Decisión nº PJ0082011000153 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 14 de Octubre de 2011
| Fecha de Resolución | 14 de Octubre de 2011 |
| Emisor | Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | Doris I. Gandica |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Tributario |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 14 de octubre de 2011
201º y 152º
SENTENCIA N° PJ0082011000153
ASUNTO: AF48-U-2003-000159
ASUNTO ANTIGUO: 2003- 2037
Recurso Contencioso Tributario
Vistos: con informes de la Administración Tributaria
Recurrente: CASA REYCO, S.A., domiciliada en la Av. J.L., Esquina Calle Comercio, Punto Fijo, Estado Falcón.
Representante de la recurrente: ciudadano Á.Y.Q., titular de la cédula de identidad Nº 248.813, asistido por el abogado E.A.M., titular de la cédula de identidad Nº 2.842.853, e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 30.158.
Administración Tributaria Recurrida: Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Actos Recurridos: Resolución Nº GJT-DRAJ-A-2001-2678, de fecha treinta (30) de noviembre de 2001, emanada de Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Representación del Fisco: Y.M.M.L., titular de la cédula de identidad Nº 6.921.406, e inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 34.360.
Impuesto: Consumo Suntuario y Ventas al Mayor.
I
RELACIÓN CRONOLÓGICA
Se inicia este procedimiento mediante Recurso Contencioso Tributario subsidiario al jerárquico interpuesto por el ciudadano Á.Y.Q., titular de la cédula de identidad Nº 248.813, actuando en su carácter de Director-Presidente de la contribuyente “CASA REYCO, S.A.”, inscrita en el Registro de Comercio que era llevado por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, bajo el Nº 66, en fecha siete (07) de julio de 1949, e inscrita el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-07000316-2, asistido por el ciudadano abogado E.A.M., titular de la cédula de identidad Nº 2.842.853, e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 30.158, ante la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental, para conocimiento de la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual posteriormente por oficio Nº GJT-DRAJ-J-2003-1396, de fecha nueve (09) de abril de 2003, remitió el presente asunto al Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, donde fue recibido en fecha 30-05-2003, el cual actuando como repartidor único asignó su conocimiento a este Tribunal, donde fue recibido en fecha nueve (09) de junio de 2003, y se le dio entrada mediante auto de fecha trece (13) de junio del mismo año, por el que se ordeno librar boletas de notificación a los ciudadanos Procurador, Contralor y Fiscal General de la República, así como a la recurrente.
La notificación del ciudadano Fiscal General de la República fue debidamente cumplida y agregada a los autos.
Por auto de fecha siete (07) de agosto de 2003, se ordenó comisionar al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del niño y del adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, para que procediera a practicar la notificación de la contribuyente.
Las notificaciones de los ciudadanos Contralor y Procurador General de la República fueron debidamente cumplidas y agregadas a los autos.
Mediante oficio Nº 959, de fecha veintiocho (28) de octubre de 2003, emanado del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, remito a este Órgano Jurisdiccional la comisión que le fuere conferida.
Por auto de fecha veintiséis (26) de noviembre de 2003, se ordenó librar cartel de notificación a la contribuyente.
En fecha siete (07) de enero de 2004, se admitió el presente recurso.
En fecha veinticuatro (24) de marzo de 2004, venció el lapso probatorio en la presente causa, asimismo se fijo la oportunidad para la presentación de los respectivos informes.
En fecha veintiuno (21) de abril de 2004, la representación de la Administración Tributaria consignó escrito de informes.
En fecha veintiuno (21) de abril de 2004, concluyo la vista en la presente causa.
Por diligencias de fecha 14-11-2005 y 20-03-2009, la representación de la Administración Tributaria solicitó se dictara sentencia en la presente causa.
Por auto de fecha cinco (05) de octubre de 2011, la ciudadana Dra. D.I.G.A., Jueza Titular de este Tribunal, se abocó al conocimiento de la presente causa y ordenó librar cartel de notificación dirigido a la contribuyente a fin de notificar el abocamiento en la presente causa.
II
DEL ACTO RECURRIDO
Resolución Nº GJT-DRAJ-A-2001-2678, de fecha treinta (30) de noviembre de 2001, emanada de Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integra do de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual declaró Parcialmente con Lugar el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente en contra de las Planillas de Liquidación que se especifican a continuación:
Planilla de Liquidación Nº Periodo o ejercicio fiscal Fecha Monto Bs. Monto Bs.F.
