Decisión nº 1852 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 4 de Marzo de 2011

Valor y mérito jurídico del Registro de actuaciones escolares Escuela Básica Estado L.d.E.M., que anexo marcada 6, donde aparecen las firmas original del representante T.E.R.B., en el año escolar 1984-1985 como representante legal del alumno A.R., que evidencian que convivían juntos en las Residencias Altamira.

Valor y mérito jurídico del Registro de actuaciones escolares Escuela de aplicación del Estado Mérida, que anexo marcada 7, donde aparecen las firmas originales del representante T.E.R.B., en el año escolar 1982-1983 como representante legal del alumno A.R., que evidencian que convivían juntos en las Residencias Altamira que evidencian que convivían juntos.

Valor y mérito jurídico del Boletín de Información escolar de la Unidad Educativa CARACCIOLO PARRA Y O.d.E.M., que anexo marcado 8, donde aparecen las firmas en original del representante T.E.R.B., en el año escolar 1988-1989, residenciado en “Las Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 1-2 La Parroquia que es la misma que tenía la cónyuge I.M. [sic] CEBALLOS CARRERO, indicada en el acta de matrimonio, que es otra presunción que evidencian que convivían juntos.”

A las anteriores pruebas de constancia emitida por el Director y jefe de Departamento de la Unidad Educativa CARACCIOLO PARRA Y OLMEDO, del Estado Mérida, registro de actuaciones escolares, y de boletín de información, del hijo de los ciudadanos I.M. [sic] CEBALLOS y T.E.R.B., en la cual consta que el demandado funge como representante de su menor hijo, este Juzgador le asigna el valor probatorio en virtud que el mismo es conteste con los hechos narrados por la demandante, aunado a las anteriores pruebas evidencian que efectivamente ambas partes vivían juntos. Y así se decide.

“DÉCIMO CUARTO: Valor y mérito jurídico RIF de T.E.R.B., para el 01 de diciembre de 1981, en la cual señala como su domicilio “Las Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 1-2 La Parroquia Mérida”, anexo marcado 9, donde vivieron en concubinato mi representada con el demandante, cuando su menor hijo estaba pequeño estudiando.”

A la anterior prueba de rif, del ciudadano de T.E.R.B., de fecha 01 de diciembre de 1981, en la cual se señala como su domicilio “Las Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 1-2 La Parroquia Mérida”, donde vivieron en concubinato, este Juzgador le asigna valor probatorio a que se contrae los documentos administrativos, y en virtud de provenir de un ente público que le confiere veracidad de lo allí establecido, para dar por demostrado el domicilio del demandado que demuestra que vivían en concubinato. Y así se decide.

“DÉCIMO QUINTO: Solicito [sic] la prueba de informes, a la empresa CADELA, ubicada en la Avenida Los Próceres de esta Ciudad de Mérida, para lo cual consigno [sic] factura de fecha 18 de Julio de 2003, a nombre de T.E.R.B., en la cual señala como su domicilio “Las Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 1-2 La Parroquia Mérida” anexo marcado 10, a fin de que informen a este Tribunal la fecha del contrato suscrito, la persona que lo suscribió, para evidenciar que el mismo vivió en concubinato con mi representada para la fecha de suscripción del mismo.”

A la anterior prueba de informes solicitada a CADELA, este Juzgador observa que la misma no consta de las actas del expediente, no versando los hechos que se solicitan informe a este Tribunal la empresa CADELA, en consecuencia no le asigna valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 433 DEL Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.

DÉCIMO SEXTO: Valor y mérito jurídico del Plano del Proyecto de vivienda unifamiliar, de fecha Marzo de 1988, que anexo marcado 11; aprobado el 13 de junio de 1988 y con uso conforme el 10 de junio de 1988, por las autoridades competentes, donde se evidencia que la vivienda fue permisaza (sic) [sic] y construida en el período en que nuestra representada convivía con T.E.R.B..

A la anterior prueba este Tribunal por cuanto el mismo no fue tachado ni impugnado en forma alguna por la parte demandada, y si bien es cierto que el artículo 502 del Código de Procedimiento Civil se refiere a los planos como una facultad del Juez para usar dicho medio técnico a pedimento de cualquiera de las partes o aun de oficio, no obstante por el principio de la libertad probatoria a que se contrae el artículo 395 ejusdem, este Tribunal al referido plano le asigna pleno valor probatorio. Y así se decide.

DÉCIMO SÉPTIMO: Valor y mérito jurídico de la copia de la tarjeta de afiliación ahorro habitacional de M.E.d.A. y Préstamo con fecha 14 de febrero de 1990, a nombre de T.E.R.B., anexo marcado 12.

A la anterior prueba de afiliación ahorro habitacional de M.E.d.A. y Préstamo con fecha 14 de febrero de 1990, que en copias fotostáticas simples, obra al folio 12, este Juzgador le asigna valor probatorio y en virtud que no fue impugnado ni tachado por la parte contraria, se le tiene como fidedigno. Y así se decide.

“DÉCIMO OCTAVO: Valor y mérito jurídico de la copia de la ficha acumulativa de la Unidad Educativa CARACCIOLO PARRA Y OLMEDO, del estado Mérida, que anexo en copia, donde constan las firmas del representante T.E.R.B., en los años escolar (sic) 1988 a 1992, donde indica estar residenciado en “Las Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 1-2 La Parroquia, que es la misma dirección que tenía la cónyuge I.M.C.C., indicada en el acta de matrimonio, siendo otra presunción que evidencian que convivían juntos, anexo marcado 13.”

A la anterior prueba que en copia simple obra al folio 256, este Juzgador le asigna valor probatorio, y se le tiene por fidedigno tal como lo señala el artículo 429, primer aparte del Código de Procedimiento Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.

DÉCIMO NOVENO: Valor y Mérito Jurídico a la copia de documento público de propiedad de un apartamento en el conjunto Residencial Altamira, piso 2 apartamento 2-1 del Edificio B-3, protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Libertador del Estado Mérida, de fecha 6 de Octubre 1978, Protocolo Primero, Tomo 10, que anexo marcado 14, que es donde comenzaron viviendo juntos y luego se mudaron a otros apartamentos del mismo conjunto residencial, ya que el concubino vendió el inmueble supuestamente para terminar la casa objeto de la partición.

Al igual que la anterior prueba que en copia simple obra a los folios 257 al 264, este Juzgador le asigna valor probatorio, y se le tiene por fidedigno tal como lo señala el artículo 429, primer aparte del Código de Procedimiento Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.

VIGÉSIMO: Valor y mérito Jurídico de contrato de venta con reserva de dominio entre MUSIYAMA MÉRIDA C.A. y T.E.R.B., de fecha 17-09-85, con domicilio en la Residencias A.E. B-3 Apartamento 2-1 Zumba, anexo marcado 15, en la cual el concubino T.E.R.B., adquirió una trompeta, para pagar en cuotas, señalando como domicilio Las Residencias Altamira, donde convivía con mi representada y no como el [sic] lo indico [sic] originariamente en su contestación del Juicio de Simulación, que indicaba vivir con sus padres.

VIGÉSIMO PRIMERO: Valor y Mérito Jurídico de los Recibos emanado de Comercial Yamil, con fecha 25-08-86, y fecha 7 de Junio de 1998, que anexo marcado 16 y 17, en la cual se adquirieron un equipo de sonido y su mesa, una nevera, una campana y un lavaplatos, comprados para el uso común en el hogar, donde se indica “Las Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 1-2 La Parroquia, que es la misma dirección que tenía la cónyuge I.M. [sic] CEBALLOS CARRERO, indicada en el acta de matrimonio, siendo otra presunción que evidencian que convivían juntos.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Valor y mérito jurídico a la factura de Crédito MUSIYAMA MÉRIDA C.A., de fecha 17 de Mayo de 1985, que anexo marcado 18, en la cual se indica la compra de una Trompeta y se indica como dirección la Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 1-2 Zumba, donde convivía con mi representada y no como el [sic] lo indico [sic] originariamente en su contestación del juicio de Simulación, que indicaba vivir con sus padres.

A las anteriores pruebas de contrato de venta, y facturas, que en originales obra a los folios 265, 266 y 267, este Juzgador le asigna valor probatorio, y se le tiene por fidedigno tal como lo señala el artículo 429, primer aparte del Código de Procedimiento Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme al artículo 443 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.

“VIGÉSIMO TERCERO: Valor y mérito jurídico de cuatro letras de cambio a la orden de Cobrapsa, de fecha 21 de Diciembre de 1978 a nombre de T.E.R.B., en la cual señala como su domicilio “Las Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 1-2 La Parroquia Mérida” anexo marcado 19, 20, 21 y 22, dirección señalada donde vivieron en concubinato mi representada con el demandado.

“VIGÉSIMO CUARTO: Valor y mérito jurídico a cuatro letras de cambio a la orden de P.d.l.A. C.A., en fecha 17 de junio de 1988, a nombre de de T.E.R.B., en la cual señala como su domicilio “Las Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 1-2 La Parroquia Mérida” anexo marcado 23, 24, 25 y 26, donde vivieron en concubinato mi representada con el demandado.

Valor y mérito Jurídico a una letra de cambio a la orden de Musiyama Mérida C.A., en fecha 03 de Junio de 1980, a nombre de T.E.R.B., en la cual señala como su domicilio “Las Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 1-2 La Parroquia Mérida” anexo marcado 27, donde vivieron en concubinato mi representada con el demandado.

Valor y Mérito Jurídico a una letra de cambio a la orden de P.A.R., con fecha 1 de octubre de 1978, a nombre de T.E.R.B., en la cual señala como su domicilio “Las Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 1-2 La Parroquia Mérida” anexo marcado 28, donde vivieron en concubinato mi representada con el demandado.”

A la anterior prueba de letras de cambio para dar por demostrado que la dirección que se señala es la misma donde las partes convivían juntos este Juzgador le Asigna valor probatorio. Diferentes juristas tanto nacionales como extranjeros han coincidido en que la letra de cambio es un documento privado que está caracterizado por ser un título de crédito, de carácter formal, de circulación, de valor cartular abstracto, de tipo constitutivo y autónomo, equiparado como título valor a las cosas muebles con fundamento en el artículo 794 del Código Civil de Venezuela, considerado igualmente como título literal y de carácter solidario y por ser un documento privado se valora como tal; en efecto, las letras de cambio en cuestión corren insertas del folio 3 al folio 9 y observa el Tribunal que estos documentos privados no fueron impugnados por la parte demandada en orden a lo previsto en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, ni fueron desconocidas sus firmas, ni tachado con base a las previsiones legales contenidas en el artículo 1.381 del Código Civil en concordancia con el artículo 443 del mencionado texto procesal, razones por las cuales se dan por reconocidos dichos documentos privados en orden a lo pautado en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil. Y así se decide.

VIGÉSIMO OCTAVO: Valor y Mérito Jurídico de la copia del Recibo a nombre de T.E.R.B., de MERENAP, fecha 20-04-92, para pagar la cuota 34 del crédito PH00127597, se anexa marcado 29, que evidencia que para el momento del matrimonio se cancelaban las cuotas de la casa objeto de la partición.

A la anterior copia simple de recibo emitido por Merenap, para dar por demostrado que para el momento del matrimonio se cancelaban las cuotas de la casa objeto de la partición, este Juzgador le asigna valor probatorio, y en virtud que el mismo no fue impugnado ni tachado por la parte demandada, se le tiene por fidedigno. Y así se decide.

VIGÉSIMO NOVENO: Valor y Mérito Jurídico de la copia del Documento Privado de prestamos a nombre de T.E.R.B., correspondiente a MERENAP, sin fecha, por la cual el Asociado ha solicitado un préstamo, por la cantidad de quinientos mil bolívares, para la construcción de vivienda, documento en el cual se establecen las condiciones del crédito, para la construcción del inmueble objeto de la partición, se anexa marcada 30, que evidencia que para el momento de la unión concubinaria y luego el matrimonio se cancelaban las cuotas de la casa objeto de la partición.

Al anterior documento de préstamo que en copia simple obra al folio 272, este Juzgador le asigna valor probatorio,

TRIGÉSIMA TESTIMONIAL: Solicita al Tribunal, se sirva oír declaración a los Ciudadanos, Z.d.C.M.F., M.F.d.R. y C.Y.G.d.S., titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 3.901.833, 4.226.311 y 3.297.641, respectivamente, venezolanos, mayores de edad, domiciliados en esta Ciudad y Estado Mérida, a quienes ofrezco presentar el día y hora que a bien tenga fijar este Tribunal, para que depongan sobre la vida en común de mi representada y T.E.R.B..

En atención a la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil en sentencia, SCC, de fecha 18 de enero de 1989, 17 Ponente Magistrado Dr. R.P.B., juicio A.C.T.V.. Fondo Nacional del Café; O.P.T. 1989, Nº 1, Pág. 64;

…No es deber del juez de transcribir y analizar todas y cada una de las preguntas y repreguntas que se hagan a cada testigo, sino fundamentar el establecimiento de los hechos, que aprecia de lo dicho por el deponente...

