concedérsele ocho (6 + 2 = 8) días adicionales que multiplicados por Bs. 7.153,62, se traducen en Bs. 57.228,96 para un total de Bs. 486.446,67, para este período.

   5. 2002: Para el período comprendido entre el 01-01-2002 al 31-12-2002, el salario devengado por el actor era de Bs. 2.365.560 anuales, que dividido entre 12 meses resulta la cantidad de Bs. 197.130,16 mensuales. El salario para calcular éste periodo comprende: salario básico mensual + la alícuota mensual de utilidades de utilidades (15 / 12 = 1,25) + alícuota mensual del Bono Vacacional acumulado para esa oportunidad (7 + 11 = 18 / 12= 1,5), entonces se tiene: Bs. 197.130,16 + 8.213,75 + 9.856,50 = 215.200,41 / 30 = 7.173,34 diarios como salario integral diario multiplicado por cinco (05) arroja la cantidad de Bs. 35.866,73, cantidad ésta que debe abonarse en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, par una sumatoria de Bs. 430.400,82. Adicionalmente y de conformidad con el primer aparte del artículo 108 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, deben considerársele diez (8+2= 16) días adicionales que multiplicados por 7.173,34, se traduce en Bs. 437.574,16; para ese período.

   6. 2003: Para el período comprendido entre el 01-01-2003 al 31-12-2003 el salario devengado por el actor era de Bs. 3.085.680, oo anuales que dividido entre 12 meses resulta la cantidad de BS. 257.140, oo mensuales. El salario para calcular este período comprende: salario básico mensual + la alícuota mensual de utilidades (15 / 12 = 1,25) + la alícuota del bono vacacional acumulado para esa oportunidad (7 + 12 = 19/12 = 1,58); entonces se tiene: Bs. 257.140,oo + 10.714,16 + 13.542,70 = Bs. 281.396,86 / 30 = Bs. 9.379,89 diarios como salario integral. Este salario integral diario multiplicado por cinco (05) arroja la cantidad de Bs. 46.899,47, cantidad ésta que debe abonarse a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, para una sumatoria de Bs. 562.793,71. Adicionalmente y de conformidad con el primer aparte del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, deben concedérsele doce (10 + 2 = 12) días adicionales que multiplicados por Bs. 9.379,89, se traduce en Bs. 112.558,68 para producir un gran total de Bs. 675.352,,39.

   7. 2004: Para el período comprendido entre el 01-01-2004 al 23-04-2004 el salario devengado por el actor era de Bs. 3.085.680, oo anuales, que dividido entre 12 meses resulta la cantidad de Bs. 257.140, oo mensuales. El salario para calcular este período comprende: salario básico mensual + la alícuota mensual de utilidades (15 / 12= 1,25) + alícuota mensual del bono vacacional acumulado para esa oportunidad (7 + 13 = 20 / 12 = 1,66), entonces se tiene: Bs. 257.140,oo + 160.712,50 + 213.426,20 = Bs. 631.278,70 / 30 = 21.042,62 diarios como salario integral. Este salario integral diario multiplicado por cinco (05) arroja la cantidad de Bs. 105.213,11, cantidad ésta que debe abonarse en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, para una sumatoria de Bs. 1.262.557,30. adicionalmente y de conformidad con el primer aparte del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, deben concedérsele trece (10 + 3 = 13) días adicionales que multiplicados por Bs. 21.042,62 se traducen en Bs. 273.546,oo, para producir un gran total de Bs. 1.536.103,30; para éste último período.

3. - Intereses sobre Prestaciones Sociales: Por lo que se refiere, al pago de los intereses sobre la prestación de antigüedad previstos en el artículo 108, literal “c” de la Ley Orgánica del Trabajo, no habiendo quedado establecido que se hubieren pagado, los mismos son procedentes, por lo que se condena a la parte demandada a su pago a la parte actora, cuyo monto se determinara mediante experticia complementaria del fallo, de acuerdo con los parámetro sindicados en la parte dispositiva de este fallo.

4. - Indemnización por Despido: No habiendo la parte demandada demostrado que el actor renunció voluntariamente a sus labores, le procede al actor, este concepto; por lo que conforme lo dispone el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, por haber sido despedido injustificadamente, le corresponden el pago de 150 días por el último salario integral devengado, de Bs. 21.042,62 diarios, arroja un total de BS. 3.156.393, oo. Así se decide.

5. - Indemnización Sustitutiva de Preaviso: Conforme lo dispone el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, deberá pagarle la demandada al actor 90 días con base a un salario diario integral de Bs. 21.042,62, arrojando un total de Bs. 1.893.835,80. Así se decide.