031026000882 01-08-1994 al 31-08-1994 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000883 01-09-1994 al 30-09-1994 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000884 01-10-1994 al 31-10-1994 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000885 01-11-1994 al 30-11-1994 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000886 01-12-1994 al 31-12-1994 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000887 01-01-1995 al 31-01-1995 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000888 01-02-1995 al 28-02-1995 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000889 01-03-1995 al 31-03-1995 02-07-1997 172.148,00 172,14
031026000890 01-04-1995 al 30-04-1995 02-07-1997 418.733,11 418,73
031026000891 01-05-1995 al 31-05-1995 02-07-1997 186.339,19 186,33
031026000892 01-06-1995 al 30-06-1995 02-07-1997 177.782,29 177,78
031026000893 01-07-1995 al 31-07-1995 02-07-1997 198.374,29 198,37
031026000894 01-08-1995 al 31-08-1995 02-07-1997 324.108,45 324,10
031026000895 01-09-1995 al 30-09-1995 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000896 01-10-1995 al 31-10-1995 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000897 01-11-1995 al 30-11-1995 02-07-1997 244.920,73 244,92
031026000898 01-12-1995 al 31-12-1995 02-07-1997 380.248,35 380,24
031026000899 01-01-1996 al 31-01-1996 02-07-1997 189.536,85 189,53
031026000900 01-02-1996 al 29-02-1996 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000901 01-03-1996 al 31-03-1996 02-07-1997 167.649,33 167,64
031026000902 01-04-1996 al 30-04-1996 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000903 01-05-1996 al 31-05-1996 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000904 01-06-1996 al 30-06-1996 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000905 01-07-1996 al 31-07-1996 02-07-1997 162.491,39 162,49
031026000906 01-08-1996 al 31-08-1996 02-07-1997 162.170,73 162,17
TOTAL 4.890.502,71 4.890,50
III
ALEGATOS DE LAS PARTES
-
La Recurrente.
El representante de la recurrente en su escrito recursivo expuso:
Manifiesta que por mal asesoramiento en cuanto a la interpretación de la Ley, su representada en fecha 04 y 18 de septiembre de 1996 decidió elaborar 25 planillas equivalentes a declaraciones y pagos por la suma de Bs. 1.659.912,00, ahora reexpresados en Bs.F: 1.659,91, asumiendo su representada dicho pago como una erogación propia, ya dicho impuesto no había sido cargado al momento de facturación, por cuanto no se le consideraba contribuyente.
Alega que debido a que su representada efectúo un pago de lo indebido, dichas cantidades deben restituírsele y dejarse sin efecto las imposiciones de multa e intereses moratorios.
Aduce que las planillas recurridas deben declararse nulas y dejarse sin efecto por cuanto las mismas están provistas de errores de fondo, en cuanto a los valores asignados a las Unidades Tributarias.
Acota que la unidad tributaria calculada al momento de imponérsele las sanciones de las que fue objeto, se tomó como valor de la misma 5.400,00 Bs., dándosele un efecto retroactivo al valor de la sanción, y que admitirlo sería contrario a lo estipulado en el artículo 70 del Código Orgánico Tributario de 1994.
-
La Administración Tributaria.
En la oportunidad procesal correspondiente para la presentación de los informes, la representación de la Administración Tributaria expuso:
Manifiesta que la presentación aunque sean extemporáneas de las declaraciones del Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas Al Mayor, debe ser considerada actos voluntarios por lo que la administración las recibe de buena fe.
Después de citar y transcribir los artículos 19 y 23 del Código Orgánico tributario de 1994, y 3 de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor, aduce que existen dos tipos de sujetos pasivos que tienen la obligación de enterar al Fisco Nacional los montos determinados por la aplicación del tributo, como lo son los contribuyentes ordinarios y los ocasionales.
Agrega que el contribuyente presentó de manera voluntaria las declaraciones del impuesto ut supra, asumiendo así que era contribuyente y que por lo tanto estaba obligado al cumplimiento de todas las obligaciones tributarias derivadas.