Analizada la declaración de los testigos Z.D.C.M., C.Y.G.D.S. y M.F. [sic] DE RINCÓN evacuados por ante el Juzgado Segundo de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, tal y como se evidencia de los folios 331 al 335 del presente expediente, teniendo como resultado lo siguiente:

1. La testigo Z.D.C.M., venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cedula de identidad Nº V-3.901.833, de este domicilio y hábil. Al respecto este Tribunal al analizar el contenido de la referida declaración, que al folio 331 al vuelto del folio 332, esta testigo entre otras declaró, que conoce a los ciudadanos I.C. y a T.E.R. desde hace el año 1982, que sí vivían juntos en las Residencias A.E. B-3, porque ellos eran sus vecinos, que se mudaron después que contrajeron matrimonio para una casa en situada en Alto Chama, en cuanto a las repreguntas realizadas por el Apoderado de la parte demandada, a las cuales entre otras manifestó, a la pregunta en que apartamento vivió la señora I.C. contestó, en Residencias Altamira, Edificio B-3, apartamento 2-1, este Juzgador de conformidad con el articulo [sic] 508 del Código de Procedimiento Civil, le asigna valor probatorio por no tener ninguna contradicción en su declaración las cuales le demuestran a este juzgador que tiene conocimiento sobre lo que declaro [sic] conforme a la ley, en consecuencia se aprecia y se le da pleno valor probatorio. Y así se decide.

2. La testigo C.Y.G.D.S., venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cedula de identidad Nº V-3.297.641, de este domicilio y hábil. Al respecto este Tribunal al analizar el contenido de la referida declaración, que al folio 334 y su vuelto, esta testigo entre otras declaró, que conoce a los ciudadanos I.C. y a T.E.R. desde hace el año 1974, en Tovar en el matrimonio de su cuñada, que sí vivían juntos en las Residencias A.E. B-3, porque ellos eran sus vecinos, que le consta que unos días después del matrimonio se mudaron, para la Urbanización Alto Chama, calle los Frailejones, en cuanto a las repreguntas realizadas por el Apoderado de la parte demandada, a las cuales entre otras manifestó, que es conocida del matrimonio que aparte de eso fue testigo y comadre de de T.E.R. y de I.M.C. porque es la madrina de su hijo Alejandro, en consecuencia este Juzgador la anterior declaración la desestima por encontrarse la testigo inhabilitada de conformidad con las causales previstas en el artículo 478 del Código de Procedimiento civil, por evidenciarse que la misma es amiga íntima de las partes en litigio. Y así se decide.

3. La testigo M.F.D.R., venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cedula de identidad Nº V-4.226.311, de este domicilio y hábil. Al respecto este Tribunal al analizar el contenido de la referida declaración, que al folio 338 al folio 339, esta testigo entre otras declaró, que conoce a los ciudadanos I.C. y a T.E.R. desde hace el año 1978, que sí vivían juntos en las Residencias A.E. B-3, porque ellos eran sus vecinos, que se mudaron después que contrajeron matrimonio para una casa en situada en Alto Chama, en cuanto a las repreguntas realizadas por el Apoderado de la parte demandada, a las cuales entre otras manifestó, que ya para diciembre posterior a su casamiento se mudaron para la Urbanización Alto Chama, calle los Frailejones, casa 207, este Juzgador de conformidad con el articulo 508 del Código de Procedimiento Civil, con el articulo [sic] 508 del Código de Procedimiento Civil, le asigna valor probatorio por no tener ninguna contradicción en su declaración las cuales le demuestran a este juzgador que tiene conocimiento sobre lo que declaro [sic] conforme a la ley, en consecuencia se aprecia y se le da pleno valor probatorio. Y así se decide.

IV

ANALISIS [sic] Y VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDADA

El abogado en ejercicio E.Q.R., promovió los siguientes medios probatorios (folio 193):

“PRIMERA: Con el objeto de probar que es absolutamente falso que en virtud del matrimonio celebrado entre mi mandante y la actora, la señora I.M.C.C., el 09 de noviembre de 1.989, se haya regularizado una pretendida unión concubinaria preexistente, promuevo el valor y mérito jurídico de los siguientes instrumentos: 1) Copia certificada de la respectiva acta de matrimonio Nº 141, de fecha 09 de noviembre de 1.989, inscrita en el Registro Civil de matrimonios llevado por la Prefectura Civil de la Parroquia J.R.S.d.E.M., la cual fue expedida por la misma Prefectura indicada y constituye el anexo “A” de este escrito de pruebas, constante de un folio útil. 2) Constancia de fijación de carteles previos al matrimonio celebrado entre la actora y mi representado, expedida por la misma Prefectura Civil ya mencionada, la cual conforma el anexo “B” de este escrito y consta de un folio útil.”

A la anterior prueba de copias certificadas de documentos públicos, de acta de matrimonio, y de constancia de fijación de carteles previos al matrimonio, este juzgador en cuanto al acta de matrimonio promovida para dar por demostrado que es absolutamente falso que se haya regularizado una pretendida unión concubinaria preexistente, la misma es improcedente ya que existen otras pruebas de los autos que destruyen en su totalidad dicha afirmación, lo cual es contradictorio con los demás elementos traídos a las actas. Y así se decide.

SEGUNDA: Para probar que mi mandante estuvo casado con la señora MARIA [sic] DEL S.A.A., dentro del lapso comprendido entre el 02 de junio de 1.966 (fecha de la celebración de su matrimonio) y el 21 de diciembre de 1.976 (fecha en que quedó firme su correspondiente sentencia de divorcio), promuevo el valor y mérito jurídico de los siguientes documentos públicos: 1) Copia certificada del acta o partida de matrimonio Nº 45, de fecha 02 de junio de 1.966, inserta en el Registro Civil de Matrimonios llevado por la Prefectura del Municipio Arias, Distrito Libertador del Estado Mérida, expedida por el Registrador Principal del Estado Mérida, el 06 de diciembre de 2004, la cual constituye el anexo “C” de este escrito de promoción de pruebas y consta de dos folios útiles. 2) Copia certificada de la sentencia de divorcio que declaró disuelto el vínculo matrimonial entre mi representado y la señora Maria [sic] del C.S.A.A., dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el 13 de diciembre de 1.976, la cual quedó firme el 21 del mismo mes y año, según auto de la misma fecha. Esta copia fue expedida por el Registrador Principal del estado Mérida, el 06 de diciembre de 2004, y la anexo a este escrito marcada con la letra “D”, constante de seis folios útiles.”

A la anterior prueba de copias certificadas de acta de matrimonio y de sentencia de divorcio, para probar que su mandante estuvo casado con la señora MARIA [sic]DEL S.A.A., dentro del lapso comprendido entre el 02 de junio de 1.966 (fecha de la celebración de su matrimonio) y el 21 de diciembre de 1.976 (fecha en que quedó firme su correspondiente sentencia de divorcio), la misma es impertinente en este juicio ya que se esta ventilando es sobre la edificación realizada durante la unión matrimonial. Y así se decide.

TERCERA: Con el propósito de probar que mi mandante es propietario exclusivo tanto de la parcela Nº 207, situada en la calle G (Los Frailejones) de la Urbanización Alto Chama, Municipio Libertador del Estado Mérida, como de la construcción (casa-vivienda) que sobre dicha parcela se levanta, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 549 del Código Civil y la presunción contenida en el artículo 555 eiusdem, promuevo el valor y mérito jurídico de los siguientes instrumentos públicos registrados en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Libertador del Estado Mérida: 1) Nº 24, de fecha 23 de octubre de 1.972, folio 64, tomo 3º., Protocolo Primero. 2) Nº 48, de fecha 03 de mayo de 1.983, Protocolo Primero, tomo quinto.”

En cuanto a la anterior prueba de documentos públicos de propiedad tanto de la parcela como de la construcción, Nº 24, de fecha 23 de octubre de 1.972, folio 64, tomo 3º., Protocolo Primero, el primero y Nº 48, de fecha 03 de mayo de 1.983, Protocolo Primero, tomo quinto, en cuanto al primer documento público este juzgador le asigna valor probatorio al primero para dar por demostrado que el demandado adquirió la parcela antes del matrimonio, y en cuanto a la segunda prueba documental este Juzgador la desestima por impertinente ya que con dicha prueba no se evidencia que es el dueño de la construcción de la casa-vivienda, la cual es el objeto de la presente controversia. Y así se decide.

CUARTA: EXPERTICIA: Con el objeto de demostrar que tanto el estacionamiento para vehículos como la zona verde adyacentes a la vivienda construida sobre la parcela Nº 207 de la calle G (Los Frailejones) de la Urbanización Alto Chama, Parroquia J.R.S., Municipio Libertador del Estado Mérida, no se encuentran dentro del área o superficie de dicha parcela, promuevo la práctica de una experticia, a fin de probar los siguientes hechos: 1) Dejar constancia de la extensión de la preindicada parcela Nº 207 de la calle G (Los Frailejones) de la Urbanización Alto Chama, Parroquia J.R.S., Municipio Libertador del Estado Mérida. 2) Detallar y especificar con toda precisión, la construcción que se levanta dentro del área de la ya referida parcela. 3) Determinar técnicamente si el estacionamiento para vehículos y el área verde adyacente a la construcción indicada en el aparte 2) de esta promoción, ocupan parte del área de dicha parcela o se encuentran fuera de dicha área.

El Tribunal considera, en primer lugar, que los expertos designados, tanto el indicado por la apoderada de la parte demandada como los designados por este Tribunal, son personas que les merecen plena fe a este Juzgado en cuanto a la capacidad profesional de los mismos para la realización de pruebas periciales como la antes señalada. En segundo lugar, que con relación a tales expertos, en ningún momento fue solicitada por alguna de las partes la sustitución de los expertos en orden a lo pautado en el primer aparte del artículo 453 del Código de Procedimiento Civil; en tercer lugar, que no consta en los autos que cualquiera de los expertos o todos hubiesen sido objeto de recusación en orden a lo consagrado en el artículo 680 del texto procesal antes mencionado.

En orden a todo lo expuesto, es por lo que este Tribunal concluye que el dictamen pericial original (folios 349 al 365) practicado y rendido de conformidad con el artículo 467 del Código de Procedimiento Civil, cumple con lo establecido en el artículo 1.425 del Código Civil, pues fue extendido en un solo acto suscrito por todos, en la que hubo unanimidad de criterio con relación a lo antes señalado y le asigna el valor probatorio a la expresada experticia, en orden a criterios lógicos elementales, al sentido común, a las conclusiones presentadas, y al hecho mismo de no existir contradicción alguna en el informe pericial inicial, por lo tanto este Tribunal le asigna a dicha experticia el mérito, valor jurídico y eficacia probatoria, para dar por demostrado que en las medidas de la parcela Nº 207, el estacionamiento, para vehículos y el área verde adyacente a la construcción (costado izquierdo visto de frente) se encuentran fuera del área de la parcela Nº 207; según linderos y medidas que aparecen en el documento de propiedad. Y así se decide.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

DE LA PARTICIÓN

La parte actora fundamenta su pretensión por partición y liquidación de la comunidad conyugal, en base a los siguientes fundamentos legales:

Artículos 768, 769, 1.071 y 770 del Código Civil, en concordancia con los artículos 777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

La partición ha sido definida como la distribución o repartimiento de un patrimonio singularmente la herencia o una masa social de bienes- entre varias personas con iguales o diversos derechos sobre el condominio a que se pone fin. (Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de M.O., Editorial Heliasta S.R.L.)

La partición consiste entonces, en un acto jurídico por el cual se procede a la división de los bienes en común.

Ahora bien, según lo estatuido en el Código Civil Venezolano en su artículo 770 establece: “Son aplicables a la división entre comuneros las reglas concernientes a la división de la herencia y las especiales que, en cuanto al procedimiento para llevarla a cabo, establezca el Código de Procedimiento Civil.”, en consecuencia el procedimiento se llevó a efecto de conformidad con el artículo 770 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Es preciso destacar que la Ley establece los mecanismos que dispone el comunero para solicitar dicha partición, de conformidad con la Ley Adjetiva, el Código de Procedimiento Civil la cual norma en el Titulo V Capitulo II De la Partición, Artículo 777 :“La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes…(Omissis)” (Subrayado del Juez).

El ordenamiento jurídico concede al propietario la facultad de intentar las acciones para poner fin a tal estado de comunidad, de su derecho, entre las cuales tenemos el procedimiento de Partición, el cual exige como requisitos para su procedencia: a) que se realice por los trámites del procedimiento ordinario, b) que se exprese el titulo [sic] que origina la comunidad, c) el nombre de los condóminos y d) la proporción en que deben dividirse los bienes.

