Más del caso Andorra

El 5 de mayo, la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra a cargo de la juez Canòlic Mingorance Cairat, solicitó a las autoridades francesas contra el lavado de dinero el congelamiento de todos los activos pertenecientes a 7 venezolanos, una mujer de origen español y 24 empresas ligadas a algunos de ellos.La medida recayó sobre Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego José Salazar Carreño, Rosicela Díaz Gil, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo y Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.Este es el producto de una pesquisa iniciada en 2012 a propósito de una serie de operaciones sospechosas a través de la Banca Privada de Andorra BPA, la misma entidad investigada por la Red de Aplicación contra Delitos Financieros de Estados Unidos FinCen debido a que supuestamente era utilizada por grupos de delincuencia organizada de Rusia, China y Venezuela.Como se recordará, en 2006 BPA abrió una oficina de representación en la torre A del CCCT. Sus agentes tenían interés en captar fondos manejados a discreción por funcionarios y sus testaferros, en medio de la bonanza petrolera.Este banco ofrecía una alternativa para eludir el control cambiario mediante la negociación en Panamá de papeles del Estado venezolano, utilizando para ello empresas de fachada o concha, según la terminología estadounidense.Las compañías eran registradas por una filial de BPA en el país centroamericano. Luego abrían cuentas bancarias a nombre de ellas, que simplemente servían como conducto de los fondos que terminarían en la central del banco en el principado europeo.La primera señal de lo que hacía BPA surgió...

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