Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 8 de Mayo de 2007

Que la parte demandada a través del escrito de contestación a través de apoderado judicial, tratan de enervar el valor cambiario y procesal del pagaré causa de la presente demanda, por el hecho de no constar en el expediente las circunstancias de tiempo, lugar y modo como dicho instrumento, acompañado por ellos junto al escrito libelar, fue desglosado y no certificado como se pidió al a quo. A los efectos de ilustrar su petitorio de nulidad el doctor Filippo Tortorici Sambito, aduce algunas doctrinas y antecedentes jurisprudenciales superadas en Venezuela por las orientaciones de la Constitución Nacional de 1999, que constituye a Venezuela en un estado más que de derecho, de justicia; es decir, se trata de dar a cada quien cuanto le corresponda por encima de las formalidades y de circunstancias secundarias.

Que el presente caso se trata de un juicio monitorio, lo que implica que previo dictamen al decreto de intimatorio el ciudadano Juez de la causa constató debidamente una serie de elementos fundamentales para su procedencia, como el título en el cual consta la obligación exigida, en este caso el pagaré. De faltar dicho instrumento el Juez tendría la obligación de imponer la presentación del recaudo antes de proveer lo solicitado (artículo 642 del Código de Procedimiento Civil). La admisión de la medida precautelar decretada y ejecutada implica la aceptación por el tribunal de la causa que la demandada estuvo fundada en instrumento debido (artículo 646 del Código de Procedimiento Civil).

Que en sentencia 24/03/2000 (Exp. No. 2001-000401) la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en caso similar a este bajo trámite, también sustanciado en Tribunales del Estado Lara, decidió tempestivamente de la promoción de unas letras de cambio, es decir, con naturaleza jurídico procesal similar a los pagaré, porque habían presentadas con el libelo y fueron guardadas en la caja fuerte, por razones de seguridad. Seguidamente hace una transcripción de la sentencia de la Sala. Posteriormente señala que la tempestividad de la promoción del pagaré, desde el momento de su consignación y la carga del demandado de solicitar al Tribunal su presentación, para cualquier efecto que fuera necesario. Señal que dicha doctrina se adapta perfectamente a los principios constitucionales y legales que rigen la materia en Venezuela. Otro antecedente jurisprudencial con esa misma orientación, lo consiguieron en decisión de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 12/06/2003 (Exp. No. 2001-774), donde anula sentencia emitida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores desconociendo el valor de un documento privado, que había sido depositado en la caja del Tribunal por razones de seguridad. En esa oportunidad la Sala estableció: “Por lo tanto, y atención al precedente recuento, la Sala da por constatado que, efectivamente, los instrumentos fundamentales de la presente acción fueron consignados al expediente por la parte actora, en fecha previa a la admisión de la demanda y en ningún momento fueron retirados del Tribunal de la causa, órgano jurisdiccional al cual la actora simplemente solicitó tomara la precaución necesaria para el resguardo de los mismo.

De las Pruebas Promovidas

De la parte demandante

Los apoderados judiciales de la parte actora, presentaron escrito de promoción de pruebas en los siguientes términos:

1) Ratifican el valor probatorio del pagaré librado por su representada y aceptado por los demandados con el carácter que se les atribuye, en el escrito libelar, junto al cual fue consignado. Los términos, condiciones y circunstancias de tiempo, lugar y modo relacionados con el referido instrumento, fueron amplia y exhaustivamente indicados en el libelo de demanda.

2) Que subsidiariamente, conforme al artículo 434 del Código de Procedimiento Civil promueven el valor probatorio de dicho pagaré, toda vez que se da una de las condiciones alternativas que exige dicha norma: Consta en el escrito de demanda la oficina, lugar en el cual se encuentra dicho instrumento, es decir, en la caja fuerte del Tribunal de la causa. A los efectos de esa promoción solicita la expedición de copia certificada del instrumento y se agregue a los autos, conservando el original en la caja fuerte, por razones de seguridad.

3) Solicita al a quo dejar plena constancia a través del auto de admisión de las pruebas o en cualquier otro que considere pertinente, de los siguientes hechos: a) Que el pagaré causa de la presente demanda fue consignado conjuntamente con el libelo; b) Que dicho pagaré reposa en la caja fuerte del Tribunal.

4) Promueven como confesión espontánea que el apoderado de los demandados señala en sus escritos de contestación, que los apoderados actores solicitaron al Tribunal que el pagaré fuera guardado en la caja fuerte, lo que implica que conoce suficientemente el lugar donde reposa dicho recaudo.