En consecuencia con los elementos aportados al proceso procede el tribunal a verificar si la acción es procedente en derecho, y al respecto observa que efectivamente la demandante legalizo [sic] la unión concubinaria en fecha 9 de noviembre de 1989, con el ciudadano T.E.R. [sic] BARRIOS, como consta al (folio 4) en virtud que consta en decisión de fecha nueve (09) de julio del 2002, (folios 5 al 42), del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial, y confirmada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil T.T. y A.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en el juicio que por simulación de Venta, declarar con lugar en la cual igualmente declaró que existió unión concubinaria entre los mencionados ciudadanos desde principios del año 1976, tomando como fecha cierta la fecha de nacimiento de su hijo, y que en dicha unión fue adquirido el único bien inmueble, consistente en la casa para habitación cuya partición reclama la hoy accionante, sentencia definitivamente firme de divorcio de los mencionados ciudadanos, de fecha 23 de marzo del 2003, (folios 44 al 52) con lo cual se evidencia y son elementos suficientes que acreditan el titulo [sic] que origina la comunidad.

Ahora bien, “El procedimiento de partición se encuentra regulado en la Ley Adjetiva Civil, ex artículos 777 y siguientes; así de su contenido se evidencia que en el juicio de partición pueden presentarse dos situaciones diferentes, a saber:…(omissis)… 1) Que en el acto de la contestación de la demanda no se haga oposición, a los términos en que se planteó la partición en el correspondiente libelo. En este supuesto, no existe controversia y el juez declarará que ha lugar a la partición, en consecuencia ordenará a las partes nombrar el partidor; en estos casos no procede recurso alguno. 2) Que los interesados realicen oposición a la partición, la cual puede ser total o parcial, vale decir que recaiga sobre todo o algunos de los bienes comunes, en estos casos el proceso se sustanciará y decidirá siguiendo los trámites del juicio ordinario hasta que se dicte el fallo que embarace la partición, tal y como lo establece el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplazará a las partes para que procedan al nombramiento del partidor, como ya se indicó; contra las decisiones que se produzcan en esta segunda hipótesis, se conceden tanto el recurso subjetivo procesal de apelación como el extraordinario de casación”. (Sentencia Sala de Casación Civil, de fecha once de Octubre de Dos Mil, Magistrado- Ponente CARLOS OBERTO VÉLEZ, Exp. Nº: 99-1023)

En el caso de autos, observa quien profiere la presente decisión que siendo la oportunidad procesal la parte demandada ciudadano T.E.R.B., a través de su apoderado, dio formal contestación a la demanda rechazando tanto en los hechos como en el derecho lo alegado por la parte actora, haciendo formal oposición a la partición, mediante la cual entre otras rechaza y niega que haya existido unión concubinaria y que tal existencia pueda derivarse de sentencia judicial alguna que tenga autoridad de cosa juzgada, así como también niega que durante la supuesta e inexistente pretendida unión concubinaria, se hubiese adquirido en comunidad de gananciales el inmueble objeto de litigio, ya que tal inmueble es propiedad exclusiva de su representado, así mismo opone la prescripción de la acción en virtud que siendo personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 767 del Código Civil, quedo [sic] extinguida la acción concubinaria y no habiendo habido regularización alguna, ya que se casaron el nueve (9) de noviembre de 1989, se extinguió la pretendida unión concubinaria, y que de allí comenzó a correr el lapso de prescripción adquisitiva, por otro lado expone que para el supuesto caso de que se llegare a admitir la existencia de la unión concubinaria, su mandante admite que adquirió la parcela anteriormente, y que tal supuesto de unión concubinaria se habría iniciado a partir del año 1976, fecha muy posterior al titulo [sic] adquisitivo de la preindicada parcela Nº 207, y que la pretendida partición, no podría llevarse a cabo en los términos proporcionales 50%, en virtud de la indivisibilidad de la edificación, que no puede otorgarse a la accionante el 50% del valor de dicha casa, entendida ésta como un todo (terreno y edificación), lo que hace improcedente la partición, ya que desmejoraría la condición de su mandante, tales conceptos expuestos por el demandado, son desacertados, en virtud que quedó demostrado de los autos que efectivamente el bien inmueble si se edificó durante la unión concubinaria que posteriormente finalizó con el matrimonio celebrado, y que no es exclusivo a una de las partes por el solo hecho de la indivisibilidad hecho por demás que considera este Juzgador innecesario explicar, en conclusión el bien inmueble (sólo la edificación) sí es el objeto de la partición, y la oposición total hecha por el demandado es improcedente, todo lo cual será establecido en la dispositiva del presente fallo. (Negrillas del Juez).

De acuerdo a sentencia de la Sala Casación Civil de fecha 2 de junio de 1999 en el juicio de A.C. y otro contra J.F.M.,:

...El juicio de partición está conformado por dos fases o etapas: una, que se tramita por el procedimiento del juicio ordinario y, la otra, que es la partición propiamente dicha.

Aun cuando este proceso debe promoverse por los trámites del juicio ordinario, sin embargo, esta vía sólo se abre si hubiere oposición a la partición o se discutiera el carácter o la cuota de los interesados. En el caso de que se contradiga la demanda, el proceso continuará su curso hasta dictarse sentencia definitiva y en el supuesto de que ello no ocurriera comenzarán a practicarse las actuaciones necesarias para el nombramiento del partidor, fase esta en la que se ejecutarán las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes.

Así lo ha interpretado esta Corte en su reiterada doctrina, entre la que se cita la contenida en el fallo del 2 de octubre de 1997 (Antonio S.P. c/ C.G.C.), en la que se dejó sentado lo siguiente:

‘...En efecto, el procedimiento de partición se desarrolla en dos etapas claramente diferenciadas. Una que se tramita por la vía del juicio ordinario y que sólo se abre si en la oportunidad de contestar la demanda hubiere oposición a la partición o se discutiere el carácter o la cuota de los interesados; y la otra, que es la partición propiamente dicha, en la que se designa un partidor y se ejecutan las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes del caso...’. (Cursivas de la Sala).

El artículo 780 del Código de Procedimiento Civil (Sic) establece:

Artículo 780: ‘La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo condominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.

Si hubiere discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor’.

Esta disposición adjetiva determina que, en aquellos casos, como el de autos, en el que se discuta el carácter o la cuota de los interesados, deberá sustanciarse el proceso por los trámites del juicio ordinario, hasta dictarse la sentencia definitiva que embarace la partición.

Para el Dr. F.L.H., en su obra ‘Derecho de Sucesiones’:

‘...La sentencia definitiva que se dicte en el procedimiento de partición de herencia, es simplemente preparatoria de ésta: No efectúa división alguna, sino que se limita a decidir si la misma es o no procedente’...

.

Sobre estos particulares a criterio de este Tribunal la parte actora aportó elementos probatorios suficientes para la validez de su acción, vale decir el carácter con que concurre a la partición todo lo cual demostró que es procedente, no existiendo discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, existiendo discrepancia en cuanto a que según el demandado el bien era propiedad única y exclusivamente de él, negando en todo momento a este Juzgador un hecho cierto que se evidencia de las actas tanto de la sentencia firme y confirmada en la cual se declaró el bien como perteneciente a la comunidad conyugal, con lo cual toda vez que la parte demandante logró demostrar con los elementos traídos a juicio, pruebas documentales, testigos y con la inspección judicial, que el mencionado bien perteneció a la comunidad conyugal, y que una vez disuelta lo que procedía era la partición, entorpeciendo el demandado con su actitud una eficaz y rápida administración de justicia utilizando defensas innecesarias, con lo cual en la presente causa evidencia la intención de retardar injustificadamente la secuela del juicio, siendo que ya existía una decisión anterior que declaraba el bien que pertenecía a la comunidad conyugal pretendiendo desconocer en este juicio, sin embargo a los fines que demostraran sus alegatos y defensas en el presente procedimiento, las partes involucradas tuvieron la posibilidad en igualdad de condiciones de alegar, defenderse, producir pruebas, contradecirlas, con los cuales sirvieron para demostrar las situaciones de hecho y de derecho alegadas, demostrándose el requerimiento de los justiciables, es por lo que este Juzgador debe indefectiblemente declarar CON LUGAR la presente acción de PARTICION [sic] DE BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, intentada por la ciudadana I.M. [sic] CEBALLOS CARRERO, como será establecido en la parte dispositiva de la presente decisión.

Finalmente este Juzgador considera significativo fundamentar todo su proceder en la previsión constitucional siguiente:

Artículo 26 Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses…(omissis)… El estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedida…

Artículo 77: Se protege el matrimonio, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio

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DISPOSITIVA

Por las consideraciones que anteceden este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito [sic] de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución y sus Leyes declara:

CON LUGAR LA PARTICIÓN DE LOS BIENES DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, intentada por la ciudadana I.M. [sic] CEBALLOS CARRERO, contra el ciudadano T.E.R.B., en consecuencia se ordena conforme al segundo aparte del artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, emplazándose a las partes para el nombramiento del partidor, a quien se le advierte que dicha partición deberá versar sobre el 50% adjudicado por cada uno de los antes nombrados sobre el siguiente bien: 1) Un inmueble compuesto por una casa unifamiliar, construida sobre la parcela de terreno distinguida con el Nº 207, con una superficie aproximada de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS (432 m2), ubicada en la Urbanización Alto Cham, Calle G Los Frailejones, antes Distrito Libertador del estado Mérida, hoy Municipio Autónomo Libertador del Estado Mérida, dentro de los linderos y medidas siguientes: FRENTE, en una extensión de quince metros (15 mts), con la calle G, Los Frailejones; FONDO, en una extensión de diez y siete metros (17 mts), con la parcela Nº 215 y terrenos de el Carrizal; COSTADO DERECHO, (vista de frente), en una extensión de veintisiete metros (27mts), parcela Nº 206,; y COSTADO IZQUIERDO, (vista de frente), en una extensión igual a la anterior, terrenos de la Urbanización El Carrizal, la cual deberá recaer sólo sobre la casa unifamiliar, construida sobre la parcela de terreno, en virtud que el terreno es propiedad de su excónyuge [sic] T.E.R.B., excluyéndose igualmente el estacionamiento para vehículos y el área verde adyacente a la construcción, (costado izquierdo visto de frente) se encuentran fuera del área de la parcela Nº 207; según linderos y medidas que aparecen en el documento de propiedad. Y así se decide.

De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte perdidosa. Y ASÍ SE DECIDE.

Por cuanto la presente decisión se pública fuera del lapso legal, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil se ordena notificar a las partes de la presente decisión. Y ASI SE DECIDE…”. (Negrillas, subrayado y cursivas del texto copiado). (Los corchetes son de este Juzgado).

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Planteada la presente controversia, cuyo reexamen ex novo fue sometido por vía de apelación al conocimiento de esta Superioridad en los términos que se dejaron sucintamente expuestos, la cuestión a dilucidar en esta Alzada consiste en determinar en primer lugar antes de entrar a conocer el fondo de la controversia, si la excepción de prescripción de la acción opuesta por el abogado E.Q.R., en su condición de apoderado judicial del ciudadano T.E.R.B., parte demandada, es procedente en derecho, y en tal sentido, deberá confirmar, revocar, anular o modificar la sentencia definitiva de fecha 10 de octubre de 2007, dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, a cuyo efecto este Tribunal observa:

Observa este Juzgador, que la acción interpuesta por la ciudadana I.M.C.C., debidamente asistida por la abogada CIOLY J.Z. A., es la partición de los bienes adquiridos durante la vigencia del vínculo matrimonial con el ciudadano T.E.R.B..

Al respecto observa esta Superioridad, que el recurso de apelación interpuesto por el abogado E.Q.R., en su condición de apoderado judicial del ciudadano T.E.R.B., contra la sentencia definitiva de fecha 10 de octubre de 2007, dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, que declaró con lugar la partición de los bienes de la comunidad conyugal, intentada por la ciudadana I.M.C.C., contra el ciudadano T.E.R.B., de conformidad con el segundo aparte del artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, ordenó el emplazamiento de las partes para el nombramiento del partidor, a quien se le advirtió que dicha partición debía versar sobre el 50% adjudicado por cada uno de los antes nombrados sobre el siguiente bien: 1) Un inmueble compuesto por una casa unifamiliar, construida sobre la parcela de terreno distinguida con el Nº 207, con una superficie aproximada de cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados (432 m2), ubicada en la urbanización Alto Chama, calle G Los Frailejones del Municipio Libertador del Estado Mérida, comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: FRENTE: en una extensión de quince metros (15 mts), con la calle G, Los Frailejones, FONDO: en una extensión de diecisiete metros (17 mts), con la parcela Nº 215 y terrenos del Carrizal, COSTADO DERECHO: (vista de frente), en una extensión de veintisiete metros (27mts), parcela Nº 206 y COSTADO IZQUIERDO: (vista de frente), en una extensión igual a la anterior, con terrenos de la urbanización El Carrizal, la cual debía recaer sólo sobre la casa unifamiliar construida sobre la parcela de terreno, en virtud que el terreno es propiedad de su ex cónyuge el ciudadano T.E.R.B., excluyéndose igualmente el estacionamiento para vehículos y el área verde adyacente a la construcción, (costado izquierdo visto de frente), se encuentran fuera del área de la parcela Nº 207, según linderos y medidas que aparecen en el documento de propiedad y de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, condenó en costas a la parte perdidosa, finalmente, por cuanto la decisión se publicó fuera del lapso legal, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, ordenó la notificación de las partes, su conocimiento correspondió por distribución a esta superioridad y a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto este Juzgador lo hace previa las siguientes consideraciones.

