Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Merida (Extensión Mérida), de 21 de Junio de 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA,

con sede en esta ciudad de Tovar

203º y 154º

PARTE DEMANDANTE: L.A.C.V., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nº 10.108.666, domiciliado en la ciudad de M.d.E.M. y hábil.

APODERADA JUDICIAL: M.R.N., abogado en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 48.370, domiciliada en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia.

PARTE DEMANDADA: GULLFREDO A.S.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 873.119, domiciliado en la ciudad de T.d.E.M. y hábil.

MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN.

SÌNTESIS DE LOS TÉRMINOS EN QUE HA QUEDADO PLANTEADA LA CONTROVERSIA

Adjunto a oficio identificado con el número 3229, dirigido al Ciudadano Juez de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en Tovar, el abogado A.C.Z., en su carácter de Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, remitió el expediente distinguido con el guarismo 06310 de su propia numeración, contentivo del juicio en el que se declaró incompetente y declinó el conocimiento de la causa a este Tribunal, incoado por el ciudadano L.A.C.V., representado por la abogada M.R.N., contra el ciudadano GULLFREDO A.S.M., por COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN.

En fecha 18 de junio de 2001 (folios 01 al 03), introdujo demanda por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de Mérida, la ciudadana M.R.N., en su carácter de apoderada judicial del ciudadano L.A.C.V., por cobro de bolívares por intimación, en la cual manifiesta que el ciudadano GULLFREDO A.S.M., es deudor de las letras de cambio 1/3 de fecha 22 de agosto de 2000, por la cantidad de un millón cuatrocientos mil bolívares, para ser pagada sin aviso y sin protesto el día 22 de septiembre de 2000; 2/3 de fecha 22 de agosto de 2000, por la cantidad de un millón cuatrocientos mil bolívares, para ser pagada sin aviso y sin protesto el día 22 de octubre de 2000; y 3/3 de fecha 22 de agosto de 2000, por la cantidad de un millón cuatrocientos mil bolívares, para ser pagada sin aviso y sin protesto el 22 de noviembre de 2000.

Solicitó la indexación monetaria o el ajuste por infracción de la cantidad reclamada hasta que termine el presente juicio.

Manifiesta que sus honorarios profesionales los estima a razón del 25% sobre el monto de la suma reclamada. Reclamó los intereses de la suma adeudada a razón del 5% anual, equivalente a cuatrocientos diecinueve mil novecientos noventa y nueve bolívares (Bs. 419.999,00).

Estimó la demanda en la cantidad DOCE MILLONES DE BOLÍVARES y finalmente solicitó que la demanda fuera admitida, sustanciada y decidida conforme a derecho, declarándola con lugar en la sentencia definitiva.

En fecha 12 de julio de 2001 (folio 10), el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de Mérida, por auto dictado recibió la demanda, se le dio entrada y se hicieron las demás anotaciones de Ley.

En fecha 16 de julio de 2001 (folios 11 al 15), el Tribunal antes mencionado dictó sentencia en la que se declaró incompetente para seguir conociendo del presente juicio, declarando competente a este Tribunal para que siguiera conociendo de la causa.

En fecha 26 de julio de 2001 (folio 16), el Tribunal Segundo de Primera Instancia dictó auto mediante el cual deja firme la sentencia y se le dio salida al presente expediente remitiendo las actuaciones a este Tribunal.

PARTE NARRATIVA

En fecha 25 de septiembre de 2001 (folio 18), este Juzgado recibió el expediente y por auto dictado dispuso darle entrada con su numeración particular, lo cual hizo en esa misma data, asignándosele el guarismo 6250.

En fecha 22 de octubre de 2001 (folio 19), se admitió la demanda, acordándose la intimación del ciudadano GULLFREDO A.S.M., para que cumpliera con el pago de los instrumentos cambiarios.

En fecha 25 de octubre de 2001 (vto. folio 19), por nota de secretaria se desglosaron los folios 6, 7 y 8, en su lugar se dejó copia certificada; se expidieron los recaudos de intimación correspondientes.

En fecha 27 de febrero de 2002 (folio 20), corre agregado escrito presentado por la Abogada M.R.N., actuando como apoderada judicial del ciudadano A.C.V., en el que solicitó se decretara medida de embargo provisional sobre bienes muebles propiedad del demandado.

En fecha 06 de junio de 2006 (folio 21), diligenció el ciudadano L.A.C.V., asistido por el abogado J.V.R.M., mediante la cual solicito la entrega de los instrumentos cambiarios que dieron origen al presente procedimiento.

En fecha 06 de junio de 2006 (folio 22), el Tribunal acordó hacer entrega al solicitante, de las letras cambio originales que se encontraban en reguardo de la secretaria de este Tribunal.

En fecha 18 de junio de 2013, (folio 23), quien aquí decide se abocó al conocimiento de la presente causa.

Revisadas las actuaciones que conforman el presente expediente, se observa que hasta la fecha las partes, no se han hecho presentes por ante esta Instancia y por tanto no consta en autos ninguna diligencia o escrito que diera impulso procesal por parte de ninguna de ellas, para tal efecto.