Luego de transcribir el artículo 128 ejusdem, y un criterio jurisprudencial de la Sala Político Administrativa de nuestro M.T., arguye que las declaraciones presentadas se presumen fiel reflejo de la verdad, y que por lo tanto comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben.
Posteriormente después de transcribir el artículo 59 ejusdem,, acota que la falta de pago oportuno de la obligación tributaria hace surgir la situación de mora.
En cuanto al alegato de la contribuyente referente a la restitución de lo pagado indebidamente, manifiesta que no puede emitir pronunciamiento al respecto por cuanto no es de su competencia.
Como último punto solicitó se declare sin lugar el recurso interpuesto por la contribuyente.
IV
DE LAS PRUEBAS
-
Pruebas de la parte Recurrente.
La parte recurrente en la oportunidad procesal correspondiente no promovió pruebas.
-
Pruebas de la administración tributaria.
En la presente causa, el órgano recurrido, Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), no promovió pruebas.
Examinadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, se pudo observar que la Gerencia Jurídico Tributaria al momento de remitir el correspondiente recurso contencioso tributario subsidiario al jerárquico, acompaño el original de la Resolución recurrida Nº GJT-DRAJ-A-2001-2678, de fecha treinta (30) de noviembre de 2001, así como copias certificadas de las Planillas de Liquidación Nos. 03102600882 hasta la 031026000906, todas de fecha 02-07-1997.
Así las cosas esta juzgadora observa respecto a la Resolución recurrida Nº GJT-DRAJ-A-2001-2678, de fecha treinta (30) de noviembre de 2001, así como copias certificadas de las Planillas de Liquidación, que los mismos se tratan de documentos administrativos emitidos por un funcionario publico, que goza de autenticidad, por su naturaleza, pues su formación o autoría se puede imputar a un determinado funcionario, previo el cumplimiento de las formalidades legales, acreditando tal acto como cierto y positivo; con fuerza probatoria plena, en los límites de la presunción de veracidad que las rodea, mientras no se pruebe lo contrario.
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Planteada la controversia en los términos expuestos, este Tribunal observa que la cuestión planteada se circunscribe a): Determinar si la recurrente es sujeto pasivo del Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor, y si estaba obligada al pago del mencionado impuesto. b) Determinar si la Administración Tributaria al momento de imponer la sanción al contribuyente tomó en cuenta la Unidad Tributaria que correspondía. c) Determinar si en el caso bajo análisis procedía la aplicación de intereses moratorios.
Punto Previo:
Como punto previo esta sentenciadora considera oportuno revisar sobre la perdida de interés en el presente proceso y en este sentido se observa:
Se desprende del auto de entrada de fecha trece (13) de junio de 2003, Recurso Contencioso Tributario subsidiario al jerárquico ejercido contra de los siguientes actos administrativos:
Resolución Nº GJT-DRAJ-A-2001-2678, de fecha treinta (30) de noviembre de 2001, emanada de Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual declaró Parcialmente con Lugar el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente en contra de las Planillas de Liquidación que se especifican a continuación:
Planilla de Liquidación Nº Periodo o ejercicio fiscal Fecha Monto Bs. Monto Bs.F.
031026000882 01-08-1994 al 31-08-1994 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000883 01-09-1994 al 30-09-1994 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000884 01-10-1994 al 31-10-1994 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000885 01-11-1994 al 30-11-1994 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000886 01-12-1994 al 31-12-1994 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000887 01-01-1995 al 31-01-1995 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000888 01-02-1995 al 28-02-1995 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000889 01-03-1995 al 31-03-1995 02-07-1997 172.148,00 172,14
031026000890 01-04-1995 al 30-04-1995 02-07-1997 418.733,11 418,73
031026000891 01-05-1995 al 31-05-1995 02-07-1997 186.339,19 186,33
031026000892 01-06-1995 al 30-06-1995 02-07-1997 177.782,29 177,78
031026000893 01-07-1995 al 31-07-1995 02-07-1997 198.374,29 198,37
031026000894 01-08-1995 al 31-08-1995 02-07-1997 324.108,45 324,10
031026000895 01-09-1995 al 30-09-1995 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000896 01-10-1995 al 31-10-1995 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000897 01-11-1995 al 30-11-1995 02-07-1997 244.920,73 244,92
031026000898 01-12-1995 al 31-12-1995 02-07-1997 380.248,35 380,24
031026000899 01-01-1996 al 31-01-1996 02-07-1997 189.536,85 189,53
031026000900 01-02-1996 al 29-02-1996 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000901 01-03-1996 al 31-03-1996 02-07-1997 167.649,33 167,64
031026000902 01-04-1996 al 30-04-1996 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000903 01-05-1996 al 31-05-1996 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000904 01-06-1996 al 30-06-1996 02-07-1997 162.000,00 162,00
031026000905 01-07-1996 al 31-07-1996 02-07-1997 162.491,39 162,49
031026000906 01-08-1996 al 31-08-1996 02-07-1997 162.170,73 162,17
TOTAL 4.890.502,71 4.890,50
Igualmente se desprende que del auto de fecha veintiuno (21) de abril de 2004, concluyó la vista en la presente causa, no observándose que la contribuyente le haya dado impulso procesal hasta la presente fecha.