Seguidamente esta Superioridad, a los fines de determinar la procedencia de la defensa de fondo referida a la prescripción de la acción, considera necesario realizar un estudio procedimental de la misma, para concluir si resulta procedente la acción sub examine, a saber:

En este sentido, estable¬cen los artículos 1952 y 1977 del Código Civil, lo que textualmente a continuación se transcribe:

Artículo 1952: La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley

.

Artículo 1977: Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la Ley.

La acción que nace de una ejecutoria se prescribe a los veinte años, y el derecho de hacer uso de la vía ejecutiva se prescribe a los diez años

.

En referencia a la prescripción, se distingue entre la prescripción adquisitiva y la extintiva, la primera también llamada usucapión, es el modo de adquirir el dominio y otros derechos reales y se adquiere por la posesión a título de dueño, durante el tiempo exigido por la ley y la segunda, es un medio mediante el cual, una persona se libera del cumplimiento de una obligación por el transcurso del tiempo y el cumplimiento de determinadas condiciones contempladas en la ley.

En este sentido es importante destacar, que la prescripción extintiva no es propiamente un modo de extinción de una obligación y cuando ocurre la obligación no se extingue, pues continúa existiendo bajo la forma de obligación natural, pero se extingue la acción para obtener el cumplimiento coactivo de la obligación, generando como consecuencia, un ámbito más amplio de aplicación, pues se extingue tanto las acciones personales como las reales derivadas de la obligación.

Así las cosas, la doctrina ha dejado sentada las características propias de la prescripción extintiva, dentro de las cuales destaca que no opera de pleno derecho, por disposición de la ley o de oficio por el juez, en consecuencia, debe ser alegado por la parte que quiere valerse de ella, así lo establece el artículo 1956 del Código Civil que al efecto dispone: “El Juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta”.

Por tal razón, no se puede renunciar de antemano hasta que la prescripción no ocurra o se verifique, hasta que no existan todas sus condiciones, hasta que no se consuma y la parte que quiera favorecerse de ella no puede renunciarla.

Ha señalado la doctrina, que no puede renunciarse a la prescripción después de adquirida, tampoco requiere la buena fe como ocurre en la prescripción adquisitiva.

Dentro de las características además se encuentra, el transcurso del tiempo y el cumplimiento de las condiciones que confirman la prescripción, independientemente de la buena o mala fe y dentro de las condiciones de procedencia se encuentran, la invocación por parte del interesado, la inercia del acreedor, que es la situación en la cual el acreedor, teniendo necesidad de exigir el cumplimiento del deudor y la posibilidad efectiva de ejercer la acción para obtener su cumplimiento, no ejecuta la acción, así dicha inercia debe estar revestida por la necesidad de exigir el cumplimiento o de ejercer la acción y la no ejecución de la acción.

Ahora bien, el tercer requisito para que proceda la prescripción es el transcurso del tiempo fijado por la ley, de veinte años en las acciones reales y de diez años en las acciones personales.

En este sentido observa esta Superioridad, que mediante escrito presentado en fecha 12 de noviembre de 2004 (folios 01 y 02), por la ciudadana I.M.C.C., debidamente asistida por la abogada en ejercicio CIOLY J.Z. A., se interpuso formal demanda por partición de bienes habidos en comunidad conyugal, contra el ciudadano T.E.R.B..

Así, se evidencia del folio 04 de las actas que integran el presente expediente, copia certificada del acta de matrimonio civil signada con el N° 141, correspondiente al matrimonio civil celebrado entre los ciudadanos I.M.C.C. y T.E.R.B., en fecha 09 de noviembre de 1989, por ante la Prefectura Civil de la Parroquia J.R.S.d.M.L.d.E.M..

Asimismo observa esta Alzada, que a los folios 48 al 51 de las presentes actuaciones, obra copia certificada de la sentencia de divorcio de los ciudadanos I.M.C.C. y T.E.R.B., proferida en fecha 23 de marzo de 1995, por el Juzgado Quinto Subrogado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

Ahora bien, se desprende del escrito de contestación a la demanda que obra a los folios 84 al 88 del expediente, que el abogado E.Q.R., en su condición de apoderado judicial del ciudadano T.E.R.B., alegó como defensa de fondo la prescripción decenal extintiva contemplada en el artículo 1952 del Código Civil, en concordancia con el artículo 1977 eiusdem, en virtud que la casa o vivienda unifamiliar cuya partición se demanda, se construyó en el año 1988 y la pretendida unión concubinaria con el demandado concluyó en fecha 09 de noviembre de 1989, cuando ambos se casaron civilmente, por lo que resultaba obvio que el referido bien inmueble no fue adquirido durante la unión matrimonial, sino dentro de la supuesta unión concubinaria, de lo cual la demanda de partición propuesta tiene su fundamento en dicho pretendido concubinato y no en la unión matrimonial que ocurrió posteriormente entre ambos.

Al respecto esta Superioridad considera, que el lapso correspondiente a la prescripción decenal extintiva contemplada en el artículo 1952 del Código Civil, en concordancia con el artículo 1977 eiusdem, no se verifica en el caso in comento, por cuanto de la revisión minuciosa de las actas que conforman el presente expediente no se evidencia, que la relación concubinaria alegada por la ciudadana I.M.C.C., con el ciudadano T.E.R.B., antes de que contrajeran matrimonio civil en fecha 09 de noviembre de 1989, por ante la Prefectura Civil de la Parroquia J.R.S.d.M.L.d.E.M., haya sido legal y judicialmente reconocida como tal, mediante sentencia definitivamente firme, previa a la demanda de partición que aquí se pretende, sobre una casa unifamiliar construida sobre la parcela de terreno distinguida con el Nº 207, con una superficie aproximada de cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados (432 m2), ubicada en la urbanización Alto Chama, calle G Los Frailejones del Municipio Libertador del Estado Mérida, comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: FRENTE: en una extensión de quince metros (15 mts), con la calle G, Los Frailejones, FONDO: en una extensión de diecisiete metros (17 mts), con la parcela Nº 215 y terrenos del Carrizal, COSTADO DERECHO: (vista de frente), en una extensión de veintisiete metros (27mts), parcela Nº 206 y COSTADO IZQUIERDO: (vista de frente), en una extensión igual a la anterior, con terrenos de la urbanización El Carrizal, razón por la cual mal podría este Juzgador, considerar el transcurso del tiempo y la inercia de la acción sobre derechos y obligaciones que no han sido judicialmente reconocidos, lo cual conlleva a declarar la improcedencia de la defensa de fondo referida a la prescripción de acción. Y así se decide.

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS

Observa este Juzgador de la revisión que hace al escrito de promoción de pruebas que obra a los folios 193 y 194 del expediente, presentado por el abogado E.Q.R., en su condición de apoderado judicial del ciudadano T.E.R.B., en su condición de parte demandada, que en el particular primero promovió el valor y mérito jurídico de los siguientes instrumentos:

1) Copia certificada del Acta de Matrimonio N° 141, de fecha 09 de noviembre de 1989, emanada de la Prefectura Civil de la Parroquia J.R.S.d.E.M., que obra al folio 195 del expediente, a la cual este Juzgador le concede valor y mérito jurídico probatorio de conformidad con los artículos 1357 y 1360 del Código Civil, en virtud que no fue impugnada ni tachada conforme lo disponen los artículos 429 y 438 del Código de Procedimiento Civil, en lo que respecta al vínculo matrimonial que existió entre los ciudadanos I.M.C.C. y T.E.R.B.. Y así se declara.

2) Constancia de fijación de carteles previos al matrimonio celebrado entre la ciudadana I.M.C.C. y T.E.R.B., expedida por la Prefectura Civil de la Parroquia J.R.S.d.E.M., que obra al folio 196 del expediente, a la cual este Juzgador le concede valor y mérito jurídico probatorio de conformidad con los artículos 1357 y 1360 del Código Civil, en virtud que no fue impugnada ni tachada conforme lo disponen los artículos 429 y 438 del Código de Procedimiento Civil, en lo que respecta al matrimonio civil celebrado entre los ciudadanos I.M.C.C. y T.E.R.B.. Y así se declara.

En el particular segundo del escrito de promoción de pruebas presentado por el apoderado judicial de la parte demandada, promovió el valor y mérito jurídico de los siguientes documentos:

1) Copia certificada del Acta de Matrimonio N° 45, de fecha 02 de junio de 1966, emanada de la Prefectura del Municipio A.d.D.L.d.E.M., que obra a los folios 197 y 198 del expediente, a la cual este Juzgador le concede valor y mérito jurídico probatorio de conformidad con los artículos 1357 y 1360 del Código Civil, en virtud que no fue impugnada ni tachada conforme lo disponen los artículos 429 y 438 del Código de Procedimiento Civil, en referencia al vínculo matrimonial que existió entre los ciudadanos M.D.S.A.A. y T.E.R.B.. Y así se declara.

2) Copia certificada de la sentencia de divorcio dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 13 de diciembre de 1976, que declaró disuelto el vínculo matrimonial entre los ciudadanos T.E.R.B. y M.D.S.A.A., que obra a los folios 199 al 204 del expediente, a la cual este Juzgador le concede valor y mérito jurídico probatorio de conformidad con los artículos 1357 y 1360 del Código Civil, en virtud que no fue impugnada ni tachada conforme lo disponen los artículos 429 y 438 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

Se observa en el particular tercero del escrito in comento, que el abogado E.Q.R., en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, promovió el valor y mérito jurídico de los siguientes documentos:

1) Copia certificada del documento protocolizado en fecha 23 de octubre de 1972, anotado bajo el N° 24, folio 64, Tomo 3º, Protocolo Primero, por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida, que obra a los folios 205 y 206 del expediente, a la cual este Juzgador le concede valor y mérito jurídico probatorio de conformidad con los artículos 1357 y 1360 del Código Civil, en virtud que no fue impugnada ni tachada conforme lo disponen los artículos 429 y 438 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de demostrar la titularidad de la propiedad de la parcela N° 207, objeto de controversia. Y así se declara.

2) Documento protocolizado en fecha 03 de mayo de 1983, anotado bajo el N° 48, Tomo Quinto, Protocolo Primero, por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida, que obra a los folios 207 y 208 del presente expediente, al cual este Juzgador le concede valor y mérito jurídico probatorio de conformidad con los artículos 1357 y 1360 del Código Civil, en virtud que no fue impugnada ni tachada conforme lo disponen los artículos 429 y 438 del Código de Procedimiento Civil, para demostrar que la titularidad de la parcela N° 207 objeto de controversia, no formó parte del patrimonio conyugal que existió entre los ciudadanos T.E.R.B. y M.D.S.A.A.. Y así se declara.

Se evidencia, que la parte demandada en el particular cuarto del escrito de promoción de pruebas promovió la prueba de experticia, a fin de probar los siguientes hechos:

1) Dejar constancia de la extensión de la parcela N° 207, de la calle G Los Frailejones de la Urbanización Alto Chama de la Parroquia J.R.S.d.M.L.d.E.M..

2) Detallar y especificar con toda precisión, la construcción que se levanta dentro del área de la parcela N° 207.

3) Determinar técnicamente, si el estacionamiento para vehículos y el área verde adyacente a la construcción indicada en el aparte 2 de la promoción, ocupan parte del área de dicha parcela o se encuentran fuera de dicha área.

Se observa a los folios 351 al 367 del expediente, que obra informe de experticia realizados por los ciudadanos J.R.V., CALOGERO CASA y HILDEMARO MONTILVA, en su condición de expertos designados para su evacuación, a la cual este Juzgador le otorga valor y mérito jurídico probatorio de conformidad con los artículos 451, 467 y 468 del Código de Procedimiento Civil, en lo que respecta a las características, linderos, superficie, el estado y las condiciones de la construcción del inmueble objeto de controversia. Y así se declara.