5) Pide que la admisión de los medios probatorios aportados, su evacuación y apreciación en definitiva-

De la parte demandada

El abogado Filippo Tortorici Sambito, apoderado judicial de la parte demandada presento escrito de promoción de pruebas de la siguiente manera:

Único: Que en virtud del principio de comunidad de pruebas invocamos el valor y el mérito probatorio sobre todos aquellos hechos, afirmaciones y documentos expuestos y/o presentados por el actor que demuestran la verdad y legalidad de la defensa en juicio. Adicionalmente las contenidas en el mérito favorable de los autos en todo aquello que beneficie el buen derecho que deduce nuestra representada en este juicio, especialmente que deriva de:

1. Que los razonamientos defensas y criterios e interpretaciones legalmente correctas argüidas por ellos en el escrito de contestación a la demanda.

2. La confesión judicial del actor realizada en el libelo de demanda, específicamente al folio 2, en donde reconoce y acepta el plazo fijo de vencimiento del pagaré era de Noventa (90) días, para lo cual reproduce textualmente “…que el vencimiento del plazo fijo sería de Noventa (90) días.

3. Que la fotocopia simple del documento privado de pagaré, el cual se encuentra consignado desde el folio 9 hasta el folio 11 ambos inclusive, de donde se desprende irrefutablemente que en el presente expediente no existe original del supuesto pagaré que dio origen al procedimiento monitorio, por lo que no existe pretensión, como tampoco la supuesta obligación se encuentra líquida, exigible y de plazo vencida, lo que es peor no existe la obligación.

Finalmente solicita que sean admitidas las pruebas promovidas y sustanciada conforme a derecho.

El a quo en fecha 17/05/2006, admitió las pruebas promovidas por ambas partes, y con respecto a las promovidas por la parte actora, dejó constancia que el pagaré original se encuentra resguardado en la caja fuerte del Tribunal tal como consta al folio 21.

De los informes

De la parte demandada

La abogada A.V., apoderada judicial de la sociedad mercantil San L.d.E., C.A., presentó escrito de informes en los siguientes términos:

Que le resulta curioso de la promoción de pruebas realizada por la contraparte, que en la misma haya invocado como prueba el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil puesto que refiere la obligación de indicar en donde se encuentra se encuentra el documento fundamental, que en este caso no se cumple debido a que, en el libelo de la demanda se dice que están acompañando con la misma, en consecuencia no se da por cumplido dicha condición, por lo contrario estarían confesando la no existencia del documento fundamental. Sigue manifestando que al momento de invocar dicho artículo se le debe aplicar la condición establecida en el aparte del mismo, es decir, la carga que tiene la persona que manifiesta la existencia del documento privado, como es el caso del pagaré, y que no puede presentarlo conjuntamente con la demanda de producirlo dentro de los 15 días del lapso de promoción de pruebas, situación que tampoco ocurrió por lo que vencido dicho lapso no se le admitirán después, razón por la cual solicita que se declare sin lugar la demanda.

De la parte actora:

El apoderado judicial de la parte actora, presento escrito de informe el cual se sintetiza de la siguiente manera:

1) Que en el escrito de contestación los demandados a través de sus apoderados, tratan de enervar el valor cambiario y procesal del pagaré causa de la presente demanda, por el hecho de no constar en el expediente la circunstancia de tiempo, lugar y modo como dicho instrumento, acompañado por ellos junto al escrito libelar, fue desglosado y no certificado como se pidió al a quo. Así mismo alude que a los efectos de ilustrar su petitorio de nulidad el doctor Filippo Tortorici Sambito, aduce algunas doctrinas y antecedentes jurisprudenciales superadas en Venezuela por las orientaciones de la Constitución de 1999, que constituye a Venezuela en un estado más que de derecho, de justicia, donde se trata de dar a cada quien cuanto le corresponda por encima de formalidades y circunstancias secundarias. Que en la actualidad los procesos judiciales, son meros mecanismos para la búsqueda de la verdad verdadera o sustancial por encima de la verdad procesal, por lo que sólo cuando la equidad, la justicia o razones profundas de derecho desvirtúen la existencia de una pretensión, puede declararse sin lugar o improcedente una excepción. Que durante la etapa probatoria del juicio quedó suficientemente demostrando que el Tribunal del a quo, dejó constancia expresa del desglose, sin que ello hubiese menoscabado en nada las oportunidades de defensa que corresponde a los demandado en el presente caso.