Ahora bien, visto lo anterior considera importante quien aquí juzga revisar la presunta perdida de interés procesal en que ha incurrido la accionante en la presente causa, y a tales efectos es importante analizar lo que al respecto ha sostenido en varios criterios jurisprudenciales la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; Así vemos que en ponencia de la Magistrada: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO en el Expediente N° 07-0224 la sala ha establecido el siguiente criterio:
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) C.J. Moncada”).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “F.V.G. y M.P.M. de Valero”).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés rocesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido
.
En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide”.
Del mismo modo la Sala Constitucional de nuestro m.t.d.j. con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondon Haaz en el expediente No 00-2064 respecto a la pérdida de interés procesal ha establecido:
A.c.f.l. actas procesales, esta Sala observa que, en la presente causa, desde el 2 de diciembre de 1982, oportunidad cuando se presentó ante la Corte en Pleno de la entonces Corte Suprema de Justicia el escrito contentivo de demanda de nulidad, no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal hasta el 26 de junio de 2000, ocasión cuando la Corte en Pleno acordó remitir las presentes actuaciones a esta Sala Constitucional; y por cuanto han transcurrido más de dieciocho (18) años sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
Según el maestro I.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.
Esta Sala, en decisión de 01 de junio de 2001 (caso: F.V.G. y M.P.M.d.V.E.. nº: 00-1491, s. nº 956) al referirse al interes procesal señaló :
A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
(...)
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.
(...)
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
(...)
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.
(Subra-yado añadido)
De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el inicio del proceso, por lo que resulta forzoso para esta Sala Constitucional declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento.
En consecuencia, de conformidad con lo asentado en la sentencia ut supra transcrita, esta Sala Constitucional declara terminado el procedimiento por pérdida del interés procesal. Así se declara.
Igualmente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de 01 de junio de 2001 caso: F.V.G. y M.P.M.d.V.E.. nº: 00-1491, s. N° 956 al referirse al interés procesal señaló:
A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
(...)
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.
(...)
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
(...)
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.
(Subra-yado añadido)
En este mismo orden de ideas la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia de la Magistrado Yolanda Jaimes Guerrero en el expediente No. 2004-2540 en la sentencia No. 01753 de fecha 03-12-2009 se estableció:
De conformidad con el criterio jurisprudencial antes transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.
En consecuencia, por cuanto en la causa bajo examen no hubo pronunciamiento respecto de la admisión del recurso y, sin embargo, la parte demandante dejó de instar para que ello se produjese; esta Sala declara extinguida la acción por pérdida de interés, con base en la sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.
En criterio reciente de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la perdida de interés procesal en Sentencia No 00010 de fecha 13-01-2010 se estableció:
“Ha sido criterio pacífico y reiterado de esta Sala (Vid., entre otras, sentencias Nros. 650 del 6 de mayo de 2003, 1.473 del 7 de junio de 2006, 645 del 3 de mayo de 2007 y más recientemente, 00312 y 00361 del 4 y 18 de marzo de 2009, respectivamente), en lo que a la perención se refiere, lo siguiente:
… la perención se produce aun en aquellos casos en los que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo cuando el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia, entendiéndose tal estado como el referido a la decisión de fondo.
