Decisión de Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de Anzoategui, de 11 de Marzo de 2010
| Fecha de Resolución | 11 de Marzo de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo |
| Ponente | Mirna Mas Y Rubi Sposito |
| Procedimiento | Nulidad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental.
Barcelona, once de marzo de dos mil diez
199º y 151º
ASUNTO: BP02-N-2010-000082
Demandante: C.A.B., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 5.880.925, domiciliado en la ciudad de Carúpano del Estado Sucre.
Demandado: Presidencia del Circuito Penal del Estado Sucre.
Motivo: Querella Funcionarial.
En fecha 1 de febrero de 2010, se recibió Recurso de Contencioso Funcionarial que incoara el Abogado C.E.M.C. en su condición de apoderado judicial del ciudadano C.A.B. contra la Resolución emanada de la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Nº-022, de fecha 29 de septiembre de 2009, suscrita por el Juez Presidente de dicho Circuito, mediante la cual se decidió remover del cargo que venía desempeñando al precitado ciudadano. El Tribunal a los fines de pronunciarse en relación a la admisión, observa:
De la revisión de la presente demanda el tribunal aprecia que la parte actora alegó haber ingresado a la función pública en el cargo de Alguacil adscrito al Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, en fecha 16 de mayo de 1991, laborando ininterrumpidamente en dicha función, y que en esa misma fecha fue notificado de la Resolución que lo removió del cargo, que dicho acto es ilegal porque no se cumplió con el procedimiento disciplinario de destitución, e inconstitucional por que no fue respetado el debido proceso y en consecuencia, solicitó su reincorporación al Poder Judicial.
En este orden de ideas, es necesario señalar que el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece los motivos de inadmisibilidad de la acción: “… el tribunal competente la admitirá dentro de los tres días de despacho siguiente, si no estuviere incursa en alguna de las causales previstas para su inadmisión en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia” (negrillas del tribunal). Derogada la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia el 20 de mayo de 2004, estos motivos de inadmisibilidad están previstos en el artículo 19, aparte 5, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En este sentido, la Ley del Estatuto de la Función Pública, régimen legal aplicable en este caso, pues se trata de relaciones de empleo público entre un funcionario y la administración pública, dispone en el articulo 92, que los actos administrativos de carácter particular dictados en ejecución de dicha Ley, agotan la vía administrativa; en consecuencia, sólo podrá ser ejercido contra ellos el recurso contencioso administrativo funcionarial dentro del termino previsto en el articulo 94 eiusdem, es decir, dentro del lapso de tres (3) meses, contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto. En efecto, dispone el citado articulo 94: “Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto”. Sin embargo, por vía de excepción, en materia de cobro de prestaciones sociales, en beneficio del acceso a la justicia y del principio in dubio pro operario, y por criterio jurisprudencial establecido por las Cortes de lo Contencioso-Administrativo, el Tribunal venía aplicando el lapso mayor dispuesto en otras leyes para el ejercicio de acciones similares; siendo éste el previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo: un año para la prescripción de la acción, como consecuencia de la integración del derecho del trabajo al régimen funcionarial, en esa materia específica. No obstante lo expuesto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2326 del 14 de diciembre de 2006, ha sostenido:
……En efecto, estima la Sala que la regulación material de la prestación
de antigüedad en cuanto derecho de los funcionario públicos, como beneficio y las condiciones de su prestación, debe ajustarse a lo prescrito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la Ley Orgánica del Trabajo y a su Reglamento, ello por expresa remisión del articulo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Publica. Sin embargo, en lo atinente a la regulación procesal que debe aplicarse para el reclamo en sede judicial de las cantidades adeudadas por este concepto, así como de los intereses que surgen por la mora en su pago (ex articulo 92 constitucional), la incoación de estas demandas debe ajustarse a las prescripciones contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pues dicha remisión normativa se efectúa sólo en lo relativo a la regulación material de ese derecho, como así lo expresa incluso la propia ley laboral (ex Parágrafo Sexto del articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo)….
En este mismo orden de ideas, de acuerdo al contenido de la sentencia parcialmente transcrita, debe aplicarse en estos casos el lapso establecido en el articulo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, debe igualmente señalar el Tribunal, que el lapso previsto en el citado articulo no se trata de un lapso de prescripción, susceptible de interrupción en cualquiera de las formas previstas en el articulo 64 de la ley Orgánica del Trabajo, sino de caducidad, y siendo la caducidad de orden público, es decir, corre fatalmente, no es disponible por la voluntad de los particulares, ni del Juez. Los lapsos de caducidad se caracterizan por su preclusividad, esto es, que no existe ningún tipo de actuación capaz de interrumpirlos ni de suspender su curso.
Habiendo expresado la parte recurrente que laboró hasta el 24 de septiembre de 2009, fecha en la cual fue notificado del acto administrativo, es a partir de esa fecha que nace el derecho del accionante para recurrir en vía jurisdiccional e intentar los recursos pertinentes para el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial. A la fecha en que la querella fue presentada ante este Juzgado, es decir, 1 de febrero de 2010, había transcurrido en exceso el lapso de tres meses para intentar la presente demanda; por lo que, operó la caducidad de la acción propuesta. Así se declara.-
En base a las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor- Oriental, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE por CADUCA el Recurso de Contencioso Funcionarial que incoara el ciudadano C.A.B. contra la Presidencia del Circuito Penal del Estado Sucre. Así se decide.-
Déjese copia certificada.
La Juez,
Abog. M.M. y R.S.
La Secretaria,
Abog. M.T.Z..
Laz