En cuanto a las pruebas promovidas por la abogada C.E. ZAMBRANO A., en su condición de co-apoderada judicial de la parte actora, mediante escrito que obra a los folios 210 al 214 del expediente se observa, que el particular primero promovió el valor y mérito jurídico del Acta de Matrimonio N° 141, de fecha 09 de noviembre de 1989, emanada de la prefectura Civil de la Parroquia J.R.S. (folio 04), que demuestra el vínculo existente entre los ciudadanos I.M.C.C. y T.E.R.B., a la cual este Juzgador le concede valor y mérito jurídico probatorio de conformidad con los artículos 1357 y 1360 del Código Civil, en virtud que no fue impugnada ni tachada conforme lo disponen los artículos 429 y 438 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

En el particular segundo del referido escrito, la parte actora promovió el valor y mérito jurídico de la sentencia definitivamente firme proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que declaró con lugar la demanda de simulación de venta, la nulidad absoluta de la venta, realizada según documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida, en fecha 17 de octubre de 1989, anotado bajo el Nº 19, Tomo 4to, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre del citado año, que confirmó la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de fecha 09 de julio de 2002, que obra a los folios 05 al 41 del expediente, a la cual este Juzgador no le concede valor ni mérito jurídico probatorio, en virtud de considerarla impertinente, ya que su promoción no arroja elementos de convicción que demuestren el thema decidedum. Y así se declara.

En el particular tercero del escrito de pruebas presentado por la representación judicial de la parte actora, se evidencia que promovió el valor y mérito jurídico de la sentencia definitivamente firme proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que declaró con lugar la demanda de divorcio y como único bien en comunidad, la casa unifamiliar ubicada en la Urbanización Alto Chama, Calle G Los Frailejones Nº 207, que obra a los folios 48 al 51 del expediente, a la cual este Juzgador le concede valor y mérito jurídico probatorio sólo en lo que respecta a la disolución del vínculo matrimonial de conformidad con los artículos 1357 y 1360 del Código Civil, en virtud que no fue impugnada ni tachada conforme lo disponen los artículos 429 y 438 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

Se evidencia del escrito de promoción de la parte actora, que de conformidad con el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, promovió la Inspección Judicial sobre la casa unifamiliar, ubicada en la urbanización Alto Chama, calle G Los Frailejones, Municipio J.R.S.d.M.A.L.d.E.M., a fin de que se dejara constancia de los siguientes hechos:

1) De la existencia de una casa-quinta unifamiliar, que consta de dos plantas o niveles y de las siguientes dependencias: cinco habitaciones, cinco baños, cocina, oficios, sala comedor, dos terrazas, estacionamiento para vehículos y zona verde.

2) Que el mencionado inmueble esta construido sobre la parcela de terreno distinguida con el Nº 207, de cuál es su superficie aproximada y cuántos los metros cuadrados de construcción.

3) De si los linderos del inmueble objeto de la Inspección son los siguientes: frente, con la calle G, Los Frailejones, fondo, con la parcela Nº 215 y terrenos de El Carrizal; costado derecho, (vista de frente), parcela Nº 206; y costado izquierdo, (vista de frente), terrenos de la Urbanización El Carrizal.

4) De las condiciones de la construcción.

Obra a los folios 300 al 306 de las actas que integran el presente expediente, inspección judicial evacuada por el Tribunal de la causa, mediante la cual se dejó constancia de los particulares solicitados por la actora, a la cual este Juzgador le concede valor probatorio conforme lo establece el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, en lo que respecta a las características, linderos, superficie, el estado y las condiciones de la construcción del inmueble objeto de controversia. Y así se declara.

En el particular quinto del escrito de pruebas, la parte actora promovió de conformidad con el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil, la prueba de experticia, a los fines de que realizaran un avaluó en el inmueble objeto de la demanda, según el documento de propiedad de la parcela.

Se observa a los folios 351 al 367 del expediente, que obra informe de experticia realizados por los ciudadanos J.R.V., CALOGERO CASA y HILDEMARO MONTILVA, en su condición de expertos designados para su evacuación, a la cual este Juzgador le otorga valor y mérito jurídico probatorio en lo que respecta al avalúo del inmueble objeto de controversia de conformidad con los artículos 451, 467 y 468 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

En el particular sexto promovió el valor y mérito jurídico de la copia certificada del expediente signado con el Nº 1236, que tiene por motivo el divorcio ordinario en el cual, mediante auto de fecha 25 de octubre de 1993, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, otorgó a la ciudadana I.M.C.C., la guarda y custodia del hijo A.R.C., la autorizó para continuar habitando junto con su hijo el inmueble que había servido de alojamiento común a los cónyuges y fijó una pensión de alimentos al padre, la cual obra a los folios 215 226 del expediente, a la cual este Juzgador no le concede valor ni mérito jurídico probatorio en virtud de considerarla impertinente, ya que su promoción no arroja elementos de convicción que demuestren la partición objeto de controversia. Y así se declara.

En el particular séptimo promovió el valor y mérito jurídico de los siguientes documentos:

1) La copia certificada del expediente signado con el Nº 5574, que tiene por motivo la Simulación de Venta, que contiene la partida de nacimiento del ciudadano A.R.C., de fecha 01 de noviembre de 1976, Acta de nacimiento Nº 273, en la que se constata que fue testigo presencial del nacimiento, el ciudadano T.E.R.B., igualmente aparece nota marginal de fecha 02 mayo de 1977, mediante la cual el ciudadano T.E.R.B., reconoció a su hijo, que obra al folio 228 de expediente, a la cual este Juzgador se abstiene de concederle valor y mérito jurídico probatorio en virtud de considerarla impertinente, ya que su promoción no arroja elementos de convicción que demuestren el thema decidedum. Y así se declara.

2) Acta de Matrimonio Nº 141, de fecha 09 de noviembre de 1989, de los ciudadanos I.M.C.C. y T.E.R.B., donde se señala como domicilio del primero la Urbanización Alto Chama, Calle los Frailejones, Nº 207, dirección del bien inmueble objeto de partición y de la contrayente con domicilio en Residencias Altamira, Edificio A-1, Apt. 1.1, plata baja, donde vivieron en concubinato las partes en este juicio, que obra al folio 229 del expediente, a la cual este Juzgador se abstiene de concederle valor y mérito jurídico probatorio en virtud de considerarla impertinente, por cuanto la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria y su promoción no arroja elementos de convicción que demuestren el objeto de la demanda de partición. Y así se declara.

3) La constancia expedida por la Coordinadora de Atención Ambulatoria, en fecha 06 de abril de 1992, que certifica que la ciudadana I.M.C.C., era usuaria de CAMOULA, desde el 25 de febrero de 1980, como beneficiaria del trabajador T.E.R.B., que obra al folio 230 del expediente, a la cual este Juzgador se abstiene de concederle valor y mérito jurídico probatorio en virtud de considerarla impertinente, ya que su promoción no arroja elementos de convicción que demuestren el objeto de la demanda de partición. Y así se declara.

4) La contestación a la demanda de simulación (exp. 5574), en la cual opuso la falta de cualidad e interés de la actora para intentar y sostener el juicio de SIMULACIÓN DE VENTA del inmueble objeto de la partición, que había sido vendido por el concubino al hijo del primer matrimonio el ciudadano P.A.R.A., que obra a los folios 231 al 233 del expediente, a la cual este Juzgador se abstiene de concederle valor y mérito jurídico probatorio en virtud de considerarla impertinente, ya que su promoción no arroja elementos de convicción que demuestren el objeto de la demanda de partición. Y así se declara.

5) El RIF del ciudadano T.E.R.B., para el 30 de agosto de 1979, en la cual señala como su domicilio “Las Residencias Altamira, Edificio B-3, Apartamento 2-1 La Parroquia Mérida”, que obra al folio 234 del expediente, al cual este Juzgador se abstiene de concederle valor y mérito jurídico probatorio en virtud de considerarlo impertinente, ya que su promoción no arroja elementos de convicción que demuestren el objeto del thema decidendum. Y así se declara.

6) El boletín de calificaciones del alumno A.R.C., Grado 5to, Sección A, cuyo representante es el ciudadano T.E.R.B., con dirección en “Las Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 3-1 La Parroquia”, que obra a los folios 235 y 236 del expediente, al cual este Juzgador se abstiene de concederle valor y mérito jurídico probatorio en virtud de considerarlo impertinente, ya que su promoción no arroja elementos de convicción que demuestren el objeto de la demanda de partición. Y así se declara.

7) Oficio del Ministerio de Hacienda, de fecha 05 de febrero de 1993, signado con el alfanumérico HRA-700-088, en el cual se constata que la ciudadana I.M.C.C., aparece como carga de familia, que obra al folio 238 del expediente, al cual este Juzgador se abstiene de concederle valor y mérito jurídico probatorio en virtud de considerarlo impertinente, por cuanto la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria y su promoción no arroja elementos de convicción que demuestren el objeto de la demanda de partición. Y así se declara.

En el particular octavo promovió, el valor y mérito jurídico de las fotografías tomadas en el año 1983, durante la época de vacaciones en compañía de personas, que obran a los folios 240 al 244 del expediente, a las cuales este Juzgador no les otorga valor ni mérito jurídico, por cuanto no conllevan a determinar el objeto de la controversia referido a la condición de condóminos sobre el bien cuya partición se pretende. Y así se declara.

En el particular noveno promovió, el valor y mérito jurídico del libelo de la demanda de divorcio contenido en el expediente signado con el Nº 1236, en el cual el ciudadano T.E.R.B., indicó que su menor hijo se había quedado en casa para el momento en que la parte actora lo abandonó y como había cumplido con todas sus obligaciones y cubierto las necesidades de su hijo, no veía la necesidad de pasarle una pensión de alimentos, que obra a los folios 245 al 249 del expediente, a la cual esta Alzada no le otorga valor ni mérito jurídico probatorio en virtud de no arrojar elementos demostrativos de la demanda de partición. Y así se declara.

En el particular décimo promovió, el valor y mérito jurídico de la constancia emitida por el Director y Jefe del Departamento de la Unidad Educativa Caracciolo Parra y O.d.E.M., en la cual se verifica que en el año escolar 1988-1989 el representante legal del alumno A.R., era el ciudadano T.E.R.B., residenciado en “Las Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 1-2 La Parroquia”, que obra al folio 250 de las actas que integran el expediente, a la cual no se le concede valor y mérito jurídico probatorio en virtud que la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria y por lo tanto, no demuestra la condición de condómino y la propiedad del inmueble objeto de controversia en el juicio de partición. Y así se declara.

En el particular décimo-primero la parte actora promovió, el valor y mérito jurídico del Registro de Actuaciones Escolares de la Escuela Básica Estado L.d.e.M., donde aparecen las firmas original del representante ciudadano T.E.R.B., en el año escolar 1984-1985 como representante legal del alumno A.R., que evidencia que convivían juntos en la Residencias Altamira, que obra al folio 251 de las actas que integran el expediente, a la cual este Juzgador no le concede valor ni mérito jurídico probatorio en virtud que la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria y en tal sentido, nada arroja a los fines de demostrar la condición de condómino y la propiedad del inmueble objeto de controversia. Y así se declara.

En el particular décimo-segundo promovió, el valor y mérito jurídico del Registro de Actuaciones Escolares de la Escuela de Aplicación del Estado Mérida, donde aparecen las firmas originales del representante ciudadano T.E.R.B., en el año escolar 1982-1983 como representante legal del alumno A.R. que evidencia que convivían juntos, que obra al folio 252 del expediente, a la cual este Juzgador no le concede valor ni mérito jurídico probatorio en virtud que la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria y por lo tanto, nada arroja a los fines de demostrar la condición de condómino y la propiedad del inmueble objeto de controversia. Y así se declara.

En el particular décimo-tercero, promovió el valor y mérito jurídico del Boletín de Información Escolar de la Unidad Educativa Caracciolo Parra Y O.d.E.M., donde constan las firmas en original del representante ciudadano T.E.R.B., en el año escolar 1988-1989, con residencia en “Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 1-2 La Parroquia, que es la misma que tenía la cónyuge I.M.C.C., como evidencia de que convivían juntos, que obra al folio 253 de las actas que conforman el expediente, a la cual esta Alzada no le concede valor ni mérito jurídico probatorio en virtud que la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria, por lo que en consecuencia, nada arroja a los fines de demostrar la condición de condómino y la propiedad del inmueble objeto de controversia. Y así se declara.

En el particular décimo-cuarto promovió, el valor y mérito jurídico del RIF del ciudadano T.E.R.B., para el 1° de diciembre de 1981, en la cual señala como su domicilio “Las Residencias Altamira, Edificio B-3, Apartamento 2-1 La Parroquia Mérida”, donde vivió en concubinato su representada con el demandante cuando su menor hijo estaba pequeño y estudiando, que obra al folio 254 del expediente, al cual este Juzgador se abstiene de concederle valor y mérito jurídico probatorio en virtud de considerarlo impertinente, ya que su promoción no arroja elementos de convicción que demuestren el objeto de la demanda de partición. Y así se declara.