Así pues, con fundamento en lo expuesto, la Sala en distintas oportunidades ha decretado la perención de la instancia de conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o 267 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la decisión de la Sala Constitucional de este M.T. N° 1.466 de fecha 5 de agosto de 2004, en la cual se desaplicó por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, inclusive en aquellas causas judiciales que se encuentran en estado de admisión, por cuanto nada impide a la parte recurrente diligenciar para solicitar la decisión correspondiente sobre la admisión de su recurso. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 01378 de fecha 5 de noviembre de 2008).
Ahora bien, un estudio más detallado del asunto debatido conlleva a realizar un replanteamiento del criterio antes expuesto, en atención a la sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2009, que ratificó el criterio consagrado en el fallo de esa misma Sala Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.) y en el cual se señaló:
… El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘F.V.G. y M.P.M. de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
(Resaltado de esta Sala).
Conforme al criterio jurisprudencial transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar sentencia.
Así las cosas, una vez verificado que en la causa bajo examen no hubo pronunciamiento respecto de la admisión del procedimiento de Oferta Real y Depósito y visto que la parte actora dejó de instar para que ello se produjese, esta Sala declara extinguida la acción en el presente caso por pérdida de interés, con fundamento en la sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.”. Sentencia No 00010 de fecha 13-01-2010 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Declarado lo anterior y a.c.f.l. actas procesales, esta sentenciadora observa que, en la presente causa, desde el veintiuno (21) de abril de 2004, oportunidad en que este tribunal declara concluida la vista de la presente causa, no consta en autos que se realizara alguna actuación procesal por parte del accionante del presente Recurso Contencioso Tributario subsidiario al jerárquico, hasta la presente fecha, ocasión en que esta sentenciadora dicta la presente decisión; y por cuanto han transcurrido más de seis (6) años sin que se hubiere realizado actuación alguna de parte del ciudadano Á.Y.Q., titular de la cédula de identidad Nº 248.813, actuando en su carácter de Director-Presidente de la contribuyente “CASA REYCO, S.A.”, asistido por el ciudadano abogado E.A.M., titular de la cédula de identidad Nº 2.842.853, e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 30.158, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.
Ahora bien, el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción, entendiéndose con clara evidencia que uno de los requisitos, como elemento de la acción, deviene del interés procesal; así, el interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia, no es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. Así lo han expresado en diferentes criterios la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa de nuestro m.t.d.j..
Siguiendo este criterio la doctrina ha mantenido según el maestro I.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”
De lo anterior se puede determinar que el interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
Visto así, y tomando en consideración lo expuesto por nuestro M.T.d.J., el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción; como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.
De acuerdo con lo expuesto es evidente que, en la presente causa, la parte actora no instó de manera alguna al Tribunal para que se dictara la decisión correspondiente, por lo que resulta forzoso para esta sentenciadora declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento.
En consecuencia, esta sentenciadora considera inoficioso entrar a conocer sobre el fondo de la controversia y de conformidad con lo anteriormente expuesto, se declara terminado el procedimiento por decaimiento de la acción. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio, y por las razones que han sido expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO POR DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, correspondiente al Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano Á.Y.Q., titular de la cédula de identidad Nº 248.813, actuando en su carácter de Director-Presidente de la contribuyente “CASA REYCO, S.A.”, inscrita en el Registro de Comercio que era llevado por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, bajo el Nº 66, en fecha siete (07) de julio de 1949, e inscrita el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-07000316-2, asistido por el ciudadano abogado E.A.M., titular de la cédula de identidad Nº 2.842.853, e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 30.158, en contra de la Resolución Nº GJT-DRAJ-A-2001-2678, de fecha treinta (30) de noviembre de 2001, emanada de Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integra do de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual declaró Parcialmente con Lugar el Recurso Jerárquico interpuesto por la contribuyente.
COSTAS: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión.
De conformidad con el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República notifíquese de la presente decisión al Procurador General de la República. Líbrese Oficio.
Publíquese, regístrese y notifíquese a todas las partes.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de octubre de dos mil once. Año 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
La Jueza Superior Titular
Dra. D.I.G.A.
La Secretaria Titular
Abg. C.A.P.M.
En la fecha de hoy, catorce (14) de octubre de dos mil once (2011), se publicó la anterior Sentencia N° PJ0082011000153 a las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.).
La Secretaria Titular
Abg. C.A.P.M.
ASUNTO: AF48-U-2003-000159
ASUNTO ANTIGUO: 2003-2037
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