PARTE MOTIVA

Como puede desprenderse de la lectura emprendida a estos autos, se evidencia que desde el día 25 de octubre de 2001, fecha en que se libraron los recaudos de citación, la parte accionante no ha dado impulso procesal para lograr la citación del demandado; por lo que ha transcurrido más de los treinta (30) días, establecidos en la norma sin que la parte interesada proporcionara lo exigido en la misma, a los fines de llevar a cabo la citación ordenada, evidenciándose con ello una actitud poco diligente que no puede dejar pasar desapercibida esta Juzgadora, dado que ello demuestra una posible pérdida del interés del accionante en sostener el juicio por el incoado, y deja a esta Jurisdicente en un estado de incertidumbre, que en vista del tiempo transcurrido, debe ser sancionado.

Ahora bien, la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 436 de fecha 06/07/2004 (Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VELEZ), dejó sentado lo siguiente:

... que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación.

(Énfasis del Tribunal)

En este orden de ideas, considera este Tribunal pertinente transcribir en forma parcial la Sentencia N° 991-04 del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del T.d.Á.M.d.C. de fecha 28 de junio de 2004, expediente N° 02-8642, en el caso del ciudadano E. Quintero contra el ciudadano D. Valera, con ponencia del Juez Frank Petit Da Costa, la cual es del tenor siguiente:

…“La perención breve prescrita por el artículo 267 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, no es una disposición abrogada por el principio constitucional de la gratuidad.”...

Resulta claro que el citado criterio judicial está en contradicción sobrevenida con lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional del año 1999, específicamente en su artículo 26, que establece la gratuidad de la justicia. Sin embargo, no puede entenderse que esta disposición, constitucional abroga la disposición legal del artículo 267, numeral 1°, del Código de Procedimiento Civil, por cuanto es bien sabido que son muchas las demandas que se interponen sin que el actor se ocupe de la citación. En criterio de quien sentencia, las obligaciones que le impone la Ley, a que alude el artículo 267, ordinal 1°, no debía limitarse a entenderlas como el solo pago de aranceles judiciales, sino que debería interpretarse como la actividad que realiza el actor, para que se expida la compulsa y le sea entregada al Alguacil. Se dice que esa actividad es propia del tribunal y resulta cierto, pero quienes han actuado en foro judicial, como jueces y/o abogados litigantes saben muy bien que si la parte actora no se moviliza para la obtención de las copias que han de certificarse para la compulsa, la citación no se adelanta. Luego así se hable, de la gratuidad del proceso, el actor tiene la carga de (i) proveer las copias del libelo que se han de certificar o compulsar y (ii) de indicar la dirección o lugar de ubicación del demandado para citarlo (st. 24-03-2003, caso: Corp. B.P., Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del T.d.C.). Estas son cargas del actor, so riesgo de la aplicación de la perención breve a que alude el ordinal 1° del artículo 267. Da mayor fuerza a esta afirmación, el supuesto de suspensión del proceso a que alude el artículo 228, previendo dicha disposición que el proceso estará suspendido hasta que el actor solicite nuevamente la citación de todos los demandados. Por la consecuencia que tiene, dejar sin efecto todas las actuaciones, significa que se retrotrae a la admisión de la demanda y expedición de nuevas compulsas, por lo que si el actor no impulsa la citación, diligenciando en ese sentido, su inacción pudiera dar lugar a la aplicación de la perención del ordinal 1° del artículo 267. En conclusión, la perención breve prescrita por el articulo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, no es una disposición abrogada por el principio constitucional de la gratuidad, ya que mantiene su vigencia si se entiende que la carga del actor no es sólo el pago de los aranceles judiciales, sino el dejar constancia de haber proveído las fotocopias del libelo e indicando el lugar de ubicación del demandado.

Por otra parte, se debe admitir que es verdad que en materia laboral no se aplica esta disposición y se niega en forma absoluta la posibilidad de este tipo de perención breve, esto es, la que se da por el hecho de impago de aranceles judiciales en un lapso de tiempo determinado, -treinta días después de la admisión de la demanda-, sin que, como lo ha dicho la sentencia citada del 10-03-1998 de la Sala Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, pueda reabrirse dicho lapso de perención breve. Sin embargo, las muy respetables razones que han sostenido los jueces laborales, tienen que ceder frente a la implementación de los juicios orales laborales en los que no se puede dejar que una acción interpuesta quede sin impulso y se haya de esperar el año para aplicar la perención anual. Igual habrá de suceder cuando se implementen los juicios orales civiles.

Bajo tales parámetros se observa: 1. Que habiendo sido admitida la demanda el 22 de octubre de 2001, se ordenó el emplazamiento del demandado y expedición de la compulsa de citación respectiva. 2. En fecha 25 de octubre de 2001, la secretaria del Tribunal dejó constancia que se libraron los recaudos de citación. Así las cosas, se observa que entre el 25 de octubre de 2001, oportunidad en que se estampa la constancia secretarial de haber librado los recaudos de citación, observándose la falta de impulso procesal por parte del actor; desde esta fecha de inicio del cómputo del lapso de perención, transcurrió más de treinta días sin que las partes hubieran impulsado el proceso ante el comisionado. Lapso este que como lo ha establecido la Sala Constitucional en su fallo aclaratorio del 09 de marzo de 2001, se computan por días continuos y no por días de despacho.