2) Que la presente causa se tramita mediante un juicio monitorio, lo que implica que previo al díctame del decreto intimatorio el a quo, constató debidamente una serie de elementos fundamentales para su procedencia, como el título en el cual se consta la obligación exigida, en el pagaré. De faltar dicho instrumento el juez tendría la obligación de imponer la presentación del recaudo antes de proveer lo docilitado (artículo 642 del Código de Procedimiento Civil). Que en cuanto a la expedición de la medida precautelar decretada y ejecutada implica la aceptación por el tribunal de la causa que la demanda estuvo fundada en instrumento debido (artículo 646 del Código de Procedimiento Civil).

3) Que en sentencia 24/03/2000 (Exp. No. 2001-000401) la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en caso similar sustanciado en el Tribunales del Estado Lara, decidió tempestividad de la promoción de unas letras de cambio, es decir, con naturaleza jurídico-procesal similar a los pagarés, porque habían sido presentada con el libelo y fueron guardadas en la caja fuerte, por razones de seguridad; la cual transcribe.

4) Que es evidente confusión la pretensión expuesta en la contestación de la demanda, en el sentido que la obligación contenida en el documento fundamental de la acción fue novada, por contemplar en su texto en término diferente al indicado en el libelo. Así mismo, alude que en efecto, desde el Código de formas aprobado en 1986, el legislador estableció que los errores de formas contenidos en el escrito libelar, debían ser corregidos mediante el mecanismo de las cuestiones previas. Que debió el demandado oponer la señalada en el artículo 346 Ordinal 6°, en relación con el artículo 340 Ordinal 5°, ambos del Código de Procedimiento Civil permitiendo de esa manera que los hechos fueran planteados al juez, de la manera más exacta posible. En el mismo orden de ideas, manifiesta que el a quo observe en el escrito de contestación el apoderado de la parte demandada confiesa que su cliente suscribió el pagaré original, por ende, admite que es deudora del banco demandante. Pero en vez de oponer la cuestión previa supra indicada, para que los hechos quedaran suficientemente claros, refiere una supuesta novación, pretendiendo que esa obligación original se extinguió originando una nueva, por un término diferente lo que es absolutamente falso. Alude que esa falsedad surge de su propia conducta procesal, pues de hacer sido cierta debió consignar el nuevo instrumento, con la cláusula expresa que indicamos a reglón seguido Banco Universal, presentará el pagaré novado. Que una razón de ley expresa impide que tal argumento pueda ser considerado: La novación por mandato del artículo 1.315 del Código Civil, requiere que la voluntad de novar surja de manera expresa en el acto sustituyente, no puede presumirse. Tampoco puede perfeccionarse fuera del instrumento que da origen a la nueva obligación.

MOTIVA PARA DECIDIR

Corresponde a éste Juzgador determinar, si la decisión definitiva dictada por el a quo está o no ajustada a derecho, y para ello a los fines de fijar los límites de la controversia tal como lo preceptúa el artículo 243, ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, y dado a los hechos narrados por la actora como por la forma en que los codemandados dieron contestación de la demanda, limitándose solo a alegar defensas de derecho; es por lo que en criterio de quien suscribe la presente decisión, el punto a decidir es de mero derecho y tal como lo establece el ordinal 1° del artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, y en base a ello procede a pronunciarse sobre los alegatos de los demandados así:

1. En cuanto a la defensa esgrimida en el capítulo del escrito de contestación de demanda; es decir, el de la inexistencia del documento fundamental en virtud de que según los demandados no existe prueba en los autos de que el pagaré No. 002001344-6 contentivo de la obligación demandada esté en el expediente, ni de que esté en poder del Tribunal (a quo), ya que lo que existe en autos es una fotocopia simple no certificada por algún funcionario autorizado, ni tampoco exista auto alguno en donde se desglose del expediente y la guarda del pagaré en la Caja Fuerte del Tribunal; y en su lugar fotocopia certificada. Hechos estos que le violan el principio del debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto se admitió la demanda y sin la existencia del documento fundamental y por cuanto con ello a su vez no pudieron ejercer su derecho a desconocer en está oportunidad el referido pagaré por no existir el original en el expediente, y de que al no constar en autos el original del título no existe la obligación demandada; éste Juzgador disiente de la argumentación de esta defensa por lo siguiente:

   El artículo 642 del Código de Procedimiento Civil, preceptúa los requisitos de forma que debe llenar toda demanda intentada por el procedimiento de intimación cuando señala:

   Artículo 642.- En la demanda se expresarán los requisitos exigidos en el artículo 340 de este código. Si faltare alguno, el juez ordenará al demandante la corrección del libelo, absteniéndose entre tanto de proveer sobre lo pedido. De esta resolución del Juez ser oirá apelación libremente, la cual deberá interponerse de inmediato o dentro de los tres días siguientes.