6. - Participación en los beneficios de la Empresa o Utilidades: En cuanto a las utilidades, de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a una participación en las utilidades líquidas de la Empresa, la cual no puede ser inferior al equivalente a quince (15) días de salario ni mayor al equivalente s cuatro (04) meses. Cuando el trabajador no hubiere laborado todo el año, tendrá derecho a la parte proporcional de los meses completos de servicios prestados.

   En el presente caso, quedó demostrado que a lo largo de la relación laboral la Empresa demandada cancelaba a sus trabajadores quince (15) días de salario por cada año, y al no haber sido desvirtuada tal pretensión por parte de la demandada se declara procedente la misma.

   En tal sentido:

   - Para 1971devenagaba un salario mensual de 200,oo Bolívares que dividido entre 30 días arroja un salario diario de Bs. 6,66, que multiplicados por los 15 días de salario dan como resultado la cantidad de Bs. 99,99, monto éste que se ordena cancelar por éste período.

   Es así como desde el año 1971 al año 1977 devengó 200, oo bolívares mensuales, entonces, tenemos como computo la cantidad total de Bs. 699,93; para estos períodos.

   - A partir del año 1978 devengó un salario diario de 100, oo Bolívares, que multiplicados por los 15 días de salario dan como resultado la cantidad de Bs. 1.500,oo; monto éste que se ordena cancelar por éste período.

   - Para el año 1979 devengaba la cantidad de Bs. 200, oo diarios, que multiplicados por los 15 días de salario, dan como resultado la cantidad de Bs. 3.000,oo; monto éste que se ordena cancelar por éste período.

   - Desde el año 1980 al año 1987, devengó la cantidad de Bs. 400, oo diarios, entonces Bs. 2400, oo X 8 años de servicios, arroja un total de Bs. 3.200,oo, que multiplicados por los 15 días de salario, dan como resultado la cantidad de Bs. 48.000,oo; monto éste se ordena cancelar por éstos períodos.

   - En el año 1988 devengaba un salario diario de Bs. 700, oo que multiplicados por los 15 días de salario, dan como resultado la cantidad de Bs. 10.500,oo, monto éste que se ordena cancelar por este período.

   - Para el año 1989 devengaba un salario mensual de Bs. 31.356, oo, que dividido entre 30 días arroja un salario diario de Bs. 1.045,20 que multiplicados por los 15 días de salario dan como resultado la cantidad de Bs. 15.678, oo; monto éste que se ordena cancelar por este periodo.

   - Para los años 1990 al 1997 devengaba un salario mensual de Bs. 71.968,oo que dividido entre 30 arroja un total de Bs. 2.398,93 por los años mencionados, arroja un total de Bs. 19.191,46 por los 15 días de salario, dan como resultado la cantidad de Bs. 287.871,90; monto éste que se ordena cancelar por éste período.

   - Para el año 1998 devengaba un salario mensual de Bs. 72.765,oo que dividido entre 30 arroja un total de Bs. 2.425,50 que multiplicados por los 15 días de salario dan como resultado la cantidad de Bs. 36.382,50, monto éste que se ordena cancelar por éste período.

   - Para los años 1999 y 2000 devengaba un salario mensual de Bs. 171.400, oo que dividido entre 30 días arroja un salario diario de Bs. 5.714, oo que multiplicados por los 15 días de salario dan como resultado la cantidad de Bs. 85.710, oo que multiplicados por los años laborados, que multiplicados por los dos (02) años laborados, arroja un total de Bs. 171.420,oo; monto éste que se ordena cancelar por éste período.

   - Para los años 2001 y 2002 devengaba un salario mensual de Bs. 197.130, oo, que dividido entre 30 días arroja un salario diario de Bs. 6.571, oo; que multiplicados por los 15 días de salario dan como resultado la cantidad de Bs. 98.565, oo; monto éste que se ordena cancelar por éste período.

   - Para los años 2003 y 2004 devengaba un salario mensual de Bs. 257.140,oo que dividido entre 30 días arroja un salario diario de Bs. 8.571,33 que multiplicados por los 15 días de salario dan como resultado la cantidad de Bs. 128.569,99, monto éste que se ordena cancelar por éste periodo.

   En total por utilidades debe cancelarse al accionante la cantidad de Bs. 802.187,32. Así se decide.

7. - Vacaciones Vencidas y Bono Vacacional: Respecto a las vacaciones, el bono vacacional, la parte actora solicitó el pago correspondiente a toda la relación laboral. En este caso, dado que la parte demandada no demostró haber concedido vacaciones ni pagado el bono vacacional, deberá pagar lo correspondiente a estos conceptos.