Este Tribunal observa que la parte actora no dio impulso al proceso y que esa falta de impulso excede el lapso de treinta días que la ley exige para que se produzca la perención de la instancia, contados a partir del 25 de octubre de 2001 fecha en que se libraron los recaudos de citación para el demandado, trascurrió 04 años y 03 meses. Así se declara.

Del mismo modo, es útil precisar por esta sentenciadora que en caso de comisionarse a otro Juzgado para la práctica de la citación de la parte accionada, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 13 de diciembre de 2007, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, estableció lo siguiente:

…Ahora bien, la Sala no puede pasar por alto el razonamiento efectuado por el juzgador ad quem para declarar la perención de la instancia en la presente causa, por lo que considera pertinente pronunciarse sobre las obligaciones de los demandantes en aquellos casos en los que para la práctica de algunas de las citaciones de los accionados sea necesario comisionar a otro Juzgado, mediante el libramiento del despacho de comisión respectivo, como sucedió en el caso de marras, en el que los otros co-demandados están domiciliados en jurisdicciones distintas a la del Tribunal de la causa; situación muy diferente a la referida en su sentencia de fecha 6 de abril de 2004, transcrita en el cuerpo de este fallo, en la que se trató de citaciones personales efectuadas en la misma jurisdicción del Tribunal del mérito. Lo primero que la Sala debe destacar es que, a diferencia de lo sostenido por el ad quem en su sentencia, no es posible equiparar el auto de admisión de la presente demanda por el retracto legal arrendaticio, con el auto mediante el cual el Tribunal comisionado deja constancia de haber recibido del Tribunal comitente el despacho de la comisión para la citación del demandado o co-demandados que residan fuera de la jurisdicción del Tribunal de la causa, porque el primero es un auto decisorio en el que el juzgador revisa que la petición no sea contraria al orden público, las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley para que se tramite, como lo prescribe el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil y, el segundo, es un auto de mero tramite o sustanciación que, a diferencia del auto de admisión, puede ser revocado o reformado de oficio o a petición de parte por el Tribunal que lo haya dictado. Por tanto, el lapso de 30 días previsto por el Legislador en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sólo puede ser contado a partir del auto de admisión de la demanda y no como erradamente se hace en la sentencia impugnada, vale decir, a partir del auto en el que el Tribunal comisionado deja constancia de haber recibido el despacho de comisión para la citación, puesto que este último lapso no está previsto el la Ley. Así se declara. De tal manera que, en los casos en los cuales existan alguno o algunos co.-demandados que estén residenciados fuera de la jurisdicción del Tribunal de la causa, el demandante, dentro de los 30 días siguientes contados a partir del auto de admisión de la demanda, deberá dejar constancia, mediante diligencia consignada en el expediente que cursa en el Tribunal de la causa, de haber puesto a la orden del Alguacil del Tribunal comisionado los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la parte demandada; y dicho Alguacil, mediante diligencia consignada en el expediente que se abra en el Tribunal comisionado, con ocasión de la comisión para la citación, dejará constancia de que la parte demandante le proporcionó lo exigido por la Ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Así, cuando el Tribunal comisionado devuelva la comisión al Tribunal comitente, el Juez de la causa podrá verificar si el actor dio realmente cumplimiento a la obligación legal prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial y, de no ser así, declarará la perención de la instancia de conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual se verificará de derecho y no es renunciable por las partes, según lo dispone el artículo 269 ejusdem...

En el caso de autos se evidencia la omisión de actuación por la parte demandante durante más de treinta (30) días, desde que se admitió la demanda no ha dado cumplimiento con la obligación de darle impulso a la citación del demandado.

En armonía con lo anterior y siendo visible de manera protuberante el decaimiento del interés del actor por la inacción suya prolongada más allá del término señalado en la ley adjetiva, ocasionó, sin ningún género de dudas, la perención de este procedimiento, y así debe declararse.

DISPOSITIVA

Por lo anteriormente expuesto, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, con sede en esta ciudad de Tovar, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 267 ordinal primero ejusdem. Así se decide.

Notifíquese a la parte actora de la presente decisión.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA.

DADA, FIRMADA Y REFRENDADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, con sede en esta ciudad. Tovar, veintiuno (21) de junio de dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

La Jueza Provisoria,

Abg. C.Y.Q.C..

La Secretaria Titular,

Abg. S.L.C.

En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 10:45 am. Se dejó copia en el archivo del Tribunal y la original se le agregó al presente expediente Civil Nº 6250. Se libró boleta de notificación para la parte demandante y se remitió con oficio Nº 192-A, a la ciudadana Abg. M.A.M., Jueza Distribuidora Tercera de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

La Secretaria Titular,

Abg. S.L.C.

Exp.: 6250/CYQC/SLC/ms.-