En el particular décimo-quinto promovió, la prueba de informes a los fines de que se oficiara a la Empresa CADELA, para lo cual consigno factura de fecha 18 de julio de 2003, a nombre del ciudadano T.E.R.B., en la cual señala como su domicilio “Las Residencias Altamira, Edificio B-3, Apartamento 2-1 La Parroquia Mérida”, a fin de que informara la fecha del contrato suscrito, la persona que lo suscribió, para evidenciar que vivió en concubinato con su representada para la fecha de suscripción del mismo.

En este sentido se observa que obra al folio 343 del expediente, comunicación de fecha 29 de abril de 2005, emanada de CADELA, mediante la cual informó que la fecha del contrato sucrito por el ciudadano el ciudadano T.E.R.B., sobre el inmueble ubicado en Residencias Altamira, edificio B-3, apartamento 2-1, de la Parroquia de la ciudad de M.E.M., tuvo lugar en fecha 27 de enero de 1988, a la cual este Juzgador le concede valor y mérito jurídico probatorio solo en lo que respecta a la suscripción del servicio eléctrico en el mencionado inmueble, de conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

En el particular décimo-sexto promovió, el valor y mérito jurídico de la copia del Plano del Proyecto de Vivienda Unifamiliar de fecha marzo de 1988, aprobado el 13 de junio de 1988 y con uso conforme para el 10 de junio de 1988, donde se evidenciar que la vivienda fue permizada y construida en el período en que la parte actora convivía con el ciudadano T.E.R.B., que obra al folio 255 de las actas que integran el expediente, a la cual esta Superioridad no le otorga valor ni mérito jurídico probatorio por cuanto considera que la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria y en consecuencia, nada arroja a los fines de demostrar la condición de condómino y la propiedad del inmueble objeto de controversia. Y así se declara.

En el particular décimo-séptimo promovió, el valor y mérito jurídico de la copia de la tarjeta de Afiliación de Ahorro Habitacional de M.E.A. y Préstamo, de fecha 14 de febrero de 1990, a nombre del ciudadano T.E.R.B., que obra al folio 256 del expediente y a la cual quien decide, se abstiene de valorar en virtud de considerarla impertinente para demostrar los fundamentos de hechos en el juicio de partición de bienes de la comunidad conyugal. Y así se declara.

En el particular décimo-octavo promovió, el valor y mérito jurídico de la copia de la Ficha Acumulativa del Unidad Educativa Caracciolo Parra y O.d.E.M., donde constan las firmas del representante ciudadano T.E.R.B., en los años escolares 1988 a 1992, residenciado en “Las Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 1-2 La Parroquia, que es la misma dirección que tenía la cónyuge I.M.C.C., como videncia de que convivían juntos, que obra al folio 257 de las actas que conforman el expediente, a la cual este Juzgador no le concede valor ni mérito jurídico probatorio en virtud que la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria, por lo que en consecuencia, nada arroja a los fines de demostrar la condición de condómino y la propiedad del inmueble objeto de controversia. Y así se declara.

En el particular décimo-noveno promovió, el valor y mérito jurídico de la copia de documento público de propiedad del apartamento ubicado en el Conjunto Residencial Altamira, piso 2 apartamento 2-1, del Edificio B-3, protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida, en fecha 06 de octubre 1978, anotado en el Protocolo Primero, Tomo 10, donde comenzaron viviendo juntos y luego se mudaron a otros apartamentos del mismo conjunto residencial, por cuanto el concubino vendió el inmueble para terminar la vivienda objeto de la partición, que obra a los folios 296 al 303, a la cual este Juzgador le concede valor y mérito jurídico probatorio de conformidad con los artículos 1357 y 1360 del Código Civil, en virtud de no haber sido impugnada ni tachada conforme lo establecen los artículos 429 y 438 del Código de Procedimiento Civil, sólo en lo que respecta a la propiedad del referido inmueble y que no constituye objeto de controversia en la partición que se pretende. Y así se declara.

En el particular vigésimo promovió, el valor y mérito jurídico del contrato de venta con reserva de dominio celebrado entre MUSIYAMA MÉRIDA C.A. y el ciudadano T.E.R.B., en fecha 17 de septiembre de 1985, en el cual señala como domicilio la Residencias A.E. B-3 Apartamento 2-1 Zumba, donde convivía con la parte actora, que obra al folio 304 de las actas que conforman el expediente y a la cual quien decide, se abstiene de valorar en virtud de considerarlo impertinente, en referencia a los hechos que se pretenden demostrar en el juicio de partición de bienes de la comunidad conyugal. Y así se declara.

En el particular vigésimo primero promovió, el valor y mérito jurídico de los Recibos emanado de Comercial Yamil, de fecha 25 de agosto de 1986 y 07 de junio de 1998, mediante los cuales adquirió un equipo de sonido y su mesa, una nevera, una campana y un lavaplatos para el uso común en el hogar, donde se indica como dirección de habitación “Las Residencias Altamira, Edificio A-1, Apartamento 1-2 La Parroquia, que es la misma dirección que tenía la cónyuge I.M.C.C., que evidencian que convivían juntos, que obran a los folios 305 y 306 del expediente, a la cual este Juzgador no le concede valor ni mérito jurídico probatorio en virtud que la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria, por lo que en consecuencia, nada arroja a los fines de demostrar la condición de condómino y la propiedad del inmueble objeto de controversia. Y así se declara.

En el particular vigésimo-segundo promovió, el valor y mérito jurídico de la factura de crédito de MUSIYAMA MÉRIDA C.A., de fecha 17 de mayo de 1985, en la cual se indicó la compra de una Trompeta y la dirección en la Residencias A.E. B-3 Apartamento 2-1 Zumba, donde convivía con la parte actora, que obra al folio 306 del expediente, a la cual este Juzgador no le otorga valor ni mérito jurídico probatorio en virtud que la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria, por lo que en consecuencia, nada arroja a los fines de demostrar la condición de condómino y la propiedad del inmueble objeto de controversia. Y así se declara.

En el particular vigésimo tercero promovió, el valor y mérito jurídico de cuatro letras de cambio a la orden de Cobrapsa, de fecha 21 de diciembre de 1978, a nombre del ciudadano T.E.R.B., en la cual señala como domicilio “Las Residencias Altamira, Edificio B-3, Apartamento 2-1, La Parroquia Mérida”, donde vivió en concubinato el demandado con su representada, que obra a los folios 307 y 308, a las cuales este Juzgador no le concede valor ni mérito jurídico probatorio en virtud que la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria y no arroja elementos de convicción que demuestren la condición de condómino y la propiedad del inmueble objeto de controversia. Y así se declara.

En el particular vigésimo cuarto promovió, el valor y mérito jurídico de cuatro letras de cambio a la orden de P.d.L.A. C.A., de fecha 17 de junio de 1988, a nombre del ciudadano T.E.R.B., en la cual señaló como domicilio “Las Residencias Altamira, Edificio B-3, Apartamento 2-1, La Parroquia Mérida”, donde vivió en concubinato la parte actora con el demandado, que obra a los folios 258 y 308 del expediente, a las cuales este Juzgador no le concede valor ni mérito jurídico probatorio en virtud que la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria y no arroja elementos de convicción que demuestren la condición de condómino y la propiedad del inmueble objeto de controversia. Y así se declara.

En el particular vigésimo quinto promovió, el valor y mérito jurídico de una letra de cambio a la orden de Musiyama Mérida C.A., de fecha 03 de junio de 1980, a nombre del ciudadano T.E.R.B., en la cual señaló como domicilio “Las Residencias Altamira, Edificio B-3, Apartamento 2-1, La Parroquia Mérida”, donde vivió en concubinato la parte actora con el demandado, que obra al folio 258 del expediente, a la cual este Juzgador no le concede valor ni mérito jurídico probatorio en virtud que la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria y no arroja elementos de convicción que demuestren la condición de condómino y la propiedad del inmueble objeto de controversia. Y así se declara.

En el particular vigésimo sexto promovió, el valor y mérito jurídico de una letra de cambio a la orden del ciudadano P.A.R., de fecha 1° de octubre de 1978, a nombre del ciudadano T.E.R.B., en la cual señaló como domicilio “Las Residencias Altamira, Edificio B-3, Apartamento 2-1, La Parroquia Mérida”, donde vivió en concubinato la parte actora con el demandado, que obra al folio 259 del expediente y a la cual, este Juzgador no le concede valor ni mérito jurídico probatorio en virtud que la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria y no arroja elementos de convicción que demuestren la condición de condómino y la propiedad del inmueble objeto de controversia. Y así se declara.

En el particular vigésimo octavo promovió, el valor y mérito jurídico de la copia del Recibo a nombre del ciudadano T.E.R.B., emanada de MERENAP, en fecha 20 de abril de 1992, para pagar la cuota N° 34 del crédito N° PH00127597, que evidencia que para el momento del matrimonio se cancelaban las cuotas de la casa objeto de la partición, que obra al folio 259 del expediente, al cual este Juzgador no le concede valor ni mérito jurídico probatorio en virtud que la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria y no arroja elementos de convicción que demuestren la condición de condómino y la propiedad del inmueble objeto de controversia. Y así se declara.

En el particular vigésimo noveno promovió, el valor y mérito jurídico de la copia del documento privado de prestamos a nombre del ciudadano T.E.R.B., emanado de MERENAP sin fecha, mediante la cual se solicitó préstamo de dinero para la construcción de la vivienda, que evidencia que para el momento de la unión concubinaria y luego el matrimonio se cancelaban las cuotas de la casa objeto de la partición, que obra a los folios 260 al 262 de las actas que conforman el presente expediente, a la cual esta Superioridad no le concede valor probatorio alguno en virtud que la controversia no se circunscribe a la demostración de la relación concubinaria y no arroja elementos de convicción que demuestren la condición de condómino y la propiedad del inmueble objeto de controversia. Y así se declara.

En el particular trigésimo promovió, la prueba testimonial de los ciudadanos: Z.d.C.M.F., M.F.d.R. y C.Y.G.d.S., titular de la cédula de identidad números 3.901.833, 4.226.311 y 3.297.641, respectivamente, para que declararan sobre la vida en común de su representada y el ciudadano T.E.R.B..