   En virtud que la relación laboral comenzó el 12-01-1971 debe diferenciarse entre el régimen contenido en la Ley del Trabajo de esa época y el régimen previsto en la Ley Orgánica del Trabajo de 1991.

   Así se tiene, que el artículo 58 de la Ley del Trabajo, establecía: “Por cada año de servicios ininterrumpidos los trabajadores disfrutarán de un período de vacaciones remuneradas d quince días hábiles (…)”.

   Por otra parte el artículo 59 ejusdem, establecía:

   Sin perjuicio que los Contratos Colectivos establezcan un régimen más favorable al trabajador, los patronos deberán cancelar a éste, en la oportunidad de concederle vacaciones y además del pago de su disfrute, una bonificación especial de 1 día de salario por cada año de servicio, hasta un máximo de 15 días

   .

   En lo que se refiere al régimen establecido en la Ley Orgánica del Trabajo vigente, desde el 01 de mayo de 1991, tenemos que el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece:

   Artículo 219. Cuando el trabajador cumpla un (1) año de trabajo ininterrumpido para un patrono, disfrutará de un período de vacaciones remuneradas de quince (15) días hábiles. Los años sucesivos tendrá derecho además a un (1) día adicional remunerado por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) días hábiles.

   A los efectos de la concesión del día adicional de vacación previsto en este artículo, el tiempo de servicio se empezará a contar a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley.

   Parágrafo Único: El trabajador podrá prestar servicio en los días adicionales de disfrute a que pueda tener derecho conforme a su antigüedad, a su libre decisión. En este caso tendrá derecho al pago adicional de los salarios que se causen con ocasión del trabajo prestado.

   Por su parte, el artículo 223 ejusdem dispone el derecho del trabajador a percibir una bonificación especial, en la oportunidad de sus vacaciones equivalentes a siete (07) días de salario más un (01) adicional por cada año de servicios a partir de la vigencia de la Ley.

   Seguidamente el artículo 224 ejusdem establece que cuando la relación de trabajo termine sin que el trabajador haya disfrutado de las vacaciones a que tiene derecho, el patrono deberá pagarle la remuneración correspondiente.

   Ahora bien, reiterado el criterio sostenido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en decisión No. 17778 de fecha 06 de Diciembre de 2005, que as u vez ratificó sentencia de fecha 24 de febrero de 2002, se tiene que:

   …Asimismo, ésta Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado sobre el pago de las vacaciones no disfrutadas en su oportunidad por el legislador, según No. 31 de fecha 5 de febrero del año 2002, en los siguientes términos:

   (…) El Artículo 145 de a Ley Orgánica del Trabajo es claro al establecer que el salario base para el cálculo de lo que le corresponda al trabajador por concepto de vacaciones será el salario normal devengado por él en el mes efectivo de labores inmediatamente anterior a día que nació el derecho a la vacación.

   La Jurisprudencia patria ha establecido que por razones de justicia y equidad debe considerarse que si el trabajador no ha disfrutado de algún período vacacional durante la relación de trabajo a término de la misma éste debe ser cancelado no con el salario normal devengado al momento en que nació el derecho sino con el salario normal devengado al momento de terminación de la relación laboral (…).

   En razón de ello, y siendo consecuente con el criterio anteriormente esbozado, se ordena el pago de la vacaciones no disfrutadas al trabajador, tomando en consideración el salario devengado por el actor al momento de la finalización de la relación de trabajo. Así se decide.

   En razón de ello, debe hacerse la siguiente discriminación:

   - Para los años de 1972 a 1991 le corresponden 205 días de Vacaciones y Bono Vacacional que multiplicados por el salario básico diario devengado por el trabajador al término de la relación laboral, de Bs. 8.571,33, arroja un gran total de Bs. 1.757.122,60, por estos períodos. Así se decide.

   - Para los años 1992 a 2004, le corresponden 56 días a razón de Bs. 8.571,33, arroja un total de Bs. 479.994,48 que debe cancelársele al actor por Vacaciones y Bono Vacacional por esos períodos.

   Todas estas cantidades que han sido calculadas por ésta Juzgadora arrojan un gran total de Bs. 14.875.436,oo; a las que hay que deducirle la cantidad de Bs. 4.854.634,30, que fueron adelantos que recibió el trabajador por sus prestaciones sociales; arrojando un gran total de Bs. 10.020.802,oo; por lo que la presente demanda ha prosperado parcialmente en derecho. Que quede así entendido.