   Mientras que el artículo 643 ejusdem, preceptúa los presupuestos de inadmisibilidad de la demanda, los cuales son de obligatoria aplicación por parte del Tribunal; efectivamente dicha norma jurídica preceptúa:

   Artículo 643.- El Juez negará la admisión de la demanda por auto razonado, en los casos siguientes:

   1°. Si faltare alguno de los requisitos exigidos en el artículo 640.

   2°. Si no se acompaña con el libelo la prueba escrita del derecho que se alega.

   3°. Cuando el derecho que se alega está subordinado a un contraprestación o condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición.

   Ahora bien, basado en la normativa precedentemente señalada y en el análisis de las actas procesales, específicamente de:

   1) Escrito de demanda el cual cursa a los folios 1 al 4, consistente en la narración de los hechos, la demandante señala: “La cantidad demandada fue entregada en dinero efectivo por nuestra representada y recibida a entera y cabal satisfacción por O.E.M.A., tal como se desprende del documento que contiene el pagaré cuyo original consta de tres (03) folios útiles consignados en este acto marcado No. 3, a fin de que sea depositada en la Caja Fuerte del Tribunal con posterioridad a su certificación en el expediente para que surta todos sus efectos legales. (subrayado del tribunal).

   2) Igualmente consta en la nota de recepción de la Unidad Receptora y Distribuidora de Documentos del Área Civil, la nota “Anexo 3, pagaré en original No. 002-001344-6 por Bs. 88.000.000,00”.

   3) El auto de admisión de la demanda la cual cursa al folio 21 donde existe la nota manuscrita del Tribunal a quo “Se entregó el pagaré original a M.E. para guardarlo en la Caja Fuerte” (subrayado del tribunal).

   4) Al folio 71 existe auto cuyo tenor es el siguiente “Vistas las pruebas promovidas por las partes en el presente juicio, se admite cuanto ha lugar a derecho salvo apreciación en la definitiva. Respecto a las pruebas promovidas por la parte actora, deja constancia que el pagaré se encuentra en resguardo en la Caja Fuerte del Tribunal tal como consta al folio 21.”

   De manera, que no existe duda alguna en que el instrumento fundamental de la acción como es el pagaré sí fue presentado adjunto con la presente demanda y está el original en posesión del órgano competente como era el tribunal a quo, lo cual implica que el haber admitido la demanda por intimación dió legalmente cumplido con este requisito; y por lo tanto los codemandados perfectamente pudieron haber impugnado o tachado el mismo y el a quo en ese supuesto al tramitar dicha incidencia, obligatoriamente tenía que hacerlo a través del original que estaba en posesión del Tribunal; motivo por el cual se declara sin lugar la defensa opuesta por los demandados y a su vez se declara, que la misma constituye una infracción al deber de lealtad y probidad del abogado de los demandados, al promover defensas con falta de fundamentos, razón por el cual se apercibe al Abogado FILIPPO TORTORICI SAMBITO, abstenerse de seguir incumpliendo con dicha obligaciones de lealtad y probidad en el proceso so pena de pasarlo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados y Así se decide.

2. En cuanto a la segunda defensa o excepción opuesta por los codemandados consistente: que en virtud de que el pagaré contentivo de la obligación fue librado para un plazo fijo de noventa (90) días y al vencerse dicho plazo ellos (demandados), estaban obligados a pagar la totalidad del capital por lo que la única forma que existía es que entre ambas partes se estableciera un nuevo pagaré o documento sustitutivo, por lo que al no fijarse o realizarse el nuevo pagaré la obligación novó en una deuda mercantil dejando de tener vigencia, en consecuencia, la obligación de pagar intereses de financiamiento de mora y por supuesto las fianzas o avales constituidos, quedando solo obligado a pagar desde la fecha de vencimiento del pagaré (29-09-2004) y al interés del 12% anual tal como lo prevé el articulo 108 del Código de Comercio; este juzgador la desestima por ser falso el argumento de que el pagare tenía un plazo fijo de 90 días en virtud de lo siguiente:

   Dicho instrumento pagaré establece:

   “Yo O.E.M.A., mayor de edad, venezolano, Casado, titular de la Cédula de Identidad N° 3.565.028, domiciliado en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, declaro: Que debo y pagaré, Sin Aviso y Sin Protesto, en moneda de curso legal, al vencimiento del plazo fijo de Doce (12) Meses, contados a partir de la presente fecha, a la orden de “C.A. CENTRAL, BANCO UNIVERSAL”, Sociedad Mercantil domiciliada en la ciudad de Barquisimeto, … omisis…, la cantidad de OCHENTA Y OCHO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.88.000.000,00), que he recibido de “CENTRAL”, en dinero efectivo a entera satisfacción. Esta Suma será invertida por mí en operaciones de estricto carácter comercial, devengará intereses a la rata inicial del Treinta y Dos Por Ciento (32%) Anual, con amortizaciones a capital de cada noventa días” (Subrayado del Tribunal)

   De manera que la defensa opuesta por la demandada es temeraria por falsa, ya que de la lectura del instrumento pagare contentivo de la obligación demandada es muy claro por cuanto estableció que el tiempo para pagar la totalidad del crédito es de 12 meses contados a partir de la fecha de emisión del pagaré, lo cual ocurrió el día 29 de junio del año 2004, pero con la obligación de amortizar capital cada trimestre y no como falsamente lo afirma en su contestación de la demanda de que la obligación se venció a los noventa días; motivo por el cual declara temeraria dicha defensa a tenor del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia se desestima dicha defensa que ocurrió novación y que los intereses a pagar son del 12% anual, y en su lugar se decide, que la obligación derivada está totalmente vencida y la procedencia del cobro del capital demandado, así como los intereses compensatorios desde el 01/07/2005 hasta el 20/01/2006, que calculados a la rata del 28% anual, los cuales ascienden a la cantidad de Bs. 14.578.666,67, más los intereses moratorios desde el día 21/01/2006 hasta la fecha de la cancelación definitiva del monto adeudado por mandato de los artículos 486 al 488 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 1159 del Código Civil, y así se decide.

3. En cuanto a la pretensión de que a las cantidades demandadas se le aplique la indexación, este Juzgador concuerda con el a quo y así ha sido reiteradamente establecido tanto por la extinta Corte Suprema de Justicia, como por el actual Tribunal Supremo de Justicia, a cuyo efecto tenemos la doctrina de la Sala Político Administrativa, en Sentencia No. 05668, de fecha 21/09/2000, la cual señala que los intereses moratorios no se pueden indexar porque ello sería una doble sanción al demandado, doctrina que éste Juzgador acoge por mandato del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, por ser análogo al caso planteado; motivo por el cual dicha pretensión es improcedente y así se decide.

4. En cuanto a pretensión del pago de la cantidad de OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 80.000,00), por concepto de gastos de juicio, dado a que este concepto está consagrado dentro del concepto de costas, considera este Juzgador que dicha pretensión aislada es improcedente y así se decide.

   De manera que, al quedar demostrado que los demandantes suscribieron el instrumento pagaré contentivo de la obligación demandada, como es la cantidad de Bs. 88.000.000,00, por concepto de capital; de que estos no amortizaron capital; de que está vencida la obligación sin que tampoco hubiesen pagado los intereses compensatorios adeudados por la cantidad de Bs. 14.578.666,67, desde el 01/07/2005 hasta el 20/01/2006, a la rata del 28% anual, más la procedencia del cobro de interés moratorio desde el 20/01/2006 hasta la cancelación definitiva del monto, y conceptos aquí establecidos, obliga a concluir, que la decisión del a quo está conforme a derecho, tal como lo prevé el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la apelación interpuesta por la parte demandada, Abg. A.C.V.P., identificada en autos, contra la decisión definitiva dictada por el a quo el 12 de Diciembre del 2006, debe ser declarada SIN LUGAR, ratificándose en consecuencia la misma, y así se decide.

   DECISIÓN

   Por las razones precedentemente expuesta, éste Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada A.C.V.P., en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada contra la decisión dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en fecha 12 de Diciembre de 2006, RATIFICANDOSE en consecuencia la misma.

   Se condena en costa a la demandada por haber salido vencido en la incidencia tal como lo prevé el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

   Publíquese y regístrese.

   Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los Ocho (08) días del mes de Mayo del 2007.

   Juez Suplente Especial

   ABG. J.A.R.Z.

   La Secretaria

   Abg. María C. Gómez de Vargas

   Publicada hoy 08 de Mayo de 2007, siendo las 09:00 a.m.

   La Secretaria

   Abg. María C. Gómez de Vargas