En relación a la declaración de la ciudadana Z.D.C.M., titular de la cédula de identidad Nº 3.901.833, la misma respondió de la siguiente manera: “….PRIMERA PREGUNTA: Diga la testigo si conoce a la ciudadana I.C. y al señor T.E.R.B.. Contesto (sic): Si los conozcos. SEGUNDA PREGUNTA: Diga la testigo hace cuanto tiempo aproximadamente conoce a la ciudadana I.C. y a T.E.R.. Contesto (sic): Si los conozcos desde el año 1982, que fue cuando yo me mude (sic) a las residencias Altamira, Edificio B-3, ellos eran mis vecinos. TERCERA PREGUNTA: Diga la testigo si por ese conocimiento que dice tener sabe que I.C. vivía junto con su hijo A.R. y T.E.R. en las residencias A.E. B-3, apartamento 2-1 de esta ciudad de Mérida. Contesto (sic): Si vivían juntos, ya que yo vivía en el apartamento 3-1 de la misma residencia, esta situado en la Parroquia Sumba (sic). CUARTA PREGUNTA: Dia (sic) la testigo si le consta cuanto tiempo vivieron allí I.C. su hijo y T.E.R.. Contesto (sic): Cuando yo llegue en el año 1982, ellos ya vivían alli (sic) en esa residencia, hasta aproximadamente del año 1986 cuando se mudaron a otra residencia a otro edificio, que era la misma residencia, edificio A-1, residencias Altamira. QUINTA PREGUNTA: Diga el testigo si le consta que T.E.R. vivía desde que usted lo conoció con I.C. como marido y mujer. Contesto (sic): Si siempre vivierón juntos. SEXTA PREGUNTA: Diga la testigo si sabe para donde se mudaron T.E.R. y (sic) I.C. cuando contrajeron matrimonio en noviembre de 1989. Contesto (sic): Para esa fecha vivían en las residencias A.E. A-1 y luego en diciembre del mismo año, se mudaron para una casa situada en Alto Chama. SXPTIMA (sic) PREGUNTA: Diga la testigo si tiene conocimiento de quienes se mudaron para la Urbanización Alto Chama calle los Frailejones Nº 207 de esta ciudad de Mérida. Contesto (sic): El señor T.R. la señora I.C. su hijo A.R. y dos hijos del anterior matrimonio del señor T.R.P. y Rosmary. En este acto solicita el derecho de palabra el apoderado de la parte demandada abogado E.Q.R., quien se encuentra presente y con el derecho de palabra pasa a repreguntar de la siguiente manera: PRIMER REPREGUNTA: Diga la testigo cuanto tiempo vivió en el edificio B-3 de residencias Altamira de esta ciudad de Mérida. Contesto (sic): Viví catorce años, a partir del año 1982. SEGUNDA REPREGUNTA: Diga la testigo que tipo de relación le une con la señora I.C.. Contesto (sic): La de vecinos. TERCERA REPREGUNTA: Diga la testigo usted a mantenido con la señora I.C. una relación tal que siempre compartía con ella en todo tipo de reuniones sociales y de paseo. Contesto (sic): La de vecinos e igual que con Tulio, siempre cuando estabamos juntos compartimos todos. CUARTA REPREGUNTA: Diga la testigo si es cierto que usted ha declarado en dos oportunidades sobre el mismo asunto a que se refiere esta declaración. En este estado se le concede el derecho de palabra a la abogada Cioly Zambrano y concedida expuso: Solicito respetuosamente al apoderado de la parte demandada rehaga repregunta por cuanto la ciudadana Z.M. ha rendido declaración en dos causas diferentes la primera el juicio de simulación y este es un juicio de partición, por lo que la pregunta tal como esta redactada conduce a confusión. En este estado se le concede el derecho de palabra el apoderado de la parte demandada quien expuso: En virtud de que la apoderada de la parte demandante a sugerido abiertamente a la testigo la repuesta a la pregunta que le fue formulada retiro dicha pregunta y llamo la tensión (sic) al Juez de la causa para que ella en su oportunidad tome en cuenta la intervención de dicha apoderada a los efectos de la valoración de este testimonio, para lo cual solicito que en su oportunidad deje por admitido el hecho preguntado, dado que la respuesta solicitada ha emanado de la propia apoderada de la accionante, lo cual con lleva a admitir que si es cierto que la testigo a declarado en dos oportunidades sobre el mismo asunto a lo que se refiere esta declaración lo cual conlleva un interes (sic) especial a favor de la propia demandante. QUINTA REPREGUNTA: Diga la testigo si usted ha sido compañera de trabajo de la señora I.C.. Contesto (sic): Sí fui. SEXTA REPREGUNTA: Diga la testigo donde trabajo (sic) usted con la señora I.C.. En este estado se le concede el derecho de palabra a la apoderada de la parte actora quien expuso: Por cuanto la testigo ha rendido declaración sobre la relación personal existente entre la parte actora I.C. y T.E.R. y la repregunta realizada está siendo sobre aspecto que no guarda ninguna relación con el litigio plateado, solicito respetuosamente a la ciudadana Juez comisionado se sirva relevar al testigo de la pregunta formulada, vista su impertinencia en la presente causa. El Tribunal le ordena al testigo que conteste a la repregunta formulada por el apoderado de la parte demandada, a salvo la apreación (sic) en la definitiva del Juez de la causa. La testigo contesto: En la escuela basica (sic) Estado Lara, en la Parroquía (sic). SEXTA REPREGUNTA: Diga la testigo durante que lapso trabajo (sic) usted con la señora I.C. en la escuela basica (sic) estado Lara. Contesto (sic): Yo trabajé en el estado Lara diez años. SEXPTIMA (sic) REPREGUNTA: Diga la testigo si de acuerdo con lo declarado usted ha sido vecina y compañera de trabajo de la señora I.C.. Contesto (sic): Fui vecina cuando vivímos en la residencias Altamira y cuando trabaje (sic) en la escuela estado Lara lo hacía en el turno de la mañana y la señora Ilse lo hacía en el turno de la tarde. OCTAVA REPREGUNTA: Diga la testigo en cual apartamento de residencias Altamira vivio (sic) la señora I.C. entre 1982 y 1986. Contesto (sic): Residencias Altamira B-3, apartamento 2-1, eran mis vecinos. Es todo…”. (sic de este Tribunal).

En relación a la declaración de la ciudadana C.Y.G.D.S., titular de la cédula de identidad Nº 3.297.641, quien de la siguiente manera: “…PRIMERA PREGUNTA: Diga la testigo si conoce de vista, trato y comunicación a los ciudadanos I.C. y T.E.R.. Contesto (sic): Si los conozco. SEGUNDA PREGUNTA: Diga la testigo hace cuanto tiempo aproximadamente conoce usted a los ciudadanos I.C. y T.E.R.. Contesto (sic): Los conozcos (sic) desde el año 1974, en Tovar en el matrimonio de mi cuñada. TERCERA PREGUNTA: Diga la testigo si por ese conocimiento que dice tener sabe que I.C. vivía junto T.R. y su hijo A.R. en las Residencias Altamira, Edificio B-3 de esta ciudad de Mérida. Contesto (sic): Si tengo conocimiento que ellos vivían en la residencia Altamira, en el Edificio B-3. CUARTA PREGUNTA: Diga la testigo si le consta cuanto tiempo vivierón allí la señora I.C.. T.E. y su hijo Alejandro. Contesto (sic): Vivierón (sic) desde el año 1978 hasta el año 1986. QUINTA PREGUNTA: Diga la testigo si sabe para donde se mudarón los tres en 1986. Contesto (sic): Se mudaron para la misma residencia, en el edificio A-1. SEXTA PREGUNTA: Diga la testigo si por el conocimiento que a dicho tener sabe y le consta que T.E.R. convivía con I.C. como marido y Mujer. Contesto (sic): Si me consta que convivían, porque en noviembre del año 1989 ellos se casarón y fui testigo del matrimonio Civil. SEXPTIMA (sic) PREGUNTA: Diga la testigo si le consta que luego de contraido (sic) el matrimonio en noviembre de 1989 T.E.R. e I.C. se mudaron con sus hijos a vivir en la Urbanización Alto Chama calle los Frailejones Nº 207 de esta ciudad de Mérida. Contesto (sic): Si me consta que unos días después del matrimonio se mudaron para la Urbanización Alto Chama calle los Frailejones. Es todo. En este estado el apoderado de la parte demandada abogado E.Q.R., solicita el derecho de palabra y concedida como le fue expuso: PRIMERA REPREGUNTA: Diga la testigo que vinculos (sic) le une con la señora I.C.. Contesto (sic): Conocida. SEGUNDA REPREGUNTA: Diga la testigo si ademas (sic) de testigo de su matrimonio es usted tambien (sic) comadre de la señora I.C.. Contesto (sic): Si fui testigo de su matrimonio y soy comadre de T.E.R. y de I.M.C. porque soy la madrina de Alejandro. TERCERA REPREGUNTA: Diga la testigo si usted a (sic) sido compañera de la señora I.M.C. (de trabajo). Contesto (sic): No fuimos compañeras. CUARTA REPREGUNTA: Diga la testigo donde vivió usted entre 1978 y 1986. En este estado se le concede el derecho de palabra a la apoderada de la parte actora abogado Cioly Zambrano y concedida expuso: Por cuanto la repregunta formulada es irrelevante con los hechos que se averigua en el presente procedimiento solicito respetuosamente a la Juez comisionada se sirva relevar al testigo de la repregunta formulada. El Tribunal en este estado ordena al testigo conteste la repregunta formulada dejando al Juez de la causa su respectiva valoración. La testigo contesto (sic): Por la avenida cinco, Edificio Torre de los Andes, piso 10, apartamento 40 de Mérida, estado Mérida. QUINTA REPREGUNTA: Diga la testigo si es una persona de confianza de la señora I.M. (sic) Ceballos. Contesto (sic): De conocernos. SEXTA REPREGUNTA: Diga la testigo si usted a declarado en dos oportunidades judicialmente, esto es ante los Tribunales y en dos juicios diferentes sobre el mismo asunto a que se refiere su testimonio de hoy. Contesto (sic): Es la primera vez que sirvo de testigo. Es todo…”. (Los sic son de este Tribunal).

En relación a la declaración de la ciudadana M.F.D.R., titular de la cédula de identidad Nº 4.226.311, quien respondió al interrogatorio formulado de la siguiente manera: “...PRIMERA PREGUNTA: Diga la testigo si conoce a la ciudadana I.C. y al señor T.E.R.B.?. CONTESTO (sic): Por supuesto que conozco al señor T.E.R. y a la señora I.C., porque yo vivía en residencias Altamira y posteriormente a mi llegada la pareja T.R. e I.C. conjuntamente con su familia fijaron su residencia en el mismo conjunto y llegaron con sus hijos P.A., Rosmary, Leonardo y el hijo de Tulio e Ilse, Alejandro que estaba pequeño. SEGUNDA: Diga la testigo por cuanto tiempo aproximadamente conoce a os (sic) ciudadanos I.C. y P.R.?. CONTESATO (sic): Los conozco desde el año 1978 como anteriormente mencioné que llegaron a fijar su residencia en el conjunto mencionado anteriormente, conjunto Residencial Altamira, edificio B-3, cabe decir que vivió la familia T.R. e I.C. desde 1.978, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y en el 86 se trasladaron hasta la residencia, Edificio A-1, residencias Altamira. TERCERA: Diga la testigo, si por el conocimiento que dice tener, sabe que I.C. vivía junto con su hijo Alejandro y T.E.R. en la rsidencias (sic) Altamira, edificio B-3, apartamento 2-1 de esta ciudad de Mérida. CONTESTO (sic): Si, ya lo mencioné anteriormente, ahí fué (sic) cuando en el año 1.978, llega el señor T.R. e I.C. en unión a sus hijos P.A., Rosmary, Leonardo y Alejandro que es la unión de Ilse y T.R.. CUARTA: Diga la testigo, si le consta que T.E.R. vivía desde que usted lo conoció con I.C. como marido y mujer?. CONTESTO (sic): Ciertamente desde que fijaron su residencia en el edificio B-3, residencias Altamira en el año 1.978, hasta el año 1.986 inclusive vivian (sic) en la misma residencia. QUINTA: Diga la testigo, si sabe para donde se mudaron T.E.R. e I.C. cuando contrajeron matrimonio en noviembre de 1.989? CONTESTO (sic): Como anteriormente mencioné en el año 1.986 se trasladaron a la residencias A.T.R. e I.C. con su hijo menor Alejandro al edificio A-1, del mismo conjunto residencial y posteriormente se trasladaron a la Urbanización Alto Chama, calle los Frailejones. SEXTA: Diga la testigo, si tiene conocimiento de quienes se mudaron para la urbanización Alto Chama, calle los Frailejones casa 207 de esta ciudad de Mérida?. CONTESTO (sic): Ya para diciembre posterior a su casamiento se mudaron para la urbanización Alto Chama, calle Los Frailejones, casa 207, la familia constituida por T.R., I.C., P.A., Rosmary, y el hijo de ambos Alejandro. Es todo. En este estado, solicita el derecho de palabra el abogado E.Q. con el carácter de apoderado de la parte demandada, concedidole (sic) que le fue pasa a repreguntar a la testigo de la siguiente manera: PRIMERA REPREGUNTA: Diga la testigo, si sobre los mismos hechos a que se refiere su declaración ha declarado usted en otra oportunidad y en otro juicio que se ventiló entre I.C. y T.E.R.B.? CONTESTO (sic): Este un segundo emplazamiento que me han hecho, por causas distintas, juicios distintos el primero por una simulación e (sic) ventas, el cual quedó evidentemente aclarado y ala vuelta de 14 años que ya tengo once años graduada de abogado, nuevamente he sido llamada por un juicio de partición. SEGUNDA: Diga la testigo, si durante los largos años en que usted vivió como vecina de I.C. se creó una estrecha relación de amistad, que la ha conducido a prestar testimonio en ambos juicios? CONTESTO (sic): Sencillamente tuve una buena relación de vecinos con T.E.R.B. y la señora I.C. en las que eventualmente como vecinos nos reuníamos para hacer cualquier celebración. TERCERA: Diga la testigo, si además de la relación vencidad, con la señora I.C. existió tambien (sic) una relación de trabajo?. CONTESTO (sic): Como lo dije anteriormente, mi profesión es abogado y la señora I.c. es educadora, por lo tanto no hubo otro vinculo (sic), sino la relación de vecinos. CUARTA: Diga la testigo cuando se graduó usted de abogado?. CONTESTO (sic): En el año 1.994. QUINTA: Diga la testigo, que actividad o que profesión ejerció Usted entre 1.978 y 1989 cuando era vecina de la señora I.C.?. En este estado solicita el derecho de palabra la abogada C.Z., concedidole (sic) que le fue expuso: Solicito respetuosamente a la Juez comisionada se sirva relevar a la testigo de contestar la repregunta realizada, vista su impertinencia en la presente causa. Es todo. En este estado, la Juez comisionada ordena a la testigo contestar a la repregunta formulada, salvo la apreciación que pueda tener el juez de la causa. CONTESTO (sic): Evidentemente doctor quiere dejar constancia si tuve una relación de trabajo con la señora I.C. pero durante esos años mencionados me dedique al comercio y a la crianza de mis hijos y a mis estudios posteriormente. Es todo…”. (Los sic son de este Juzgado).