   DISPOSITIVO:

   Por los fundamentos expuestos, ESTE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA:

SE DECLARA LA EXISTENCIA DE LA UNIDAD ECONÓMICA Y EN CONSECUENCIA UN GRUPO DE EMPRESAS CONFORMADO POR LAS SOCIEDADES MERCANTILES DISTRIBUIDORA LAS SIETE PUERTAS, C.A, NUEVA CARPINTERIA LAS SIETE PUERTAS, S.R.L., CARPINTERIA LAS SIETE PUERTAS NACIONAL, S.R.L., MUEBLERIA Y CARPINTERIA LAS SIETE PUERTAS, C.A., QUIENES RESPONDERÁN CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTE CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS A FAVOR DEL ACTOR CIUDADANO F.Q.. (TODOS DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS EN LAS ACTAS PROCESALES).

SIN LUGAR LA DEFENSA DE COSA JUZGADA OPUESTA POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORA LAS SIETE PUERTAS, C.A, NUEVA CARPINTERIA LAS SIETE PUERTAS, S.R.L., CARPINTERIA LAS SIETE PUERTAS NACIONAL, S.R.L., MUEBLERIA Y CARPINTERIA LAS SIETE PUERTAS, C.A. AL ACTOR CIUDADANO F.Q..

SIN LUGAR LA DEFENSA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN OPUESTA POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORA LAS SIETE PUERTAS, C.A, NUEVA CARPINTERIA LAS SIETE PUERTAS, S.R.L., CARPINTERIA LAS SIETE PUERTAS NACIONAL, S.R.L., MUEBLERIA Y CARPINTERIA LAS SIETE PUERTAS, C.A. AL ACTOR CIUDADANO F.Q..

PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA QUE POR DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES INTERPUSO EL CIUDADANO F.Q. EN CONTRA DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORA LAS SIETE PUERTAS, C.A, NUEVA CARPINTERIA LAS SIETE PUERTAS, S.R.L., CARPINTERIA LAS SIETE PUERTAS NACIONAL, S.R.L., MUEBLERIA Y CARPINTERIA LAS SIETE PUERTAS, C.A.

SE CONDENA A LAS SOCIEDADES MERCANTILES DISTRIBUIDORA LAS SIETE PUERTAS, C.A, NUEVA CARPINTERIA LAS SIETE PUERTAS, S.R.L., CARPINTERIA LAS SIETE PUERTAS NACIONAL, S.R.L., MUEBLERIA Y CARPINTERIA LAS SIETE PUERTAS, C.A., a cancelarle al actor la cantidad de DIEZ MILLONES VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOS MIL BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 10.020.802,oo).

Se ordena el pago de los intereses de mora sobre prestaciones sociales, los cuales serán calculados desde la fecha de culminación de la relación laboral, hasta el 30 de diciembre de 1999, fecha de entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con base a la tasa del 3% anual, de conformidad con los establecidos en los artículos 1277 y 1746 del Código Civil, y los generados desde el 30 de Diciembre de 1999, hasta la fecha de la presente decisión, calculados de acuerdo a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, conforme lo previsto en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales serán determinados mediante experticia complementaria del fallo por un solo perito designando a tal efecto.

En cuanto a los intereses por prestaciones sociales y/o fideicomiso y la corrección monetaria, de declaran procedentes y serán calculados a través de experticia complementaria del fallo, que se realice para tal efecto, conforme lo establece el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual será practicada por un solo perito designado por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo que resulte competente, cuyos emolumentos serán sufragados por la parte accionada. El perito designado deberá servirse de la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal “C” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, para los intereses por prestaciones sociales; y de los índices de precios del consumidor (IPC) para la indexación Judicial o corrección monetaria.

En caso de que la parte demandada no cumpliere voluntariamente con la sentencia; es decir, para el caso de una ejecución forzosa, se solicitara ante el Juez de Sustanciación, Mediación Y ejecución del Trabajo o éste de oficio, ordenará nueva experticia complementaria del fallo para calcular los intereses moratorios e indexación judicial, a partir del decreto de ejecución, hasta la oportunidad del pago efectivo, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

No hay condenatoria en Costas Procesales dado el carácter parcial de la condena.-

PUBLIQUESE Y REGISTRESE. DEJESE COPIA CERTIFICADA POR SECRETARIA.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE AUDIENCIAS DE ESTE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2.006. Años: 196 de la Independencia y 147 de la Federación.

LA JUEZ,

Abog. M.P.D.S..

LA SECRETARIA

Abog. MARINES CEDEÑO GÓMEZ.

En la misma fecha siendo las diez y cuarenta y tres ( 10:43 a.m.) minutos de la mañana, se dictó y publicó el anterior fallo que antecede.

LA SECRETARIA

Abog. MARINES CEDEÑO GÓMEZ.