En este sentido, se evidencia de la transcripción que realizó esta Superioridad a las deposiciones realizadas por las testigos evacuadas, que fueron contestes en afirmar que conocen a los ciudadanos I.M.C.C. y T.E.R.B., desde el año 1972, 1978 y 1982, que eran vecinos, que en el año 1986 se mudaron a otro edificio de la misma residencia, que el ciudadano T.E.R. convivía con la ciudadana I.M.C.C. como marido y mujer, que en noviembre del año 1989 contrajeron matrimonio civil y unos días después se mudaron a la Urbanización Alto Chama, calle los Frailejones, casa 207, así se observa que la primera señaló, que aparte de vecina ha sido compañera de trabajo de la ciudadana I.C., en la escuela Básica Estado Lara, durante diez años y la segunda de las testigos señaló que era vecina, que es comadre de los ciudadanos T.E.R. e I.M.C.C., la tercera que ha declarado en dos juicios distintos, razón por la cual considera quien sentencia, que aún cuando no existe contradicción en las declaraciones realizadas, al exponer los conocimientos que ellas tienen sobre la convivencia de los ciudadanos I.M.C.C. y T.E.R.B. durante los años 1974 al 1989, las mismas no conducen al esclarecimiento de la relación de comunidad sobre el inmueble objeto de la demanda en virtud de que los testimonios se refieren a la posible relación concubinaria que no constituye objeto de controversia, por lo cual esta Superioridad no las valora de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

Ahora bien, en cuanto a la partición del inmueble objeto de controversia observa esta Alzada, que la ciudadana I.M.C.C., debidamente asistida por la abogada CIOLY J.Z. A., en su condición de parte actora señaló, que en fecha 09 de noviembre de 1989, fue legalizada la unión concubinaria que mantenía con el ciudadano T.E.R.B., por subsiguiente matrimonio civil, por ante la Prefectura Civil de la Parroquia J.R.S., según consta del acta N° 141.

Que de la referida unión se adquirió en comunidad de gananciales un inmueble compuesto por una casa unifamiliar construida sobre la parcela de terreno distinguida con el N° 207, con una superficie aproximada de cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados (432 Mtrs 2), ubicada en la urbanización Alto Chama, calle G Los Frailejones antes Distrito Libertador del Estado Mérida, hoy Municipio Libertador del Estado Mérida, dentro de los siguientes linderos y medidas: Frente: en una extensión de quince metros (15 mts), con la calle G, Los Frailejones, Fondo: en una extensión de diecisiete metros (17 mts), con la parcela Nº 215 y terrenos del Carrizal, Costado Derecho: (vista de frente), en una extensión de veintisiete metros (27mts), parcela Nº 206 y Costado Izquierdo: (vista de frente), en una extensión igual a la anterior, con terrenos de la urbanización El Carrizal y consta de dos plantas, cinco habitaciones, cinco baños, cocina, oficios, sala comedor, dos terrazas, estacionamiento para vehículos y zona verde.

Que la propiedad del terreno la adquirió su excónyuge el ciudadano T.E.R.B., según documento de compra venta protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Libertador del Estado Mérida, en fecha 23 de octubre de 1972, bajo el N° 24, folio 64, Tomo 3ro., Protocolo Primero y según documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público en fecha 03 de mayo de 1983, bajo el N° 48, Protocolo Primero, Tomo 5to y la casa unifamiliar fue construida durante la unión existente entre ella y el ciudadano T.E.R.B.,

Que como se deduce de la documentación aportada, existe una comunidad forzosa entre los ciudadanos I.M.C.C. y T.E.R.B., en torno al único inmueble existente en la comunidad de gananciales, que es la referida casa unifamiliar.

Que de los hechos anteriormente expuestos se desprenden las siguientes consecuencias jurídicas, 1) Que existe a una comunidad sobre un bien (antes mencionado) entre la ciudadana I.M.C.C. y el ciudadano T.E.R.B., la cual tuvo origen en la comunidad concubinaria, legalizada por subsiguiente matrimonio civil, 2) Que en virtud de no haber podido llegar a una partición amigable del bien que integra la comunidad de gananciales, en el 50 % que le corresponde por no lograrse un acuerdo con el referido ciudadano para lograr la partición fue que ocurrió a la vía judicial, para demandar al ciudadano T.E.R.B., en su carácter de ex cónyuge y condómino, a los fines de que conviniese o fuese condenado por el tribunal, en la partición o división de la casa unifamiliar ubicada en la urbanización Alto Chama, calle G, Los Frailejones, N° 207.

En este sentido considera este Juzgado Superior, que conforme al acta de matrimonio N° 141, suscrita por el P.C. de la Parroquia J.R.S.d.M.L.d.E.M., que obra al folio 04 del presente expediente, se evidencia que los ciudadanos I.M.C.C. y T.E.R.B., contrajeron matrimonio civil en fecha 09 de noviembre de 1989 y que se formó el respectivo expediente que además de otros recaudos, contiene lo relativo a la fijación de carteles conforme lo establece el artículo 69 del Código Civil, de lo cual se desprende, que los contrayentes no prescindieron de los documentos indicados en la referida norma, ni de la previa fijación de carteles, a los fines de legalizar la unión concubinaria existente en que estuvieron viviendo, tal como lo señala el artículo 70 eiusdem, circunstancia que en consecuencia no fue certificada expresamente en el acta respectiva.

Además, de la copia certificada del documento protocolizado en fecha 23 de octubre de 1972, anotado bajo el N° 24, folio 64, Tomo 3º, Protocolo Primero, por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida, que obra a los folios 205 y 206 del expediente se evidencia, que el ciudadano T.E.R.B., adquirió la parcela de terreno sobre la cual esta construida la casa unifamiliar objeto de demanda, antes de la celebración del matrimonio con la ciudadana I.M.C.C., en fecha 09 de noviembre de 1989.

Estable¬ce el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

Artículo 777: La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes.

Si de los recaudos presentados el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación

. (Negrillas de este Juzgador).

Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente se observa, que no consta en autos el reconocimiento judicial de la unión concubinaria entre el año 1972, fecha en la cual el ciudadano T.E.R.B., adquirió la parcela de terreno N° 207, ubicada en la urbanización Alto Chama, calle G, Los Frailejones, sobre la cual se construyó la casa unifamiliar objeto de demanda y el 09 de noviembre de 1989, fecha en la cual el referido ciudadano contrajo matrimonio civil con la ciudadana I.M.C.C., razón por la cual no se demuestra la condición de condómino de la parte actora sobre el referido inmueble, es decir, la declaración judicial definitivamente firme que haya dejado establecido la existencia de ese vínculo, como requisito necesario para invocar una presunta comunidad y así poder pedir su liquidación y partición. Y así se decide.

En referencia a la partición de la casa unifamiliar construida sobre la parcela de terreno N° 207, ubicada en la urbanización Alto Chama, calle G, Los Frailejones, esta Superioridad considera, que en virtud de no constar en autos el documento protocolizado de las mejoras realizadas sobre la parcela N° 207, propiedad del ciudadano T.E.R.B., resulta impreciso determinar con exactitud la fecha en la cual se construyó la misma, a los fines de determinar si tal hecho ocurrió dentro de la unión matrimonial o antes de ésta, como requisito sine qua non para demandar la presunta comunidad sobre el referido inmueble, por tal razón no se demuestra la condición de condómino de la parte actora, es decir, el título de propiedad sobre las mejoras que conforman la casa unifamiliar objeto de la demanda. Y así se decide.

De lo anteriormente expuesto considera este Juzgado Superior, que la demanda de partición incoada por la ciudadana I.M.C.C., contra el ciudadano T.E.R.B., sobre casa unifamiliar construida sobre la parcela de terreno distinguida con el N° 207, con una superficie aproximada de cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados (432 Mtrs 2), ubicada en la urbanización Alto Chama, calle G Los Frailejones antes Distrito Libertador del Estado Mérida, hoy Municipio Libertador del Estado Mérida, dentro de los siguientes linderos y medidas: Frente: en una extensión de quince metros (15 mts), con la calle G, Los Frailejones, Fondo: en una extensión de diecisiete metros (17 mts), con la parcela Nº 215 y terrenos del Carrizal, Costado Derecho: (vista de frente), en una extensión de veintisiete metros (27mts), parcela Nº 206 y Costado Izquierdo: (vista de frente), en una extensión igual a la anterior, con terrenos de la urbanización El Carrizal, no debe prosperar y en consecuencia debe declararse sin lugar como en efecto se hará en la dispositiva del fallo. Y así se decide.

Como consecuencia de lo antes señalado, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, revoca en todas y cada una de sus partes la sentencia de fecha 10 de octubre de 2007, proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que declaró con lugar la partición de los bienes de la comunidad conyugal, intentada por la ciudadana I.M.C.C., contra el ciudadano T.E.R.B., de conformidad con el segundo aparte del artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, ordenó el emplazamiento de las partes para el nombramiento del partidor, a quien se le advirtió que dicha partición debía versar sobre el 50% adjudicado por cada uno de los antes nombrados sobre el siguiente bien: 1) Un inmueble compuesto por una casa unifamiliar, construida sobre la parcela de terreno distinguida con el Nº 207, con una superficie aproximada de cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados (432 m2), ubicada en la urbanización Alto Chama, calle G Los Frailejones del Municipio Libertador del Estado Mérida, comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: FRENTE: en una extensión de quince metros (15 mts), con la calle G, Los Frailejones, FONDO: en una extensión de diecisiete metros (17 mts), con la parcela Nº 215 y terrenos del Carrizal, COSTADO DERECHO: (vista de frente), en una extensión de veintisiete metros (27mts), parcela Nº 206 y COSTADO IZQUIERDO: (vista de frente), en una extensión igual a la anterior, con terrenos de la urbanización El Carrizal, la cual debía recaer sólo sobre la casa unifamiliar construida sobre la parcela de terreno, en virtud que el terreno es propiedad de su ex cónyuge el ciudadano T.E.R.B., excluyéndose igualmente el estacionamiento para vehículos y el área verde adyacente a la construcción, (costado izquierdo visto de frente), se encuentran fuera del área de la parcela Nº 207, según linderos y medidas que aparecen en el documento de propiedad y de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, condenó en costas a la parte perdidosa, finalmente, por cuanto la decisión se publicó fuera del lapso legal, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, ordenó la notificación de las partes.

IV

DISPOSITIVO

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, actuando en sede civil, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta sentencia definitiva en la presente causa, en los términos siguientes:

Se declara CON LUGAR la apelación interpuesta mediante diligencia de fecha 28 de noviembre de 2007 (folio 440), por el abogado E.Q.R., en su condición de apoderado judicial del ciudadano T.E.R.B., contra la sentencia definitiva proferida por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en fecha 10 de octubre de 2007, en el juicio incoado por la ciudadana I.M.C.C., por partición de bienes habidos en comunidad conyugal.

Se REVOCA en todas y cada una de sus partes la sentencia recurrida, de fecha 10 de octubre de 2007, dictada por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA.

Se declara SIN LUGAR la acción por partición de bienes habidos en comunidad conyugal interpuesta por la ciudadana I.M.C.C., debidamente asistida por la abogada CIOLY J.Z. A., contra el ciudadano T.E.R.B..

De conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil no se hace especial pronunciamiento de las costas del recurso.

Queda en estos términos REVOCADO el fallo apelado.

Por cuanto esta sentencia se publica fuera del lapso legal, debido al exceso de trabajo originado por las diversas materias que conoce este Tribunal y los numerosos recursos de a.c. que han cursado en el mismo, así como por la intensa actividad desplegada por la Rectoría Civil a cargo del Juez que suscribe, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación de las partes y/o sus apoderados judiciales, haciéndoles saber de la publicación de esta sentencia. Provéase lo conducente.

Publíquese, regístrese y cópiese. Bá¬jese en su oportunidad el presen¬te expediente al Tribu¬nal del origen. Así se decide.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despa¬cho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.- Mérida, a los cuatro días del mes de Marzo del año dos mil once. Años: 200º de la Inde¬penden¬cia y 152º de la Federación. El…

Juez,

H.S.F..

La Secretaria,

M.A.S.G..

En la misma fecha, y siendo las nueve y treinta de la mañana, se publicó la anterior sentencia, lo que certi¬fi¬co.

La Secretaria,

M.A.S.G..

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA.- Mérida, cuatro (04) de Marzo de dos mil once (2011).-

200º y 152º

Certifíquese por Secretaría, para su archivo, copia de la decisión ante¬rior, de conformidad con en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 112 eiusdem, debiendo insertarse al pie de la misma el contenido del presente decreto.-

El Juez

La Secretaria, H.S.F..

M.A.S.G..

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado en el auto que ante¬cede.

La Secretaria,

Exp. 4780.-

M.A.S.G..